Gracias al Art. 299 de la Constitución de 1991, la justicia pasó de ser a un servicio público a un derecho fundamental, exigiendo al Estado garantizar los mecanismos adecuados para la resolución de los conflictos de la ciudadanía.
Este derecho no solo responde a las necesidades de la época, sino a la Agenda 2030, más específicamente al ODS No. 16, que señala el acceso a la justicia como un bien necesario y conveniente para la humanidad. Un análisis del profesor Alejandro Gómez Velásquez de la Escuela de Derecho.