El V Encuentro de Investigadores de EAFIT permitió conocer experiencias internacionales y de la propia Universidad en el área de apropiación social del conocimiento, así como analizar cómo y por qué es necesario profundizar el diálogo ciencia–sociedad.

Juan Gonzalo Betancur, Editor Revista Universidad EAFIT.

EAFIT han realizado una importante cantidad de proyectos en los que la sido exitosa la interacción de sus académicos y científicos con la sociedad. Su objetivo ha sido tan sencillo como profundo: involucrar a personas, organizaciones y comunidades no científicas en los procesos de generación de nuevo conocimiento, así como acercarlos a los resultados mismos de las investigaciones.

Las experiencias van desde programas de alto impacto como Universidad de los Niños hasta series radiales como la titulada Con la ciencia en la cabeza o la exposición Incomprendidos, que en 2019 unió la biología y la física en un montaje didáctico y lúdico.

También se han realizado y se siguen haciendo eventos culturales como la Serieclub Cuatro Ojos, que analiza algunas de las series de televisión más populares del momento, y las obras de teatro y los conciertos didácticos sobre ciencia que pusieron a personajes como Sócrates o Galileo como protagonistas.

Y, por supuesto, los proyectos de investigación de hondo calado que también han tenido componentes fuertes de apropiación, como la Expedición Colombia BioAnorí, que descubrió para la ciencia 14 nuevas especies de animales y plantas; Sin bata y con botas, diálogo de saberes en el Parque Natural Nacional Las Orquídeas y, más recientemente, las Georutas graníticas en el Museo Histórico del municipio de El Peñol.

Trabajos como esos, y muchos otros realizados en todas las escuelas de la Universidad, han evidenciado la responsabilidad de investigadores que, desde la planeación misma de los proyectos, han incluido momentos de interacción e intercambio de saberes y experiencias con comunidades o públicos diferentes a los de su círculo especializado.

En ese sentido, hay un camino ganado en la perspectiva de avanzar en esa relación. Pero, ¿cómo profundizar ese diálogo ciencia–sociedad y llevarlo a tantos otros proyectos de descubrimiento y creación que podrían tenerlo?

Esta pregunta fue uno de los ejes articuladores del V Encuentro deInvestigadores de EAFIT, realizado el 16 de febrero de 2021. La reunión permitió discutir sobre las tendencias y retos en torno a la apropiación social del conocimiento y proponer una reflexión que busca motivar a que la labor investigativa vaya también en esa línea de acción.

Hacer transferencia del conocimiento

"Lo que queremos con este espacio es tener la posibilidad de dialogar activamente alrededor del poder de investigar, de preguntarnos, de hacer transferencia de conocimiento y poder, a través de la indagación, ir más allá", manifestó Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, en la apertura de este encuentro académico.

El evento se realiza cada semestre bajo la organización de la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, como un espacio de encuentro y conversación entre todos los actores que participan en las labores de investigación dentro de la Universidad.

El vicerrector encargado de Descubrimiento y Creación, César Tamayo Tobón, resaltó la pertinencia de la discusión y expresó que "una las formas en que podemos medir la madurez de las instituciones y las organizaciones en su actividad de descubrimiento y creación es con la seriedad que se toma la apropiación social del conocimiento. EAFIT ha recorrido un camino más o menos largo, ya llevamos casi una década en que empezamos a volcarnos hacia todos estos procesos".

En dos conversaciones con profesores que conocen del concepto y lo han llevado a la práctica, se abrió un debate que se espera continúe dentro de los distintos grupos de investigación que tiene no solo la Universidad, sino otras instituaciones de educación superior y centros de investigación. A continuación, las principales conclusiones de esos diálogos.ica primero. Esas escalas de tiempo corresponden a dicho propósito”.

El Premio Anual de Investigación 2022 reconoció la trayectoria y las labores de cinco docentes investigadores, cuyas contribuciones trascienden la académica e impactan a la sociedad.

Colaborador: Felipe Sossa.

Dedicar la vida a la búsqueda de nuevos conocimientos, y que esos resultados tengan un impacto positivo en la sociedad, que sean una respuesta o solución a algo específico de las comunidades, es la continua motivación de un científico. Y para ayudar a que ese deseo de investigar se mantenga vigente, la Universidad EAFIT otorga cada año el Premio Anual de Investigación con el propósito de reconocer a sus docentes, grupos o proyectos con resultados destacados.

En 2022, en ceremonia celebrada el 16 de mayo en el marco de la celebración del Día del Profesor, la Universidad exaltó la labor de varios investigadores que, con sus labores a favor de la ciencia y la academia, han alcanzado aportes significativos para el ámbito universitario y de gran trascendencia social.

El término 'científico' se deriva del latín scientificus (scientia –conocimiento– y fic, de facis, –hacer–). Y para estimular a quienes hacen conocimiento, en 2012 fue establecido el Premio Anual de Descubrimiento y Creación Universidad EAFIT, el cual cumplió ya una década y ha premiado a decenas de sus investigadores. 

El Gobierno Nacional presentará este año la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. La viceministra que está al frente de este proceso explica en qué consistirá y cómo busca fortalecer la cultura científica y el diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

Agustín Patiño Orozco, Colaborador.

La viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Sonia Esperanza Monroy Varela, lo deja claro desde el comienzo: “Cuando uno habla de apropiación, en general, se está hablando de uso, de aplicar algo, de hacerlo propio. La apropiación social del conocimiento va mucho más allá de la divulgación científica, es un concepto asociado al uso y la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Las preguntas son: ¿cómo estamos aplicando el conocimiento que generamos? Y, ¿cómo estamos poniendo a dialogar diferentes formas de generar conocimiento?”.

Durante el primer año de actividades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, antes Colciencias), el Gobierno Nacional avanzó en la elaboración de un primer borrador de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que enmarcaría el diseño de programas y estrategias científicas para Colombia en la próxima década,

En esa línea, en el primer semestre de 2020 Minciencias puso a consideración de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) los lineamientos de otra política que subyace a esa: la de apropiación social de conocimiento. Con ella se busca, según la viceministra Monroy, “fortalecer una cultura científica incluyente que valore y gestione el conocimiento, y propicie el diálogo de saberes para mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Para ella, esto representa definir una línea para el país: “Es una apuesta por el diálogo de saberes y el intercambio entre diversos actores sociales, de forma que se generen nuevos conocimientos que puedan ser utilizados en la solución de problemáticas locales, regionales y nacionales. En eso queremos hacer la diferencia”.

En diálogo con la Revista Universidad EAFIT, la funcionaria explicó cómo se están diseñando estas políticas públicas, sus elementos centrales y las acciones de Minciencias en la línea de fortalecer la cultura científica en el país. En el V Encuentro de Investigadores de EAFIT, celebrado el 16 de febrero de 2021, la viceministra presentó igualmente estas ideas a la comunidad científica de la Institución.

Viceministra Sonia Monroy. Foto: Róbinson Henao

La apropiación social del conocimiento es uno de los ejes de la propuesta de Política Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación. De hecho, Minciencias viene construyendo una política pública específica para este tema. ¿Qué nos lleva como país a apostarle a la apropiación social como concepto clave del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?

“Llevamos una década bajo el marco de la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, lo que nos ha permitido ser líderes latinoamericanos en el diseño de políticas en torno a este concepto. Sin embargo, el diagnóstico al que hemos llegado es que en nuestro país tenemos bajos niveles de apropiación social del conocimiento, el cual entendemos como un proceso que involucra gestión, producción y aplicación de conocimiento convocando al diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

Desde este viceministerio buscamos construir una nueva política pública que incluya a todos los actores del sistema de ciencia y tecnología, que promueva el fortalecimiento de capacidades regionales en ciencia, tecnología e innovación, de tal manera que diversas comunidades sean capaces de aplicar conocimientos científicos y generar proyectos de investigación y acción participativa en los que trabajen junto a investigadores y científicos para solucionar retos específicos locales. El diseño de esta nueva política de apropiación social del conocimiento inicia con la formulación de los lineamientos para la misma, los cuales fueron puestos a consideración de todos los actores del sistema a través de una consulta pública virtual en los meses de mayo y junio de 2020.

Recibimos muchos comentarios de universidades, empresas y asociaciones de la sociedad civil, y esos insumos nos permitieron revisar los lineamientos en mesas de trabajo internas de Minciencias y con diversos actores de la academia y el sector empresarial. En octubre logramos obtener el documento que consagra la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, el cual esperamos formalizar y finalmente publicar en 2021”.

Esta estrategia de intervención, que ha desarrollado diversas acciones en lugares públicos, pretende motivar
conversaciones amplias sobre temas complejos para la sociedad como la guerra y la paz.

Sus resultados animan a sus promotores a continuar abriendo nuevos espacios de diálogo.

Colaboradora: Vanessa Reyes Restrepo.

El semillero de Psicología y Ciencia Política de la Universidad EAFIT, a través de su estrategia Saber para Sanar, busca con múltiples iniciativas de apropiación social aportar a la construcción de paz en el país. Combinando saberes y metodologías colaborativas, ha logrado construir espacios seguros de diálogo y reflexión sobre el impacto de la guerra en la sociedad colombiana, propiciando conversaciones incómodas sobre temas que pocas veces nos atrevemos a abordar.

A mediados del año pasado, este semillero inició una serie de actividades de interacción con públicos diversos, tanto de la comunidad universitaria, como con otras personas interesadas en su propuesta. No obstante, el lanzamiento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) a finales de junio del año pasado, que explica lo ocurrido durante 50 años de guerra, se convirtió en la oportunidad para abrir el diálogo que venían teniendo internamente e integrar a otras personas para abordar, desde un enfoque psicológico, los efectos que ha dejado la violencia en nuestra sociedad, y así, empezar a sanar las heridas.

Semillero en evolución

El semillero nació en 2015 por iniciativa de la profesora Marda Eucaris Zuluaga, quien atrajo el interés de algunos estudiantes del pregrado en Psicología para reunirse y explorar temas relacionados con el arte en su profesión. Posteriormente, producto de su trabajo de grado de doctorado, se conectó con temas ligados a la memoria y el conflicto, y decidió proponer un cambio de enfoque en el semillero.

