María Dilia Reyes Torres
Estudiante de Comunicación Social de EAFIT
Ni los gobiernos de México, Bolivia, Venezuela y Ecuador reconocen que hay censura en sus Estados y menos que ellos mismos la ejercen. Todos dicen apoyar la libertad de prensa, defenderla, promoverla, pero en esos países muchos periodistas están sometidos a presiones de muy diverso tipo. En unos, con leyes y normas aprobadas por los órganos legislativos; en otros, con situaciones extremas producto de crisis sociales o falta de control estatal.
Priscila Hernández (México), Nathalie Iriarte (Bolivia), Ronna Rísquez (Venezuela) y Daniela Aguilar (Ecuador) son cuatro reporteras destacadas en sus países. Ellas hicieron parte del grupo de 50 periodistas de 12 naciones latinoamericanas que se reunieron en EAFIT, donde expusieron los principales inconvenientes que sufren los periodistas al realizar su trabajo.
El encuentro fue organizado por el International Center for Journalists (ICFJ), la organización colombiana Connectas (iniciativa periodística que promueve la producción y la difusión de información) y el pregrado en Comunicación Social de EAFIT. En una de sus sesiones de trabajo, abierta al público, salieron a la luz las diferentes estrategias que implementan los periodistas para poder informar a los ciudadanos en países con esas dificultades.
Aunque sin los riesgos de años atrás, la prensa colombiana tampoco sigue exenta de dificultades. Hugo Mario Cárdenas, editor de la Unidad Investigativa del periódico caleño El País, contó que él y su fotogógrafo estuvieron secuestrados en marzo de 2017 por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el Tambo (Cauca). Solo 20 días después de su retención el Estado se pronunció preguntando qué les había sucedido y, al mes, tuvieron la atención de la Unidad Nacional de Protección. Para él, esa falta de apoyo a los periodistas demuestra que “hay una Colombia en Bogotá, donde se ve una democracia más consolidada, pero hay otra en las regiones, donde sí es más difícil hacer periodismo”
La conversación estuvo moderada por Juliana González, PhD en Periodismo y profesora de EAFIT, y por Luis Botello, de Panamá, director Senior de Programas Especiales de la organización sin fines de lucro ICFJ.
Todos coincidieron en que los problemas contra la prensa no son un asunto particular de un gremio sino algo colectivo, no es una situación que compete solo a los periodistas o a los medios sino a la sociedad en su conjunto, ya que esta es quien padece en últimas las consecuencias de la mala calidad en la información.
La llamada “ley del terror” nunca se discutió en el Congreso mexicano, no está soportada siquiera en un medio físico. Se conoció por el voz a voz entre periodistas, pero tiene tanto poder y ejerce tanto control como cualquier normatividad oficial.
México: periodistas aterrorizados
La llamada “ley del terror” nunca se discutió en el Congreso mexicano, no está soportada siquiera en un medio físico. Se conoció por el voz a voz entre periodistas, pero tiene tanto poder y ejerce tanto control como cualquier normatividad oficial.
“Es una censura que se le ha aplicado a todos los periodistas que, por orden de sus editores, les ha tocado cambiar el enfoque de sus temas para obtener la aprobación y financiación de sus reportajes”, afirma Priscila Hernández, reportera mexicana especializada en Derechos Humanos con énfasis en discapacidad, género y migración.
Este tipo de censura se da en medios locales y nacionales, y se identifica cuando ellos, al proponer temas, son frenados por los editores porque “prefieren no arriesgarse ya que no hay métodos de protección para el periodista”, expresa Hernández.
Esta situación es tan grave que incluso en historias que no tienen un alto grado de complejidad hay que reorientar el enfoque. Por ejemplo, si es una historia de pescadores humildes, en la narración no se pueden mostrar las carencias o las condiciones subnormales. Si esto pasa en esos temas, cuando se trata de informar sobre narcotráfico el dilema es mayor. La estrategia o solución que utilizan muchos medios es abarcar noticias que se hayan “enfriado”, es decir, se cubren hechos que ya han perdido el interés noticioso y, en ocasiones, la característica de actualidad.
