Susana Blake
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¿Cómo se ven seis mil cuatrocientos dos hombres? ¿Cómo se ven seis mil cuatrocientos dos hombres vivos? ¿Y cómo se ven seis mil cuatrocientos dos hombres muertos?
¿Cómo se ve un hombre, un solo hombre? ¿Cómo se ve un hombre engañado para ser asesinado? ¿Y ahora, seis mil cuatrocientos dos, como él y distintos de él?
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió, a través del auto 005 de 2018, el caso 03 correspondiente a esta instancia judicial: muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Hasta ahora, las investigaciones sobre el caso se han concentrado en Antioquia, Costa Caribe, Meta, Huila, Casanare y Norte de Santander, priorizando los territorios más afectados por la acción victimizante.
El Auto 033 de 2021, conocido el 18 de febrero de 2021, hizo pública una nueva cifra: la JEP ha hallado que, en los territorios mencionados, entre 2002 y 2008 fueron por lo menos 6.402 las vícitmas de este crimen de Estado: corresponde al período más crítico del accionar ilegítimo de la Fuerza Pública comandada por el Gobierno Nacional. Esta cifra resuena en todo el país, pero en Antioquia adquiere un tono aún más sombrío: allí se encuentra la cuarta parte de las víctimas del caso.
En el cementerio Las Mercedes, ubicado en Dabeiba, se dio el hecho más representativo para el departamento. Allí, en apenas dos jornadas de investigación, la JEP ha exhumado 54 cuerpos de víctimas asesinadas por el Estado y que la opinión pública ha denominado, erróneamente, falsos positivos. El Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación halló en el cementerio “los cuerpos de una familia con prendas militares, dos niños, varias mujeres, cuerpos con botas de caucho y cuerpos con cráneos con herida de arma de fuego con presencia de ojivas”, refiere el comunicado 023 de la Sala de Prensa del tribunal.
¿Quiénes son los responsables? ¿Acaso algún suceso en la historia reciente se asemeja en magnitud, gravedad y, sobre todo, en su carácter silencioso, a este crimen del Estado colombiano? Los asesinatos de autoría de la Fuerza Pública colombiana remiten en responsabilidad al Gobierno de la República, específicamente, a quienes ejercieron en los períodos correspondientes como Ministro de Defensa y, en últimas, al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República: el presidente.
Contrario a lo que arguye la defensa del expresidente, exsenador, acusado e investigado Uribe Vélez, las actuaciones criminales del ejército no constituyen errores, accidentes o casos aislados: corresponden, más bien, a una política de Estado que disfrazó una cierta violencia selectiva –las víctimas comenzaron en el campo pauperizado y continuaron en las ciudades con mendigos, trabajadores informales y personas en condición de discapacidad– de seguridad nacional, a saber, Seguridad Democrática.
¿Dónde hemos visto, antes y después, violencia y crímenes de lesa humanidad comandados por jefes de Estado, ser llamados seguridad o defensa de la población? Ciertamente, en gobiernos de talante autoritario, que componen buena parte de la historia política de Colombia durante el siglo XX y XXI, hasta ahora. Los últimos presidentes de Colombia, con sus gabinetes ministeriales y electores, han disfrazado y engañado a hombres y mujeres jóvenes para asesinarlos y aseverar mayor seguridad nacional; han bombardeado campos y asesinado niños en nombre de la defensa de la población, más de una vez; rocean con glifosato a la agricultura en nombre de la lucha contra las drogas, mientras altos funcionarios probadamente vinculados al narcotráfico continúan sirviéndose de –no sirviendo a– la ciudadanía.
La JEP no ha sido criticada, si somos rigurosos con lo que es y no es la crítica; ha sido, eso sí, atacada con todo tipo de giros retóricos y estrategias de comunicación política –aquí incluyo la mentira, por supuesto–. Precisamente el Comandante Supremo de entonces y quienes han apoyado su proyecto mortífero de país se han esforzado por pintar una imagen falsa del tribunal, usando la consabida arma de la palabra: impunidad y parcialidad, si queremos permanecer fuera del territorio de lo delirante –si no, entonces hagamos referencia también a castrochavismo, neocomunismo y terrorismo–.
Aunque la JEP ha demostrado compromiso para alcanzar un justo medio entre los valores de paz y justicia, las élites políticas y económicas del país han logrado persuadir a ciertos sectores de la ciudadanía que hoy apoyan el desmonte de la institución judicial nuclear para la verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Seguirá siendo la violencia contra la ciudadanía el fundamento de la política de seguridad nacional? ¿Seguirá el país permitiendo el gobierno de los peores, de los arbitrarios y criminales?