Fue así como en el 2019 iniciaron reflexiones e investigaciones sobre psicología social y política. Para la docente, el arte siguió presente en sus actividades, pues, tal como ella lo resalta, “es una de las muchas manifestaciones expresivas a través de las cuales los seres humanos se pronuncian políticamente".

Ese mismo año, varios de sus integrantes participaron en la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, espacio virtual que reunió a estudiantes, investigadores y docentes universitarios de diversas regiones del país. En esa oportunidad, el encuentro académico abordó el tema de reconstrucción de subjetividades e identidades en contexto de guerra y posguerra.

Esa experiencia les permitió acercarse a diversidad de trabajos y enfoques psicológicos como el de la institucionalización de la guerra, que despertó un interés especial en el semillero y los llevó a iniciar su primera investigación en la que analizaron actitudes y creencias sobre la paz y la guerra en Colombia a partir de las interacciones en los foros de Facebook de El Colombiano y El Espectador en cinco noticias publicadas por estos diarios relacionadas con el proceso de paz.

Actualmente, se encuentran en el proceso de escritura de los hallazgos de esa investigación, que posteriormente publicarán, pero que, desde ya, les deja reflexiones que nutren las labores que llevan a cabo con distintas comunidades.​

“Surgieron un montón de cuestionamientos y también se generaron muchas emociones de la lectura, pues los testimonios que trabaja la Comisión de la Verdad son muy fuertes…" Luisa Martínez, integrante del semillero.​

Co-creación para la apropiación

Las actividades que realiza el semillero cuentan con el apoyo de varias áreas de la Universidad y de algunas organizaciones de la ciudad, lo que les ha permitido ampliar la participación y el diálogo con varios sectores sociales, así como la diversificación de formatos y metodologías de apropiación social del conocimiento.

Ana María González, coordinadora de Cultura de la Apropiación del área de Apropiación Social del Conocimiento adscrita a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha impulsado la conexión de experiencias dentro y fuera de la Universidad con el semillero. A ella le llamó la atención las formas como la profesora Zuluaga y los estudiantes vinculan los contextos sociales en la apropiación social de los conocimientos que aborda el semillero.

Para González lo más interesante de la creación colaborativa y colectiva de esta experiencia es “que les permitió afinar cosas metodológicas de la mediación, porque no solamente es en función de los temas… Le aporta al método la genuinidad de los problemas reales que tienen las personas".​

La primera alianza que realizó el semillero con la estrategia Saber para Sanar fue en mayo del 2022, cuando compartieron con la Universidad de los Niños un espacio en el evento Días de EAFIT. Allí compartieron una carpa y material didáctico para que el grupo realizara la actividad Tendedero de Verdades, diseñada para invitar a la comunidad universitaria y a los visitantes a pensar maneras conjuntas de cruzar lo personal y lo colectivo como aporte a la construcción de paz, a propósito del anuncio de la entrega del informe final de la CEV al país, programado para el 28 de junio de ese año.

La actividad consistió en dejar pequeños papeles con preguntas como ¿hay alguna verdad que te haya cambiado la vida? El propósito era motivar a los visitantes a leer y a escribir sus reflexiones para luego colgarlas en las cuerdas dispuestas en la carpa, y así poder ser leídas por otros asistentes.

El segundo evento de la estrategia Saber para Sanar fue el club de lectura que co-crearon con el profesor de la maestría en Estudios Humanísticos, Juan Pablo Pino Posada. En su primer ciclo, se reunieron en una de las salas de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas a leer el capítulo testimonial de la CEV.

Tuvo convocatoria abierta y contó con la participación de una veintena de personas quienes, durante cuatro meses, asistieron a la cita cada miércoles a las siete de la mañana para activar el diálogo y la reflexión.

Investigadores de la Universidad EAFIT indagaron sobre las posibilidades y reparos que tiene las empresas privadas en invertir en el sector de la justicia, y así mejorar estas condiciones que hoy son precarias.

Colaborador: Pompilio Peña.

Son múltiples las dificultades que sufre el ciudadano de a pie al momento de acceder a la justicia. Muchos de los sistemas locales de justicia, que constituyen una sinergia que concentra la oferta de la defensa de derechos, no cuentan con funcionarios suficientes, carecen de infraestructura adecuada, falta mobiliario apropiado, trabajan con computadoras desactualizadas, adolecen de buen acceso a Internet y hasta de tinta para imprimir acuerdos conciliatorios.

Esa crítica situación fue abordada por investigadores de la Universidad EAFIT a través de la consultoría titulada ¿Debe invertir el sector privado en el acceso a la justicia?, financiada con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y liderada por Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.

Del contexto de insatisfacción al acceso a la justicia surgieron dos preguntas rectoras: ¿existe el deber del sector privado de intervenir en las posibilidades de acceso a la justicia en Colombia? ¿Qué rol juega el sector privado en esta contingencia?

“Para responder estos interrogantes, la consultoría tuvo dos momentos. El primero fue un acercamiento teórico a la problemática; y el segundo, como ejercicio práctico, lo constituyó una serie de entrevistas semiestructuradas a empresas privadas. A ellas se les consultó si hacían o no inversiones para apoyar al ciudadano para acceder a la justicia, cuáles eran las razones para hacerlo y cuáles eran sus reparos", explicó Gómez.