Esto funciona en unos casos. Hay temas a los que simplemente “no se les pueden dar la vuelta. Si hay que hablar de una manifestación de madres por sus hijos desaparecidos la pregunta del periodista es cómo lo hace”, agrega la reportera.
La manera en la que se informa y la cobertura de los temas es otra dificultad para el periodismo en ese país. Son notorias las diferencias entre un reportaje sobre el narcotráfico desde Ciudad de México y uno contado desde otras zonas locales.
Sin embargo, las hostilidades unieron a los periodistas. “Cuando mataron a Beto Valdez en mayo de 2017 (periodista de la agencia francesa de noticias AFP en México) todos nos movilizamos. Me impresionó ver a las familias víctimas de la violencia que nos apoyaban, nos decían que no estábamos solos. Fue una especie de catarsis”, agrega Priscila.
La profesionalización, la rigurosidad y el trabajo en equipo ha hecho que, en este país, considerado el tercero en el mundo más letal para los periodistas, según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), aún se mantenga respeto por el derecho a la información de los ciudadanos.
Cuando la información proviene de fuentes gubernamentales y no hay con qué contrastarla, el periodismo y el derecho a estar informados corre peligro. Este es el efecto de la Ley de Imprenta en Bolivia, una norma que desde 1925 sanciona a quienes el Estado considera imprudentes.
Bolivia: 92 años “educando” al periodismo
Cuando la información proviene de fuentes gubernamentales y no hay con qué contrastarla, el periodismo y el derecho a estar informados corre peligro. Este es el efecto de la Ley de Imprenta en Bolivia, una norma que desde 1925 sanciona a quienes el Estado considera imprudentes.
“Esta ley es obsoleta y necesita renovaciones, pero la preferimos así porque cualquier otra que aprueben puede ser peligrosísima”, comenta Nathalie Iriarte, periodista boliviana, experta en defensa de Derechos Humanos y finalista, en 2016, del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.
Lo dicho por la periodista tiene coherencia, pues en Bolivia los medios son intervenidos sutilmente, tanto que el 70 por ciento de la publicidad que financia a las empresas periodísticas es estatal. Entonces los medios no pueden criticar, manifestar inconformidades y denunciar, y los que lo hagan reciben una especie de castigo. “El actual presidente, Evo Morales, en una ocasión afirmó que los que no reciben publicidad de su gobierno son los medios que mienten y difaman”, comenta Iriarte.
Para mala suerte de los periodistas bolivianos, el no recibir recursos que provengan del Estado también los limita, pues cuando se trabajan temas de mayor magnitud no hay con qué financiar la investigación.
Problemas como estos han motivado la capacitación de los periodistas. “Internet es una gran herramienta si se sabe usar. Por ejemplo, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano sube constantemente cursos virtuales. Ahora el acceso a la formación es más fácil y mayor. Sin embargo, hay periodistas que no sienten necesidad de formarse; eso es grave, pero lo es más cuando no se abren a las nuevas tecnologías”, sostiene Iriarte.
En Venezuela, cuando los medios publican contenidos que al gobierno no le gustan, los cierra, como pasó con el canal de la Casa Editorial El Tiempo, de Colombia, que se sacó del aire al igual que la cadena de televisión estadounidense CNN.
Venezuela: encoger al periodista y estirar la desinformación
“En Venezuela, cuando los medios publican contenidos que al gobierno no le gustan, los cierra, como pasó con el canal de la Casa Editorial El Tiempo, de Colombia, que se sacó del aire al igual que la cadena de televisión estadounidense CNN”, asegura Ronna Rísquez, periodista especialista en cobertura de hechos de violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado, narcotráfico y vulneraciones de Derechos Humanos.
