Este laboratorio ha transformado los ambientes de aprendizaje de cientos de instituciones de educación básica y media en el país. En la actualidad, es un soporte del Ministerio de Educación, con el que sigue desarrollando avances por un aprendizaje más acorde con el mundo contemporáneo.

Colaborador: Pompilio Peña

La pandemia de la covid-19 afectó duramente las actividades académicas del país. Los expertos más optimistas apuntaron a que las brechas que causó podrían cubrirse en cinco años. No obstante, Diego Leal Fonseca, director adjunto del Centro Imaginar Futuros de la Universidad EAFIT y experto en innovación educativa, estima que los efectos de ese aislamiento obligatorio se notarán, incluso, hasta el 2030.

Pero hay una mirada optimista. Los retos, exigencias y planes de acción implementados durante la pandemia, para fortalecer el ya deteriorado sistema educativo, abrieron una nueva puerta a expertos para analizar cómo era posible vigorizar el Ecosistema Nacional de Innovación Educativa.

Uno de ellos fue Leal, quien viene aportando al mejoramiento de este tema, tanto en ámbitos regionales como nacionales, junto con su equipo del Centro Imaginar Futuros, un laboratorio que tiene como propósito fortalecer las capacidades de los diferentes actores que conforman el ecosistema educativo nacional.

Pero ¿qué entender por ecosistema educativo? Según Leal, “cuando nosotros pensamos en un ecosistema de innovación educativa, estamos pensando en esa perspectiva biológica que habla de actores, relaciones, conexiones, y cómo se pueden dar nuevas posibilidades para reimaginar lo que se hace, aplicando la innovación educativa, que no solo pasa por el mejoramiento tecnológico".

Bajo esa perspectiva, uno de los grandes retos es lograr una articulación entre distintos niveles educativos, con el fin de entender cuáles son las realidades y dificultades de los estudiantes y cómo pueden superarse, más aún en tiempo de pospandemia.

Esta mirada holística propuesta por el Centro Imaginar Futuros, que pretende superar un viejo modelo educativo que está al margen de las exigencias de la actualidad mundial, lleva más de una década de aplicación. Una de sus primeras intervenciones fue en el municipio de Itagüí y los efectos positivos de su mediación aún repercuten.​​

Experiencia novedosa​​​​​​​​​​​

Con el inicio de la gestión de Carlos Andrés Trujillo en 2012 como alcalde del municipio de Itagüí, la nueva administración comenzó a cuestionar el modelo tradicional de educación y se dio a la tarea de buscar asesorías que le permitiera implementar nuevos procesos de aprendizaje.

“En ese orden de ideas tuvimos una asesoría inicial de la exministra de Educación Cecilia María Vélez, quien nos recomendó, además, que enlazáramos la conversación con la Universidad EAFIT", recordó el secretario de Educación, Guillermo León Restrepo.

En aquel entonces, el estudio de las condiciones educativas de ese municipio del sur del área metropolitana fue liderado por Claudia María Zea, experta en temas de innovación educativa, aprendizaje digital y colaborativo, formación de docentes y producción de contenidos digitales. 

Un estudio de la profesora Gloria María Gallego, de la Escuela de Derecho, analiza la espiral de violencia, venganza y odios en la que, hasta octubre, habían sido asesinados 289 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La cifra se convierte en una mera estadística que pasa inadvertida ante la indiferencia y, muchas veces, indolencia de la sociedad.

Javier Arboleda García, Colaborador Revista Universidad EAFIT.

Explicar las violencias, a veces, implica mostrar cosas duras de la sociedad, sobre todo en un país donde se generalizó la idea de que unos deben morir para
que otros tengan que vivir.

Con esta reflexión termina el diálogo la profesora e investigadora de la Universidad EAFIT y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España), Gloria María Gallego García, sobre los resultados de su investigación sintetizada en el artículo Odio y venganza en la guerra civil colombiana – Patrones en los asesinatos a excombatientes de las Farc.

Y para dar ejemplo de esa reflexión revela un dato aterrador: entre la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, en septiembre de 2016, y octubre de 2021, han sido asesinados, algunos de ellos de la manera más cruel, 289 de los 6.803 hombres y mujeres que abandonaron las armas.

El artículo es uno de los capítulos del libro Historia(s), relatos y memorias. Miradas desde lo local, editado y compilado por Luis Fernando Barón y Adolfo Abadía, publicación que “recoge diferentes investigaciones cuyas temáticas, si bien están basadas en procesos organizativos, comunitarios, étnicos y de cierta tradición historiográfica, logran vincularse a través de la revisión e innovación de perspectivas”.

La profesora Gallego García, preocupada por su visión proteccionista de los derechos humanos y la construcción de paz, ha sido una estudiosa del conflicto armado y ha documentado la guerra desde todas las caras, en especial la de las víctimas, y promueve el deber de hacer memoria con y para ellas.

Dentro de este último resultó ganadora la denominada Alianza Energética 2030 en la que EAFIT es protagonista. Es integrante del Grupo de Investigación Justicia y
Conflicto, de la Universidad EAFIT, reconocido por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación como categoría B.

