10 de septiembre de 2020 | REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT - CONSTRUCCIÓN PACÍFICA, CONVIVENCIA Y POSACUERDOS
El desarrollo rural y la formalización de la propiedad, la integración política de la periferia, los cultivos ilícitos y la cadena criminal del narcotráfico, la aplicación de una justicia transicional con sus cuatro pilares (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición) y un proceso de desmovilización con garantías y oportunidades para los excombatientes siguen siendo temas que el país tiene pendiente resolver.
Y esos aspectos, groso modo, siguen vigentes y son el centro aún de las propuestas que un equipo de investigadores de la Universidad EAFIT, con el apoyo de Proantioquia y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), elaboró en el marco de la negociación política con la entonces guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), todas compiladas en un libro académico titulado Contribución de la Universidad a la agenda de La Habana.
Jorge Giraldo Ramírez, exdecano de la Escuela de Humanidades y coordinador de ese trabajo, dice que pese a todas los bemoles y los tropiezos que ha tenido la implementación de los acuerdos, las propuestas siguen vigentes porque son asuntos que el país debe resolver por encima de la consideración de si existen o no existen las Farc o cualquier otro grupo armado.
Esos temas “hacen parte del repertorio acumulado para la resolución de esos problemas pendientes”. Por eso, la Universidad los agrupó en dos partes: la primera, relacionada con las propuestas y, la segunda, con su implementación y las reformas institucionales que deben aplicarse sin que impliquen grandes modificaciones a la Constitución, sino que sean viables desde el punto de vista político, fiscal, económico e institucional.
A juicio del exdecano, son desafíos que van a la raíz de un problema estructural como el de la tierra que, en su opinión, es transversal y siempre ha generado conflictos entre los colombianos, no ahora sino desde hace dos siglos.
El buen desarrollo de los proyectos productivos de los excombatientes de las Farc, como artesanías o alimentos, son clave para la permanencia de ellos en los términos del Acuerdo de paz
Foto: Róbinson Henao
Una visión integral
Las investigaciones y el trabajo realizado por unos 30 académicos de las escuelas de Humanidades, Derecho, Administración, y Economía y Finanzas se destinó a formular propuestas concretas para asuntos puntuales como el desarrollo productivo en zonas afectadas por el conflicto, el fortalecimiento institucional, la participación y la representación política, y un modelo de aplicación de la justicia transicional.
Es un trabajo analítico que incluyó preguntas, escenarios, evaluación de capacidades, costos, consecuencias políticas y económicas, y recomendaciones sobre cómo llevar a la práctica las propuestas no solo con la intención de que el proceso de paz tuviera éxito y evitara los errores cometidos en otras negociones (al menos las que se dieron desde 1982) sino que pudieran resolver problemas estructurales del Estado.
Una cifra importante que reveló esa investigación, según el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief), de EAFIT, es que el Estado debería garantizar en los próximos años unos 90 billones de pesos para financiar esos proyectos.
“No fue una cifra caprichosa sino producto de un trabajo juicioso, basado en las reales capacidades del país, sin que ese rubro fuera a representar un descalabro económico”, advierte Giraldo Ramírez.
Ese trabajo, elaborado durante casi los tres primeros años de la negociación (2012 a 2014), se metió en la parte técnica del asunto porque era importante mostrar la viabilidad, institucional y financiera, y la capacidad humana de llevar a cabo esas tareas.