La madrugada del 28 de junio de 1969, la Policía de Nueva York adelantó una redada en el bar Stonwell Inn, en la zona de Greenwich Village, frecuentado por transexuales, prostitutos masculinos,
drag queens y otras personas, denominadas homosexuales por la ley estadounidenses, como si de una comunidad se tratara y no de un conjunto diverso. La dureza de este operativo –que no era el primero– generó una ola de manifestaciones y protestas, en especial de trans, que son consideradas como el detonante de la lucha contemporánea por los derechos de las poblaciones LGBTI en los Estados Unidos y el mundo occidental.
El 28 de junio de 1969, a la misma hora en Medellín, un varón, con la cara pintada, se robaba una peluca de la sala de belleza Mariela, que “según dijo a la Policía en su declaración, lo traía loca, loca, casi al punto de perder el juicio, pero esto no generó nada en nuestra sociedad”. Quien recuerda esta anécdota es el historiador Walter Bustamante Tejada, doctor en Estudios de Género e historiador.
El investigador trae este hecho para resaltar que en Colombia, por entonces, se trataba más de hechos individuales para manifestar de manera abierta, pública, sus preferencias o sus tendencias sexuales.
No se debe hablar de comunidad LGBTI, porque no es un grupo homogéneo, pues en él se incluyen lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, además de otros. Para esto, desde la academia y los movimientos que luchan por sus derechos, se reclama que se les llame población LGBTI.
Para esa época, el Código Penal, que venía de 1936, incluía el delito de acceso carnal homosexual, que según el docente universitario tuvo nula aplicación. “La doctrina definía homosexual como la persona que tenía preferencia por persona dentro del mismo sexo y acceso carnal como penetración, por lo tanto era un delito que solo lo cometían hombres”, explica el académico. “Mi hipótesis, a partir de mis estudios, es que ese artículo nunca se aplicó, es decir, nadie fue a la cárcel por eso, no encontré hasta ahora registros en Colombia de esto. ¿Y eso por qué? Porque desde 1869 estaba definido científicamente como una enfermedad, además estaba toda la tradición religiosa que consideraba a estas personas como pecadoras, y desde la escuela y la familia se asumía que eran anormales”, además de que a todos se les daba el mismo apelativo: homosexuales.
Por eso, aclara Bustamante, se debe hacer una precisión: no se debe hablar de comunidad LGBTI, porque no es un grupo homogéneo, pues en él se incluyen lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, además de otros. Para esto, desde la academia y los movimientos que luchan por sus derechos, se reclama que se les llame población LGBTI.
La escena local
La lucha por el reconocimiento y la visibilización de las personas LGBTI se ha dado en diferentes escenarios y desde distintas ópticas.
“Con algunas personas en la ciudad hemos venido pensando si lo que ocurrió hace 50 años es el hito fundacional de la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTI o si acá ya había gente que estaba haciendo cosas, independiente de lo que pasaba allá, es decir, estamos tratando de encontrar una memoria”, dice Walter Bustamante Tejada.
Pablo Bedoya, magíster en Historia y uno de los creadores del Observatorio Ciudadano LGBT de Medellín, sostiene que “no es posible afirmar que nuestro movimiento fuera una especie de efecto Stonwell, sino que este hace parte de esa especie de consciencia colectiva que surge en toda América Latina desde finales de los años 60 y crece en los 70. Es una reflexión de las personas gais, lesbianas, trans, sobre el carácter injusto de las formas de violencia que experimentan, principalmente, por parte de las entidades del Estado, pero también claramente por parte de la sociedad civil”.
Los dos académicos destacan varios momentos fundamentales: en los años 70 del siglo XX surge el Movimiento de Liberación Homosexual, que va a tener como una figura fundamental a León Zuleta, quien articula a su alrededor acciones políticas y se proyecta como líder nacional. A comienzos de la siguiente década, los reclamos disminuyeron con la despenalización de la homosexualidad y el decaimiento del impulso original, aunque todavía había muchas barreras por superar.
