Jorge Enrique Bedoya Vizcaya. Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Colombia puede convertirse en una potencia en producción agropecuaria porque tiene muchas condiciones favorables para lograrlo. Para empezar, la frontera agrícola del país es de 40 millones de hectáreas de las cuales solo se están utilizando siete, es decir, posee un potencial muy importante representado en buena cantidad y calidad de tierras y aguas.

Una de las ventajas que tenemos, y que de pronto puede sonar demasiado holística, si se permite la expresión, es la resiliencia del pueblo colombiano. El campo fue tal vez el sector más afectado por la violencia debido a medio siglo de conflicto armado, al terrorismo, presencia del narcotráfico, de bandas criminales...

Y a pesar de eso, tiene una producción que, en muchos casos, es competitiva en el ámbito internacional, pero que igualmente ha demostrado liderazgo para llegar a la mesa de los colombianos.

Eso se debe a la tenacidad de la gente, por lo que yo apelo a esa primera característica como una de las mayores ventajas del país. Lo segundo es que tenemos dos costas, más de cinco puertos marítimos grandes, una infraestructura de aeropuertos en la que hemos avanzado, por lo que ahí está una opción enorme de llegar a los mercados internacionales. Tercero, la democracia colombiana es vibrante, obviamente con los problemas que todos conocemos; pero es un sistema que respeta el derecho a la propiedad privada y eso facilita la inversión nacional y la presencia de la inversión extranjera.

Tenemos muchas dificultades, pero menciono las más críticas y están en lo que en la SAC hemos llamado “la deficiencia de los bienes públicos rurales”. Una de las restricciones más complejas es la falta de carreteras: el país tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias para esos 40 millones de hectáreas y solo el 10 % está en buen estado. Esa falta de comunicación entre lo rural y urbano, si no se resuelve, va a ser un cuello de botella que siempre tendremos como lastre.

Otro punto es la conectividad de internet y la señal de telefonía celular para dispositivos inteligentes porque hoy, más que nunca, debemos impulsar para que lleguen la educación, la telemedicina, las nuevas tecnologías que apoyan la producción agropecuaria...

En conjunto, esos factores son clave para permitir la buena calidad de vida de los habitantes rurales. El momento actual ha permitido que el mundo urbano esté dando una mayor importancia a lo que pasa en la ruralidad.

En ese marco, las univesidades, junto a otras entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los gremios de la producción pueden jugar un papel interesante en el empeño de impulsar el campo colombiano a niveles superiores.

La educación puede fortalecer a quienes trabajan en el campo, a los emprendedores nuevos y futuros, en tanto la investigación científica conduce a la mejora de tecnologías para que podamos hacer un campo más productivo y rentable.

Otro problema es la alta tasa de informalidad laboral, una restricción que se puede volver una oportunidad: la mano de obra de la ruralidad se ha envejecido, los jóvenes se han ido para las ciudades y la tasa de informalidad laboral es del 86 %. Esto último tiene solución en una serie de reformas sencillas que requieren la decisión política por parte del Estado. Si se resuelven estos cuellos de botella, sumados a la resiliencia mencionada y a las fortalezas institucionales, podemos dar un impulso fuerte.

En este marco, todos los subsectores agropecuarios tienen una gran oportunidad porque Colombia tiene una clase media emergente y eso significa que consume productos de mayor valor agregado. Asimismo, nuestra ubicación  en  el  trópico  permite  la  producción de muchos alimentos y frutas que son una maravilla no solo para el mercado doméstico sino para el internacional. Y en este último, con los acuerdos comerciales que hemos negociado, hay oportunidades para todos los sectores de la producción agropecuaria.

El mercado interno como lo conocemos en Colombia, donde la fruta, los hortalizas y las proteínas de origen animal son principales en la dieta alimentaria, representa oportunidades y nichos de mercado a los que se les puede apostar en función de las regiones con vocación productiva. Eso redundará en la generación de empleo, bienestar, divisas por vía de las exportaciones y una mejor nutrición para nuestra población.

Frente a los temas de la seguridad jurídica de la propiedad rural tenemos un proyecto de ley que trabajamos con el gobierno anterior y que este gobierno adoptó. Es el proyecto de Ley de Tierras que, sin embargo, no ha sido discutido por el Congreso de la República: la Comisión Quinta del Senado lo dejó morir en el período previo al comienzo del nuevo gobierno y hasta el momento no se ha movido.

Esa ley daría claridad jurídica en relación con temas como la expropiación de tierras, la claridad para los ocupantes de buena fe y la extinción del derecho de dominio por inexplotación, por mencionar algunos puntos álgidos. Pero el país también debe trabajar en los sistemas de titulación de tierras y en la identificación de los baldíos de la Nación.

De ese modo, además de ir de la mano de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se permitirá que campesinos sin tierra se vuelvan propietarios y, por esa misma vía, tener una ley de crédito que favorezca a la ruralidad en su conjunto. Si juntamos todas las posibilidades y potencialidades, el campo dará un salto muy importante porque es un territorio promisorio para el desarrollo.

Carlos Gustavo Cano Sanz, exministro de Minas y Energía, asegura que más rápido
de lo que se cree el país tendrá las condiciones óptimas para desarrollar una importante
industria de energías alternativas como la solar y la eólica.

Javier Arboleda García, Colaborador.

Ante el creciente consumo de energía y la necesidad de una producción más limpia y menos contaminante, el país se propone generar en los próximos cuatro años 2250 megavatios de energías renovables o no convencionales. Eso equivale a lo que producirá la central hidroeléctica Hidroituango y 20 veces lo que consume al año una ciudad como Villavicencio.

El asunto implicará que el país pase de producir 50 megavatios de energías renovables en el año 2019 a esos 2250, lo que representará un salto importante en la meta de contar con el 10 % de este tipo de energías en el Sistema Interconectado Nacional.

