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La Universidad, comprometida con el posacuerdo

Mientras el Acuerdo Final de Paz polariza diversos sectores del país, EAFIT trabaja en diferentes frentes académicos e investigativos para aportar a ​esta etapa crucial para Colombia.

posacuerdo.jpgFoto​: Ómar Nieto​
Mientras el Acuerdo Final de Paz polariza diversos sectores del país, EAFIT trabaja en diferentes frentes académicos e investigativos para aportar a esta etapa crucial para Colombia.​


Luz Patricia Vargas Vergara - Luz María Montoya Hoyos
Colaboradoras​

Luego de cuatro años de conversaciones en La Habana (Cuba), el 24 de agosto concluyeron las negociaciones del acuerdo general entre el Gobierno y las Farc para terminar más de medio siglo de conflicto. Por ahora, falta la firma definitiva del Acuerdo Final de Paz y el plebiscito con el que los colombianos deben refrendar lo pactado.

Teniendo en cuenta que para alcanzar la paz y terminar el conflicto no basta solo con la firma del acuerdo, la Universidad EAFIT realiza un trabajo multidisciplinario desde hace años para contribuir de manera concreta en el periodo del posacuerdo.

Con la pluralidad como distintivo y el apoyo de la triada Universidad-Empresa-Estado, diversas áreas académicas y grupos de investigación de la Institución tienen diferentes proyectos en ciencia, tecnología e innovación para contribuir con la sostenibilidad del país y del proceso desde varios aspectos, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz.​

Academia al frente del país 

La reconciliación para aprender a convivir con la diferencia y para no perpetuar el conflicto es el reto más grande del posacuerdo, manifiesta Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT.

Por su parte, Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT, considera que otro reto es la justicia transicional, “pues tras la firma del acuerdo se necesita reglamentación y nombramiento de los comisionados, jueces y magistrados que la van a poner en marcha”.

Otros desafíos importantes que involucran directamente a la academia son generar competencias en quienes han dedicado gran parte de su vida a las armas para que se integren de manera productiva a la sociedad, y crear modelos de desarrollo productivo en zonas con ausencia del Estado.

Eso sí, “no se trata de remplazar obligaciones de otros entes, sino de poner a disposición de la sociedad las capacidades y las fortalezas que, desde el conocimiento, se generan en la academia”, puntualiza el Rector.

En este sentido, para Giraldo Ramírez, doctor en Filosofía, la Universidad no puede estar de espaldas a un proceso que marcará el devenir del país en las próximas décadas: “Hay que estar al día, tratar de influir en la agenda política, participar en la deliberación y contribuir al diseño de las políticas públicas.​ Quien no lo haga debe asumir las consecuencias de lo que se decida en esta época”. Buena parte del trabajo de la academia, enfatiza el Decano de Humanidades, se debe concentrar en el aspecto rural para el desarrollo de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos.

De esta manera, entre las investigaciones realizadas por académicos eafitenses, se destacan los proyectos para desminado, control de plagas en distintos cultivos, estudios económicos y financieros para determinar el costo de los acuerdos y el dinero para cumplirlos. También, la identificación de las instituciones, el tipo de coordinación y las reformas legales y constitucionales que su cumplimiento requiere.

Una de las proyecciones disponibles para que el Gobierno Nacional calcule las cuentas para trabajar el posacuerdo la diseñó el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief) de EAFIT. El guarismo identificado es de 90 billones de pesos.

Teniendo en cuenta que “el acuerdo encontrará al país en las peores condiciones fiscales”, esta realidad conlleva evitar modelos asistencialistas que el Estado no puede cumplir y diseñar estrategias para “generar recursos en un momento en que el sector productor de riqueza está agobiado por cargas impositivas”, puntualiza el Rector.

Más proyecciones

Es muy conocida la motivación de las Farc cuando se alzaron en armas contra el Gobierno en los años 60: reclamar tierra para una población que, en ese entonces, vivía predominantemente en zonas rurales. Es en algunos de los territorios agrícolas más fértiles y ricos del país donde se ha mantenido el área de influencia de este grupo insurgente.

