Noticias / Opinión
18 de septiembre de 2013
Las opiniones publicadas en esta sección son responsabilidad de cada columnista, y no representan necesariamente el pensamiento y la visión de la Universidad EAFIT.
Primer paso: unificar la normatividad
ambiental colombiana
Por
Natalia Mendieta Sepúlveda, estudiante de octavo semestre de Derecho.
En materia ambiental Colombia presenta serios problemas de organización y armonía en todas las leyes que se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico del país, lo que dificulta el entendimiento y aplicación de las mismas por los operadores jurídicos en todos los problemas medioambientales que, tan en aumento, se ha presentado en los últimos años.
Esto por todas las actividades económicas de alto impacto ambiental como la minería que, sin una escrita regulación, explota toda clase de recursos, genera daños ambientales y sociales de una magnitud elevada o por la incongruencia, dualidad de funciones que se suscitan, la aplicación de procedimientos administrativos permisivos y sancionatorios que se prestan para varias interpretaciones.
Por esto, en la Comisión Quinta del Congreso de la República se radicó, el 28 de septiembre del año pasado, el proyecto de ley 151 de 2012 “por la que se expide el Código de los Recursos Naturales y Ambientales de Colombia”, instrumento por medio del que se pretende unificar y actualizar la normatividad existente de la materia. Esperamos que este sea el primer paso de un cambio en la trayectoria normativa del país en cuanto a medio ambiente.
Sin embargo, no es suficiente la reforma al código de RNR. Y aunque esta es necesaria, considero que hay muchas otras acciones que deben adelantarse para llegar a un acuerdo nacional sobre la sostenibilidad que representa la “locomotora minera” que, a pesar de que genera utilidades a corto plazo, también trae consecuencias irreversibles, a lo que suman los intereses detrás de todo este discurso que parecen motivados por solo unos cuantos sectores de la sociedad, con unas características y tendencias económicas bien distintivas.
El llamado es a repensar qué significa desarrollo para el país y cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar por alcanzarlo. Necesitamos espacios que propicien el debate nacional donde haya una participación protagónica de la comunidad, pues es a esta a quien finalmente afecta las decisiones del Gobierno y es un buen indicador de una sociedad democrática.
Esperemos que se creen y ejecuten las políticas públicas correspondientes para que se desarrollen los artículos de la Constitución Política, que en su capítulo III ordena al Estado velar por la protección del medio ambiente, el patrimonio cultural, las áreas de especial importancia ecológica y tomar las medidas de planificación necesaria para dicho fin, para que esos postulados no se queden solo en ser letra bonita (o más bien muerta).
Ojalá que haya voluntad política real y encaminada a lograr detener, o al menos controlar, todos los factores de deterioro ambiental, que el Estado se llene de “garras” para exigirle a los mayores contaminantes, las multinacionales, modos de operar en sus actividades de explotación de recursos de una forma respetuosa del medio ambiente y de las comunidades que se ven afectadas, y que al imponer una sanción no se vea como si le estuvieran quitando un pelo a un gato.