Tasa de cambio y petroleo
La aplicación de las primeras vacunas en el Reino Unido y la aprobación de la de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, han generado un
cauteloso optimismo en los analistas económicos y en los mercados de valores. En su informe de perspectivas económicas de diciembre, la OECD pronostica un crecimiento de la economía mundial del 4,2% en 2021, tras una caída del 4,2% en 2020; los índices accionarios alcanzan máximos históricos en diciembre, con el
Dow Jones superando la barrera de los 30.000 puntos ; y autoridades económicas fiscales y monetarias de todo el mundo se preparan para ajustar sus políticas a un nuevo entorno de recuperación económica.
Parece pues que se acerca el final de la mayor crisis que ha experimentado la economía global desde la segunda guerra mundial. Pero, sin duda, muchas cosas han cambiado, y el mundo que se avecina, transformado además por la cuarta revolución industrial y por la recomposición disruptiva de las cadenas de valor mundiales, será sin duda un audaz nuevo mundo. Casi todo lo que creíamos solido se verá cuestionado, y habrá un amplio espacio para reinventar el funcionamiento de las sociedades,
el papel de las políticas públicas y el lugar de individuos, empresas y gobiernos en los nuevos entornos nacionales y globales.
En Colombia, la economía se recupera, y
tras las abruptas caídas del Producto Interno Bruto (PIB) del 15,8 % y el 9 % en el segundo y en el tercer trimestre del año, se avizora una contracción menor, del orden del 5,6 %, en 2020-IV, lo que
llevaría a la economía a una caída consolidada del 7,4 % en el año, para retomar la senda de crecimiento en 2021, a un ritmo, en nuestra opinión, del 5,1 %.
El desempleo, que en octubre alcanzaba un nivel del 14,7 %, cerrará el año en torno al 13 % y será sin duda el problema primordial del país en 2021, cuando se ubicará en una tasa promedio del 13,1 %, 2,5 puntos porcentuales por encima de la vigente antes de la crisis. Pensamos que, adicional al efecto transitorio de los shocks de oferta y demanda generados por la pandemia (y que llevaron a la pérdida, primordialmente transitoria, de cerca de 6 millones de empleos en marzo y abril,), la pandemia nos dejará una huella estructural, plasmada en la destrucción permanente de cerca de 650 mil empleos, por el efecto combinado de la adopción de nuevos modelos de trabajo (propiciados por la virtualización de oficios y la automatización de procesos), y de la destrucción de tejido empresarial, limitado afortunadamente, por cierto, por las políticas de apoyo financiero adoptadas.
La inflación, que se ha desacelerado desde abril hasta niveles anuales del 1,5 % en noviembre, difícilmente estará por encima del 1,6 %, y sólo el año entrante, conforme se cierre la brecha de producto que se ha generado en 2020, se elevará de nuevo, a niveles del orden del 2,3 %.
El déficit fiscal del Gobierno central, presionado por los gastos y transferencias diseñados para enfrentar la pandemia y mitigar sus efectos, y por la reducción de rentas fiscales asociada a la crisis, estará en 8,9 % al finalizar el año, haciendo inminente la necesidad de una reforma tributaria, que haga retornar a niveles viables el déficit y la deuda bruta, que está llegando este año a niveles del 66 % del PIB.
Pero esa reforma tributaria no será una más en la historia del país. La crisis ha puesto al desnudo grandes falencias en nuestros esquemas de política pública y ha develado profundos desgajamientos del tejido social, que tendremos que atender y que enfrentar. Ello, además, en el mundo de la pospandemia, inmerso en profundos cambios disruptivos de las relaciones personales y productivas, y en el que se recomponen alianzas, bloques comerciales y circuitos de comercio.
Es el tiempo, pues, de impulsar desde el Gobierno grandes transformaciones productivas, que nos permitan integrarnos al mundo de maneras distintas a las que hasta ahora nos han definido como proveedores de
commodities, al tiempo que generamos condiciones propicias para un nuevo pacto, en el que definamos los sistemas de protección social que queremos brindar a los ciudadanos, el aporte que debemos hacer a la sociedad a través de nuestros impuestos, y los equilibrios que debemos alcanzar para ser viables a la mirada de los mercados financieros internacionales.
