Municipios de Antioquia y Córdoba implementan nuevos planes de seguridad y convivencia

2020-09-23T05:00:00Z Proyección Humanidades

• El Centro de Análisis Político de EAFIT y Ocensa apoyan y acompañan la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) en Remedios, Segovia, Zaragoza, Caucasia y Pueblo Nuevo.

• Estos instrumentos son diseñados por las alcaldías y gobernaciones en cada administración en conjunto con los organismo de seguridad y justicia del territorio como Ejército, Policía, Fiscalía, Ministerio Público, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, entre otros.

​​Cuatro municipios de las subregiones del Bajo Cauca y del Nordeste de Antioquia (Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia) y uno en el departamento Córdoba (Pueblo Nuevo) ponen en marcha los Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc). Estos instrumentos se articulan con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los instrumentos para la reforma rural integral dentro del Acuerdo de Paz en Colombia.

Para la formulación e implementación de los Piscc fueron acompañados por el Centro de Análisis Político (CAP) de EAFIT y Ocensa, empresa responsable del Oleoducto Central, encargado del transporte de petróleo en una línea de 846 kilómetros que recorre distintos territorios desde los pozos en el departamento del Casanare hasta el puerto de Coveñas.

Por ser lugar de influencia del oleoducto, además de estar incluidos en el PDET, estos cinco municipios fueron escogidos para recibir el acompañamiento técnico y metodológico en la creación de estos planes.

María Paulina Domínguez Hernández, investigadora del Centro de Análisis Político y coordinadora técnica del proyecto Formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana bajo Cauca-Nordeste de Antioquia, un convenio entre EAFIT y Ocensa, expresa que la Universidad por medio de estos instrumentos de política pública aporta su conocimiento para fortalecer las capacidades institucionales articulando los temas de seguridad y convivencia que demandan los municipios.

“La intervención en estos municipios es importante porque se están acompañando municipios con debilidades institucionales, en particular las presentadas en el último año por el aumento de homicidios, el aumento de cultivos ilícitos y explotación minera ilegal, así como el reclutamiento y vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a grupos armados ilegales con presencia en el territorio”, señala María Paulina.

Estos planes son considerados una hoja de ruta para los municipios, lo que permite intervenir de forma organizada un tema complejo como el de la seguridad ciudadana. De esta manera, los Piscc establecen prioridades operativas y financieras para la optimización y eficiencia de los recursos, en particular los dispuestos en el Fondo de Seguridad de Entidades Territoriales (Fonset).

Como un instrumento de planeación estratégica, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana fueron creados por la ley 62 de 1993 para los gobiernos departamentales y municipales. De esta manera, los alcaldes, gobernadores o secretarios de gobierno son los encargados de diseñarlos el primer semestre de cada administración, en conjunto con los organismos de seguridad y justicia con presencia en el del territorio (Ejército, Policía, Fiscalía, Ministerio Público, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección). 

Juan Sebastián Aristizábal Gómez, jefe del Centro de Análisis Político de EAFIT, resalta el aporte de la Universidad en este acompañamiento técnico, dada la trayectoria de los expertos en materia de formulación de políticas públicas y estudios sobre fenómenos de seguridad y convivencia en la región. 

“A estos planes desde EAFIT le aportamos rigurosidad académica y técnica, lo que permite que los diagnósticos y procesos de planeación se hagan fundamentados en información transparente y validada. Por lo tanto, esto permite una mejor articulación entre los organismos de seguridad, justicia y las administraciones municipales en el entendimiento de las problemáticas priorizadas”, dice el politólogo.

Por su parte, Adriana García Grasso, directora de Innovación EAFIT, enfatiza sobre el compromiso de la Institución con la triada universidad-empresa-Estado en estas iniciativas. “Muchos de los proyectos que realiza la Universidad apuntan al fortalecimiento de esta relación, a aprovechar sus fortalezas en favor de la sociedad. Este proyecto es un ejemplo de ese círculo virtuoso en el que unimos esfuerzos desde diversos frentes para llevar soluciones oportunas y acordes a las necesidades de las regiones”. 