La investigación –agregó el docente– arrojó tres hallazgos principales y se identificaron cuatro mitos que frenaron a los empresarios para dar el salto a la inversión.

"Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales". Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.​

​​Los hallazgos

El primer hallazgo fue que, al menos teóricamente, desde una percepción amplia del acceso a la justicia, existen fundamentos como el de grupos de interés (stakeholders) que hacen deseable, e incluso provechoso, para el sector privado invertir en este campo. Esto quiere decir que no solo por razones filantrópicas sino también estratégicas, el sector privado tiene buenas razones para incrementar su aporte en el sector.

“El segundo hallazgo fue sorpresivo. Nos preguntamos si las empresas venían o no ya interviniendo en temas de justicia. Esto tiene que ver con el marco práctico que desarrollamos donde hicimos entrevistas. Este hallazgo fue sorpresivo porque si bien las empresas en un principio fueron bastante renuentes a darnos información, algunas de ellas sí lo hicieron y pudimos constatar que ya venían invirtiendo en justicia desde una concepción amplia", precisó el docente.

El tercer hallazgo desveló las razones que tienen las empresas para intervenir o no. La investigación comprobó que ellas lo hacen por razones altruistas, pero también por razones estratégicas. Lo que indica que algunas empresas ven necesario intervenir en temas de acceso a la justicia incluso con el propósito de mejorar procesos internos que tienen que ver con sus actividades productivas.

En esta fase fueron consultadas 13 empresas (de los sectores minero-energético, agroindustrial, alimentos y bebidas, energía, financiero, construcción, manufacturas y servicios públicos), ocho fundaciones empresariales, dos universidades privadas, tres cámaras de comercio y tres expertos.

​Mitos a romper

De estos hallazgos se desprendieron cuatro grandes mitos que funcionan como reparos que limitan a las empresas a la hora de invertir más ampliamente en el sector de la justicia.

El primer mito se refiere a que las empresas no sabían medir el impacto de su inversión. “Ahí lo que hicimos fue una revisión juiciosa de la bibliografía comparada, y encontramos que ya en otros países se viene midiendo tal rédito. A partir de allí realizamos una aproximación de dichos cálculos al ámbito colombiano. La relación encontrada fue bastante alentadora: nos mostró que un peso invertido podría generar casi nueve pesos de rendimiento social de esa inversión", indicó el docente.

El segundo mito apunta a los riesgos reputacionales. Las empresas temen invertir en justicia por lo que se pueda desprender de tal acción, afectando su imagen. Sin embargo, el grupo de investigación concluyó que este mito podría disminuirse y controlarse si las inversiones se dieran en las primeras dimensiones del acceso a la justicia, que tienen que ver con propiciar un ambiente favorable, con el acceso a la información, a la tecnología y otros servicios. Las empresas, incluso, podrían contribuir y mejorar infraestructuras y hacer donaciones en especie.

El tercer mito está relacionado con que las empresas entienden que invertir en justicia puede causar una injerencia indebida en la autonomía judicial. Al respecto, Gómez aclaró que “si bien somos conscientes de esos riesgos, también creemos que hay estrategias para disminuirlos. Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales".

El cuarto mito hizo referencia a la asunción de funciones estatales por el sector privado. Explicó el docente que “algunas empresas nos dijeron que la función de administrar justicia es propia del Estado y que ellas no deberían intervenir en ello. Si bien reconocemos que es así, creemos que las empresas pueden y deben sumarse a los esfuerzos que ya en este campo realiza el Estado para incrementar el impacto y hacer sostenibles en el tiempo dichas inversiones. No se trata que los privados paguen los salarios de los jueces, los comisarios de familia o los defensores de familia, pero sí que pueden aportar para garantizar el acceso a los servicios que ellos presten en todo el territorio nacional".

¿Las empresas invierten hoy en el acceso a la justicia?

La respuesta es sí. Se hallaron diversas empresas que invierten en generar un ambiente favorable para evitar disputas entre ciudadanos. “Y ahí encontramos, a manera de ejemplo, que hay entidades que pagan la formación de jóvenes mediadores de conflictos", afirmó el docente.

Las empresas también invierten en empoderamiento legal, que consiste en instruir a las personas en el reconocimiento de sus derechos y cuándo son vulnerados. De igual forma, se encontró inversión en la asistencia legal, consistente en el pago de asesorías para la titulación de tierras. Fueron igualmente reconocidas inversiones en materia de acceso a las instituciones para la resolución de conflictos.

A la par, se encontraron casos de fundaciones empresariales que pagaron la implementación de sistemas de gestión y control de calidad a jueces civiles a fin de mejorar su eficiencia. Frente a esto, el docente dijo que “nos llamó la atención esto porque son intervenciones directas en la rama judicial, pero que creemos no por ello afectan la autonomía y la independencia de los jueces, sino que por el contrario ayudan a mejorar su desempeño".

Finalmente, el acercamiento a este tema por medio de la consultoría arrojó que es “esperanzador" el rendimiento social y de inversión que el sector privado puede llegar a hacer en la justicia y que este debe precisarse con estudios posteriores en la materia.