La expectativa de esta guerrilla es buscar modelos productivos para las comunidades donde ha tenido autoridad. En este contexto avanza un proyecto interinstitucional de EAFIT, el Instituto von Humboldt y Cormacarena, denominado: Modelo para la caracterización, valoración y análisis de las relaciones entre la oferta y demanda de servicios ecosistémicos como indicadores de sostenibilidad en paisajes agropecuarios de la altillanura colombiana.

Luis Antonio Quintero Ortiz, físico, economista e investigador a cargo de la propuesta, explica que la idea es desarrollar un aplicativo tecnológico para simular ese territorio del oriente del país.

“A partir de ese laboratorio virtual buscamos construir nuestros escenarios para transformar la altillanura de forma equilibrada, cohesionada con las comunidades que están asentadas allí y con visión estratégica para preservar la biodiversidad y generar desarrollo”. En últimas, este modelamiento pretende aportar a la resolución de necesidades como alimentación, desarrollo económico e inserción en el aparato productivo de los excombatientes y la población en general.

A continuación, una síntesis de varios de los proyectos que lidera EAFIT para aportar al posacuerdo:​

Cátedra abierta para la paz

La Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación es liderada por la Escuela de Derecho. A su cargo está Gloria María Gallego García, profesora y doctora en Derecho, quien ha dirigido trabajos con comunidades violentadas por el conflicto en Urabá y el Nordeste antioqueño e investigaciones sobre el conflicto armado interno, los derechos humanos, el DIH y la impunidad en Colombia.

Gallego explica que el objetivo de esta cátedra permanente es formar en una nueva cultura, en la que se honra la memoria de las víctimas a través del reconocimiento de la barbarie del pasado y, a la par, se rechazan la violencia y la guerra cómo métodos para resolver diferencias.

Defensores, papel definitivo

En simultánea, en Derecho elaboran una radiografía de la práctica jurídica de los derechos humanos en el país. Esteban Hoyos Ceballos y José Alberto Toro Valencia, profesores de Derecho Público y Derecho Internacional, respectivamente, buscan describir y analizar dicha práctica, su inclusión en los currículos e identificar a los abogados que trabajan en esta, el nivel de formación, las organizaciones donde ejercen, los recursos con que cuentan y los efectos que ese ejercicio ha tenido en la promoción y la protección de los derechos humanos en Colombia.

En una fase posterior de la investigación, los profesores buscarán precisar el papel de los abogados en un escenario de posacuerdo, pues de lo que firmen el Gobierno y las Farc surgirá la denominada jurisdicción especial para la paz. Como habrá interacción entre ciudadanía y autoridades en relación con el juzgamiento de los máximos responsables, los profesionales que se dediquen al ejercicio del derecho en esta jurisdicción serán fundamentales.​

Oportunidades para el campo

Sacha inchi e higuerilla son plantas que sirven para elaborar comestibles, productos de uso estético y, además, tienen aplicación en la industria química y farmacéutica. En un escenario de posacuerdo, estas dos oleaginosas pueden tener un impacto positivo en el desarrollo agroindustrial de zonas complejas como el Bajo Cauca antioqueño, subregión con más de 500 hectáreas disponibles para estos cultivos.

Así se desprende de la Investigación técnico-social de las oleaginosas promisorias higuerilla y sacha inchi con miras a su desarrollo agroindustrial en el Bajo Cauca antioqueño, financiada con recursos del Sistema General de Regalías. Este estudio lo dirige Yaromir Muñoz Molina, profesor del Departamento de Mercadeo de la Escuela de Administración de EAFIT, en asocio con las universidades Pontificia Bolivariana (UPB) y Nacional.