Para hacer un comparativo del rumbo que está tomando esta transición energética en el ámbito global, Naciones Unidas estima que en el año 2050 el 87 % de la energía que consumirá el mundo será de fuentes renovables.

Para algunos, las condiciones actuales del sistema energético del país hacen que esa meta del 10 % pueda parecer improbable, pero el exministro de Minas y Energía Carlos Gustavo Cano Sanz sostiene que las ventajas comparativas del país permitirán que esa cifra se supere con creces.

Colombia consume cada año unos 70.000 megavatios de energía y espera, según la demanda, que esta cifra tenga un incremento del 2 % anual en la próxima década. El exministro Cano Sanz, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en economía de la Universidad Lancaster, de Inglaterra, e integrante del Consejo Superior de la Universidad EAFIT, plantea en esta entrevista que Colombia superará sin problema la meta trazada:

¿Cuál es hoy el panorama energético en el país?

“Colombia, como buena parte del mundo, entró en la era de la transición energética. El país tiene una industria petrolera solvente y fuerte. Ecopetrol es la empresa más grande del país y ha empezado a dar pasos hacia las energías alternativas". "Además, la última subasta convocada por el Ministerio de Minas y Energía (contrato para garantizar suministro de energía al país) le asegura a Colombia que en el año 2022 habrá una generación, por esa vía, de 2250 megavatios de energías renovables. Eso es el equivalente, por ejemplo, a lo que producirá Hidroituango, calculado en 2400 megavatios”.

¿Cómo ha sido ese crecimiento de Colombia?

“En los últimos tres años la generación de energías alternativas, en especial la solar, representó más del 50 %. Son señales que demuestran que el país va en el camino de la renovación, hecho que contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático”.

La decisión de construir hidroeléctricas de gran tamaño es cada vez más. Foto: Róbinson Henao

La magnitud de la propuesta

Con la subasta de energías renovables a la que hace alusión el exministro Cano, realizada a principios de 2019, el Ministerio de Minas y Energía asignó esa cuota de generación a ocho proyectos en los que participarán siete empresas generadoras y 22 comercializadoras.

Esos proyectos, de los cuales cinco son de energía eólica y tres solares, demandarán una inversión cercana a 2200 millones de dólares, dice el Gobierno Nacional, mucha de ella de inversión extranjera, pues en los ganadores de la subasta hay compañías foráneas.

La incidencia de la subasta y la de otros 215 proyectos que se ejecutan en diversas partes del país diversificará la matriz eléctrica, ayudará a mitigar los efectos del cambio climático, evitará vulnerabilidades como el Fenómeno El Niño y permitirá llegar a la meta del 10 % de producción de energías renovables, anunció la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Y aunque Colombia apenas entra en la onda de esa transición, debido a las exigencias y preferencias de los consumidores que ahora piden modos más limpios de producción, solo es superado en Latinoamércia, en proyectos e infraestructura, por países como Brasil, Chile, Costa Rica y México, según un informe de WWF (World Wide Fund for Nature – Fondo Mundial para la Naturaleza), una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en la lucha por la conservación ambiental.

Esta organización no gubernamental recogió diez mil firmas para pedirle al Gobierno Nacional de Colombia que establezca un objetivo ambicioso de energías renovables a 2030 y defina  una estrategia que le permita alcanzarlo, más allá de lo que se planteó con la subasta.

Alejandro Álvarez Vanegas. Profesor de Ingeniería de Procesos – Coordinador del Núcleo de Formación Institucional de EAFIT en Cultura Ambiental.

En el reporte de la Conferencia de Estocolmo, en 1972, se lee que “el hombre [el ser humano] es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”.

La muestra por excelencia de nuestra condición de artífices del medio ambiente que nos rodea es la ciudad. Y es desde las ciudades que la humanidad debe generar las soluciones más contundentes para enfrentar la actual crisis ecológica y lograr un desarrollo sostenible.

En otras palabras, en el ámbito urbano deben materializarse pasos valientes hacia una sociedad en la que la búsqueda de una vida digna y de buena calidad (para todas las personas) se dé en armonía con la naturaleza. Esto no solo por el valor intrínseco que tienen las otras especies y el planeta en general, sino también porque, siendo los seres humanos naturaleza misma, al destruirla irremediablemente nos destruimos.

Uno de los temas más relevantes que pueden tratarse desde la convergencia entre ciudades y sostenibilidad es la movilidad. Y aunque no cabe duda de que la infraestructura y las tecnologías disponibles para el transporte juegan un papel determinante en la sostenibilidad urbana, estas no lo abarcan todo: el comportamiento de quienes ocupamos las ciudades (el hábito como forma de habitar) es también un asunto que vale la pena analizar, a pesar de que de manera usual se pone en un segundo plano. O precisamente debido a ello.

Y no hay que dar muchas vueltas para llegar a una lista de cambios de comportamiento fundamentales para una movilidad sostenible: se trata, en lo esencial, de desmotorizar la cotidianidad y de valorar más las alternativas colectivas.

Los motores son máquinas asombrosas que, sin duda, han posibilitado el alcance de una mejor calidad de vida y, claramente, sería un sinsentido pretender renunciar por completo a ellos. Pero es igualmente claro que la movilidad urbana ha llegado a unos niveles dañinos de dependencia del motor.

Asimismo, es comprensible que se opte por las alternativas privadas pero, de nuevo, el exceso ha conducido a una hiperindividualización en la movilidad que, sobre todo combinada con la adicción al motor, es problemática (tanto como pronunciar la palabra hiperindividualización).

