Contar con una cantidad suficiente y estable de alimentos, lograr que las personas tengan acceso a su consumo oportuno y permanente en calidad y cantidad, y todo esto bajo condiciones que permitan llevar una vida saludable y activa. De esto se trata la seguridad alimentaria que fue uno de los temas centrales en la Cátedra FAO EAFIT que, en su tercera edición, reunió a 14 expertos para conversar sobre los desafíos de los sistemas agroalimentarios y su abastecimiento, la producción sostenible, la gobernanza territorial, y cómo está Colombia en términos de seguridad alimentaria.
Para asumir estos desafíos, las universidades son indispensables, como explicó Alan Jorge Bojanic, representante de la FAO en Colombia. “Ellas son fuente de conocimiento y nos ayudan en la difusión de este gran mandato que es erradicar el hambre en el mundo”. Y para garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a alimentos de calidad es clave erradicar la inseguridad alimentaria en los territorios.
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Para Michela Espinosa Reyes, especialista senior en alimentación y lucha con la malnutrición de la FAO, es clave comprender cuáles son las características que garantizan la seguridad alimentaria en un territorio; estas van desde el precio desde la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el precio de los alimentos; también cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume; los hábitos y la educación alimentaria y nutricional de la población; y el suministro de alimentos frente a los requerimientos de las personas.
La especialista agregó que, cuando no se cumplen con estas características, aparece la reducción de la disponibilidad local de alimentos, el incremento en las pérdidas de ingresos para los productores, el aumento de los precios para los consumidores, así como el derroche de recursos y energía, y la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), en una investigación de 2015,
más del 50 por ciento de los hogares en Colombia se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria. La mayoría son hogares con mujeres cabezas de familia, hogares indígenas y hogares afrodescendientes.
A lo anterior se le adiciona que en Colombia se pierden y se desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año, según el Departamento Nacional de Planeación. De esta cantidad, 6,1 millones son de frutas y verduras. Michela Espinosa Reyes explicó la diferencia entre pérdida y desperdicio: “Las pérdidas están relacionadas con lo que pasa en las cadenas de producción, mientras que el desperdicio tiene que ver con los hábitos de consumo y cómo se manipulan los alimentos en los centros de venta”.
Entonces, ¿cuáles son las acciones que deben implementarse para fortalecer la seguridad alimentaria en el país? La especialista afirma que es
clave integrar políticas humanitarias de desarrollo y consolidación de la paz en las zonas afectadas por el conflicto; también intervenir las cadenas de suministros de alimentos para reducir los costos, y fortalecer los entornos alimentarios y la introducción de cambios en el comportamiento de los consumidores. Todo con la intención de promover hábitos que tengan efectos positivos en la salud de las personas y en el medio ambiente.
Sin desarrollo rural equilibrado no es posible hablar de seguridad alimentaria
Para superar los desafíos de los sistemas agroalimentarios en Colombia es necesario garantizar la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento; la generación de políticas públicas en los temas de fortalecimiento de pequeños y medianos proveedores y recuperación de suelos; el potenciamiento de la responsabilidad social empresarial; la priorización de los temas sociales y ambientales por encima de lo económico; y la formación y asistencia técnica de los agricultores para el crecimiento y desarrollo equilibrado del sector rural.
Y para lograr estos objetivos se hace cada vez más necesario que los sectores público, empresarial y académico, así como los emprendedores y las organizaciones multilaterales, unan esfuerzos para aportar a que Colombia alcance sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con aquellos que le apuntan a la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo del campo.
Para Luis Felipe Salazar Llinás, líder social de la Fundación Nutresa,
las empresas deben apostarle a la construcción de políticas internas que incidan en la cadena de valor, y relacionadas con el abastecimiento responsable, el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la ética del consumidor. La meta, como explica el ejecutivo, es que en el caso de Nutresa para 2030 el 100 por ciento de los materiales de sus productos vengan de proveedores sostenibles.
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En la misma línea de la generación de políticas, Jaime Roberto Cuartas, concejal de Medellín e integrante del Frente de Concejales contra el Hambre, afirmó que es necesario que desde el sector público se promueva el trabajo desde lo local.
Una tarea que ya se viene adelantando con el Acuerdo municipal para la implementación de la economía circular de la ciudad, y con otras iniciativas que le apuntan a la reducción de desperdicios de alimentos, el fortalecimiento de los proveedores de los corregimientos y la recuperación de suelos. “Es importante que miremos también dentro de este valle, porque Medellín es un 70 por ciento rural y tenemos muchas posibilidades para garantizar la seguridad alimentaria de todos”.
Según Olga Cecilia Restrepo Yepes, del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, el esfuerzo debe estar en replantear las mediciones tradicionales de producción (especialmente las de monocultivo), en la inversión en tecnología e innovación, y en la concientización de los consumidores para evitar lo que la experta llama “la violencia alimentaria”, manifestada en situaciones de malnutrición o desnutrición.
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Los aportes también llegaron por parte de Adelaida Corrales Duque, gerente del emprendimiento Amada BIC, dedicado a la producción de huevos provenientes de gallinas en libre pastoreo, cuidadas por mujeres rurales. Para la emprendedora, primero debe existir un compromiso gubernamental, privado y académico de apoyar a las comunidades a resolver los asuntos sociales y ambientales, y esto se puede lograr con la presencia de más empresas sociales en el campo. “Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho trabajo. Solo cuando contemplemos todos esos componentes podremos hablar de sistemas agroambientales sostenibles”.
Con respecto a los retos venideros para garantizar la soberanía alimentaria, los panelistas coincidieron en varios aspectos:
minimizar la dependencia de insumos extranjeros; permitir circuitos de comercialización más cortos o directos; la innovación de la mano de los temas de salud y nutrición para reducir el uso de sodio, azúcar y grasas saturadas; y la educación para que las personas tengan la autonomía de acceder a dietas más saludables.
Gobernanza de la tierra y desarrollo local
“En la tierra se produce y reproduce la cultura. Sin tierra no tendremos acceso a recursos naturales. El recurso suelo es el recurso de la nación y, si no lo protegemos, nos quedamos sin recursos”, dijo Alejandra Vega Rodríguez, especialista senior en tenencia de la tierra y gobernanza, en el panel sobre el fortalecimiento de la gobernanza territorial. Esta protección es clave cuando se trata de garantizar la seguridad alimentaria y de asumir los desafíos que tiene el país para contrarrestarla y en esta ecuación el acceso a la tierra y su gobernanza son indispensables.
La gobernanza está ligada al desarrollo local y es clave que sea responsable para que facilite que todas las personas sean tratadas en igualdad de condiciones, y que las disputas por territorio puedan ser solucionadas antes de que se conviertan en un conflicto. ¿Cómo beneficia entonces al desarrollo local? El acceso a la Tierra en condiciones de seguridad tiene beneficios económicos, sociales y ambientales porque permite la organización comunitaria, el uso de la tierra como recurso de producción, la reducción del hambre y la pobreza y la identidad y el arraigo territorial.
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Alejandro Gómez Valencia
Área de Información y Prensa EAFIT
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