El potencial de la sacha inchi es innegable: de esta se extrae un aceite comestible rico en Omega 3 y 6, cuyo uso también es apreciado en la parte estética. Así mismo, se obtiene una harina que, gracias a los prototipos desarrollados por los investigadores para el proyecto, sirve para fabricar panes, muffins y galletas con alto valor proteínico. Los productos derivados de la sacha inchi son benéficos para personas con problemas de triglicéridos y enfermedades cardiovasculares, y tiene efectos antienvejecimiento.

En cuanto a la higuerilla, su mayor uso está en la industria química y farmacéutica. La UPB, uno de los aliados en la investigación, desarrolla actualmente un sistema o prototipo para el aprovechamiento de aceite de higuerilla modificado, con el propósito de entregarlo a la industria química con valor agregado. Yaromir Muñoz destaca el provecho que tendría para las comunidades del Bajo Cauca, pues Colombia importa más del 90 por ciento de ese aceite. Además, la torta de higuerilla sirve como biofertilizante nematicida, es decir, tiene el potencial de minimizar el uso de agentes químicos en cadenas productivas agronómicas.

El análisis de usos de suelo determinará la porción exacta de tierra que se puede utilizar para este proceso productivo, que emplearía a cerca de 400 personas. “Queremos aprovechar lo que la tierra nos puede brindar y darle un valor agregado. Nos interesa que la zona se transforme, que las comunidades encuentren valor en ese tipo de productos y que esto permita el enganche de la gente del campo a unas alternativas económicas que les den viabilidad y mejoren su calidad de vida”, indica Muñoz Molina.

Periodismo: cambio de "chip"

Con el convencimiento de que el periodismo es pieza clave en el posacuerdo, la Escuela de Humanidades adelanta varios proyectos relacionados con el cubrimiento informativo que requiere un proceso de este tipo, experiencias que han permitido vislumbrar nuevas opciones para el ejercicio periodístico.

Por ejemplo, Juan Gonzalo Betancur Betancur, profesor y jefe del pregrado en Comunicación Social, realiza este año con sus estudiantes del semillero de Narrativas Periodísticas la investigación Derechos humanos y derechos de las minorías, una propuesta para la sociedad del posacuerdo.

La necesidad de cambiar el papel del periodista en esa etapa fue una de las conclusiones a las que llegaron el profesor Betancur y sus estudiantes luego de trabajar entre 2014 y 2015 con dos asociaciones de víctimas del municipio de Alejandría, Oriente antioqueño. Ellas deseaban contar sus historias de dolor producto del conflicto armado, pero también su proceso de sanación espiritual y social.

“Descubrimos que en asuntos de posacuerdo es muy importante que el periodismo trabaje de la mano con los grupos de víctimas”, manifiesta Juan Gonzalo. Por eso las vincularon en todo el proceso informativo: planeación, definición de temas, planeación de entrevistas, selección de fuentes y edición de textos antes de su publicación, práctica vetada por la teoría clásica del periodismo. “Encontramos que, frente a temas tan delicados y difíciles de hablar, es muy importante ese trabajo conjunto”, acota el profesor.

También observaron que bajo esta metodología de coautoría, el relato periodístico se convierte en terapia que ayuda a sanar a quienes han sufrido los​ rigores de la guerra porque no sienten que otros van a contar su historia sino que les van a ayudar a narrarla. De esta manera, trascienden su papel de víctimas y se refuerza que son personas empoderadas de su recuperación.

De este proyecto de investigación surgió la Cátedra de Derechos Humanos y Comunicación, en alianza con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el apoyo de Redepaz Antioquia, la organización Paso Colombia e Isagén.

A esta asisten, los últimos viernes de mes desde mayo y hasta noviembre próximo con entrada libre en la Institución, estudiantes de EAFIT y de otras universidades de la ciudad, miembros de organizaciones sociales, un reportero del Tolima y periodistas comunitarios del Oriente y Norte de Antioquia, el Magdalena Medio y el Oriente del departamento de Caldas.