Se necesita una ciudadanía dispuesta a caminar, a montar en bicicleta y a usar el transporte colectivo; personas que, si usan el carro, traten de compartirlo. Caminar o usar la bicicleta son formas de movilizarse que cuentan con la gran ventaja de que no se gasta combustible y, además, producen un placer adicional: como es nuestro propio esfuerzo el que nos lleva de un punto a otro, hay una sensación marcada de satisfacción y orgullo.

Y a ello se le suma el disfrute de evitar los trancones, de sentir la ciudad en forma más directa, de entenderse como parte de ella.Existen  razones  de  índole  ética  para realizar los cambios de comportamiento en la movilidad (en general, para propender por un estilo de vida sostenible), pues se trata del cuidado de la vida.

No hay que hacer más que mirar la cantidad de muertes asociadas a la mala calidad del aire o los impactos del cambio climático (ambos problemas derivados en gran medida de la piromanía global) para concluir que debemos reorientar la forma en que nos movilizamos.

En ocasiones tiende a confundirse la mitigación del abuso del carro particular –que es necesaria– con la eliminación de su uso –que es imposible–. Dejar el carro un día a la semana en la casa. Hacer teletrabajo de vez en cuando. Ir en bus o en metro y luego caminar. Todo suma: cualquier paso que se dé es una contribución importante y se puede avanzar de manera gradual, cada quien yendo hasta donde le sea posible, según su situación particular.

No hay que renunciar a todas las comodidades, pero sí es imprescindible reflexionar sobre el esfuerzo personal que podemos hacer.

Por último, si bien el esfuerzo personal es importante, para lograr adquirir y mantener los hábitos de una movilidad sostenible necesitamos también estrategias eentornos capaces de inspirarlos y permitirnos practicarlos. Se unen entonces los comportamientos y el asunto de la infraestructura. Caminar, montar en bici o tomar el bus: ninguno de estos debería ser un acto heroico.

Nuestras ciudades deberían estar diseñadas para ello, pero hay que aceptar que en la actualidad en Colombia ese no es el caso. Por eso la inversión en infraestructura debe ser coherente con los principios de la movilidad sostenible, tanto para reformar lo existente como para construir lo nuevo.

Mediante la inversión en educación e infraestructura sostenibles tenemos la posibilidad de hacer emerger un círculo virtuoso: entre más gente opte por la desmotorización y la mitigación de la hiperindividualización, menos contaminación, ruido y ocupación del espacio tendremos; lo que conducirá a un entorno urbano más amigable y atractivo, a una ciudad más capaz de invitar a más gente a conectarse de manera más cercana con la ciudad y a optar por lo colectivo... Y así sucesivamente.

No se pueden aplazar los esfuerzos personales e institucionales para humanizar las ciudades, entendiendo la humanización como una derivación de dos acepciones de humanidad: conjunto de personas, por un lado, y benignidad o afabilidad, por el otro. Las ciudades deben ser benignas, afables, más para las personas que para los motores.

Diego F. Villanueva-Mejía. Investigador sénior, profesor titular y jefe del Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad EAFIT.

A pesar de estar lejos de alcanzar las cifras de la pandemia más grave que afectó a la población humana (causada por el virus H1N1 en 1918, 500 millones de personas infectadas y 50 millones de muertos), es claro que el Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), agente etiológico de la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), puso al mundo contra las cuerdas.

Para empezar, es bueno saber que los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus (conformada por cuatro géneros: alphacoronavirus, betacoronavirus, gamacoronavirus y deltacoronavirus) que han coexistido con nosotros durante mucho tiempo, infectando animales y humanos, y desarrollandoenfermedades que  pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, afectando sistemas entérico, respiratorio, renal y neurológico.

Con 5'467.945 personas infectadas y 344.731 decesos a nivel mundial (datos a mayo 25 de 2020 y contando), el SARS-CoV-2 aparece como el agente causal del brote epidemiológico más fuerte del siglo XXI (insisto en eso: el más fuerte), pues antes habíamos sufrido otros dos eventos zoonóticos gracias a los beta-CoV, causando fuertes brotes epidemiológicos: SARS-CoV (2002-2003) que emergió de un murciélago (8000 personas infectadas, 800 muertes); MERS-CoV (2012), que emergió de un camello, descubierto en Arabia Saudita y que aún permanece endémico en el Medio Oriente (2494 infecciones, 858 muertes y contando).

Esto, sin considerar las demás epidemias ocasionadas por otros microorganismos patogénicos. Saturados de información (y cuantiosa desinformación), en estos momentos la invitación es a mirar hacia adelante y sacar las mejores lecciones personales y colectivas para sobrevivir y sacar adelante nuestra especie. ¿Cuál es el camino para ello? La respuesta es sencilla: la ciencia.

Muestra de lo anterior son las 3068 publicaciones registradas en Scopus y las 11210 que aparecen en Web of Science (información a mayo 25 de 2020 referente a SARS-CoV-2 y covid-19), generadas en solo cinco meses, que sientan las bases para encontrar mejores técnicas diagnósticas, posibles curas a la enfermedad y entender cómo podemos recuperarnos como especie.

No obstante, aunque encontremos una cura (vacunas y medicamentos correctivos) que nos permita llegar a la “normalidad”, debemos ser cautos, racionales y obrar en consecuencia con las decisiones basadas en la ciencia y no en el pánico o la incertidumbre.

No podemos ocultar el sol con un dedo: como Homo sapiens, quedarnos resguardados en casa y escondernos de un organismo microscópico que existirá  con  nosotros por mucho tiempo es imposible.

Ahora tenemos el reto de sacar adelante nuestras actividades económicas, y todas en general, a la vez de prepararnos para coexistir (humanos y SARS-CoV-2),  anticipando nuevas olas de contagio que nos llevarán seguramente a cuarentenas intermitentes, en razón a que el virus ha llegado para quedarse: este y otros más.

