​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2 de mayo de 2022 | REVISTA DESCUBRE Y CREA - EAFIT Investiga

Son múltiples las dificultades que sufre el ciudadano de a pie al momento de acceder a la justicia. Muchos de los sistemas locales de justicia, que constituyen una sinergia que concentra la oferta de la defensa de derechos, no cuentan con funcionarios suficientes, carecen de infraestructura adecuada, falta mobiliario apropiado, trabajan con computadoras desactualizadas, adolecen de buen acceso a Internet y hasta de tinta para imprimir acuerdos conciliatorios.

Esa crítica situación fue abordada por investigadores de la Universidad EAFIT a través de la consultoría titulada ¿Debe invertir el sector privado en el acceso a la justicia?, financiada con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y liderada por Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.

Del contexto de insatisfacción al acceso a la justicia surgieron dos preguntas rectoras: ¿existe el deber del sector privado de intervenir en las posibilidades de acceso a la justicia en Colombia? ¿Qué rol juega el sector privado en esta contingencia?

“Para responder estos interrogantes, la consultoría tuvo dos momentos. El primero fue un acercamiento teórico a la problemática; y el segundo, como ejercicio práctico, lo constituyó una serie de entrevistas semiestructuradas a empresas privadas. A ellas se les consultó si hacían o no inversiones para apoyar al ciudadano para acceder a la justicia, cuáles eran las razones para hacerlo y cuáles eran sus reparos", explicó Gómez.

La investigación –agregó el docente– arrojó tres hallazgos principales y se identificaron cuatro mitos que frenaron a los empresarios para dar el salto a la inversión.

Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.​

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​Los hallazgos

El primer hallazgo fue que, al menos teóricamente, desde una percepción amplia del acceso a la justicia, existen fundamentos como el de grupos de interés (stakeholders) que hacen deseable, e incluso provechoso, para el sector privado invertir en este campo. Esto quiere decir que no solo por razones filantrópicas sino también estratégicas, el sector privado tiene buenas razones para incrementar su aporte en el sector.

“El segundo hallazgo fue sorpresivo. Nos preguntamos si las empresas venían o no ya interviniendo en temas de justicia. Esto tiene que ver con el marco práctico que desarrollamos donde hicimos entrevistas. Este hallazgo fue sorpresivo porque si bien las empresas en un principio fueron bastante renuentes a darnos información, algunas de ellas sí lo hicieron y pudimos constatar que ya venían invirtiendo en justicia desde una concepción amplia", precisó el docente.

El tercer hallazgo desveló las razones que tienen las empresas para intervenir o no. La investigación comprobó que ellas lo hacen por razones altruistas, pero también por razones estratégicas. Lo que indica que algunas empresas ven necesario intervenir en temas de acceso a la justicia incluso con el propósito de mejorar procesos internos que tienen que ver con sus actividades productivas.

En esta fase fueron consultadas 13 empresas (de los sectores minero-energético, agroindustrial, alimentos y bebidas, energía, financiero, construcción, manufacturas y servicios públicos), ocho fundaciones empresariales, dos universidades privadas, tres cámaras de comercio y tres expertos.

​Mitos a romper

De estos hallazgos se desprendieron cuatro grandes mitos que funcionan como reparos que limitan a las empresas a la hora de invertir más ampliamente en el sector de la justicia.

El primer mito se refiere a que las empresas no sabían medir el impacto de su inversión. “Ahí lo que hicimos fue una revisión juiciosa de la bibliografía comparada, y encontramos que ya en otros países se viene midiendo tal rédito. A partir de allí realizamos una aproximación de dichos cálculos al ámbito colombiano. La relación encontrada fue bastante alentadora: nos mostró que un peso invertido podría generar casi nueve pesos de rendimiento social de esa inversión", indicó el docente.

El segundo mito apunta a los riesgos reputacionales. Las empresas temen invertir en justicia por lo que se pueda desprender de tal acción, afectando su imagen. Sin embargo, el grupo de investigación concluyó que este mito podría disminuirse y controlarse si las inversiones se dieran en las primeras dimensiones del acceso a la justicia, que tienen que ver con propiciar un ambiente favorable, con el acceso a la información, a la tecnología y otros servicios. Las empresas, incluso, podrían contribuir y mejorar infraestructuras y hacer donaciones en especie.

El tercer mito está relacionado con que las empresas entienden que invertir en justicia puede causar una injerencia indebida en la autonomía judicial. Al respecto, Gómez aclaró que “si bien somos conscientes de esos riesgos, también creemos que hay estrategias para disminuirlos. Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales".

El cuarto mito hizo referencia a la asunción de funciones estatales por el sector privado. Explicó el docente que “algunas empresas nos dijeron que la función de administrar justicia es propia del Estado y que ellas no deberían intervenir en ello. Si bien reconocemos que es así, creemos que las empresas pueden y deben sumarse a los esfuerzos que ya en este campo realiza el Estado para incrementar el impacto y hacer sostenibles en el tiempo dichas inversiones. No se trata que los privados paguen los salarios de los jueces, los comisarios de familia o los defensores de familia, pero sí que pueden aportar para garantizar el acceso a los servicios que ellos presten en todo el territorio nacional".