22 de marzo de 2021 | REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT - CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y CAMBIO SOCIAL
En las tres últimas décadas, desde que era considerada la ciudad más violenta del mundo hasta hoy, Medellín ha diseñado y desarrollado una serie de políticas públicas para atacar los fenómenos violentos y generar bienestar y respuestas a las necesidades de las comunidades que los sufren.
Ello le ha dado no solo un reconocimiento internacional, sino que ha permitido fortalecer su gobernabilidad. Un ejemplo es lo siguiente: en 1992, la ciudad tenía una tasa de homicidios de 350 casos por cada 100.000 habitantes y la de 2019 mostró 24 casos por cada 100.000 habitantes.
Aun así, la investigación “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo”, realizada desde 2016 por Innovations for Poverty Action (IPA), la Universidad de Chicago y la Universidad EAFIT muestra que hoy esas políticas públicas no tienen el impacto esperado y deben reenfocarse y mejorarse.
Para sustentar la tesis, la investigación se basa en un elocuente dato: aún hoy en la ciudad existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que, a su vez, controlan el accionar delictivo de unos 350 combos y que ese accionar va más allá de actividades como el microtráfico, la extorsión, el hurto y el control de los llamados “pagadiarios” o “gota o gota”.
“Hay que entender mejor cómo esto evoluciona en el tiempo, para focalizar otro tipo de políticas. Creo que lo primero que debe hacer el Estado, en particular la Alcaldía de Medellín, es medir mejor esos fenómenos”, dice el profesor Santiago Tobón Zapata, uno de los directores de la investigación, quien dirige el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de EAFIT.
Advierte que se trata de un problema serio, grave, que ocurre hace tiempo y sobre el cual existe la evidencia anecdótica de cómo se manifiesta en muchas partes del territorio, “pero indudablemente nos falta medirlo mejor, de forma más sistemática, frecuente y completa”
En Medellín existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que controlan
a unos 350 combos. Foto: Róbinson Henao
Delincuentes que ocupan el papel del Estado
El también profesor de EAFIT Gustavo Duncan Cruz, del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas –otro de los directores de la investigación–, explica que las estructuras criminales de Medellín, como ocurre en muchas ciudades del mundo, generan altos porcentajes de violencia y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública.
Pero lo más grave, advierte el académico, es que ejercen funciones similares a las de los Estados, como resolver disputas y problemas comunitarios, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar “impuestos”.
A esas actividades se les conoce como “gobierno criminal”. El problema es que, tal cual funciona ese gobierno criminal en Medellín, no va en contravía del gobierno estatal sino que, todo lo contrario, a veces lo complementa, se nutre de él o se convierte en el espejo para fortalecer su presencia, en especial en territorios con mayor ausencia de institucionalidad, afirma Duncan.
La gente demanda servicios de gobierno, resolver su problema con el vecino y, en muchos contextos, se acerca a la solución más rápida, ágil, contundente y efectiva, y cuando el Estado es incapaz de hacerlo, acude a otros actores de la vida social.
En algunos contextos, esos actores son la administración de un edificio o un líder comunitario y, en otros más extremos, los integrantes de los combos armados, agrega el profesor Tobón Zapata, quien está adscrito al Departamento de Economía de EAFIT.
Finanzas del crimen organizado
La investigación no se queda en la explicación simplista según la cual las grandes bandas criminales son proveedoras mayoristas de droga a combos de menor tamaño para que estos la vendan al detal. O que suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses, mientras los combos extorsionan a pequeños establecimientos comerciales de barrio y, en ocasiones, a los hogares.
Ahora, unas y otros tienen una diversificada estructura de ingresos que incluye servicios prestados a la industria del narcotráfico, como el sicariato, el cobro de deudas y la protección de rutas de transporte de estupefacientes. Además, imponen multas por mal comportamiento o definen el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales.
Ante esta realidad, la investigación sugiere recomendaciones para enfrentar con éxito ese fenómeno. Ellas son fruto también de los resultados de una encuesta realizada a finales de 2019 en 4.868 hogares y 2.109 negocios de estratos 1, 2, 3 y 4, de 224 barrios de Medellín y 8 de Bello e Itagüí. Algunos de los resultados de esa encuesta son sorprendentes y van en contra de lo que muchas personas e instituciones suponían, según lo revelan las siguientes conclusiones:
- Los niveles de gobierno criminal varían mucho a lo largo de la ciudad y en algunos barrios los combos son la autoridad.
- El gobierno criminal está correlacionado con la extorsión y los préstamos de dinero conocidos como “gota a gota”. Esto sugiere que la extracción de rentas ilegales es uno de los motivos por los que los combos “gobiernan”.
- Los niveles reales de gobierno criminal y de otros fenómenos asociados como la extorsión son mucho más altos que los estimados por las autoridades.
- Contrario a lo esperado, incrementar el gobierno del Estado puede aumentar el gobierno criminal
La encuesta reflejó que, pese a que el Estado llega a
esas comunidades con una batería de asistencia social, en
muchos barrios el combo es mucho más activo en relación
con la provisión de diferentes servicios de gobierno.
“En otras palabras, aquellos barrios en donde los combos ejercen más funciones de gobierno son también los
barrios en donde la gente se siente más satisfecha y confía
más en ellos”, es decir, según la investigación, los ciudadanos ven a los combos como un complemento del Estado
porque actúan como intermediarios entre la comunidad y
el mismo Estado.