Colombia debe acelerar sus preparativos en la búsqueda de alcanzar los estándares del Fondo Verde del Clima, herramienta de apoyo a países en desarrollo, contemplada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De no hacerlo, las consecuencias económicas y sociales impactarán negativamente el desarrollo y la capacidad competitiva del país.
Dicha tesis se discutió en el primer Foro de Finanzas Climáticas: instrumentos disponibles y retos para Colombia, evento que realizaron, el miércoles 25 de julio, Low Carbon City y el Laboratorio Financiero de EAFIT, con el apoyo de ISA, South Pole e Incyclo. El objetivo: discutir sobre las herramientas financieras para mitigar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible.
Pero alcanzar las metas sigue siendo un reto mayúsculo, y el desarrollo de estrategias de financiación se encuentra con el escollo del tiempo. Aún es necesario hacer pedagogía sobre la urgencia de unir esfuerzos de los sectores público, privado, académico y comunitario y, mientras tanto, los fenómenos climáticos siguen dejando advertencias nefastas.
Javier Sabogal, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, llamó la atención sobre los 1,6 billones de pesos que costó al país atender y prevenir emergencias causadas por el fenómeno de El Niño, entre los años 2015 y 2016, y resalta el avance en materia de políticas públicas para evitar que las consecuencias de estos eventos sean peores en el futuro.
"El Decreto 298 de 2016 estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), y formalizó la creación del Comité de Gestión Financiera, que coordina las instituciones y el diálogo público-privado sobre finanzas climáticas en el país. De allí surgió la Estrategia nacional de financiamiento climático, cuyas líneas de acción buscan generar y fortalecer capacidades; mejorar la gestión del conocimiento y la información; desarrollar instrumentos económicos y financieros, y permitir el acceso a fuentes de financiación".
Poner dichos esfuerzos en la agenda pública resulta fundamental en estos días de posacuerdo, en donde el acceso a ciertos sitios del país, otrora incomunicados por la guerra, se encuentra libre de obstáculos. A esto se suman los intereses públicos y privados por explotar recursos naturales en el territorio colombiano, actividades para las que se requiere un marco normativo, y mecanismos económicos y legales firmes que garanticen la sostenibilidad.
Desde el punto de vista de Diana Constanza Restrepo Ochoa, coordinadora del Laboratorio Financiero de EAFIT, "al visibilizar las herramientas disponibles en el país, se espera que las organizaciones comiencen a apropiarse de estas, y puedan contribuir a las metas climáticas nacionales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El cambio climático es real, y tenemos que actuar antes de que se nos haga mucho más tarde. Su abordaje no es una tarea de los gobiernos, sino de todos".
En sus palabras, es importante entender que los recursos económicos siempre son más efectivos cuando se invierten en prevención y no en mitigación y, desde las finanzas, es posible contribuir a eso, pues sin un flujo de capital destinado a actividades bajas en carbono, y a economías resilientes al cambio climático, será imposible alcanzar los ODS.
Mecanismos de economía verde
En Colombia, la meta de reducción de emisiones de carbono exige una inversión anual de 3,1 billones de pesos. Para eso, y para lograr un compromiso mayor por parte del sector privado que se da por lo general, en palabras de Juan Felipe Franco, del Grupo Finanzas del Clima del Departamento Nacional de Planeación, obedeciendo a asuntos de cumplimiento normativo, se hace urgente promover el uso y la apropiación de mecanismos financieros con fines climáticos, fortalecer procesos de rastreo e integrar prácticas de reporte desde el sector privado.
Para cumplir el deseo de proteger las riquezas naturales de Colombia, alcanzar los compromisos internacionales y generar un flujo de capital que dinamice el desarrollo es necesario, según el funcionario, "superar la brecha significativa existente en las inversiones requeridas en energía sostenible para cumplir con el Acuerdo de París. La inversión actual es de 364.000 millones de dólares, y la requerida al año 2030 es de 16,7 billones de dólares".
Entre las barreras se cuentan, en el caso colombiano, riegos de inversión, falta de políticas habilitantes, capacidades institucionales limitadas y poca madurez en los sistemas financieros. No obstante, el país cuenta con un Sistema de monitoreo, reporte y verificación que permite al Gobierno tomar información relacionada con financiamiento climático, a partir de sistemas que ya existen en Colombia.
Mediante estos datos, de acuerdo con Juan Felipe, se puede saber en qué sectores y cuánto dinero se está invirtiendo en estrategias de mitigación. Esto facilita la presentación de la información de manera clara, y favorece la toma de decisiones y la transparencia en la movilización de recursos con fines ambientales.
Eventos como el primer Foro de Finanzas Climáticas son, como señala Diana Constanza, importantes para "llevar a nuevos públicos y organizaciones, en el ámbito nacional, importantes herramientas que se encuentran disponibles en el mercado financiero para abordar soluciones al cambio climático".
Entre esos mecanismos están los bonos verdes, el impuesto al carbono, los pagos por servicios ambientales, el protocolo verde ampliado, las líneas de crédito verde, los bonos de carbono, el financiamiento de organizaciones internacionales y los mercados voluntarios de carbono.
Roberto de León Gomez, subdirector de Cambio Climático en la Fundación Natura, explica que estos últimos "son mercados donde se transan las reducciones de emisiones de carbono que no operan por el establecimiento de metas de reducción, u otros instrumentos legales, y se basan en la decisión voluntaria de diversos actores institucionales".
Otros mecanismos, como los bonos verdes, están diseñados para financiar o refinanciar proyectos verdes nuevos o existentes, mediante instrumentos de renta fija, con base en principios cuya finalidad es garantizar la optimización en el uso y administración de recursos; la evaluación y selección de proyectos, y el reporte de inversiones y uso de ganancias.
No obstante, y pese a las iniciativas existentes, la coordinadora del Laboratorio Financiero, del Departamento de Finanzas de la Universidad, llama la atención sobre la necesidad "de innovar para hacer más atractivos los instrumentos financieros y movilizar los recursos necesarios para el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en Colombia".
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Alejandro Gómez Valencia
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