Entre otros trabajos, también es una de las coordinadoras del proyecto de investigación Conflicto armado interno, derechos humanos e impunidad, realizado de forma conjunta por profesores de las universidades de Zaragoza y EAFIT.

Para la profesora es urgente, más que nunca, exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, por considerar que han salvado miles de vidas, pero entre muchas dificultades se han atravesado los asesinatos de excombatientes y sus familiares.

Se requiere un compromiso genuino

Los documentos firmados hace cinco años entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la organización rebelde “por sí solos no alcanzan a transformar una sociedad para la transición de la guerra a la paz y los acuerdos fracasan si no se crean procesos más profundos de compromiso genuino”, explica la profesora en su artículo.

Afirma que nadie niega los daños causados por esta guerrilla en medio siglo de actividad insurgente, pero se requiere una sociedad generosa que les dé una segunda oportunidad a quienes dejaron las armas y que pare la espiral de violencia.

El acuerdo con las Farc es un avance histórico importante, si se tiene en cuenta que cesaron todas las hostilidades sus 62 frentes rurales, tres urbanos y nueve unidades de élite, grupos que tenían un amplio dominio territorial en muchas regiones del país, entre ellas, Antioquia.

“El Acuerdo, por ejemplo, establece un marco que apuesta al diálogo y la concertación entre los viejos enemigos para deliberar y definir conjuntamente políticas públicas de reincorporación, a partir de las realidades en el terreno y las necesidades concretas de los excombatientes”, dice la profesora.

El de las Farc es un proceso exitoso, pese a esas dificultades, porque el porcentaje de deserción y asesinatos es bajo, del 8%, pero es precario.

“Sobre todo cuando lo miramos desde los territorios”, principalmente por la lentitud como se vienen ejecutando los compromisos pactados por parte del Estado y el exterminio de los excombatientes.

En su análisis sobre porqué estos hechos dificultan la construcción de una paz ideal, Gallego García enumera seis obstáculos o consideraciones que son necesarios, en lo posible, superar como Estado y como sociedad.

Circunstacias que llevan a tomar venganza

Al citar textualmente al politólogo griego Stathēs N. Kalybas y su libro La lógica de la violencia en la guerra civil, la profesora enumera los determinantes sociales que pueden activar a una víctima a dar el paso hacia el deseo de venganza:

1. Un marcado sentimiento retributivo según el cual es justo devolver el mal con mal.
2. La ausencia o debilidad del Estado, incapaz de indagar sobre los delitos y sus autores e imponer sanciones que satisfagan los deseos de castigo o venganza.
3. Un ambiente social donde priman juicios y creencias del estilo: el fin justifica los medios, todo se vale para defender el honor personal y familiar.
4. La existencia de circunstancias y oportunidades que facilitan el acceso a la retaliación, como la presencia de grupos armados y la vía a mercados de armas.

El acuerdo con las Farc fue importante: cesaron todas las hostilidades sus 62 frentes rurales, tres urbanos y nueve unidades de élite, grupos que tenían un amplio dominio territorial en muchas regiones de Colombia, entre ellas Antioquia.

Obstáculo 1: Creer que la paz es algo excepcional

El primer asunto problemático tiene que ver con los antecedentes y cómo los colombianos nos hemos acostumbrado a convivir con los conflictos, así como pensar que la paz es la excepción en la vida nacional. Por eso, la historia muestra que casi siempre resolvemos nuestros conflictos por medio de la violencia, una violencia que se hereda y se transforma debido a otras motivaciones.

La investigadora recuerda que en las guerras civiles la venganza opera en muchas dimensiones: como motivación para la acción violenta, para enlistarse en las organizaciones armadas y para matar al enemigo en asesinatos rodeados de sevicia, ritos y estéticas del horror.

Esas dinámicas –explica– fraccionan las sociedades donde se producen las guerras y alimentan una espiral de rencor y venganza. “Y la venganza es una fuerza poderosa que obstaculiza la consecución de la paz. Por ello, ni las autoridades ni los ciudadanos deberían ignorarla”.

Obstáculo 2: Persecución violenta a excombatientes

El segundo punto es que las negociaciones pactadas a finales del siglo XX y las que van de este XXI dejan enseñanzas y avances, pero también muchos firmantes de la paz muertos en forma violenta.

Así lo muestran los procesos adelantados con diferentes guerrillas: con el M-19 (600 asesinados); el Ejército Popular de Liberación, EPL (700); la Corriente de Renovación Socialista, CRS (79); las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC (2117) y ahora este con las Farc (284 hasta agosto de 2021).

Obstáculo 3: El deseo de venganza

Los datos anteriores llevan a la tercera consideración, una de las más complejas porque habla de la violencia íntima y la venganza contra los excombatientes.

Y, para el caso, la profesora Gallego García referencia lo sucedido con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, donde se concentraron 278 hombres y mujeres que dejaron las armas y que hicieron parte del antiguo Frente 18.

Ese municipio, durante años escenario de guerra, intentó convertirse en ejemplo de paz con la puesta en marcha de proyectos productivos como la cría de cerdos y aves de corral y el cultivo de café, que dio lugar a la denominación de origen Café Paramillo.