Otra investigación que sirve de insumo para la formación de periodistas y para los debates públicos, una vez se logren los acuerdos de La Habana, es Periodistas, políticos y guerreros. Los debates del periodismo colombiano en contextos de paz y guerra, 1982-2008. La lidera Jorge Iván Bonilla Vélez, profesor de la especialización en Comunicación Política, para quien estudios como este generarán conversación en la academia y alimentarán la interacción de la Universidad con la sociedad.

“Este tipo de investigaciones sobre las problemáticas sociales de este país deben reflejarse en los programas de estudio de periodismo para fortalecer la formación de los estudiantes. Además, pueden aplicarse en procesos de educación no formal y en alianzas con fundaciones que trabajan a favor del periodismo”, concluye Bonilla Vélez.​

Con lupa, municipios a invertir


Juan Carlos Duque Cardona, profesor de la Escuela de Economía y Finanzas, realizó con el grupo Research in Spatial Economics (Rise) de EAFIT, el proyecto piloto Identificación de municipios a intervenir en un escenario de posacuerdo. Su misión: priorizar las poblaciones colombianas que requieren una intervención urgente, relacionada con reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.


La prueba arrojó que hay 177 municipios que demandan atención urgente, 113 alta y 13 moderada, para un total de 303 de los 1.123 que tiene Colombia. (Ver mapa).

Para obtener estos resultados analizaron cada municipio del país con variables relacionadas con el conflicto, lo institucional y lo socioeconómico, así:

1. Afectación por el conflicto: homicidios, masacres, desapariciones, vinculación de niños a grupos armados, desplazamiento y expulsión.

2. Abandono: transferencia per cápita a lo que se invierte para educación y salud, tasas de crecimiento en educación y salud, inversión en el sector agropecuario, número de estudiantes por docente, número de puestos de salud, necesidades básicas insatisfechas.

3. Debilidad institucional: desempeño fiscal, notarías por número de habitantes, empleados bancarios, riesgo electoral y presencia de las Farc y el Eln. De acuerdo con Juan Carlos Duque, trabajos como este permiten asignar mejor los recursos y ayudan a despolitizar la toma de decisiones, toda vez que resultan de la estadística.






Agro y universidad, alianza que suma 

En la Escuela de Ciencias de EAFIT trabajan desde hace tres años varios proyectos para el desarrollo agrícola, entre los que se destacan: cómo mejorar la productividad de la tierra y de las plantas, y tecnificar para agilizar los procesos; cómo controlar plagas y enfermedades de manera económica y amigable con el ambiente, y cómo generar sistemas de alertas tempranas para evitar desastres ambientales. También, el estudio de nuevas semillas más resistentes a ambientes extremos.

Entre los productos objeto de investigación están la papa, el cacao y el banano. Con Augura y Colciencias han evaluado las estrategias biotecnológicas para controlar plagas y patógenos, como el microorganismo que produce la enfermedad del moco en el banano, uno de los principales renglones en la economía del país. Con la Escuela de Ingeniería también han estudiado estrategias c​on microorganismos, como las bacterias del género bacillus, para controlar la Mycosphaerella fijiensis, uno de los hongos más limitantes del banano y que causa la Sigatoka negra.​

“Tenemos la experticia para estudiar a fondo esos organismos y así desarrollar productos útiles en el sector agrícola”, comenta Diego Villanueva Mejía, jefe del Departamento de Ciencias Biológicas. Desde diferentes aristas, estos proyectos apuntan a aumentar la competitividad en medio de los tratados de libre comercio. El profesor Villanueva enfatiza, por ejemplo, que EAFIT tiene la capacidad de desarrollar máquinas para clasificar, de forma automática, frutos por tamaño y grado de madurez, con el fin de optimizar las exportaciones. 

