En tiempos de hiperconexión, el sector energético juega un papel protagónico como proveedor y facilitador de innumerables actividades para ciudadanos e instituciones. Reconociendo su importancia y la necesidad de iniciar una conversación sobre los desafíos que enfrenta este sector, la Escuela de Derecho de EAFIT convocó al panel de expertos Los retos de Colombia en la transición energética, que reunió en un mismo espacio las voces de actores empresariales como Celsia, ISA, EPM y XM.
Durante la apertura del encuentro, Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho, resaltó que este es un momento coyuntural en el que “debemos considerar los problemas jurídicos, económicos, regulatorios, de ingeniería y sociales que rodean la transición energética”.
Esos asuntos también están en la agenda internacional, como lo presentó Miguel Lotero Robledo, abogado de EAFIT y exviceministro de Minas y Energía. “La demanda de energía sigue creciendo en 2023 y cada vez consumimos más combustibles fósiles. Mientras esto crezca, hay que saber cuáles son las emisiones que generamos. Desde 2020, la inversión en energías limpias ha crecido un 12 %, un avance significativo en países desarrollados como China y Estados Unidos, pero en países en vía de desarrollo esta inversión ha sido negativa”, expresó.
Uno de los retos cruciales, según Lotero, es la mitigación de la pobreza energética, que está vinculada a la seguridad alimentaria en el ámbito mundial. Esta situación se agrava con factores como las alzas en las tasas de interés, la inflación y la crisis energética debido a la situación geopolítica internacional, lo que ha llevado a que actualmente 75 millones de personas en el mundo no tengan capacidad para pagar la energía y se estima que 670 millones de personas para el año 2030 no tendrán acceso a la electricidad.
Con este panorama, John Jairo García, profesor eafitense y moderador del panel, indagó con los panelistas sobre los aspectos en los que el Estado colombiano y el sector privado deben concentrarse para lograr una transición energética eficiente. Desde la perspectiva de María Nohemí Arboleda, gerente general de XM, el marco regulatorio es un primer paso para dar tranquilidad a los inversionistas y ofrecerles rutas claras. “Es muy importante la coordinación entre el Estado y el sector privado. El tema de infraestructura es esencial para que se generen proyectos, por lo que debe abordarse muy conscientemente, debido a su relevancia. Es necesario prepararse y tener un apoyo financiero relacionado con la investigación y la innovación, identificando qué falta por desarrollarse. En el ámbito del mercado, es primordial la disposición para esas inversiones, acompañadas de incentivos, ya que dicho mercado es el llamado a incorporar nuevas tecnologías”, afirmó.
Juan Emilio Posada, presidente de ISA, agregó que el papel de la comunidades y minorías étnicas es central. En ese sentido, planteó que la emisión de normas vinculantes que ofrezcan al sector privado la posibilidad de conocer dónde estarán los clústeres les permitiría anticipar el acercamiento a las comunidades y poder iniciar un contacto previo con unas directrices claras.
Entre los análisis realizados por los panelistas, se estableció que la transición en Colombia no se limita a fuentes de energía, sino que también abarca el consumo, el cual debe volverse más inteligente mediante el uso de tecnología. Ricardo Sierra, líder de Celsia, explicó que “lo que necesitamos en Colombia es electrificar muchas cosas, como los hogares y edificios. Estamos quemando un combustible fósil en las casas, cuando podríamos electrificar la movilidad. Estas son las discusiones que hay que empezar a abordar”.
Asimismo, se reconocieron las fortalezas del sector energético, que cuenta con una alta confiabilidad en el país. Darío Amar, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, indicó que en Colombia, tenemos una canasta balanceada, adecuada y con una apuesta en renovables. “En esta transición, no todo es verde, pero el país tiene una hoja de ruta que debemos ampliar e incluir a los operadores de red y transmisión”, concluyó.
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Alejandro Gómez Valencia
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