Mucho más complejo de avizorar es el panorama cambiario del país: la reciente evolución de la tasa de cambio, que la ha llevado a niveles ligeramente superiores a $3.400 por dólar, obedece probablemente a tres fuerzas: al impacto del precio del petróleo, que ha respondido positivamente al optimismo económico renaciente (y a los probables acuerdos de producción de la OPEP y Rusia), ubicándose en torno a US$50/pb; al debilitamiento del dólar en los mercados mundiales, que se refleja en una caída del índice DXY de más del 10 % entre marzo de 2020 y el presente ; y a la disminución de presiones cambiaras originadas en la caída del déficit en cuenta corriente, de 4,3 puntos del PIB en 2019, a 3,4 en 2020. Nuestros modelos muestran un rango muy amplio de posibilidades, que dependerán de cómo evolucionen esos factores, pero también, y primordialmente, de la percepción que tengan los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo, de nuestras políticas de ajuste.
En cuanto al precio del petróleo, no aparecen en el horizonte del año entrante grandes cambios: el último informe de perspectivas de precios de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) pronostica un valor de US$48.53 pb, para el petróleo Brent. El debilitamiento del dólar ante las monedas mundiales, por su parte, no sólo se mantendrá, sino que probablemente se agudizará levemente, a menos que la nueva administración en Estados Unidos altere de manera radical los patrones de comportamiento de esa economía en el mundo.
En un entorno mundial fragmentado, en el que nuevos acuerdos comerciales como el RCEP probablemente desplacen el énfasis del comercio mundial hacia Asia, y excluyan el dólar como moneda de negociación, es difícil imaginar al dólar fortaleciéndose de nuevo. Pero el déficit en cuenta corriente, en cambio, volverá a ampliarse, porque su reducción ha estado asociada fundamentalmente a la disminución de importaciones y a la reducción de flujos factoriales, ambos fenómenos ligados íntimamente a la crisis. Ello podría generar de nuevo presiones de devaluación, que se desbocarían si fracasamos en realizar las reformas indispensables que garanticen nuestra viabilidad como país, con consecuencia muy funestas para la economía y la sociedad. Por ello en el año 2021, con un margen entre $3.250 y $3.750, creemos que la tasa de cambio se ubicará en torno a $3.550 por dólar.
La crisis ha sido, pues, profunda. Ha destruido oportunidades de empleo, y ha puesto de presente agudos problemas sociales y distributivos. Pero ha sido afortunada, en ese contexto, la fortaleza del sector financiero. Aunque hay un deterioro lógico de los indicadores, el índice de solvencia se mantiene muy por encima de los mínimos recomendables, y las provisiones ya adoptadas exceden los castigos de cartera previsibles en el horizonte de la crisis. Ello es un elemento a favor, en la tarea que sigue ahora, y que definirá el futuro del país: necesitamos diseñar una reforma profunda de nuestros esquemas tributarios y de aseguramiento colectivo ante los riesgos esenciales de enfermedad, vejez y pérdida de empleo, que consulte cuatro principios fundamentales: que sea inclusiva, en el sentido de que integre al sistema a esa inmensa cantidad de ciudadanos cuya precariedad se hizo visible con la pandemia, y a los que hemos empezado a identificar con el programa de Ingreso Solidario; que reemplace impuestos que afectan la creación de riqueza por impuestos a su disfrute (impuestos a la renta de las personas y al consumo, con las debidas precauciones distributivas), desatando las fuerzas del desarrollo; que impulse la transformación disruptiva de nuestro aparato productivo, para aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo fragmentado en el que se han destruido cadenas de valor y se han consolidado nuevos bloques comerciales; y que reordene nuestro esquema de aseguramiento social, haciéndolo compatible con el mundo de la cuarta revolución, con la digitalización, la virtualización y la automatización que se avecinan, impulsadas incluso por la propia pandemia, y con niveles de desempleo que hacen inviable una sociedad.
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