Pero, en 2017, los empezaron a matar: fueron once exguerrilleros y siete de sus familiares. “Estas muertes los forzaron a desplazarse, poco a poco, hacia Medellín, Pereira y a otros lugares para ponerse a salvo de una violencia incesante. Luego, el 15 de julio de 2020, los pocos hombres y mujeres y sus hijos que quedaban en el ETCR de Santa Lucía, salieron en caravana hacia Mutatá”, recuerda la profesora Gallego.

Retos y desafíos de la transición energética justa en Colombia a través de la apropiación social del conocimiento.

Ecosistema Científico E​nergética 2030 como un ejemplo a seguir.

Camilo Younes, Vicerrector de Investigación, Universidad Nacional de Colombia.

Nuevos elementos para entender las razones que permitieron que esta región alcanzara un importante desarrollo empresarial fueron hallados en una investigación de la Escuela de Derecho. El proyecto ha estudiado, hasta ahora, 3276 sociedades mercantiles constituidas en esta región entre los años 1887 y 1945.

Laura López Alzate, Colaboradora Revista Universidad EAFIT.

Gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad EAFIT fue posible reconstruir, a partir de documentos antiguos, la historia de la actividad societaria en la región.

El estudio demuestra los cimientos del desarrollo empresarial en Antioquia, pero también encuentra que el contrato de sociedad fue utilizado para llevar a cabo otras actividades económicas, sociales y culturales como farmacias, boticas y droguerías, clubes sociales, teatros, cines, editoriales y periódicos, entre otros.

Esto se evidencia al recorrer las páginas del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la región, que recoge las conclusiones de la primera fase de esta investigación realizada por los docentes de la Escuela de Derecho María Virginia Gaviria Gil y Juan Esteban Vélez Villegas, junto a Diana Paola Gil Guzmán, abogada e investigadora asociada al proyecto.

Ya está en proceso de edición un segundo tomo que amplía el análisis hasta el año 1945. Según la profesora María Virginia Gaviria, magíster en Historia e investigadora principal, en las dos primeras fases del proyecto se pudieron identificar 3276 sociedades.

Para ella, ambos libros no solo contienen todo el análisis de lo que traían los códigos y las principales normatividades de la época, sino que “van más allá para mirar cómo se usaban en la vida práctica, cómo los empresarios utilizaban esas normas, cómo se apropiaban de las mismas y, adicionalmente, los comentarios que la doctrina jurídica realizaba sobre ellas”.

La investigación fue realizada a partir de fuentes jurídicas como los extractos notariales de constitución de sociedades ubicados en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con los que elaboraron un trabajo minucioso de investigación histórica, jurídica y socioeconómica. Con eso lograron identificar en qué regiones de Antioquia se constituyeron más sociedades y quiénes hacían parte de ellas.

Según explica María Virginia Gaviria, “muchos antioqueños tenían sus sociedades familiares o personales, pero a partir de ellas constituían otras sociedades. Existieron unos grupos societarios a principios del siglo XX, un fenómeno que pensábamos que era solo característico de la segunda parte de ese siglo”.

En la investigación también lograron definir qué tipos de sociedades se constituían en la época, siendo las sociedades anónimas menos comunes que las colectivas. Estas últimas eran las preferidas, entre otros motivos, porque generaban más confianza entre el público.

“Logramos encontrar el uso que se le daba a esa figura societaria, a ese contrato de sociedad para múltiples finalidades, que no eran solamente el contrato de sociedad para desarrollar actividades comerciales o para esas nacientes industrias. A principios del siglo XX se utilizaba la sociedad para desarrollar actividades profesionales, servicios de abogados, odontológicos, tareas de prensa, actividades recreativas, cine, teatro, editoriales y muchas otras labores que recurrían a esta herramienta”, comenta la profesora Gaviria.

El V Encuentro de Investigadores de EAFIT permitió conocer experiencias internacionales y de la propia Universidad en el área de apropiación social del conocimiento, así como analizar cómo y por qué es necesario profundizar el diálogo ciencia–sociedad.

Juan Gonzalo Betancur, Editor Revista Universidad EAFIT.

EAFIT han realizado una importante cantidad de proyectos en los que la sido exitosa la interacción de sus académicos y científicos con la sociedad. Su objetivo ha sido tan sencillo como profundo: involucrar a personas, organizaciones y comunidades no científicas en los procesos de generación de nuevo conocimiento, así como acercarlos a los resultados mismos de las investigaciones.

Las experiencias van desde programas de alto impacto como Universidad de los Niños hasta series radiales como la titulada Con la ciencia en la cabeza o la exposición Incomprendidos, que en 2019 unió la biología y la física en un montaje didáctico y lúdico.

También se han realizado y se siguen haciendo eventos culturales como la Serieclub Cuatro Ojos, que analiza algunas de las series de televisión más populares del momento, y las obras de teatro y los conciertos didácticos sobre ciencia que pusieron a personajes como Sócrates o Galileo como protagonistas.