Acompañamiento en los Piscc

Desde el pasado junio los expertos del CAP comenzaron el proceso de acompañamiento en la formulación, implementación y seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de los municipios seleccionados. Inicialmente, acompañaron a las administraciones municipales en el liderazgo de los comités de trabajo, articulando a los diferentes actores involucrados en la seguridad, convivencia y justicia del municipio. 

“La seguridad ciudadana se debe abordar desde la creación de políticas públicas a la medida de la realidad de las regiones, por ese motivo hemos emprendido la tarea de acompañar a las administraciones municipales de Caucasia, Zaragoza, Remedios, Segovia y Pueblo Nuevo en la formulación de sus Planes de Convivencia y Seguridad Ciudadana, contribuyendo a que de ahí se deriven planes de acción y actividades preventivas realizables basados en sus capacidades y presupuestos”, manifiesta Juan Manuel Padilla Cepeda, gerente de Seguridad y Protección de Ocensa (Oleoducto Central).

Para adelantar esta iniciativa la empresa realizó un convenio de colaboración con EAFIT, dado el conocimiento que ha acumulado la Universidad a través del estudio académico en temas de seguridad y convivencia, y en la formulación de políticas públicas para el desarrollo de las regiones. “El área del Bajo Cauca, del Nordeste antioqueño y del sur de Córdoba por donde cruza el oleoducto hacia el puerto de exportación en Coveñas, presenta unos desafíos enormes en términos de igualdad, pobreza multidimensional, desarrollo social y seguridad. Estamos convencidos de que el mejoramiento de las condiciones de seguridad de una región debe asumirse de manera integral y no solo con medidas de orden policivo o restrictivo”, complementa el representante de Ocensa.

Como parte de este proceso se destacan las diferentes sesiones del Comité Territorial de Orden Público (CTOP), un espacio dispuesto para la formulación y seguimiento a los Piscc, donde se priorizaron las problemáticas y se propusieron diferentes programas y proyectos institucionales. Además, se realizaron las Jornadas de actualización de competencias, un curso en modalidad virtual de 40 horas que estuvo dirigido a las autoridades municipales en seguridad, convivencia y justicia como secretarios de gobierno, asesores, personeros, coordinadores de casas de justicia, fiscales e integrantes de la Fuerza Pública.

En esta capacitación, por ejemplo, se hizo una aproximación a conceptos básicos sobre seguridad y convivencia, sus actores, sus instrumentos de gestión y planeación, la medición y la articulación de la seguridad con el sistema judicial y la justicia transicional, entre otros.

“Para la implementación y seguimiento se diseñaron diferentes instrumentos que agilizarán las actividades de las administraciones municipales, tales como planes de acción y protocolos de los escenarios de articulación. Se espera que con el Piscc, los planes de acción y los protocolos, las administraciones de manera autónoma continúen con el ejercicio de seguimiento y priorización de las problemáticas para la eficiente intervención durante los próximos años de mandato”, señala María Paulina Domínguez.

Como parte de la experiencia académica en la creación de este tipo de instrumentos el CAP, dentro de su línea de paz, seguridad y convivencia, ha realizado el acompañamiento técnico en el diseño de los Piscc en nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. También, en el periodo entre los años 2016 y 2019 contribuyó a la construcción del primer Piscc Metropolitano en Colombia. 

“El valor agregado de este proyecto fue ampliar el abordaje a estos organismos e implementar una mirada holística de la seguridad, donde no solo se habla del control, sino también de los programas para la prevención y el fortalecimiento de la investigación y la judicialización. El gran reto estará en que las autoridades municipales con su capacidad instalada continúen bajo la lógica de la planeación de la seguridad, para una inversión eficiente de los recursos”, comenta la coordinadora de proyecto.

Para los expertos en políticas públicas, la gestión de la seguridad en los municipios es una tarea que también implica la articulación de otros organismos con influencia en este aspecto: comisarías de familia, inspectores de policía, casas de justicia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y Ministerio Público. 

“No hay duda de que la sinergia entre las autoridades, la academia, la empresa privada y otros terceros relevantes como las ONG y la ayuda internacional, es esencial para que zonas de tanta complejidad y de tantas necesidades puedan buscar el desarrollo, la igualdad y disminuya significativamente los niveles de inseguridad y violencia que han caracterizado, desafortunadamente, a estas regiones”, concluye Juan Manuel Padilla Cepeda.

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