Responder a las necesidades locales procurando un equilibrio entre los asentamientos humanos y el entorno natural, articular a los actores de la vivienda y el hábitat, y crear estrategias para movilizar recursos públicos y privados en la generación de vivienda digna.
Este es el propósito de una nueva política pública social de vivienda y hábitat sostenible que se formula en Antioquia, liderada por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) con el acompañamiento técnico y metodológico de expertos de EAFIT, quienes adelantan la elaboración de un estudio mediante un proceso participativo con las comunidades en las nueve subregiones del departamento.
"Trabajamos sobre un asunto público que es la accesibilidad a la vivienda digna como gran problema de la política pública. Estamos hablando de siete dimensiones generales, sobre las que se está validando el proceso", dice Juan Sebastián Aristizábal Gómez, jefe del Centro de Análisis Político (CAP) de EAFIT y director del proyecto.
La implementación de esta nueva política pública espera hacerse a partir de 2023. La idea es que la propuesta de ordenanza curse su trámite en la Asamblea de Antioquia a mediados del próximo año y, de ser aprobada, elaborar un plan de acción que permita su implementación en el territorio.
De acuerdo con el eafitense, dentro de la actual administración departamental se viene ajustando el objeto social de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, sintonizando su misión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2040 que desarrolla la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, se vienen realizando una serie de actividades, encuentros y diagnósticos sustentados en la metodología del Centro de Análisis Político.
"Es buscar una hoja de ruta para esta empresa social del Estado en los próximos 10 o 15 años. Trascender la lógica del cuatrienio, para establecer una de mediano y largo plazo que permita impactar el sector de vivienda", manifiesta Juan Sebastián.
Para el año 2024 la meta departamental es la cofinanciación de 75 mil soluciones de vivienda social que permitan reducir el déficit habitacional que existe en Antioquia. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del año 2019, que fue referente para la redacción del Plan de Desarrollo de Antioquia (2020-2023), hay 1.981.752 hogares en el departamento, de los cuales el 19.8 % han presentado déficit habitacional, es decir, que requieren nueva vivienda o mejoramiento.
Recientemente, respecto a la superación de este déficit, 117 municipios de Antioquia junto a las cajas de compensación familiar, algunas fundaciones y la Federación Nacional de Cafeteros, firmaron 227 convenios con VIVA para gestionar, cofinanciar y estructurar 24 mil soluciones de vivienda, además de 29 proyectos de hábitat, mejoramiento de entornos y espacio público.
Con estos convenios, asegura la Gobernación de Antioquia, se avanza en el desarrollo, cofinanciación y ejecución de 37.309 soluciones de vivienda en 122 municipios para cumplir con el 50 % de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo.
Desafíos de la vivienda social
De acuerdo con VIVA, la nueva política pública social busca reconocer los territorios y las realidades actuales, con los potenciales y las particularidades que hay en las diferentes subregiones en materia de vivienda y hábitat integral.
Algunos retos que han sido identificados en el proceso de construcción de este problema público, señalan las autoridades departamentales, están relacionados con la falta de capacidad adquisitiva de los antioqueños, la desactualización de los planes de ordenamiento territorial y la limitación de los proyectos en generar hábitat y conectividad, entre otros.
"Se espera que toda la experiencia de EAFIT frente a la construcción de políticas públicas, nos permita tener un planteamiento del problema público acertado para que el plan de acción y la política como tal sea efectiva", asegura María Fanery Sucerquia Jaramillo, gerente de VIVA, quien destaca que Antioquia está retomando el liderazgo de la vivienda digna a través del laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad VIVALAB.
Los expertos académicos en esta formulación destacan el aporte de las comunidades en los diferentes talleres virtuales y presenciales. Indican que la participación de líderes locales, gestores, cooperativas, asociaciones, fundaciones, organizaciones y expertos en la gestión sociocultural ha permitido escuchar diferentes voces e identificar las realidades y necesidades a tener en cuenta en la política pública social.
"Nos hemos encontrado con unos aprendizajes importantes frente a las comunidades. Hay que precisar nuestro alcance técnico, de tal manera que desde el CAP podamos brindar un acompañamiento técnico y metodológico lo más acorde posible con unas realidades técnicas, pero también con unas realidades sociales, y cómo los públicos interesados interactúan con esas problemáticas", comenta Juan Sebastián Aristizabal.
Con el instrumento de política pública se espera plantear escenarios de mediano y largo plazo para superar el déficit habitacional. Esto mediante soluciones técnicas, financieras y jurídicas a las dificultades que se presentan en términos de vivienda y hábitat urbano y rural.
De acuerdo con Adriana García Grasso, directora de la Dirección de Innovación EAFIT, la Universidad ha construido durante varios años una importante experiencia en el acompañamiento técnico y metodológico a diversos procesos de formulación de políticas públicas.
A partir de la capacidad en investigación, aplicada a través de procesos innovadores y soportados en una amplia experiencia del equipo de trabajo, se abordan diferentes enfoques con integridad y rigurosidad técnica para dar una visión integral de los problemas públicos y los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
"Reconocer la importancia de la vivienda en la vida de los antioqueños permite que hoy el Gobierno Departamental, con el liderazgo de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, asuma los retos de gestionar las necesidades en esta materia. El acompañamiento de EAFIT en el proceso la convierte en un aliado estratégico en el propósito de definir con claridad el problema público que debe ser atendido y, de manera consecuente, diseñar una política que responda adecuadamente a las necesidades de los territorios y las comunidades del Departamento", concluye Adriana García.
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