Es prudente conocer que la mayoría de los virus humanos emergentes se originan en mamíferos salvajes. Análisis exhaustivos de las asociaciones conocidas entre virus y mamíferos han determinado que los roedores, y en especial los murciélagos, albergan una proporción significativamente mayor de zoonosis.

Sin el objetivo de satanizar a estos animales (por su importancia en el control de poblaciones de insectos, en la polinización, la dispersión de semillas y la fertilización del suelo), hoy concierne mencionar que los murciélagos son reservorios y vectores de una gran cantidad de infecciones virales zoonóticas, incluidas el SARS, MERS, los filovirus Ébola y Marburg, los lissavirus, los virus Hendra y Nipah, entre otros, por lo que comprender los impulsores de la transmisión viral  interespecífica es una importante prioridad de investigación científica en biodiversidad y salud pública no solo hoy, ¡en adelante!

Entonces, ¿seguirnos exponiendo al SARS-CoV-2? Es lo ideal, pero con mesura. Hemos estado y seguiremos expuestos eventos de infección por virus, incluso de la familia de los coronavirus.

Pero hasta eso es bueno en tiempos de crisis como los que atravesamos en la actualidad, pues hay reportes científicos de la inmunidad natural preexistente en humanos no infectados, ni expuestos al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), todo ello gracias a la reactividad inmune entre coronavirus humanos (HCoV) que se propagan estacionalmente y que proporcionan protección cruzada, aunque transitoria, contra la infección con distintos tipos de HCoV.

Cristian Andrés Díaz. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad EAFIT.

Hace algunos meses, la Corte Constitucional declaró “inexequible con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021, la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, ‘por medio de la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’.”

Del mismo modo, declaró inexequibles los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Esta decisión judicial se adoptó en la Sentencia C-047, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y fue anunciada en comunicado del 4 de marzo de 2021.

La Ley 1951 del 24 de enero de 2019 había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenando su entrada en funcionamiento dentro del año siguiente y asignándole la función principal de impulsar la participación de la comunidad científica para incrementar el nivel de la investigación científica y social, así como el desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los parques industriales y las empresas. Así mismo, la mencionada ley indicó que esta nueva entidad gubernamental no podía generar gastos generales o de personal adicionales a los que tenía presupuestado el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y complementó –en los artículos 125 y 126– aspectos asociados a la estructura y competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no habían quedado definidos en su ley de creación.

La Ley 1951 de 2019 fue demandada ante la Corte Constitucional que, a su vez, integró al proceso los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, por guardar relación con la fusión, la denominación y los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la demanda se argumentó que: i) se infringió el artículo 154 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley dirigidos a crear, suprimir o fusionar ministerios solo pueden ser presentados por el Gobierno Nacional, y esto no fue lo que sucedió en el caso analizado; y ii) se contravino el artículo 150, numeral 7, de la Constitución, por no establecerse en la ley la estructura del Ministerio que se creó.

La Corte Constitucional acogió estos argumentos indicando que “no es posible adoptar medidas que no correspondan a la función de planeación y que no tengan por finalidad impulsar el cumplimiento del Plan para el correspondiente período presidencial”. En tal sentido, precisó que no era viable subsanar a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo los vacíos relacionados con la estructura del Ministerio porque dicho asunto debía determinarse a partir del procedimiento democrático previsto en la Constitución.

Es más, para la Corte, los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 ni siquiera subsanaron el vacío en la estructura del Ministerio, pues se limitaron “a otorgarle al Gobierno facultades que la propia Constitución le confería para modificar la estructura de los ministerios, pero no para determinarla (artículo 189.16 de la Constitución)”.

Ahora bien, ¿qué implica que la Corte Constitucional haya declarado inexequibles las disposiciones normativas por las cuales se había creado el Ministerio? ¿Significa que desde la expedición de la Sentencia C-047 de 2021 dicho Ministerio desapareció?

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Usualmente, estos efectos se producen desde el mismo momento en el que se publica la sentencia, de manera que, si declara inexequible una norma, esta queda expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto el artículo al que se ha hecho referencia, como la jurisprudencia constitucional reconocen la potestad de la Corte de modular los efectos de sus fallos, es decir, de establecer desde qué momento se producen tales efectos y en qué sentido.

Pues bien, con la Sentencia C-047 de 2021, “la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021”. Según la Corte, “la medida del diferimiento se adoptó al tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Esto significa que con la decisión de la Corte Constitucional el Ministerio no desapareció. Más aún, puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero el Congreso de la República cuenta con dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de este año, para regular de manera completa la estructura de dicho Ministerio, pues una vez cumplidas aquellas, tanto la Ley 1951 de 2019 –que lo creó– como los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 –que complementaron sus funciones–, saldrán del ordenamiento jurídico y quedará sin fundamento normativo tal Ministerio.

Según el artículo 138 de la Constitución, una “legislatura” se conforma por dos períodos legislativos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de marzo al 20 de junio. De acuerdo con lo anterior, el plazo para que el Congreso subsane los defectos en la estructura del Ministerio, siguiendo el trámite legislativo adecuado, vence el 20 de junio de 2023. Hasta esa fecha, dicho Ministerio puede continuar desarrollando sus actividades.

A pesar de que con el plazo concedido por la Corte Constitucional para remediar la situación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva temporalmente su vigencia y operatividad, un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción.

Debe recordarse que los ministerios y los departamentos administrativos, como órganos del Gobierno Nacional, cumplen funciones cruciales para la concreción de las políticas públicas. En tal sentido, la creación, modificación y supresión de aquellos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

La sentencia de la Corte Constitucional también es un llamado a que se respete el principio democrático en la creación de los órganos del Estado. El Congreso de la República no puede renunciar a su competencia para establecer la estructura de un ministerio, encomendando este asunto al Gobierno Nacional, pues ello no garantiza el grado óptimo de deliberación y afecta la legitimidad de este tipo de decisiones.