La acción del gobierno se hace bajo el amparo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Ella establece, entre otras obligaciones, que los productores de radio y televisión tienen que transmitir los mensajes que considere necesarios el Poder Ejecutivo Nacional (ente conformado por el presidente, vicepresidente, ministros y otros funcionaron encargados por las leyes).
Esta ley, que excluye a la prensa, quiso ser aplicada al periódico El Nacional en 2010, por haber publicado una fotografía de un niño en condiciones vulnerables “porque el gobierno consideró que causaba conmoción y daños por tratarse de un menor”, afirma Rísquez. Aunque la ley no pudo ser aplicada porque su marco lo impide, al periódico se le sancionó con no poder publicar fotos durante dos días.
Lo anterior “es una forma de control para los medios y presiona fuertemente”, considera la periodista, quien además es jefa de la Unidad de Investigación del portal web Runrun.es y coordinadora editorial del Monitor de Víctimas, un proyecto de periodismo de datos, investigación y participación ciudadana, para registrar y describir los homicidios que suceden en Caracas.
“Nosotros tenemos una deuda pendiente y es cubrir el narcotráfico, cosa que no se ha hecho por la censura. Pero es necesario cuando los sobrinos del presidente están presos en Estados Unidos por narcotráfico y cuando los funcionarios públicos tienen propiedades que provienen de lo mismo”, asegura Rísquez.
La mencionada norma no solo es reto para los periodistas, sino también “seguir informando e informar la verdad”, asevera, ya que en Venezuela la mayoría de medios son del Estado. Los pocos que no son digitales han incursionado en el periodismo de investigación y han encontrado en los sitios web la posibilidad de informar a su manera.
Las situaciones complejas también han motivado al periodismo a innovar para buscar soluciones. Como la que propuso un equipo de periodistas que idearon el “autobús de noticias”, proyecto con el cual se suben al transporte público a informar, “para contarle a la gente qué está pasando”, agrega la periodista.
Además, se están creando alianzas con universidades para construir un detector de noticias falsas ya que, según Rísquez, hay muchas que publican los medios del gobierno, e incluso algunos independientes, que no verifican la información.
En Ecuador los periodistas no pueden meterse en temas de corrupción del gobierno, ni en nada que vaya en contravía porque es como si se hubiese hecho un pacto de silencio informativo.
Ecuador: libertad reprimida
La última campaña electoral presidencial de Ecuador, en 2017, fue el escenario en el que mayor censura y represión hubo para los periodistas, según afirma Daniela Aguilar, periodista ecuatoriana, magíster en Periodismo de Investigación, Datos y Verificación, y directora de LaHistoria.ec, un portal web de periodismo independiente.
Ella asegura que un caso particular fue cuando “el gobierno puso en circulación un reportaje para demeritar a un candidato opositor y los medios que no lo reprodujeron fueron multados con 10 salarios mínimos (unos 3.750 dólares) por la Ley Orgánica de Comunicación”, la cual permite que el gobierno ordene qué información se publica y cómo.
Con esta ley, que ha sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se han iniciado más de 470 procesos contra los medios que “no están alienados”, como los llama Aguilar, y en los últimos cuatro años se han cobrado más de 650 mil dólares en multas.
Lo anterior lleva a los periodistas a esta pregunta: “¿Dónde podemos encontrar los recursos para que surjan nuevos proyectos periodísticos cuando el gobierno controla los medios?”. La respuesta no se encuentra en su totalidad, pero se intenta como solución recurrir a organizaciones financiadoras internacionales, a las redes sociales –especialmente a Facebook– “para brindar información que pueda transformar”, comenta la periodista.
Para ella, “en Ecuador los periodistas no pueden meterse en temas de corrupción del gobierno, ni en nada que vaya en contravía porque es como si se hubiese hecho un pacto de silencio informativo. Pero hay que poner esos temas en la mesa para que la gente tome mejores decisiones”.