La creación del observatorio estuvo encabezado por los Centros de Análisis Político y Estudios Jurídicos de EAFIT con un grupo de profesionales en las áreas del derecho y las ciencias políticas.
• Así lo demostró el Observatorio de Trata de Personas Antioquia, un grupo de investigación del que hacen parte EAFIT, la Organización Internacional de Migraciones y el Ministerio del Interior.
• Con el fin de prevenir y analizar el fenómeno crearon el Índice de Riesgo de Trata de Personas en Antioquia. El observatorio está en cabeza de los centros de Análisis Político y Estudios Jurídicos de EAFIT.
Los seis municipios que conforman la subregión del Bajo Cauca están entre los siete con más riesgo de captación, y entre los 16 con más riesgo de explotación de trata de personas en el departamento.
Los datos son del Observatorio de Trata de Personas Antioquia, que crearon EAFIT, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Ministerio del Interior, que busca trabajar el estudio del fenómeno en la región para promover la comprensión, prevención y atención de esta práctica.
Este es el primer grupo de investigación sobre esta temática en Colombia y uno de los pocos existentes en América Latina. Entre sus estrategias se encuentra el Índice de Riesgo de Trata de Personas en Antioquia, en el que se analizaron variables como el desempleo, la deserción escolar, la pobreza y la situación de violencia, para hallar las localidades más vulnerables frente a esta problemática.
Tarazá resultó ser el que más riesgo tiene en cuanto a captación con un índice de 0,82 (los valores tenidos en cuenta fueron 0 el menor y 1 el mayor), es decir, donde sus habitantes están más propensos a incorporarse a las redes que manejan la trata de personas en el departamento.
Mientras que Briceño ocupó el primer lugar en cuanto a explotación con 0,71, que se refiere a los lugares de Antioquia en los que existen condiciones vulnerables para que se ejecute este delito. En este listado Medellín está en el octavo puesto con 0,57, y es el único municipio del Valle de Aburrá que aparece.
Nordeste, Magdalena Medio y Urabá también presentan riesgos, mientras que el Suroeste resultó ser el menos vulnerable con un promedio de 0.38.
Estas cifras buscan generar alertas tempranas de los riesgos de ocurrencia del fenómeno, para que las instituciones correspondientes cuenten con respaldo para implementar políticas públicas que atiendan la trata de personas.
El observatorio
La trata de personas es un fenómeno social y un delito, tal como lo asegura María Adelaida Vélez Posada, abogada y negociadora internacional, integrante del equipo de trabajo del observatorio. “Se capta, traslada y acoge a una persona, con el fin de explotarla sexual o laboralmente, o bajo modalidades como mendicidad ajena y matrimonio servil”, explica.
Es una problemática de vieja data pero que en el país apenas empieza a cobrar importancia, así que todavía existe muy poca información al respecto. Según la OIM en Colombia se identificaron unos 207 casos de trata de personas, 68.6 por ciento referidos a explotación sexual y 10.7 por ciento a explotación laboral.
Estos datos evidencian subregistro de casos y desconocimiento de las normas que regulan el delito, así como la manera en que los funcionarios encargados de atender el tema lo abordan, pues suele pensarse que solo se trata de casos en el exterior y relacionados con prostitución femenina.
“Cuando se invisibiliza el delito se ocultan las redes de traficantes que hay detrás y no se ataca el problema real. Por eso es necesario que la gente conozca de qué se está hablando, que desde las administraciones públicas y la rama judicial haya mayor conocimiento del tipo de delito que es y cómo tratarlo”, agrega la abogada Vélez Posada.
Adriana D’Amato Gutiérrez, politóloga y miembro del grupo de trabajo, explica que las mujeres y los niños son los más afectados, pero que también hay muchos casos en hombres, y estos son los más difíciles de tratar porque no aceptan o no saben que son víctimas.
Por eso, la idea de este grupo académico y de análisis es que a mayor conocimiento del fenómeno habrá mayor impacto de las acciones asociadas a la política pública de lucha contra la trata de personas.
De esta manera, funciona como un sistema de información que busca establecer alertas económicas y sociales, para activar respuestas programáticas y compromisos institucionales de la mano de los órganos estatales, las organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas en el tema.
El Observatorio se empezó a implementar en marzo de 2013 y se encuentra a la espera de detalles logísticos para empezar a funcionar. Algunas de sus acciones principales serán la difusión de normas y bibliografía sobre el tema, así como la elaboración de investigaciones que permitan tomar decisiones a las instituciones encargadas de prevenir y atender la trata de personas.
Durante la etapa inicial empezaron a capacitar funcionarios de las administraciones locales y construyeron la página web del Observatorio
http://www.observatoriotratadepersonas.org/site/, dirigida tanto a investigadores y personal encargado de atender la problemática, como para víctimas.
En esta se encuentra información general del fenómeno, así como la legislación existente y el procedimiento que se debe seguir cuando se presenta uno de estos casos.
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Adriana D’Amato Gutiérrez
Observatorio de Trata de Personas Antioquia
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