• Una docena de casos de restitución de tierras ha llegado a sentencia en la región, según cifras oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras del departamento.
• Los datos se conocieron, el viernes 6 de septiembre, en la presentación del boletín número cinco de Antioquia Visible, del pregrado en Ciencias Políticas de EAFIT.
En febrero de 2012 había, en proceso, 833 solicitudes como reclamaciones para restitución de tierras en Antioquia y solo una había logrado llegar a la instancia de sentencia, es decir, que ya tenía el fallo del juez para dar paso a la reparación.
En la actualidad el número de sentencias ha subido a 12, todas en el municipio de San Carlos, en la subregión del Oriente. Y aunque no es la cifra esperada, tras más de un año de establecimiento de las tres oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras que hay en Antioquia, es una evidencia de los aciertos y desaciertos de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Este fue el tema central del boletín número cinco Antioquia Visible, el programa del pregrado en Ciencias Políticas de EAFIT que analiza el desempeño de los parlamentarios antioqueños, y que en este boletín se ocupa del planteamiento y ejecución de esta ley en el departamento. El informe se presentó el viernes 6 de septiembre en la Universidad con la presencia de Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros.
Durante su intervención, Vega Medina explicó que si se compara esta Ley con legislaciones anteriores, enmarcadas en el ámbito de la justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz, resulta mucho más efectiva en términos de resultados para las víctimas, pues la segunda apenas ha logrado 14 sentencias en todo el país en ocho años de implementación.
También habló de manera positiva en lo referente a la creación de una institución interesada en este tema y unos jueces especializados para el proceso, pero insistió en dificultades como la seguridad de los demandantes, y la cantidad de procesos frente al número de jueces y funcionarios destinados a resolverlos.
“Desde que empezó el proceso van 64 asesinados, personas que reclamaban sus tierras, 14 de ellos en Urabá. Tenemos que tomar medidas y garantizarle a las víctimas su derecho a reclamar”, agregó el director.
Otro punto problemático es la necesidad de retorno que tienen los reclamantes y la manera en que se realizan muchos de los registros, pues el director de Forjando Futuros insiste en que las víctimas están en su derecho de no volver al lugar del que fueron sacadas por el conflicto y, aun así, conservar su patrimonio.
Por su parte, Catalina Díaz, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, explicó que el procedimiento con el que se seleccionan los territorios en los que se realiza microfocalización y se prioriza el proceso de restitución deben tener todas las garantías de seguridad y regreso.
“Debemos verificar que las personas retornen con condiciones integrales que les aseguren que no van a sufrir revictimización”, aseguró.
Legisladores antioqueños
Una de las principales labores de Antioquia Visible es brindar insumos a la ciudadanía y contribuir al debate informado acerca de la dinámica del Congreso de la República. Por eso, otro aspecto importante en la discusión fue la participación de los representantes antioqueños en la creación y aprobación de la Ley.
Y aunque las votaciones dicen que hubo 337 aprobaciones por parte de congresistas antioqueños a la ley durante su debate, ninguno participó como autor o ponente, pese a que tal como lo asegura el boletín de Antioquia Visible, representan uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado.
La restitución de tierras contemplada en la Ley de Víctimas busca atender las reclamaciones de quienes fueron desplazados u obligados a abandonar de manera forzada sus predios después de enero de 1991. En Antioquia las subregiones más afectadas son Urabá, Bajo Cauca y Oriente, con casos de despojo y abandono de tierras.
En febrero pasado en el país se habían recibido 32.688 solicitudes de restitución correspondientes a más de 2.000.000 de hectáreas.
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Alejandra Ríos Ramírez
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