En palabras del profesor Gómez, “el principal mérito de esta consultoría es atrevernos a romper paradigmas y abrir una conversación que parece ser esperanzadora en torno al vínculo que puede tejerse entre el sector privado y el derecho de acceso a la justicia en condiciones más accesibles, inclusivas y oportunas para todos los colombianos"

Esta investigación hace parte del programa de Justicia Inclusiva que ejecuta Chemonics, con recursos de USAID. El equipo de la consultoría fue conformado también por las abogadas Carolina Rojas y Mariana Toro, con el apoyo de la docente de la Escuela de Administración, María Alejandra González Pérez, y de Henry Puerta, profesor de cátedra de la Escuela de Economía, Finanzas y Gobierno.​

Algunas otras recomendaciones para disipar los mitos sobre la inversión del sector privado en el acceso a la justicia​

1. Propiciar la transferencia de conocimiento entre las organizaciones y las instituciones del sistema de justicia. 

2. Considerar la destinación de recursos en especie -tales como papelería, implementos de oficina, material publicitario y equipos-, de infraestructura o de conectividad para ampliar la capacidad de atención de núcleos institucionales como las Casas de Justicia.

3. Promover la celebración de convenios de impulso o de asociación entre entidades privadas sin ánimo de lucro que aglutinen inversiones en justicia y las distintas entidades estatales.

4. Implemetar estrategias de redireccionamiento a las instituciones como parte de las actividades de la organización.

Desde la Misión de Sabios de los años 90, hasta la nueva política que presentará el Gobierno Nacional, el concepto de “apropiación social del conocimiento” se ha posicionado en Colo​mbia para definir el empeño por democratizar la ciencia. Enfoques para el debate sobre esta idea.

Diana Milena Ramírez, Colaboradora.

Para algunos investigadores todavía resulta llamativo, y hasta problemático, que en Colombia se insista en denominar el interés por que la sociedad participe de la ciencia, la tecnología y la innovación bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Ello, sobre todo, porque no es un término ampliamente usado en el mundo y puede derivar en muchas interpretaciones que hacen más complejo medir su impacto en las comunidades.

Sin embargo, por su trasegar, esta forma de nombrar dicho acercamiento del conocimiento a las personas y a los grupos sociales se mantiene a través del tiempo. La definición más actualizada para entender a qué se refieren quienes hablan de apropiación social del conocimiento en Colombia se puede apreciar en el documento que traza los lineamientos para la nueva política de apropiación que divulgó en 2020 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Esta dice: “La apropiación social del conocimiento que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación, es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social".

Según el investigador James Alberto Morales Chinca, coordinador del Proceso de Innovación Social de la Universidad de Antioquia, esta definición “se propone como una alternativa que permite acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, de tal manera que la misma sociedad pueda utilizarlas para apoyar la resolución de las problemáticas que existen en los territorios”.

El término se ha renovado. Primero se llamó apropiación social de la ciencia y la tecnología; después, empezando el siglo XXI, apropiación social del conocimiento; y, recientemente, apropiación social del conocimiento, la tecnología y la innovación. Sin embargo, mantiene la esencia de los ideales que plantearon los primeros investigadores que lo acogieron en los años 80 y que luego, en los 90, se establecieron en la primera Misión de Sabios instaurada por el gobierno de César Gaviria cuando quiso preparar al país para el mundo globalizado.

Cada vez toman más fuerza las iniciativas que buscan que la relación cienciasociedad sea más cercana y como una forma de alimentar a ambos sectores.

Foto: Róbinson Henao

Por ejemplo, en el informe de Rodolfo Llinás y Eduardo Posada Flórez titulado Ciencia y Educación para el Desarrollo, de la Colección de Documentos de la Misión, se recomienda establecer la primera política de apropiación social de la ciencia y la tecnología para el país. Ahí se indica que esta “es una estrategia –no una propuesta– de cambio social y cultural”.

Como un concepto rector de políticas para acercar la ciencia a las comunidades, se acogió definitivamente en 2005, cuando se planteó el diseño de la primera. Luego, en 2010, se generó el primer documento.

Y el hito más reciente es el de 2020, cuando se actualizaron los lineamientos, bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Proyectos que se inscriben en este campo, como Universidad de los Niños EAFIT, trabajan desde la perspectiva de esta estrategia.

“Entendemos que hay que garantizar la participación en la gestión, en la producción y en el debate sobre el conocimiento científico, y eso se logra a través de estrategias de apropiación social. Es una dimensión política de la ciencia en que se reconoce a la sociedad como una interlocutora legítima”, explica Ana María Londoño Rivera, jefe de Universidad de los Niños. 

¿Es igual a polític​a de divulgación?

Algunos académicos insisten en que por más que se haya tratado en Colombia como un concepto que trasciende las políticas de divulgación científica –es decir, aquellas que buscan que las personas tengan una percepción positiva de la ciencia y la tecnología para que se acerquen a esta– la apropiación social del conocimiento se inscribe en las mismas.

