Don Porfilde Galván Guerra, un campesino del Urabá antioqueño, falleció el 2 de junio de 1993. Misteriosamente, el 15 de mayo de 2005, resucitó de entre los muertos para conferirle un poder especial a Fabián Darley Roldán Villa, para que negociara con Humberto Atehortúa Salinas, ambos lugartenientes de Fredy Rendón Herrera (alias “El Alemán”), su finca La Paz, de 37 hectáreas.
Esta es una de las más de 800 denuncias indignantes que hoy aparecen en la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras de Medellín, que agiliza las investigaciones sobre el despojo de tierras por parte de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en su arremetida en el noroccidente de Antioquia.
Pero este es un asunto que apenas empieza a mostrar su dimensión catastrófica en lo social, humanitario, económico y estatal. Y digo apenas porque años después, y gracias a investigaciones de la Fiscalía y varias ONG, se ha empezado a desenredar la telaraña de corrupción de varias instituciones del Estado que actuaron en contubernio con los paramilitares y, en menor medida, con las Farc.
Algunas notarías de Antioquia, junto con el Incora (hoy Incoder) adjudicaron más de 42.000 hectáreas del departamento a los lugartenientes de varios jefes paramilitares, legalizando de esa manera la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del desplazamiento forzado.
El conflicto agrario en Colombia ha sido uno de los puntos -si no es el principal- que han generado la expansión de las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares.
Bajo la intimidación con fusiles, los grupos armados ilegales les arrebataron las tierras a miles de campesinos, que a cifras del Ministerio de Agricultura de 2012 ascienden a 683.765 hectáreas que reclaman del país.
Quienes no fueron asesinados y sobrevivieron a la desgracia del desplazamiento, los obligaron a vender cada hectárea de su terreno hasta por la miserable cifra de 50.000 pesos a los mismos que los despojaron con el argumento de que no podían volver a sus fincas. Es decir, si querían les recibían ese dinero, porque de todas maneras serían desplazados. Esta es una práctica usual de los paramilitares, pues hoy sabemos que la tierra era su principal botín de guerra.
La “paraeconomía” ha sido menospreciada por el Estado, el mismo que lleva años prometiéndole una vida digna a las millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Gran parte de la culpa también la tienen los medios de comunicación, que hemos olvidado incluir este contenido en nuestra agenda (el portal Verdad Abierta ha sido uno de los pocos que se le ha medido a coger el toro por los cuernos para conocer la estructura política y económica con la que ciertos ganaderos y empresarios palmeros, mineros y bananeros adquirieron sus predios).
Para agravar la situación de estos campesinos, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no avanza, mientras aumentan las reclamaciones. Solo en 2013 se registraron 34.000 solicitudes, de las que resultaron 24 sentencias de los Jueces de Tierras.
Con seguridad, un número significativo de personas, inclusive empresarios extranjeros, compraron esas hectáreas inocentemente. Pero el tema radica en detectar quiénes, sabiendo la procedencia de estas, se valieron de tretas para adquirir los títulos fraudulentos.
El Estado tiene la obligación de solucionar el problema de las víctimas que aún reclaman sus terrenos, y la justicia el deber de actuar frente a los victimarios y sobre los entes de control que permitieron semejante fraude como es el caso de la gran mayoría de los propietarios de esas tierras, que hoy posan como respetados hacendados y empresarios, pero están curtidos por la impunidad.