Y, por supuesto, los proyectos de investigación de hondo calado que también han tenido componentes fuertes de apropiación, como la Expedición Colombia BioAnorí, que descubrió para la ciencia 14 nuevas especies de animales y plantas; Sin bata y con botas, diálogo de saberes en el Parque Natural Nacional Las Orquídeas y, más recientemente, las Georutas graníticas en el Museo Histórico del municipio de El Peñol.

Trabajos como esos, y muchos otros realizados en todas las escuelas de la Universidad, han evidenciado la responsabilidad de investigadores que, desde la planeación misma de los proyectos, han incluido momentos de interacción e intercambio de saberes y experiencias con comunidades o públicos diferentes a los de su círculo especializado.

En ese sentido, hay un camino ganado en la perspectiva de avanzar en esa relación. Pero, ¿cómo profundizar ese diálogo ciencia–sociedad y llevarlo a tantos otros proyectos de descubrimiento y creación que podrían tenerlo?

Esta pregunta fue uno de los ejes articuladores del V Encuentro deInvestigadores de EAFIT, realizado el 16 de febrero de 2021. La reunión permitió discutir sobre las tendencias y retos en torno a la apropiación social del conocimiento y proponer una reflexión que busca motivar a que la labor investigativa vaya también en esa línea de acción.

Hacer transferencia del conocimiento

"Lo que queremos con este espacio es tener la posibilidad de dialogar activamente alrededor del poder de investigar, de preguntarnos, de hacer transferencia de conocimiento y poder, a través de la indagación, ir más allá", manifestó Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, en la apertura de este encuentro académico.

El evento se realiza cada semestre bajo la organización de la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, como un espacio de encuentro y conversación entre todos los actores que participan en las labores de investigación dentro de la Universidad.

El vicerrector encargado de Descubrimiento y Creación, César Tamayo Tobón, resaltó la pertinencia de la discusión y expresó que "una las formas en que podemos medir la madurez de las instituciones y las organizaciones en su actividad de descubrimiento y creación es con la seriedad que se toma la apropiación social del conocimiento. EAFIT ha recorrido un camino más o menos largo, ya llevamos casi una década en que empezamos a volcarnos hacia todos estos procesos".

En dos conversaciones con profesores que conocen del concepto y lo han llevado a la práctica, se abrió un debate que se espera continúe dentro de los distintos grupos de investigación que tiene no solo la Universidad, sino otras instituaciones de educación superior y centros de investigación. A continuación, las principales conclusiones de esos diálogos.ica primero. Esas escalas de tiempo corresponden a dicho propósito”.

El Premio Anual de Investigación 2022 reconoció la trayectoria y las labores de cinco docentes investigadores, cuyas contribuciones trascienden la académica e impactan a la sociedad.

Colaborador: Felipe Sossa.

Dedicar la vida a la búsqueda de nuevos conocimientos, y que esos resultados tengan un impacto positivo en la sociedad, que sean una respuesta o solución a algo específico de las comunidades, es la continua motivación de un científico. Y para ayudar a que ese deseo de investigar se mantenga vigente, la Universidad EAFIT otorga cada año el Premio Anual de Investigación con el propósito de reconocer a sus docentes, grupos o proyectos con resultados destacados.

En 2022, en ceremonia celebrada el 16 de mayo en el marco de la celebración del Día del Profesor, la Universidad exaltó la labor de varios investigadores que, con sus labores a favor de la ciencia y la academia, han alcanzado aportes significativos para el ámbito universitario y de gran trascendencia social.

El término 'científico' se deriva del latín scientificus (scientia –conocimiento– y fic, de facis, –hacer–). Y para estimular a quienes hacen conocimiento, en 2012 fue establecido el Premio Anual de Descubrimiento y Creación Universidad EAFIT, el cual cumplió ya una década y ha premiado a decenas de sus investigadores. 

El Gobierno Nacional presentará este año la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. La viceministra que está al frente de este proceso explica en qué consistirá y cómo busca fortalecer la cultura científica y el diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

Agustín Patiño Orozco, Colaborador.

La viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Sonia Esperanza Monroy Varela, lo deja claro desde el comienzo: “Cuando uno habla de apropiación, en general, se está hablando de uso, de aplicar algo, de hacerlo propio. La apropiación social del conocimiento va mucho más allá de la divulgación científica, es un concepto asociado al uso y la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Las preguntas son: ¿cómo estamos aplicando el conocimiento que generamos? Y, ¿cómo estamos poniendo a dialogar diferentes formas de generar conocimiento?”.

Durante el primer año de actividades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, antes Colciencias), el Gobierno Nacional avanzó en la elaboración de un primer borrador de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que enmarcaría el diseño de programas y estrategias científicas para Colombia en la próxima década,

En esa línea, en el primer semestre de 2020 Minciencias puso a consideración de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) los lineamientos de otra política que subyace a esa: la de apropiación social de conocimiento. Con ella se busca, según la viceministra Monroy, “fortalecer una cultura científica incluyente que valore y gestione el conocimiento, y propicie el diálogo de saberes para mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Para ella, esto representa definir una línea para el país: “Es una apuesta por el diálogo de saberes y el intercambio entre diversos actores sociales, de forma que se generen nuevos conocimientos que puedan ser utilizados en la solución de problemáticas locales, regionales y nacionales. En eso queremos hacer la diferencia”.