“Surge en el marco de discursos de divulgación científica y, hasta donde se puede saber, se acoge en Colombia. De ahí se va extendiendo a Iberoamérica y ha ido ganando fuerza con los años. Aunque se quiere diferenciar la apropiación de la divulgación, como si fueran cosas encontradas, cuando uno mira los textos se da cuenta de que a veces se tratan como iguales”, puntualiza el académico Jorge Manuel Escobar, docente investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), de Medellín.

Es un asunto sobre el que se han empleado diferentes denominaciones, como lo explica el profesor de EAFIT Daniel Hermelin Bravo en uno de sus trabajos sobre políticas de divulgación de la ciencia.

“En Colombia ha habido una serie de estudios recientes que se han ocupado de las relaciones entre los diseños de políticas, la participación ciudadana en ciencia y tecnología, y los modelos en los que se sustentan. En dichos estudios se usan, para referirse al mismo problema o a problemas similares: comunicación pública de la ciencia y la tecnología, apropiación social de la ciencia y la tecnología (ASCyT) y popularización de la ciencia y la tecnología”.

Esa falta de delimitación es, para algunos, un asunto que hace muy complejo comprender el concepto y medir el impacto de las políticas de apropiación social en el país. Y, también, dificulta entender cómo participa la sociedad de estos procesos. Por eso sugieren cambiarlo.

César Eduardo Tamayo Tobón, Vicerrector (e) de Descubrimiento y Creación de la Universidad EAFIT.

El mundo actual –el de la incertidumbre, la transformación, los avances científicos– ha visto en las últimas décadas un crecimiento exponencial en la producción y el intercambio de conocimientos. Hoy, en medio de la compleja coyuntura resultado de la pandemia, se refuerza la necesidad de que ese conocimiento incluya dentro de su proceso de producción algunos mecanismos para el diálogo y el contraste de visiones con diversos actores de la sociedad.

Tal necesidad ha sido planteada durante más de cuatro décadas en Colombia, que le ha apostado a una visión dialógica de la gestión del conocimiento, asunto que hoy se hace urgente y tiene una relevancia radical: no hay accesos privilegiados al saber, no hay personas más calificadas que otras para su discusión y el conocimiento no se encierra en claustros para la disponibilidad de unos pocos.

La lógica de esta nueva visión, que se ha denominado apropiación social del conocimiento, se fundamenta en entender el conocimiento como un bien común y, como tal, de dominio general sin distinción de edades, género, ocupación o nivel educativo.

Luego, es importante considerar una particularidad adicional: las ciencias no se marginan de los contextos; por el contrario, están directamente relacionadas con ellos.

En la actualidad, el contexto es el de un mundo globalizado e intercomunicado, transdisciplinar, dinámico y diverso. Esta comprensión implica que generar conocimiento tiene impactos que involucran a más personas, territorios y problemas. Y, a su vez, esos impactos se comunican y reproducen de forma más veloz.

El contexto es, pues, una riqueza y un reto para las comunidades científicas e implica un cambio estructural en la manera de concebir la gestión del conocimiento, toda vez que involucra a la sociedad como coproductora y parte implicada en la creación de ese mismo saber.

Este cambio persigue el propósito declarado en la reciente política de apropiación social del conocimiento liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretende entrelazar las ciencias, la cultura y la sociedad.

Esta es una aspiración que se engloba en los principios que rigen este concepto de apropiación social del conocimiento y con los que la Universidad EAFIT se alinea proactivamente: el reconocimiento del contexto, la participación en el diálogo de saberes y conocimientos, la gestación de confianza y la reflexión crítica.

Desde su creación, la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación gestiona el vínculo estrecho entre las ciencias y la vida cultural, lo cual es una oportunidad adicional para enriquecer el diálogo de la Universidad con la sociedad a través de los múltiples lenguajes que tiene la investigación-creación. Ellos alimentan y realimentan los contenidos, los medios y las estrategias tradicionales para trazar nuevas alternativas en este campo.

Con su dossier central, esta edición de la Revista Universidad EAFIT es una invitación a la reflexión y al intercambio de concepciones sobre la apropiación social del conocimiento desde la convicción de que son necesarias estructuras que propicien el logro de sus aspiraciones y aporten a tener una sociedad mejor informada, participativa e implicada en la generación del saber científico.

¡Que disfruten de este nuevo número de la Revista Universidad EAFIT, Descubre & Crea!

José Fernando Arango Aramburo, Médico anestesiólogo Hospital Pablo Tobón Uribe.

El mundo de la medicina está transitando del cuidado junto al paciente a su atención con el apoyo de medios que se enmarcan en lo que se denomina “telemedicina”. Este es un concepto amplio que cobija a muchos elementos, desde la obtención de una opinión entre dos médicos que están en lugares distantes hasta la integración de un ecosistema de dispositivos tecnológicos avanzados interconectados que cumplen distintas funciones.

Aunque esos dispositivos no van a desplazar al médico, sí lo van a conectar con centros mayores de atención que pueden estar en diversos sitios del mundo para ayudarlo en situaciones complejas que él solo no podría solucionar.

