Quince días después de haber entrado en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia se realizó en el parque principal de El Poblado (sur de Medellín) un entierro simbólico en el que participaron cerca de 1.000 personas. Los asistentes quisieron manifestar el disgusto por la restricción al consumo de licor en espacios públicos, como lo plantea el documento en una de sus 120 páginas.
El argumento de los manifestantes es que el parque era un lugar de encuentro para tomarse una cerveza y conversar con amigos, en tanto que las estadísticas señalan que en el último año las riñas en ese sitio fueron muy pocas. Sin embargo, hay quienes consideran que la restricción permite a los vecinos de los parques de la ciudad descansar sin la bulla nocturna.
Este es uno de los tantos puntos que genera amores y odios del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016),que entró en vigencia el primero de febrero de 2017. El abogado Juan Carlos Álvarez Álvarez, profesor de la Escuela de Derecho de EAFIT, resume el contenido del Código en cuatro temas: la defensa de la seguridad ciudadana para garantizar libertades y derechos constitucionales, la regulación de todos los aspectos que tienen que ver con la ocupación del espacio público, la protección del medio ambiente y la salud pública para regular los comportamientos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos.
Sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la regulación de la ocupación del espacio público (que incluye la interacción de los ciudadanos tanto en lugares abiertos al público como en unidades residenciales) ha sido lo que más polémica ha generado, porque podría dar lugar al abuso de la autoridad, según los analistas del tema.
Sobre este aspecto, el sociólogo Adolfo Maya Salazar, docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, argumenta que esta norma habla de una democracia enferma que posibilita que el Código de Policía sustituya a un juez, pues no habrá necesidad de una orden judicial para que el uniformado ingrese a una vivienda.
Aquellos que han estudiado el código también opinan que además del abuso de a autoridad, se pueden presentar casos de corrupción, ya que el ciudadano podría ofrecerle mdinero al uniformado para no pagar una multa. Esta situación hipotética es común hoy en día en Colombia, por lo que no es raro que se pueda seguir presentando.
“El código es una fuente de corrupción porque va a activar otro tipo de tráfico, el de influencias. Es el tráfico de los asuntos cotidianos. Así, es posible pensar que es desde la educación temprana como se educa a la persona, porque no se es buen ciudadano a punta de códigos”, dice el profesor Maya.
Desde el punto de vista institucional, voceros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señalan que el Código “promueve la sana convivencia y los buenos hábitos de las personas y con sus bienes. Es una normativa actual e incluyente, aplicable a las realidades presentes, contiene los derechos y deberes que nos asisten. Es garantista y el fin último es que todos vivamos en paz”.
El código debe garantizar el debido proceso, cumplir con los principios de proporcionalidad y racionalidad, y respetar la diversidad cultural y la autonomía regional.
Era necesario modernizar el Código para armonizarlo con la Constitución de 1991,
mucho más generosa en el reconocimiento de derechos y cuya concepción de la Policía es más preventiva,
cercana a las libertades ciudadanas y le reconoce al cuerpo policial una naturaleza civil y no militar.
Una norma desactualizada
La antigüedad del viejo Código de Policía fue una de las razones para actualizarlo. El anterior Código fue expedido en 1970, bajo los preceptos de la Constitución de 1886. “Estamos hablando de una realidad distinta en la que no existían celulares ni grandes magnitudes de colados en el servicio público de transporte, fenómenos actuales que deben ser regulados”, explica Sebastián Lalinde Ordóñez, egresado del pregrado en Derecho de EAFIT, investigador de la ONG Dejusticia y autor del libro Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad.
Según el abogado era necesario modernizar el Código para armonizarlo con la Constitución de 1991, mucho más generosa en el reconocimiento de derechos y cuya concepción de la Policía es más preventiva, cercana a las libertades ciudadanas y le reconoce al cuerpo policial una naturaleza civil y no militar.
Aunque queda clara la necesidad de actualizar el viejo Código de Policía, hasta ahora la norma tiene 24 demandas ante la Corte Constitucional. “Si la Corte Constitucional es consistente con sus anteriores decisiones, es muy probable que declare la inexequibilidad de algunos artículos y que condicione la interpretación de otros”, explica Sebastián Lalinde.
No obstante, lo que podría hacer más digerible el actual Código de Policía está en manos de las autoridades locales. “Los concejos municipales y las asambleas departamentales tienen la posibilidad de reducir un poco las arbitrariedades de este Código. Lo mismo puede decirse de la Policía a través de sus protocolos internos. Estos instrumentos podrían ayudar a disminuir indeterminaciones, ambigüedades y vaguedades del Código de Policía”, indica Lalinde.
Lo que ocurre en el mundo
En lo que respecta a las medidas que toma la policía en otros países, se puede observar que siempre prima la garantía de los derechos de los ciudadanos. Aquí algunos ejemplos:
En Inglaterra los policías deben realizar un acta cada vez que requisan a alguien en la que justifican por qué requisan a esa persona.
En los Estados Unidos muchos policías tienen una cámara en sus uniformes que registran todas sus actuaciones. Gracias a estas cámaras hace un par de semanas se conoció un caso en Atlanta en el que un policía mató con un arma de electrochoques a un ciudadano indefenso.
Como ejemplos de su interpretación dice que los códigos departamentales podrían fijar criterios con algún grado de objetividad de cuándo los policías pueden solicitarle documentos de identidad a una persona o requisarla, para evitar que esta decisión quede al arbitrio de los policías y se preste para discriminaciones injustificadas.
Educación desde el hogar
Una sociedad es un sistema de relaciones con un pacto de convivencia explícito, señala el profesor Maya Salazar. Cuando la sociedad sufre una pérdida de valores y se da la entrada de un código de policía que lo normatiza todo para encarrilar los comportamientos, el resultado no es adecuado.
“El que tuvo hogar no tiene necesidad de un código de policía que, a mi modo de ver, es una medida desesperada. No hemos construido una cultura que nos conduzca al autocuidado, al respeto y al valor que tiene el otro. Nos descuidamos en construir un hogar, en tener relaciones respetuosas, sensatas, el otro es tan valioso y respetable como yo. Este código es una especie de factura al tipo de familias que hemos constituido”, argumenta el profesor Maya.
Lo cierto es que más allá de los valores inculcados en el hogar, los ciudadanos requieren establecer ciertas normas básicas para ser parte de una sociedad armónica. Por lo pronto, los voceros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron que se apoyarán en las autoridades locales para hacer la respectiva difusión del nuevo Código de Policía, de manera que los ciudadanos puedan conocerlo y asumir las reglas del juego de la convivencia en Colombia.