En diálogo con la Revista Universidad EAFIT, la funcionaria explicó cómo se están diseñando estas políticas públicas, sus elementos centrales y las acciones de Minciencias en la línea de fortalecer la cultura científica en el país. En el V Encuentro de Investigadores de EAFIT, celebrado el 16 de febrero de 2021, la viceministra presentó igualmente estas ideas a la comunidad científica de la Institución.

Viceministra Sonia Monroy. Foto: Róbinson Henao

La apropiación social del conocimiento es uno de los ejes de la propuesta de Política Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación. De hecho, Minciencias viene construyendo una política pública específica para este tema. ¿Qué nos lleva como país a apostarle a la apropiación social como concepto clave del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?

“Llevamos una década bajo el marco de la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, lo que nos ha permitido ser líderes latinoamericanos en el diseño de políticas en torno a este concepto. Sin embargo, el diagnóstico al que hemos llegado es que en nuestro país tenemos bajos niveles de apropiación social del conocimiento, el cual entendemos como un proceso que involucra gestión, producción y aplicación de conocimiento convocando al diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

Desde este viceministerio buscamos construir una nueva política pública que incluya a todos los actores del sistema de ciencia y tecnología, que promueva el fortalecimiento de capacidades regionales en ciencia, tecnología e innovación, de tal manera que diversas comunidades sean capaces de aplicar conocimientos científicos y generar proyectos de investigación y acción participativa en los que trabajen junto a investigadores y científicos para solucionar retos específicos locales. El diseño de esta nueva política de apropiación social del conocimiento inicia con la formulación de los lineamientos para la misma, los cuales fueron puestos a consideración de todos los actores del sistema a través de una consulta pública virtual en los meses de mayo y junio de 2020.

Recibimos muchos comentarios de universidades, empresas y asociaciones de la sociedad civil, y esos insumos nos permitieron revisar los lineamientos en mesas de trabajo internas de Minciencias y con diversos actores de la academia y el sector empresarial. En octubre logramos obtener el documento que consagra la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, el cual esperamos formalizar y finalmente publicar en 2021”.

Esta estrategia de intervención, que ha desarrollado diversas acciones en lugares públicos, pretende motivar
conversaciones amplias sobre temas complejos para la sociedad como la guerra y la paz.

Sus resultados animan a sus promotores a continuar abriendo nuevos espacios de diálogo.

Colaboradora: Vanessa Reyes Restrepo.

El semillero de Psicología y Ciencia Política de la Universidad EAFIT, a través de su estrategia Saber para Sanar, busca con múltiples iniciativas de apropiación social aportar a la construcción de paz en el país. Combinando saberes y metodologías colaborativas, ha logrado construir espacios seguros de diálogo y reflexión sobre el impacto de la guerra en la sociedad colombiana, propiciando conversaciones incómodas sobre temas que pocas veces nos atrevemos a abordar.

A mediados del año pasado, este semillero inició una serie de actividades de interacción con públicos diversos, tanto de la comunidad universitaria, como con otras personas interesadas en su propuesta. No obstante, el lanzamiento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) a finales de junio del año pasado, que explica lo ocurrido durante 50 años de guerra, se convirtió en la oportunidad para abrir el diálogo que venían teniendo internamente e integrar a otras personas para abordar, desde un enfoque psicológico, los efectos que ha dejado la violencia en nuestra sociedad, y así, empezar a sanar las heridas.

Semillero en evolución

El semillero nació en 2015 por iniciativa de la profesora Marda Eucaris Zuluaga, quien atrajo el interés de algunos estudiantes del pregrado en Psicología para reunirse y explorar temas relacionados con el arte en su profesión. Posteriormente, producto de su trabajo de grado de doctorado, se conectó con temas ligados a la memoria y el conflicto, y decidió proponer un cambio de enfoque en el semillero.

Fue así como en el 2019 iniciaron reflexiones e investigaciones sobre psicología social y política. Para la docente, el arte siguió presente en sus actividades, pues, tal como ella lo resalta, “es una de las muchas manifestaciones expresivas a través de las cuales los seres humanos se pronuncian políticamente".

Ese mismo año, varios de sus integrantes participaron en la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, espacio virtual que reunió a estudiantes, investigadores y docentes universitarios de diversas regiones del país. En esa oportunidad, el encuentro académico abordó el tema de reconstrucción de subjetividades e identidades en contexto de guerra y posguerra.

Esa experiencia les permitió acercarse a diversidad de trabajos y enfoques psicológicos como el de la institucionalización de la guerra, que despertó un interés especial en el semillero y los llevó a iniciar su primera investigación en la que analizaron actitudes y creencias sobre la paz y la guerra en Colombia a partir de las interacciones en los foros de Facebook de El Colombiano y El Espectador en cinco noticias publicadas por estos diarios relacionadas con el proceso de paz.

