El rol del sector empresarial en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que avanzan en 16 subregiones de Colombia afectadas por el conflicto armado luego de cuatro años de firmarse el Acuerdo de Paz, fue el tema central de la tercera conversación del ciclo La paz es un asunto de todos, organizado por el Centro de Análisis Político de EAFIT, Comfama, Proantioquia y el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos).
El panel, convocado la tarde del jueves 22 de octubre en el marco de las actividades por la construcción de paz en Antioquia, contó con la participación de Emilio José Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Carlos Pinilla, gerente de Asuntos Institucionales en Unibán; Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia Mineros S.A.; y fue moderado por Laura Gallego Moscoso, directora de Desarrollo en Proantioquia.
“Debo resaltar la decisión del Gobernador y del Secretario de Paz de Antioquia que han entendido que necesitamos avanzar conjuntamente. En cada una de las regiones tenemos constituidas ocho mesas de trabajo donde se reúnen más de 50 entidades del orden nacional, secretarías departamentales y responsables de los municipios. Se seleccionaron en cada uno de los temas los logros que vamos a tener a diciembre de 2021 y, de acuerdo con esto, se identificaron específicamente los proyectos a realizar y cuáles son las fuentes de recursos a los que se va a acudir”, manifestó Emilio José Archila.
Como parte de los programas PDET en el país —varios en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Urabá antioqueño— hasta la fecha se han construido 888 obras que corresponden a intervenciones en vías terciarias, escenarios deportivos y dotación de escuelas, entre otras, en compañía de 626 organizaciones sociales que identificaron las principales necesidades en los territorios.
Se han fortalecido, además, las capacidades de las Juntas de Acción Comunal para la ejecución de alrededor 11.000 iniciativas que se incorporan a los planes de desarrollo de los municipios priorizados. Adicional a esto, a través de mecanismos como las obras por impuesto, señala la Consejería Presidencial, se han vinculado 75 empresas para la transformación rural con proyectos en infraestructura vial, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado, con una inversión cercana a los 667.000 millones de pesos.
“En Proantioquia hemos insistido que no hay empresas que prosperan en sociedades y territorios que fracasan. Y por eso creemos que desde las empresas tenemos que ayudar a ampliar las capacidades de los gobiernos, entendiendo que las empresas son una fuerza poderosa de progreso y estabilización en el territorio”, mencionó Laura Gallego Moscoso.
En relación con esto, apuntó la Directora de Desarrollo en Proantioquia, el papel decisivo del sector privado en el desarrollo de los territorios rurales es fundamental y pasa por la transformación de las condiciones estructurales que experimentan muchas de las subregiones, sobre todo en asuntos coyunturales como la seguridad y la formalización de la propiedad rural. Los PDET, precisamente, se construyen como una herramienta de planeación, articulación y ejecución efectiva de estos proyectos.
“Los PDET son una figura, sin duda, de permanencia en el tiempo. Que trasciendan las iniciativas es fundamental para llevar desarrollo al territorio. Para nosotros el tema de reconciliación, la convivencia y la paz está muy alineado con los asuntos de nuestro negocio y con el propósito superior de llevar un mejor bienestar a todas estas áreas con tanta falta de institucionalidad. Creemos que la mejor forma de construir paz y convivencia es a través de la formalidad y legalidad en el territorio, por eso emprendemos acciones para generar conexiones de valor o encadenamientos productivos”, manifestó Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia Mineros S.A, empresa con 46 años de presencia en el Bajo Cauca antioqueño.
El alcance de los PDET
Los PDET como instrumento de planificación fueron creados para la transformación integral de la ruralidad, en particular para los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la ausencia institucional. Con esta estrategia se impactan más de 170 municipios en subregiones que históricamente han experimentado el conflicto como Montes de María, el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca.
Mediante esta herramienta, destacan las autoridades públicas, se espera avanzar en los programas establecidos por la Reforma Rural Integral y acelerar la transformación de los territorios con pilares como el ordenamiento social de la propiedad, el uso del suelo, la reactivación económica, la producción agropecuaria, la educación rural, la salud, la vivienda y el mejoramiento de la infraestructura física, entre otros aspectos donde resulta determinante la participación del sector empresarial. En Antioquia, en los 24 municipios que incorporan los PDET dentro de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá, se adelantan 3900 de estas iniciativas.
“Para el caso de Urabá fueron más de 10.000 campesinos los que participaron de manera muy activa en este ejercicio. Todos los alcaldes en sus planes de desarrollo priorizaron las iniciativas PDET y hay un hecho que consideramos muy relevante: muchos de estos municipios designaron gerentes o coordinadores exclusivos para la articulación de los procesos”, destacó Carlos Pinilla, gerente de Asuntos Institucionales en Unibán.
A través de estos planes, señalaron los panelistas, se busca consolidar redes aliadas que se vinculen a las distintas iniciativas PDET, por lo que es necesario construir lazos de confianza entre los sectores empresariales para que sean protagonistas del desarrollo rural. Un ejemplo es el Comité Universidad-Empresa-Estado de Urabá (CUEE), un espacio que articula a más de 200 instituciones con experiencia en la formulación de planes territoriales y estructuración de proyectos.
“En estos 24 meses ya tenemos en ejecutoria alrededor de tres billones de pesos; eso es fácilmente el presupuesto de libre disposición que tendrían estos municipios durante los próximos 20 años”, comentó el consejero presidencial Emilio José Archila.
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Alejandro Gómez Valencia
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