Heiner Mercado Percia. Editor de la revista Co-herencia.

Las revistas multidisciplinarias o generalistas editadas por universidades colombianas, como Revista Científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Revista Universidad Católica Luis Amigó, Revista de Investigaciones de la Universidad del Quindío, Revista de la Universidad Nacional o la Revista Universidad EAFIT, surgieron como medios que centralizaban la publicación de artículos científicos dedicados a la exposición de los resultados de investigaciones en diferentes disciplinas desarrollados por los grupos y programas de estas instituciones.

Algunas mantienen ese espíritu, otras desaparecieron, pero desde hace unos años unas cuantas, como la Revista Universidad EAFIT, se transformaron en publicaciones de divulgación científica adoptando las prácticas propias del periodismo científico.

Esa transformación fue motivada seguramente por razones como el surgimiento de otras revistas más especializadas editadas por escuelas o facultades que terminaron compitiendo por la publicación de artículos, las cambiantes exigencias de Publindex en materia de cumplimiento de criterios de calidad y castigos a la endogamia, problemas en la continuidad, interrupciones o demoras frecuentes en la publicación de nuevas ediciones que hacían que se incumpliera la periodicidad definida, la dificultad para atraer artículos de autores de otras instituciones, bajos niveles de uso (consulta, citación, etc.) causados por la dificultad de proyectar una unidad e identidad temática, entre otros.

En el caso de esta revista de la Universidad EAFIT, los cambios acordes con ese giro hacia el periodismo científico aparecen en la edición 161 de enero-junio de 2013. El exrector Juan Luis Mejía indicaba en el editorial de dicha edición una “nueva vocación” de la publicación que se insertaba en el marco de un nuevo impulso hacia el mejoramiento de las revistas de la universidad, pero además servía para presentar, en un lenguaje mucho más claro y visual gracias al trabajo mancomunado entre periodistas e investigadores, los resultados de las investigaciones realizadas por los integrantes de los diferentes grupos de la Institución y su impacto social.

En esa misma línea, se han creado también nuevas publicaciones en otras instituciones de educación superior del país, como es el caso de Intellecta de la Universidad del Norte, Revista Divulgación Científica de la Universidad del Rosario o Pesquisa Javeriana. No hay duda de que este giro hacia el periodismo científico ha sido positivo. Ha abierto la posibilidad de que se promueva el diálogo entre investigadores y comunicadores, que se impulse el ejercicio de la divulgación del conocimiento científico como tarea complementaria a la investigación misma y a la escritura de artículos o papers dirigidos a especialistas y, sobre todo, a que se amplíe el número de lectores. Sin embargo, algunos aspectos del periodismo científico deben explotarse de una manera mucho más sistemática para lograr acercar en mayor medida la ciencia a la sociedad.

El periodismo científico tiene como objetivo informar, explicar y analizar hechos científicos y tecnológicos. Contextualiza y llena de sentido los proyectos, los modos de proceder en las investigaciones, los resultados y las aplicaciones de los nuevos conocimientos, conceptos e instrumentos. Suele señalarse que el periodista científico cumple un papel de mediador entre el científico y el público en general a través de su esfuerzo por traducir ese lenguaje técnico complejo en uno mucho más claro sin que se pierda el rigor.

Pero, también, el periodismo científico cumple una tarea muy importante para la sociedad y para la ciencia misma puesto que posibilita discusiones críticas en torno a las contribuciones reales que traen para la sociedad las investigaciones, los nuevos hallazgos científicos y las aplicaciones tecnológicas; está atento para denunciar con propiedad y con la autonomía suficiente posibles malas prácticas, fraudes, manipulaciones y conocimiento erróneo o pseudocientífico. Para ello, no se puede dejar de lado la búsqueda y comparación de fuentes, el trabajo de campo y una reportería rigurosa.

El trabajo del periodista científico aprovecha los diferentes medios (impresos, televisivos, radiales y digitales) que contribuyen eficazmente a la divulgación de los nuevos hallazgos, pero también debe estar muy cerca de la actividad que realizan los editores de las revistas científicas tradicionales para estar al tanto de los procesos de evaluación y del impacto que han tenido los estudios que se están cubriendo.

Creo que la implementación de algunas herramientas del periodismo científico en la revista de la Universidad EAFIT es un acierto, en primer lugar, porque nos permite ver de cerca lo que están haciendo los investigadores; en segundo lugar, porque puede contribuir a que se reconozca que la labor editorial produce conocimientos y prácticas que rara vez son aprovechadas para otras actividades misionales; y, por último, abre la posibilidad de que se promuevan discusiones amplias sobre los nuevos hallazgos científicos en momentos como este, de pandemia, en donde más se necesita que la sociedad tenga al alcance información precisa, verdadera y, sobre todo, estructurada bajo los más estrictos lineamientos éticos.

Gloria María Gallego. Profesora de la Escuela de Derecho, coordinadora del área de Teorías del Derecho.

Hay un cambio cultural en la valoración del pasado. Estamos en la época de la memoria, como categoría ética, filosófica y política, para denunciar y resistir contra el horror. Es el triunfo de las víctimas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto y que erigieron algo tan modesto como la memoria en un potencial de oposición y en una semilla para nuevos aprendizajes en la construcción de barreras morales contra la violencia.

