Con el uso cada vez más habitual de tecnologías de la industria 4.0 como el blockchain, el big data y la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los ciudadanos, y la mayor incorporación de los sistemas digitales al funcionamiento del mundo gubernamental y empresarial, el sector legal se encuentra experimentando profundos cambios.
En este contexto de disrupción tecnológica, al igual que otros sectores productivos y de servicios, la innovación legal como concepto comienza a tomar fuerza dentro de las escuelas de derecho del mundo. La emergencia de nuevos paradigmas en términos jurídicos como la regulación de los nacientes modelos de negocio, así como fenómenos delictivos cada vez más comunes como la cibercriminalidad, ponen serios desafíos a las distintas ramas del derecho que buscan adaptarse al futuro de la era 4.0 y las tecnologías digitales.
Sobre estos temas que en la actualidad impactan el ejercicio profesional de los abogados y los desafíos que se identifican en el marco de la cuarta revolución industrial, expertos nacionales e internacionales participan en el evento Innovación legal: retos para el sector en la era 4.0 que tiene entrada sin costo y hace de la celebración de los 20 años de la Escuela de Derecho de EAFIT. Este viernes, 27 de septiembre, continúa la programación con el panel Nueva educación legal y con la exposición del experto en política tecnológica James Dempsey, quien actualmente es un líder académico en el Centro de Informática Jurídica de la Universidad de Stanford, Codex.
“La innovación legal es un concepto más o menos ambiguo. Básicamente hace referencia a un movimiento donde lo que tratamos de hacer empresas, gobiernos, Ong, universidades o cualquier entidad o sujeto involucrado en la industria y el sector legal es tratar de utilizar la tecnología y el diseño al servicio de soluciones que generen valor económico o social”, consideró el abogado Camilo Piedrahíta Vargas, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT.
La innovación en el sector legal pasa por la especialización en ramas como el derecho informático o digital, que empezó a surgir como una disciplina académica con la masificación de los sistemas computacionales en la década de 1990. Un abogado, formado en estas áreas convergentes con la tecnología, se encarga de buscar soluciones a los problemas legales producidos por el uso de las mismas, los cuales tienen la condición de renovarse rápida y constantemente.
Uno de los mayores desafíos en este sentido está relacionado con la protección de los derechos de los nativos digitales, la protección de datos personales, los mayores riesgos de regulación por parte de los Estados y los marcos normativos internacionales, además de soluciones a otros fenómenos como la violación de la privacidad por piratas informáticos y el cuidado de la propiedad intelectual, entre otros.
“Ya el código civil o el código de comercio no están regulando los nuevos modelos de negocio. Este también cambia por la práctica del usuario. Este tema en el Plan Nacional de Desarrollo es un poco, en mi opinión, pro regulación sin conciencia. Lo que está tratando de hacer es regular a la fuerza sin tener el conocimiento de cómo están estructurados esos modelos de negocio. El plan es muy ambicioso, en ese sentido, de querer regular todo”, comentó en el encuentro la doctora en derecho y nuevas tecnologías María Lorena Flores Rojas, profesora de la Universidad de los Andes.
Por otro lado, la innovación en el sector legal también aparece debido a la aceleración tecnológica de años recientes y la aparición de cientos de aplicaciones para teléfonos móviles y plataformas digitales. Nuevos modelos de negocio y prácticas legales del derecho se están abriendo paso en el mercado,como es el caso de las startups (empresas emergentes) jurídicas.
En el término conocido como “legaltech” se reúnen muchas de estas iniciativas empresariales que usan tecnologías para presentar servicios legales a diferentes usuarios. Países como Estados Unidos lideran este ámbito con emprendimientos digitales y plataformas virtuales que reúnen a especialistas de distintas ramas del derecho, donde no solo ofrecen servicios jurídicos sino que se convierten en una herramienta útil para la administración de justicia.
“La innovación incluye la tecnología, pero la supera también. Rediseñar el proceso y ver cómo la tecnología nos permite dar un salto más adelante. Puedo garantizar que existen muchas personas que no son abogados que están mirando el sistema jurídico para mirar dónde hay oportunidades de cómo brindar un mejor servicio y ganar dinero con ello. Se trata de sistemas, no de una sola cosa”, señaló el invitado internacional Cris Bentley, director de la Zona de Innovación Legal (LIZ) y del Programa de Práctica Jurídica (LPP) de la Universidad de Ryerson (Canadá), una de las primeras incubadoras dedicadas a las startups jurídicas del mundo.
Según los panelistas invitados a este encuentro académico, uno de los retos que tiene Colombia en materia de administración de justicia pasa también por la innovación legal y tecnológica, en la manera de desarrollar herramientas que permitan acercar la justicia al ciudadano y realizar tareas complejas como la sistematización de expedientes judiciales o realizar audiencias judiciales virtuales, lo que puede mejorar la capacidad institucional en estos escenarios.
“La reglamentación tendrá que ser lo suficientemente flexible para que no entorpezca los procesos de desarrollo que tenemos en nuestra economía. Si vamos a hablar de reglamentar la cuarta revolución industrial, conozcan qué es. Si vamos a estar en un mundo que se está transformando por cada una de las tecnologías que vienen, conozcamos qué son. Una vez tengamos esto claro, ¿cómo logramos proteger a los ciudadanos sin incomodar el desarrollo de la economía del país y del mundo al reglamentar las tecnologías?”, cuestionó la abogada Catalina Rengifo, gerente de Relaciones con Gobiernos en Suramérica para la compañía IBM.
Por su parte, Ricardo Posada, abogado y director del Área de Derecho Penal en la Universidad de los Andes, manifestó que la actual convergencia tecnológica ha llevado a las sociedades a ser absolutamente inseguras, donde las personas son víctimas ‘hipervulnerables’ en materia informática. Allí la innovación legal pueda dar una gran ayuda. “Hay una creencia errada en términos de la seguridad de la información. Hay que hacer dos distinciones. La primera es en la protección de la comunidad, en términos generales, y eso tiene que hacerlo el Estado en base a regulación. La segunda es incentivar la autorregulación, y en eso estamos en una evidente contradicción. Por una parte, protegemos a la población con independencia de su voluntad, y por la otra, estamos promoviendo la autorregulación, por ejemplo, en temas financieros”, opinó el experto.
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Alejandro Gómez Valencia
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