Actualmente, se encuentran en el proceso de escritura de los hallazgos de esa investigación, que posteriormente publicarán, pero que, desde ya, les deja reflexiones que nutren las labores que llevan a cabo con distintas comunidades.​

“Surgieron un montón de cuestionamientos y también se generaron muchas emociones de la lectura, pues los testimonios que trabaja la Comisión de la Verdad son muy fuertes…" Luisa Martínez, integrante del semillero.​

Co-creación para la apropiación

Las actividades que realiza el semillero cuentan con el apoyo de varias áreas de la Universidad y de algunas organizaciones de la ciudad, lo que les ha permitido ampliar la participación y el diálogo con varios sectores sociales, así como la diversificación de formatos y metodologías de apropiación social del conocimiento.

Ana María González, coordinadora de Cultura de la Apropiación del área de Apropiación Social del Conocimiento adscrita a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha impulsado la conexión de experiencias dentro y fuera de la Universidad con el semillero. A ella le llamó la atención las formas como la profesora Zuluaga y los estudiantes vinculan los contextos sociales en la apropiación social de los conocimientos que aborda el semillero.

Para González lo más interesante de la creación colaborativa y colectiva de esta experiencia es “que les permitió afinar cosas metodológicas de la mediación, porque no solamente es en función de los temas… Le aporta al método la genuinidad de los problemas reales que tienen las personas".​

La primera alianza que realizó el semillero con la estrategia Saber para Sanar fue en mayo del 2022, cuando compartieron con la Universidad de los Niños un espacio en el evento Días de EAFIT. Allí compartieron una carpa y material didáctico para que el grupo realizara la actividad Tendedero de Verdades, diseñada para invitar a la comunidad universitaria y a los visitantes a pensar maneras conjuntas de cruzar lo personal y lo colectivo como aporte a la construcción de paz, a propósito del anuncio de la entrega del informe final de la CEV al país, programado para el 28 de junio de ese año.

La actividad consistió en dejar pequeños papeles con preguntas como ¿hay alguna verdad que te haya cambiado la vida? El propósito era motivar a los visitantes a leer y a escribir sus reflexiones para luego colgarlas en las cuerdas dispuestas en la carpa, y así poder ser leídas por otros asistentes.

El segundo evento de la estrategia Saber para Sanar fue el club de lectura que co-crearon con el profesor de la maestría en Estudios Humanísticos, Juan Pablo Pino Posada. En su primer ciclo, se reunieron en una de las salas de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas a leer el capítulo testimonial de la CEV.

Tuvo convocatoria abierta y contó con la participación de una veintena de personas quienes, durante cuatro meses, asistieron a la cita cada miércoles a las siete de la mañana para activar el diálogo y la reflexión.

Investigadores de la Universidad EAFIT indagaron sobre las posibilidades y reparos que tiene las empresas privadas en invertir en el sector de la justicia, y así mejorar estas condiciones que hoy son precarias.

Colaborador: Pompilio Peña.

Son múltiples las dificultades que sufre el ciudadano de a pie al momento de acceder a la justicia. Muchos de los sistemas locales de justicia, que constituyen una sinergia que concentra la oferta de la defensa de derechos, no cuentan con funcionarios suficientes, carecen de infraestructura adecuada, falta mobiliario apropiado, trabajan con computadoras desactualizadas, adolecen de buen acceso a Internet y hasta de tinta para imprimir acuerdos conciliatorios.

Esa crítica situación fue abordada por investigadores de la Universidad EAFIT a través de la consultoría titulada ¿Debe invertir el sector privado en el acceso a la justicia?, financiada con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y liderada por Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.

Del contexto de insatisfacción al acceso a la justicia surgieron dos preguntas rectoras: ¿existe el deber del sector privado de intervenir en las posibilidades de acceso a la justicia en Colombia? ¿Qué rol juega el sector privado en esta contingencia?

“Para responder estos interrogantes, la consultoría tuvo dos momentos. El primero fue un acercamiento teórico a la problemática; y el segundo, como ejercicio práctico, lo constituyó una serie de entrevistas semiestructuradas a empresas privadas. A ellas se les consultó si hacían o no inversiones para apoyar al ciudadano para acceder a la justicia, cuáles eran las razones para hacerlo y cuáles eran sus reparos", explicó Gómez.

La investigación –agregó el docente– arrojó tres hallazgos principales y se identificaron cuatro mitos que frenaron a los empresarios para dar el salto a la inversión.

"Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales". Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.​

​​Los hallazgos

El primer hallazgo fue que, al menos teóricamente, desde una percepción amplia del acceso a la justicia, existen fundamentos como el de grupos de interés (stakeholders) que hacen deseable, e incluso provechoso, para el sector privado invertir en este campo. Esto quiere decir que no solo por razones filantrópicas sino también estratégicas, el sector privado tiene buenas razones para incrementar su aporte en el sector.

“El segundo hallazgo fue sorpresivo. Nos preguntamos si las empresas venían o no ya interviniendo en temas de justicia. Esto tiene que ver con el marco práctico que desarrollamos donde hicimos entrevistas. Este hallazgo fue sorpresivo porque si bien las empresas en un principio fueron bastante renuentes a darnos información, algunas de ellas sí lo hicieron y pudimos constatar que ya venían invirtiendo en justicia desde una concepción amplia", precisó el docente.