En los años 70 del siglo XX surge el Movimiento de Liberación Homosexual, que va a tener como una figura fundamental a León Zuleta, quien articula a su alrededor acciones políticas y se proyecta como líder nacional.
“El movimiento homosexual tiene en aquella época una visión muy patriarcal, ellos creían que eran los únicos y que las lesbianas, las trans y las bisexuales éramos solo para apoyarlos en algún asunto logístico, pero nunca para hacer una lucha política. Es decir, sufríamos una doble discriminación. El hecho de ser homosexual no elimina esa condición de masculinidad, de ser hombre, no implica una renuncia a la práctica patriarcal heterosexual”. La crítica proviene de Patricia Llano, activista lésbica-feminista de Colectiva 69, organización que trabaja por estas mujeres de Medellín.
A finales de los 80 y comienzos de los 90, con la epidemia del VIH y los crecientes casos de sida en la ciudad, el movimiento homosexual retoma fuerza para reclamar una mejor atención en el sistema de salud.
Para los primeros años del siglo actual ya están dados los primeros pasos para el trabajo conjunto entre las distintas poblaciones de los colectivos LGBTI. “El movimiento de mujeres es el que nos permite incluir nuestras luchas a comienzos del 2000, porque las feministas se dan cuenta, gracias al esfuerzo de las lesbianas, que nosotras vivimos una opresión por no vivir la heterosexualidad obligatoria y eso nos pone todo el tiempo en un estado de vulneración mayor”, recuerda Patricia Llano.
Con las protestas generadas tras la acción policial en Stonwell, que convirtieron al 28 de junio en fecha mundial por la reivindicación de los derechos LGBTI, empezaron a presentarse cambios en las políticas sobre estas poblaciones.
Con posterioridad surgen movimientos sectoriales que buscan cambios en las dinámicas del conflicto en los barrios, donde la población LGBTI sufre más por el acoso de los grupos armados.
Nuevo pensamiento, cambios jurídicos
Con las protestas generadas tras la acción policial en Stonwell, que convirtieron al 28 de junio en fecha mundial por la reivindicación de los derechos LGBTI, empezaron a presentarse cambios en las políticas sobre estas poblaciones, en especial en los países occidentales, y Colombia no fue ajena a esta tendencia.
“El activismo judicial en esta materia se ha caracterizado, en mayor o en menor medida, por procurar la reducción del déficit de protección, en un principio de las personas homosexuales individualmente consideradas, a los intersexuales, a los transgeneristas, para luego abrir el espectro de protección a las parejas del mismo sexo y a otros modelos o tipologías familiares diferentes a la familia nuclear, a la extensa y a la ampliada, como por ejemplo la familia homoparental, que cobija también la familia de adopción”, explica Carlos Julio Arango Benjumea, doctor en Derecho y profesor de la Escuela de Derecho de EAFIT.
En 1975, la Asociación Americana de Psiquiatría dejó de considerar el homosexualismo –que incluía en su definición a casi todo el colectivo LGBTI– como una enfermedad mental y el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo la retira de esta clasificación, sino que declara esa fecha como el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia.
En Colombia, aunque el Código Penal cambió en 1980 y despenalizó el acceso carnal homosexual, los mayores avances se presentarían en la década siguiente.
“El cambio clave llega con la Constitución de 1991, a partir del artículo 16 que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, asegura Walter Bustamante, quien dice que, a pesar de esto, se ha tenido que recurrir muchas veces a las acciones de tutela para garantizar el disfrute pleno de sus derechos. “Hasta ahora hay más de 100 sentencias proferidas por la Corte Constitucional en esta materia: 11 sobre derechos de las personas intersexuales, 32 sobre trans, y entre 70 y 80 sobre homosexuales, lesbianas y bisexuales”, explica.