Los que regresaron de los campos de concentración sintieron que volvían más del mundo de los muertos que del mundo de los vivos sin saber muy bien cómo sobrevivieron a esa fábrica de atrocidades: “Convivíamos codo a codo con la muerte, y no era posible dejar de preguntarse si uno sería el próximo cadáver que llevaran al crematorio”. La meta era salir con vida de aquella barrera de muros, alambradas, cámaras de gas y hornos crematorios para hablarle al mundo del destino de la muchedumbre innumerable de quienes “sufren y se arrastran en una opaca soledad íntima, y en soledad mueren o desaparecen, sin dejar rastros en la memoria de nadie”. Los sobrevivientes se convirtieron en testigos por delegación y asumieron el deber de narrar para anular todo proyecto de negación y ocultación del pasado.

Dar testimonio, registrar la barbarie, negar justificación a los actos inhumanos de los perpetradores es una forma última de justicia. La memoria es un conocimiento surgido de los testigos supervivientes del horror que con el poder de la palabra (hablada o escrita) comunican a otros los materiales de la experiencia vivida. Va más allá del recuerdo, la vivencia o emoción personal y los sentimientos que los recuerdos suscitan, y se convierte en un modo específico de conocimiento que, apoyándose en los casos individuales, subraya la universalidad del horror, destaca las luchas de seres humanos por sobrevivir y por su dignidad, y advierte sobre el futuro.

Tras tantas décadas de guerra interna, nuestro país vive la era de la memoria, de la verdad y de la justicia reparadora, como elementos imprescindibles para la paz y la reconciliación, y como tributo último a millones de víctimas de secuestro, asesinato selectivo, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, tortura, masacre, reclutamiento forzado. Memoria por tantas vidas destruidas, libertades anuladas, proyectos frustrados, daños, sufrimientos y traumas. La realidad no es solo lo existente; es también lo suprimido, lo que está ausente, lo que quedó truncado.

La memoria, como modo específico de conocimiento, trasciende las emociones subjetivas y negativas que atan al pasado (tristeza, furia, odio, resentimiento, deseo de venganza) y –siguiendo a Todorov– pasa de la lectura literal del hecho a la lectura ejemplar, es decir, el acontecimiento recuperado ya no es leído de manera calcada y puntual, sino que sirve de modelo para ilustrar sobre situaciones similares con un sentido superador y constructivo, de apertura al presente y al futuro en procura de evitar el sufrimiento humano y de la conformación de una sociedad más justa y pacífica.

Todo acto de memoria tiene significación ética, pues obliga a inscribir los hechos acontecidos y las experiencias de inhumanidad colectiva en el marco histórico pasado y reciente, conserva la información, honra a las víctimas, se opone a la negación de los crímenes por parte de los perpetradores por simple falta de conocimiento.

No se trata solo del pasado, ella entraña un carácter de porvenir: es un ejercicio que, desde la sabiduría de la experiencia de lo acontecido y desde ideales de convivencia civil, se transmite y retransmite para ayudar a leer los hechos y su línea de desarrollo, de tal manera que pueda extraerse una indicación, un ejemplo, una enseñanza que puedan alumbrar lo que sucede y anticipar lo que podría llegar a suceder, para que las atrocidades de ayer no retornen en circunstancias
más o menos parecidas.

Las víctimas nunca más pueden ser el precio a pagar en la búsqueda de fines políticos y modelos de orden social. Las divergencias, los intereses contrapuestos,
las distintas representaciones del orden social y las tensiones deben tramitarse por medio de la palabra, el debate público, la política, la democracia como arte del acuerdo desde todo aquello que se tiene en común, más allá de lo que separa.

Referencias

Nanette Blitz, Sobreviví al Holocausto. El conmovedor relato de una amiga de Ana Frank, 1ª. ed., Bogotá, Taller de Edición Roca, 2016, p. 59.

Primo Levi, Si esto es un hombre, 6.ª reimp., Barcelona, Muchnik Editores, 2005, p. 153.

Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, 1ª. ed., Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2008.

Si bien la política criminal contra bandas y combos ha dado frutos, es hora de reenfocarla, mejorarla
y adecuarla a la realidad actual. Investigadores aseguran que es la forma de acabar con el llamado
“gobierno criminal”, fenómeno que ocurre en sectores afectados por la acción de grupos armados.

Javier Arboleda García, Colaborador.

En las tres últimas décadas, desde que era considerada la ciudad más violenta del mundo hasta hoy, Medellín ha diseñado y desarrollado una serie de políticas públicas para atacar los fenómenos violentos y generar bienestar y respuestas a las necesidades de las comunidades que los sufren.

Ello le ha dado no solo un reconocimiento internacional, sino que ha permitido fortalecer su gobernabilidad. Un ejemplo es lo siguiente: en 1992, la ciudad tenía una tasa de homicidios de 350 casos por cada 100.000 habitantes y la de 2019 mostró 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Aun así, la investigación “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo”, realizada desde 2016 por Innovations for Poverty Action (IPA), la Universidad de Chicago y la Universidad EAFIT muestra que hoy esas políticas públicas no tienen el impacto esperado y deben reenfocarse y mejorarse.

Para sustentar la tesis, la investigación se basa en un elocuente dato: aún hoy en la ciudad existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que, a su vez, controlan el accionar delictivo de unos 350 combos y que ese accionar va más allá de actividades como el microtráfico, la extorsión, el hurto y el control de los llamados “pagadiarios” o “gota o gota”.

“Hay que entender mejor cómo esto evoluciona en el tiempo, para focalizar otro tipo de políticas. Creo que lo primero que debe hacer el Estado, en particular la Alcaldía de Medellín, es medir mejor esos fenómenos”, dice el profesor Santiago Tobón Zapata, uno de los directores de la investigación, quien dirige el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de EAFIT.

Advierte que se trata de un problema serio, grave, que ocurre hace tiempo y sobre el cual existe la evidencia anecdótica de cómo se manifiesta en muchas partes del territorio, “pero indudablemente nos falta medirlo mejor, de forma más sistemática, frecuente y completa”.