El tercer hallazgo desveló las razones que tienen las empresas para intervenir o no. La investigación comprobó que ellas lo hacen por razones altruistas, pero también por razones estratégicas. Lo que indica que algunas empresas ven necesario intervenir en temas de acceso a la justicia incluso con el propósito de mejorar procesos internos que tienen que ver con sus actividades productivas.

En esta fase fueron consultadas 13 empresas (de los sectores minero-energético, agroindustrial, alimentos y bebidas, energía, financiero, construcción, manufacturas y servicios públicos), ocho fundaciones empresariales, dos universidades privadas, tres cámaras de comercio y tres expertos.

​Mitos a romper

De estos hallazgos se desprendieron cuatro grandes mitos que funcionan como reparos que limitan a las empresas a la hora de invertir más ampliamente en el sector de la justicia.

El primer mito se refiere a que las empresas no sabían medir el impacto de su inversión. “Ahí lo que hicimos fue una revisión juiciosa de la bibliografía comparada, y encontramos que ya en otros países se viene midiendo tal rédito. A partir de allí realizamos una aproximación de dichos cálculos al ámbito colombiano. La relación encontrada fue bastante alentadora: nos mostró que un peso invertido podría generar casi nueve pesos de rendimiento social de esa inversión", indicó el docente.

El segundo mito apunta a los riesgos reputacionales. Las empresas temen invertir en justicia por lo que se pueda desprender de tal acción, afectando su imagen. Sin embargo, el grupo de investigación concluyó que este mito podría disminuirse y controlarse si las inversiones se dieran en las primeras dimensiones del acceso a la justicia, que tienen que ver con propiciar un ambiente favorable, con el acceso a la información, a la tecnología y otros servicios. Las empresas, incluso, podrían contribuir y mejorar infraestructuras y hacer donaciones en especie.

El tercer mito está relacionado con que las empresas entienden que invertir en justicia puede causar una injerencia indebida en la autonomía judicial. Al respecto, Gómez aclaró que “si bien somos conscientes de esos riesgos, también creemos que hay estrategias para disminuirlos. Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales".

El cuarto mito hizo referencia a la asunción de funciones estatales por el sector privado. Explicó el docente que “algunas empresas nos dijeron que la función de administrar justicia es propia del Estado y que ellas no deberían intervenir en ello. Si bien reconocemos que es así, creemos que las empresas pueden y deben sumarse a los esfuerzos que ya en este campo realiza el Estado para incrementar el impacto y hacer sostenibles en el tiempo dichas inversiones. No se trata que los privados paguen los salarios de los jueces, los comisarios de familia o los defensores de familia, pero sí que pueden aportar para garantizar el acceso a los servicios que ellos presten en todo el territorio nacional".

¿Las empresas invierten hoy en el acceso a la justicia?

La respuesta es sí. Se hallaron diversas empresas que invierten en generar un ambiente favorable para evitar disputas entre ciudadanos. “Y ahí encontramos, a manera de ejemplo, que hay entidades que pagan la formación de jóvenes mediadores de conflictos", afirmó el docente.

Las empresas también invierten en empoderamiento legal, que consiste en instruir a las personas en el reconocimiento de sus derechos y cuándo son vulnerados. De igual forma, se encontró inversión en la asistencia legal, consistente en el pago de asesorías para la titulación de tierras. Fueron igualmente reconocidas inversiones en materia de acceso a las instituciones para la resolución de conflictos.

A la par, se encontraron casos de fundaciones empresariales que pagaron la implementación de sistemas de gestión y control de calidad a jueces civiles a fin de mejorar su eficiencia. Frente a esto, el docente dijo que “nos llamó la atención esto porque son intervenciones directas en la rama judicial, pero que creemos no por ello afectan la autonomía y la independencia de los jueces, sino que por el contrario ayudan a mejorar su desempeño".

Finalmente, el acercamiento a este tema por medio de la consultoría arrojó que es “esperanzador" el rendimiento social y de inversión que el sector privado puede llegar a hacer en la justicia y que este debe precisarse con estudios posteriores en la materia.

En palabras del profesor Gómez, “el principal mérito de esta consultoría es atrevernos a romper paradigmas y abrir una conversación que parece ser esperanzadora en torno al vínculo que puede tejerse entre el sector privado y el derecho de acceso a la justicia en condiciones más accesibles, inclusivas y oportunas para todos los colombianos"

Esta investigación hace parte del programa de Justicia Inclusiva que ejecuta Chemonics, con recursos de USAID. El equipo de la consultoría fue conformado también por las abogadas Carolina Rojas y Mariana Toro, con el apoyo de la docente de la Escuela de Administración, María Alejandra González Pérez, y de Henry Puerta, profesor de cátedra de la Escuela de Economía, Finanzas y Gobierno.​

Algunas otras recomendaciones para disipar los mitos sobre la inversión del sector privado en el acceso a la justicia​

1. Propiciar la transferencia de conocimiento entre las organizaciones y las instituciones del sistema de justicia. 

2. Considerar la destinación de recursos en especie -tales como papelería, implementos de oficina, material publicitario y equipos-, de infraestructura o de conectividad para ampliar la capacidad de atención de núcleos institucionales como las Casas de Justicia.