Entre los triunfos alcanzados en los tribunales nacionales por los derechos LGBTI se destacan algunos, en especial por los debates jurídicos que generaron en su momento y por discusiones que algunas veces fueron más allá de lo normativo.
En 2007, la Corte Constitucional reconoció los derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo que tuvieran dos o más años de convivencia, como sucedía con parejas heterosexuales. Ese mismo año reconoció el derecho de afiliación al sistema de salud y en 2008 ordenó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente de los compañeros de parejas homosexuales.
Más largos y difíciles han sido los logros sobre matrimonio y adopción. En 2011 la Corte se declaró sin facultades para decidir sobre la unión de parejas del mismo sexo y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara al respecto o estas personas podrían acudir a un notario o un juez para formalizar su vínculo. El 24 de julio de 2013, luego de que el Legislativo no tomara una decisión, se celebró el primer contrato marital entre dos hombres en Colombia, pero, mediante una tutela, la Procuraduría General, entonces dirigida por Alejandro Ordóñez, se opuso. En 2016, tras recoger varios casos similares, el alto tribunal emitió la sentencia que legalizó el matrimonio igualitario.
No se puede desconocer que sí se han obtenido logros importantes a nivel jurídico en la lucha por los derechos de la población LGBTI en Colombia.
Respecto a la adopción, en 2012 la Corte ratificó el derecho de las personas LGBTI a adoptar de manera individual. Para 2014 se reconoció el derecho de adopción solo si uno de los integrantes de las parejas del mismo sexo era el padre o madre biológico del niño, pero un año después consideró como superior el derecho de los niños a conformar un hogar sin importar la orientación sexual de los adoptantes, por lo que este requisito quedó sin piso.
Entre las luchas jurídicas de las personas trans se desatacan la adelantada por el cambio en la definición identitaria en documentos como registro civil, cédula o pasaporte. Esto es, el derecho a la corrección de la asignación del sexo, que fue reconocido por la Corte en 2015, la cual, además, ordenó al Gobierno Nacional facilitar este trámite, lo cual se hizo mediante el decreto 1227 del Ministerio de Justicia, emitido ese año.
También en 2015 el máximo tribunal constitucional emitió otra sentencia en la que precisó que la identidad de género y la orientación sexual son conceptos que cambian de manera constante y exhortó al Congreso a promulgar una ley de identidad de género que proteja los derechos de la población trans, lo cual no ha sucedido hasta hoy.
“El ámbito del legislador ordinario, por excelencia centro de producción de las leyes, ha sido apático e inclusive en algunos casos hostil al reconocimiento y protección de los derechos de la población LGBTI. Los proyectos de ley presentados al Congreso de la República han acabado indefectiblemente destinados al fracaso. La actividad parcializada y prejuiciosa de parte de los miembros del órgano legislativo en los temas de la sexualidad diversa y el género ha dado muestra de la táctica de oídos sordos a los exhortos de la Corte Constitucional en esa materia”, sostiene el docente e investigador Carlos Julio Arango, quien agrega que en cuanto al poder ejecutivo se podría decir que hay una complicidad silente con el legislador. “Una mirada indolente a las políticas públicas LGBTI a nivel nacional con ejecución ralentizada de las mismas a nivel regional y local, por supuesto con algunas excepciones. Y es evidente la ausencia de campañas oficiales permanentes de aceptación de la igualdad en la diferencia”.
El experto reconoce que, a pesar de esto, “no se puede desconocer que sí se han obtenido logros importantes a nivel jurídico en la lucha por los derechos de la población LGBTI en Colombia, y que las dinámicas sociales están permeando poco a poco las conciencias individuales del grupo social menos retardatario, augurando una mayor aceptación de la diversidad sexual y de género del ser humano”.
Estos avances, según Walter Bustamante, ponen a Colombia como uno de los países a la vanguardia de los derechos LGBTI en Latinoamérica, solo por detrás de Argentina y Uruguay y algunos estados de México. Sin embargo, considera, todavía falta avanzar más.