La reducción del 97 % de las muertes de soldados y policías por combates, ataques sorpresivos y emboscadas en el marco del conflicto armado, la disminución de otros delitos contra los derechos humanos como el secuestro en un 96 % y los avances en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición son algunos de los logros más importantes alcanzados con el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla Farc.
Indicadores como estos fueron destacados en la Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación: un legado de verdad, ofrecida por la Escuela de Derecho de EAFIT, que realizó el pasado 22 de octubre en conjunto con la Comisión de la Verdad un encuentro para socializar el impacto logrado durante la construcción de paz en Colombia.
"Sin duda alguna hemos logrado muchísimo con el proceso de paz, es la necesidad más perentoria que tiene Colombia. Es un asunto de derecho y Constitución que debemos conseguir con los métodos acordes con la paz: los del diálogo, la política y el acuerdo", manifestó Gloria Gallego García, profesora de Derecho y coordinadora de la cátedra en la Universidad, que en esta oportunidad contó con la presencia de Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT.
Durante su saludo al panel la Rectora invitó a confiar en la capacidad que tenemos los colombianos para tejer la paz y resolver los problemas de fondo de la sociedad con el fin de alcanzar el sueño de la reconciliación. En la mesa también estuvieron Max Yuri Gil y Alejandra Miller, representantes de la Comisión de la Verdad; y la investigadora Angelika Rettberg, de la Universidad de los Andes.
Durante la conversación Gloria Gallego destacó el papel que viene cumpliendo la justicia transicional, en particular la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad encargada de buscar las 150 mil personas en paradero desconocido a causa del conflicto armado, cifra estimada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Su trabajo es muy silencioso y discreto, pero por primera vez en el país, fruto del acuerdo final de paz con las Farc, Colombia tiene una entidad autónoma, independiente, humanitaria y extrajudicial encargada exclusivamente de buscar una solución al horror quizás más inmenso de la guerra", sostuvo la profesora.
Como parte de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, se espera que la UBPD dé respuesta a la mayor cantidad posible de casos de desaparición y que los familiares puedan recibir un reporte oficial sobre lo acaecido. En tres años de funcionamiento esta Unidad ha priorizado la búsqueda en los cementerios públicos, donde hay 24 mil cuerpos inhumados sin identificar.
Hasta ahora cerca de 10 mil cuerpos han sido exhumados y están en proceso de identificación. En Antioquia, señalaron los investigadores, hay 6.500 personas sepultadas como NN en cementerios.
"Hay que resaltar el trabajo que han hecho la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la Justicia Especial (JEP), lo que muestra algo muy importante: en cinco años después de su firma este Acuerdo ha hecho raíces y se respalda en una amplia institucionalidad estatal, de la que forman parte más o menos 20 agencias y oficinas", indicó Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de Los Andes.
La investigadora, quién es experta en justicia transicional y ha estudiado el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado, señaló la importancia del sector empresarial en este proceso como actor clave para la construcción de paz en el país.
Resaltó que desde la década de 1980 una parte amplia del empresariado colombiano ha sido un aliado clave con acciones como el financiamiento de iniciativas de paz desde la sociedad civil o promoviendo la capacitación y contratación de población desmovilizada, por ejemplo.
Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otro de los pilares del sistema de justicia transicional, los panelistas resaltaron que el tribunal en poco tiempo ha emitido tres autos fundamentales para llamar a responsabilidades a los autores y participes de violaciones sistemáticas de derechos humanos. "Es clave decir que el acuerdo ha mostrado que no solo es la agenda de un gobierno en particular, sino una apuesta mucho más general", expresó Angelika Rettberg.
Acerca del trabajo adelantado por la Comisión de la Verdad, Max Yuri Gil, coordinador regional Antioquia-Eje Cafetero de esta entidad, mencionó que el mandato está centrado en dos grandes pretensiones: el esclarecimiento y la construcción de una narración que dé cuenta de los hechos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado. En estos tres años han pasado 26.940 personas por la Comisión de la Verdad.
"La Comisión ha logrado posicionar discusiones muy importantes en la sociedad sobre lo que ha ocurrido. Los impactos diferenciales, las modalidades de victimización, sobre la comprensión compleja de que este es un conflicto armado que ha afectado de manera transversal a la sociedad", afirmó el analista.
En ese sentido, Alejandra Miller Restrepo, destacó como la sociedad civil organizada se ha convertido en el principal factor de cambio social y político, siendo una fuerza que empuja la democratización y que ha contenido relativamente la barbarie.
"El papel de la sociedad civil ha sido muy importante. Lo que hemos encontrado y ratificado a través de miles de testimonios es la capacidad de este país de sobreponerse, pero sobre todo la capacidad de las mujeres de tejer y reconstruir el tejido social", resaltó la Comisionada de la Verdad, encargada del tema de género y el trabajo territorial en la zona Sur-Andina.
Asuntos relacionados se seguirán analizando en la Cátedra, que se creó en el año 2016 como un esfuerzo por contribuir a la construcción de sociedad luego de un conflicto de más de 50 años. Este es un espacio académico dedicado al análisis de los hechos violentos y a la invitación para que estos no vuelvan a suceder.
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