3. Promover la celebración de convenios de impulso o de asociación entre entidades privadas sin ánimo de lucro que aglutinen inversiones en justicia y las distintas entidades estatales.

4. Implemetar estrategias de redireccionamiento a las instituciones como parte de las actividades de la organización.

Desde la Misión de Sabios de los años 90, hasta la nueva política que presentará el Gobierno Nacional, el concepto de “apropiación social del conocimiento” se ha posicionado en Colo​mbia para definir el empeño por democratizar la ciencia. Enfoques para el debate sobre esta idea.

Diana Milena Ramírez, Colaboradora.

Para algunos investigadores todavía resulta llamativo, y hasta problemático, que en Colombia se insista en denominar el interés por que la sociedad participe de la ciencia, la tecnología y la innovación bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Ello, sobre todo, porque no es un término ampliamente usado en el mundo y puede derivar en muchas interpretaciones que hacen más complejo medir su impacto en las comunidades.

Sin embargo, por su trasegar, esta forma de nombrar dicho acercamiento del conocimiento a las personas y a los grupos sociales se mantiene a través del tiempo. La definición más actualizada para entender a qué se refieren quienes hablan de apropiación social del conocimiento en Colombia se puede apreciar en el documento que traza los lineamientos para la nueva política de apropiación que divulgó en 2020 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Esta dice: “La apropiación social del conocimiento que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación, es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social".

Según el investigador James Alberto Morales Chinca, coordinador del Proceso de Innovación Social de la Universidad de Antioquia, esta definición “se propone como una alternativa que permite acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, de tal manera que la misma sociedad pueda utilizarlas para apoyar la resolución de las problemáticas que existen en los territorios”.

El término se ha renovado. Primero se llamó apropiación social de la ciencia y la tecnología; después, empezando el siglo XXI, apropiación social del conocimiento; y, recientemente, apropiación social del conocimiento, la tecnología y la innovación. Sin embargo, mantiene la esencia de los ideales que plantearon los primeros investigadores que lo acogieron en los años 80 y que luego, en los 90, se establecieron en la primera Misión de Sabios instaurada por el gobierno de César Gaviria cuando quiso preparar al país para el mundo globalizado.

Cada vez toman más fuerza las iniciativas que buscan que la relación cienciasociedad sea más cercana y como una forma de alimentar a ambos sectores.

Foto: Róbinson Henao

Por ejemplo, en el informe de Rodolfo Llinás y Eduardo Posada Flórez titulado Ciencia y Educación para el Desarrollo, de la Colección de Documentos de la Misión, se recomienda establecer la primera política de apropiación social de la ciencia y la tecnología para el país. Ahí se indica que esta “es una estrategia –no una propuesta– de cambio social y cultural”.

Como un concepto rector de políticas para acercar la ciencia a las comunidades, se acogió definitivamente en 2005, cuando se planteó el diseño de la primera. Luego, en 2010, se generó el primer documento.

Y el hito más reciente es el de 2020, cuando se actualizaron los lineamientos, bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Proyectos que se inscriben en este campo, como Universidad de los Niños EAFIT, trabajan desde la perspectiva de esta estrategia.

“Entendemos que hay que garantizar la participación en la gestión, en la producción y en el debate sobre el conocimiento científico, y eso se logra a través de estrategias de apropiación social. Es una dimensión política de la ciencia en que se reconoce a la sociedad como una interlocutora legítima”, explica Ana María Londoño Rivera, jefe de Universidad de los Niños. 

¿Es igual a polític​a de divulgación?

Algunos académicos insisten en que por más que se haya tratado en Colombia como un concepto que trasciende las políticas de divulgación científica –es decir, aquellas que buscan que las personas tengan una percepción positiva de la ciencia y la tecnología para que se acerquen a esta– la apropiación social del conocimiento se inscribe en las mismas.

“Surge en el marco de discursos de divulgación científica y, hasta donde se puede saber, se acoge en Colombia. De ahí se va extendiendo a Iberoamérica y ha ido ganando fuerza con los años. Aunque se quiere diferenciar la apropiación de la divulgación, como si fueran cosas encontradas, cuando uno mira los textos se da cuenta de que a veces se tratan como iguales”, puntualiza el académico Jorge Manuel Escobar, docente investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), de Medellín.

Es un asunto sobre el que se han empleado diferentes denominaciones, como lo explica el profesor de EAFIT Daniel Hermelin Bravo en uno de sus trabajos sobre políticas de divulgación de la ciencia.

“En Colombia ha habido una serie de estudios recientes que se han ocupado de las relaciones entre los diseños de políticas, la participación ciudadana en ciencia y tecnología, y los modelos en los que se sustentan. En dichos estudios se usan, para referirse al mismo problema o a problemas similares: comunicación pública de la ciencia y la tecnología, apropiación social de la ciencia y la tecnología (ASCyT) y popularización de la ciencia y la tecnología”.

Esa falta de delimitación es, para algunos, un asunto que hace muy complejo comprender el concepto y medir el impacto de las políticas de apropiación social en el país. Y, también, dificulta entender cómo participa la sociedad de estos procesos. Por eso sugieren cambiarlo.