En Medellín existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que controlan a unos 350 combos. Foto: Róbinson Henao

Delincuentes que ocupan el papel del Estado

El también profesor de EAFIT Gustavo Duncan Cruz, del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas –otro de los directores de la investigación–, explica que las estructuras criminales de Medellín, como ocurre en muchas ciudades del mundo, generan altos porcentajes de violencia y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública.

Pero lo más grave, advierte el académico, es que ejercen funciones similares a las de los Estados, como resolver disputas y problemas comunitarios, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar “impuestos”.

A esas actividades se les conoce como “gobierno criminal”. El problema es que, tal cual funciona ese gobierno criminal en Medellín, no va en contravía del gobierno estatal sino que, todo lo contrario, a veces lo complementa, se nutre de él o se convierte en el espejo para fortalecer su presencia, en especial en territorios con mayor ausencia de institucionalidad, afirma Duncan.

La gente demanda servicios de gobierno, resolver su problema con el vecino y, en muchos contextos, se acerca a la solución más rápida, ágil, contundente y efectiva, y cuando el Estado es incapaz de hacerlo, acude a otros actores de la vida social.

En algunos contextos, esos actores son la administración de un edificio o un líder comunitario y, en otros más extremos, los integrantes de los combos armados, agrega el profesor Tobón Zapata, quien está adscrito al Departamento de Economía de EAFIT.

Finanzas del crimen organizado

La investigación no se queda en la explicación simplista según la cual las grandes bandas criminales son proveedoras mayoristas de droga a combos de menor tamaño para que estos la vendan al detal. O que suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses, mientras los combos extorsionan a pequeños establecimientos comerciales de barrio y, en ocasiones, a los hogares.

Ahora, unas y otros tienen una diversificada estructura de ingresos que incluye servicios prestados a la industria del narcotráfico, como el sicariato, el cobro de deudas y la protección de rutas de transporte de estupefacientes. Además, imponen multas por mal comportamiento o definen el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales.

Ante esta realidad, la investigación sugiere recomendaciones para enfrentar con éxito ese fenómeno. Ellas son fruto también de los resultados de una encuesta realizada a finales de 2019 en 4.868 hogares y 2.109 negocios de estratos 1, 2, 3 y 4, de 224 barrios de Medellín y 8 de Bello e Itagüí. Algunos de los resultados de esa encuesta son sorprendentes y van en contra de lo que muchas personas e instituciones suponían, según lo revelan las siguientes conclusiones:

Los niveles de gobierno criminal varían mucho a lo largo de la ciudad y en algunos barrios los combos son la autoridad.

El gobierno criminal está correlacionado con la extorsión y los préstamos de dinero conocidos como “gota a gota”. Esto sugiere que la extracción de rentas ilegales es uno de los motivos por los que los combos “gobiernan”.

Los niveles reales de gobierno criminal y de otros fenómenos asociados como la extorsión son mucho más altos que los estimados por las autoridades.

Contrario a lo esperado, incrementar el gobierno del Estado puede aumentar el gobierno criminal
La encuesta reflejó que, pese a que el Estado llega a esas comunidades con una batería de asistencia social, en muchos barrios el combo es mucho más activo en relación con la provisión de diferentes servicios de gobierno.

“En otras palabras, aquellos barrios en donde los combos ejercen más funciones de gobierno son también los barrios en donde la gente se siente más satisfecha y confía más en ellos”, es decir, según la investigación, los ciudadanos ven a los combos como un complemento del Estado porque actúan como intermediarios entre la comunidad y el mismo Estado.

Tomás Domingo Tomaralla. Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La bioética es una disciplina nueva, nace en los años setenta del siglo pasado, y busca responder y afrontar aquellos problemas que tienen que ver con el nacer, con el morir, con el cómo vivimos, etc. Se desarrolló debido, sobre todo, a los avances tecnológicos y a una preocupación por la investigación científico-técnica que parecía poner en peligro la propia vida del ser humano. Pretendía, y pretende, ser una disciplina puente entre las ciencias médico-biológicas y las humanidades. Parece que nos preocupamos exclusivamente por la dimensión biológica y nos olvidamos de “lo más humano”, lo biográfico. Desarrollamos estrategias cada vez más sofisticadas de curación y olvidábamos, en parte, estrategias y prácticas de cuidado y atención.

La bioética nace con una pretensión cuidadora: cuidar lo humano en su vulnerabilidad y en su complejidad, aunque pronto se convirtió en un método de toma de decisiones basado en principios que había que aplicar en diferentes situaciones, es decir, se protocolizó, y se convirtió en herramienta en comités de ética (en hospitales, etc.) y una forma determinada (principialista) de pensar y afrontar las incertidumbres. Lo que no está mal, pero quizás es insuficiente. En esta tesitura
algunos empezamos a hablar de bioética “narrativa”, no para descartar los métodos habituales de hacer bioética sino para destacar, resaltar y recordar lo que creemos que es esencial en el quehacer bioético ya desde sus orígenes: el cuidado de lo humano.

La bioética, así entendida, es una reflexión biológica que cuenta con los saberes que hablan de la vida (biológicos, médicos, etc.) y biográfica, que subrayan que los seres humanos somos seres de sentido y que la enfermedad, el miedo, la vida, no es asunto solo de moléculas, sino también de palabras. Necesitamos curación, sí, por supuesto, pero también cuidado.

Si la bioética se define como una ética de la vida, y la vida es de principio a fin narración, la bioética no tiene más remedio que contar con las narraciones si quiere dar cuenta verdaderamente de los que somos. La narración es una forma de atender lo humano, lo humano en su enclave biográfico.