Estos avances permiten que, por ejemplo, un robot sea ya capaz de hacer suturas en intestino o piel con resultados tan buenos o mejores que los logrados por seres humanos. Y existen dispositivos que posibilitan a un médico dirigir un robot mientras esa máquina hace directamente una operación en una persona. Esas cirugías son más precisas, producen menos sangrado y llevan a una recuperación más rápida de los pacientes.

Más allá, hay aplicaciones clínicas de inteligencia artificial en las cuales se recogen miles de imágenes de tomografías de pulmón para, en estudios clínicos, tener un diagnóstico más preciso y hasta un año antes que lo pudiera establecer un ser humano sin esa ayuda.

Lo mismo se ha hecho en dermatología, en específico en cáncer de piel, cuando con inteligencia artificial se integran miles de imágenes y estas, frente a la foto de un paciente, permiten un análisis que llega a un diagnóstico más temprano.

Pero, ¿la tecnología nos está acercando a que todos tengamos acceso más rápido y mejor a la salud? En Colombia, desde el año 2010 existe el decreto 1419 que regula la telemedicina. Esta se inició con algún entusiasmo en los antiguos territorios nacionales, pero una década después se ve que muchos centros asistenciales no tienen siquiera conexión a internet o que es intermitente o mala.

Del mismo modo, que los diagnósticos o interconsultas que deberían hacerse en cuestión de minutos u horas se demoran días, por lo que llegan en momentos en los cuales el paciente se complicó o ya tuvo un desenlace desfavorable. Los desarrollos de telemedicina han tenido mucha acogida en los centros urbanos y en grupos poblacionales que ya tienen acceso a la salud, personas que pueden acceder a una consulta rápida con un especialista.

Sin embargo, el sistema de salud no ha logrado que esos desarrollos estén al servicio de una amplia población vulnerable que los requiere: falta que todo esto llegue a los sistemas públicos de salud, que tengan divulgación y que se construya una buena infraestructura.

Este problema es debido a múltiples factores, pero uno significativo es que los modelos de negocio en el sector salud se han enfocado hasta ahora en personas que ya están aseguradas y tienen alguna capacidad económica. Por otra parte, muchas personas que podrían  necesitarlos  no  tienen,  por  ejemplo, acceso a una buena conexión de internet.

Ambos factores están en caras opuestas de la moneda y son limitantes. Ello, a pesar de que la ley permite que los servicios de telemedicina a través de los regímenes subsidiado o contibutivo sean cobrados y pagados.Desde el punto de vista filosófico se plantea el dilema de que en el futuro la tecnología llegue a un nivel tal que el personal médico no sea necesario.

Por ahora vamos en que todas estas herramientas son una ayuda para médicos y personal de salud que siguen ausentes en regiones apartadas donde urge un apoyo especializado, así sea virtual.

Contrario a lo que pasa en empresas financieras y del sector de negocios, por ahora la telemedicina no ha llegado a que sea un robot el que responda preguntas, sino que siempre se designa a personal de médicos, especialistas o enfermeras para que estén pendientes, den respuestas y brinden apoyo.

Pero el asunto va más allá de unas capacidades básicas en un celular o computadora portátil: los mismos dispositivos médicos pueden estar conectados a la red a través de internet de las cosas para que, pongamos el caso, un electrocardiograma tomado en un sitio alejado esté conectado con un centro de mayor complejidad. Por eso hablamos de todo un ecosistema que se debería desarrollar.

Las empresas prestadoras de salud deben pensar incluso que esto representa una oportunidad de llegar a la gente, de acceder a zonas donde puede haber solo un médico general o una enfermera para que el paciente tenga acceso a conceptos de un médico internista o de un especialista, que las citas no se tengan que demorar semanas o meses y que algunas actuaciones médicas se puedan solucionar a través de la tecnología.

Esto es una oportunidad que los servicios de salud no han explotado de manera eficaz. Le corresponde al gobierno y a los gremios médicos impulsar este tipo de iniciativas porque tenemos una falta grande de personal de salud en zonas rurales y áreas remotas. Existe por ley la facilidad de hacerlo y las compañías tienen no solo la posibilidad sino la obligación de implementarlo. Eso sería ayudar a democratizar más la salud.

Al igual que en el fútbol, el tiempo juega contra quien necesita resultados. Hoy, aparte de tiempo, el medio ambiente requiere de acciones que financien iniciativas que mermen las emisiones de efecto invernadero. Los bonos verdes son una opción que crece y se consolida en el mercado de deuda.

Juan Carlos Luján, Colaborador Revista Universidad EAFIT.

Habría que vivir en Marte para no percibirlo. Fuertes aguaceros que generan enormes inundaciones, tifones y huracanes que se forman con mucha más intensidad, olas de calor o frío que golpean amplios sectores del mundo, fenómenos atmosféricos que desconciertan a la ciencia.

Quienes habitamos la Tierra, como en un partido de fútbol definitivo, jugamos en contra del tiempo por cuenta del cambio climático y desde diferentes ámbitos, incluidas las finanzas, y por tanto, es un imperativo buscar soluciones que permitan revertir una situación tan determinante para el futuro de la humanidad y de las diferentes especies que conforman el planeta.