El objetivo último de la reflexión filosófica, de la ética, y por tanto también de la bioética, es que seamos capaces de vivir desde nosotros mismos, que desarrollemos nuestras potencialidades, ser aquello que podemos ser. Pero, claro, esto es en muchas ocasiones difícil y complejo, pues a veces no sabemos muy bien lo que queremos, cambiamos, además vivimos con otros –somos  muchos y diversos–, y también nuestras acciones se convierten en peligrosas para nosotros mismos y para otros (pensemos en el riesgo al que sometemos constantemente al planeta). Aquí viene la ética, la bioética, a ayudarnos, y aquí viene también la narración a “socorrernos” en esta tarea de cuidado de nosotros mismos. ¡Somos seres de cuidado! Y nos ayuda la narración haciéndonos ver y sentir cosas que sin ella no seríamos capaces de ver y sentir. Nos ayuda a conocernos mejor, a conocer a los otros y el mundo en que vivimos. Solo desde el relato tiene sentido una tarea de cuidado. ¿Cómo vamos a cuidar si no conocemos lo que hay que cuidar? Cuidar a un ser humano no es solo curar físicamente sino también cuidar biográficamente. Superar una enfermedad, o aprender a afrontarla, sufrirla, significa ser capaces de seguir haciendo nuestra vida, de contarnos nuestra vida.

La narración puede cuidarnos al ofrecernos sentido, al ayudarnos a ver las cosas de otra manera, a pensar mejor, a pensarnos mejor. Tomarnos en serio la narración ha llevado a que hablemos de una medicina narrativa y de una deliberación (de problemas bioéticos) narrativa. Buscamos una vida plena, madura, autónoma, es decir, responsable. Y “cuidado” es otra forma de decir “responsabilidad”. Cuidar es atender, acoger, procurar, preocuparse, mirar hacia aquello que requiere nuestra atención. A esto apunta la bioética narrativa.

Y, ¿cuál es el objeto de este cuidado que define a la bioética? Se trata básicamente del “cuidado de sí”. Pero hemos de darnos cuenta de que el “sí mismo”, el sí, es cualquier persona. Recogiendo el aprendizaje de filósofos como Michel Foucault o Paul Ricoeur diría que hemos de desarrollar un “cuidado de sí” (Foucault) en su amplitud de sentido (Ricoeur): cuidar de uno mismo, cuidar de los otros y cuidar de las instituciones e, incluso, añadiría yo, cuidar del planeta. El cuidado se realiza como “cuidado del yo” (y no es egoísmo), “preocupación” por los otros –próximos y lejanos–, cuidado por las instituciones en que nos movemos y el cuidado del planeta. Y todo ello se hace de múltiples formas, pero siempre en entornos narrativos. Somos historias y hemos de cuidar cómo nos contamos, qué relato hacemos de nosotros mismos. Estamos y somos entramados y entrelazados unos con otros, vivimos en urdimbre comunitaria. Nuestra identidad, de cada uno, de nuestras instituciones, es una identidad narrativa.

Cuidar nuestras historias es cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestras instituciones y cuidar nuestro planeta. La experiencia
del cuidado pide muchas cosas, pero sobre todo palabras, gestos, comunicación, es decir, intercambio de experiencias y esto nos lo da el relato. La experiencia
del “cuidar” (tanto como donadores de cuidado como receptores) es siempre decir algo así como “¡déjame que te cuente, pues tú cuentas para mí!”.

Cuidar pasa necesariamente por contarnos. Termino citando a Ortega y Gasset, un filósofo que llegó a enunciar que necesitamos una nueva forma de razón, de pensar y la llamó razón vital, razón histórica, razón narrativa e, incluso, razón cordial. Cordialidad es otra forma de decir radicalmente cuidar. Decía: “Para comprender algo humano es preciso contar una historia. Este hombre, esta nación, hace tal cosa y es así porque antes hizo otra y fue de otro modo. La vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica”. Seguimos contando, cuéntenlo. Lo que cuenta es cuestión de cuentos. Y una cosa, ¡cuídense!, es decir, no dejen de contar.

Referencia

Tomás Domingo Moratalla, Lydia Feito Grande, Bioética narrativa, 2ª edición, Escolar, Madrid, 2020; Bioética narrativa aplicada, Escolar, Madrid, 2020.

Durante cuatro años, cerca de 300 investigadoras e investigadores se integraron a esta alianza para hacer realidad el sueño de ofrecer alternativas viables de transición energética en un mundo agobiado por los efectos del cambio climático​​. Y no quieren parar, pues el reto es inmenso y las soluciones no dan espera.

Colaborador: Juan Diego Restrepo E.

Ataviado con su vestimenta tradicional, Asdrubal Torres, líder indígena del pueblo arhuaco, llegó al Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT en busca de conocimientos y contactos sobre nuevas maneras de producir energía para la comunidad de Nabusimake, asentada en la cara oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Era la mañana del 30 noviembre de 2022 y en el Fundadores se concentraban investigadoras e investigadores de diferentes ciencias aplicadas que tenían un interés común: la transición energética, un tema sobre el cual Torres tenía grandes expectativas.

Todos estaban en aquel auditorio porque ese día, y los dos siguientes, se realizaría el Encuentro Nacional Energética 2030, un evento en el que se presentaban los resultados de cuatro años de investigación interinstitucional y de concreción de proyectos que le apuntan a ofrecer soluciones para enfrentar los efectos del cambio climático.

Definida como “la iniciativa científica más grande de la historia de la ciencia" en el país, Energética 2030 recibió en mayo de 2018 apoyo de Colciencias (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), y partir de allí se constituyó un equipo de 300 investigadoras e investigadores de ocho universidades colombianas, cuatro empresas del sector eléctrico nacional y 12 centros de educación superior del exterior.