Sí, hay que movilizar recursos para generar efectos resilientes alrededor del medio ambiente, pues como lo menciona Juan Felipe Franco, director general de Hill Consulting –firma colombiana que se encarga de trabajar por territorios amables y saludables–, la gestión para hacerle frente al cambio climático no puede
ser exclusivamente financiada a través de recursos de donación o de cooperación internacional.

“Definitivamente se necesita de la inyección de capital importante para lograr acciones transformadoras”, menciona el consultor, quien agrega que una alternativa para hacerle frente al asunto son los bonos verdes, financiación que se requiere con prioridad teniendo en cuenta las ambiciosas metas internacionales de Colombia frente al cambio climático y la consiguiente movilización de recursos para su cumplimiento.

Además, no se trata de un asunto filantrópico, sino de gestión de un riesgo, como lo son las acciones en beneficio del medio ambiente. Famosos desde 2007, cuando un grupo de inversionistas nórdicos se acercó al Banco Mundial con el fin de gestionar herramientas que les permitieran invertir en los mercados financieros, pero a la vez tener unos impactos positivos en el medio ambiente, se trata de instrumentos de deuda cuyos recursos solo deben utilizarse en proyectos con efectos ambientales positivos.

La definición de lo que son está en el estudio internacional El potencial de los mercados de bonos verdes en América Latina y el Caribe, financiada por la Fundación EU-LAC y en la que participaron académicos de EAFIT, la firma Hill y Get2C.

En palabras de Diana Constanza Restrepo Ochoa, docente del Departamento de Finanzas de EAFIT y una de las autoras del estudio, los bonos verdes permiten visibilizar los recursos dirigidos a la financiación de iniciativas relacionadas, por ejemplo, con eficiencia energética, energías renovables limpias o infraestructura sostenible, entre otras.

La profesora explica que “esto nos ayuda a entender mejor cómo se mueven los recursos hacia estas áreas, acordes con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también con el Acuerdo de París, que busca un compromiso global por limitar el aumento de la temperatura en el planeta a menos de dos grados centígrados de aquí a 2030. Idealmente a no más de 1.5 grados centígrados”.

Un mercado de crecimiento

Utilizados por instituciones públicas y privadas, los bonos hacen parte de un mercado de valores de deuda, es decir, en el que se presenta un  financiamiento por medio de la emisión de dichos bonos. Son también conocidos como valores de renta fija, pues entre emisores y compradores se sabe con exactitud la cantidad de dinero que se obtendrá y el interés fijado.

Los bonos verdes integran dicho mercado y, a 2019, se habían tranzado 1397 billones de dólares en el mundo, según el registro que desde 2014 hace The
Climate Bonds Initiative (CBI). A su vez, durante 2021 se han movido 298.4 billones de dólares en todo el planeta en bonos verdes.

La profesora Diana Restrepo especifica que son los actores privados quienes más han intervenido en este mercado con la emisión de más del 50% de los instrumentos. El sector público como tal tiene una participación cercana al 30% y la banca de desarrollo un 16 o 17%.

El estudio subraya que, según datos de 2019, Europa se erigía como el principal emisor con un 40% de bonos, mientras que América Latina aportaba
solo un 2%.

¿Conoces las flores que hay cerca de tu casa o en tu barrio?, ¿a qué huelen?, ¿qué animales has visto visitando las flores? Utiliza esta guía de observación de flores y polinizadores, elaborada en el proyecto “Ciencia entre montañas”, y explora tu entorno para descubrir todo lo que la naturaleza nos enseña.

Colaboradores: Daniela Cepeda Zúñiga, Susana Galvis Bravo y Agustín Patiño Orozco.

Ilustradora: Carolina Arango Hurtado.

¿A los osos les gusta la miel?, ¿por qué los aguacates tienen semilla?, ¿cómo la niebla se convierte en el agua que tomamos?, ¿cómo son las flores que hay cerca de tu casa? Estas son preguntas de los niños y niñas participantes del proyecto “Ciencia entre montañas", liderado por la Universidad de los niños EAFIT en los municipios de la Provincia Cartama, de la subregión del Suroeste antioqueño.

A través del juego, la pregunta, la experimentación y la conversación, más de 1100 niños y niñas participantes viven experiencias de aprendizaje activo que los acercan a la ciencia y la investigación. Los acompañan mediadores locales, capacitados por el área de Apropiación Social del Conocimiento de EAFIT y asesorados por investigadores invitados.

Entre 2022 y 2025, Ciencia entre montañas realizará un total de 960 talleres en 40 sedes educativas rurales de los municipios de Caramanta, Fredonia, Jericó, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia.

Una de las experiencias de aprendizaje desarrolladas en las sedes educativas participantes buscó responder la pregunta ¿De dónde sacan las flores su aroma? en compañía del investigador Luis Fernando Echeverri, químico farmacéutico y doctor en Ciencias Químicas.

Durante este taller, los niños y niñas estudiaron la anatomía básica de las flores, realizaron recorridos por su vecindario para identificar distintos tipos de flores y animales polinizadores, diseccionaron flores observando su estructura interna con una lupa, y experimentaron con la extracción de aceites esenciales de canela, clavos de olor y eucalipto macerándolos en alcohol durante un par de semanas.