Por otra parte, los beneficios para el agro se persiguen también mediante la apropiación social de tecnologías sostenibles. De esta manera, desde otros frentes de investigación de la Universidad pretenden fortalecer el internet rural amplificando señales débiles y alimentando energías renovables. La idea es establecer el monitoreo de procesos agroindustriales desde plataformas como la de EAFIT, para fortalecer el desarrollo agrícola. Además, se busca la implementación, en zonas rurales y viviendas de interés social, de ladrillos que usan el Sol como fuente de energía.​


El precio del posacuerdo

Cerca de 90 billones de pesos se requieren en los próximos 10 años para atender el posacuerdo. Esto obligará a destinar alrededor del uno por ciento del PIB que se generará en Colombia, calculado en 800 billones de pesos.

Así se desprende del Análisis del espacio fiscal para medir el posacuerdo, que tiene como objeto dilucidar cuánto tiene que crecer la economía y cuál debe ser el superávit en el país para generar este dinero. Este estudio es realizado por Jesús Alonso Botero García, docente del Departamento de Economía, con el apoyo de Gustavo Canavire Bacarreza, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief).

No está claro de dónde provendrá el dinero, pero implicará presiones adicionales en el manejo fiscal, búsqueda de financiamiento y​ aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento, dice Gustavo Canavire.​​​

Para Gustavo Canavire esto es un reto para la economía colombiana, pues el Estado tendrá que generar un superávit de 5,2 por ciento en el periodo de estudio, entre 2017 y 2025, lo que implica incremento en los niveles de deuda.

“Está pronosticado que la deuda pública (externa e interna) sea del 29,8 por ciento y nosotros estimamos que más o menos va a tener que subir al 36,2 por ciento del PIB para cubrir el costo del posacuerdo”, asegura Canavire, quien señala, además, que se requiere un manejo cuidadoso del gasto, así como un modelo de crecimiento más competitivo, con una inversión más productiva que permita alcanzar tasas de crecimiento cada vez más altas y consolidar la clase media.

El mayor desafío es incrementar los niveles de competitividad en medio de la caída del precio internacional de los hidrocarburos y la reducción de los ingresos del país. Por eso recomienda ajustar la política tributaria para depender cada vez menos de rentas petroleras y recaudos transitorios.

Reitera que no está claro de dónde provendrá el dinero, pero implicará presiones adicionales en el manejo fiscal, búsqueda de financiamiento y aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento que generará la firma de los acuerdos. “Gran parte de los recursos van a terminar saliendo del erario nacional, pero la otra parte tiene que venir de cooperación internacional”, concluye.


Jóvenes exploran alternativas jurídicas

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Carolina Muñoz Benítez tiene 17 años, estudia en el Colegio San José de Las Vegas y, desde hace varios años, asiste a la Universidad de los Niños EAFIT. En 2015 planteó con otros compañeros, entre 15 y 17 años, un proyecto de investigación relacionado con la justicia transicional en el proceso de paz. La inmersión en el tema les ha permitido tener una visión política del país.​

Su propuesta consiste en una colonia agrícola como pena alternativa para ayudar a impulsar el agro en Colombia. “Son granjas donde los guerrilleros trabajan la tierra, están juntos y no pueden salir, un ambiente muy distinto al de una cárcel. En un lugar como este podrían resocializarse y cambiar la visión de justicia que se tiene”, anota Carolina y aclara que esta opción penal sería para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.

La joven advierte que un castigo sin cárcel no significa que haya impunidad y cree que así como la guerra ha tenido un costo muy alto para el país, la paz también lo tendrá. Al igual que sus compañeros, tiene la convicción de que este proyecto ayudará a menguar las posturas radicales respecto al asunto.

“Permite a la sociedad darse la oportunidad de tener una concepción distinta frente a la justicia que facilite la vida durante el posacuerdo, porque esto requiere que los colombianos sepan convivir con estas personas y ablanden su postura. Hay que tener en​ cuenta que los escenarios de violencia son causados, en gran parte, por la exclusión política y la falta de oportunidades”, sintetiza la joven.

Ana María Londoño Rivera, jefa de la Universidad de los Niños, resalta que este grupo de escolares continuó su proyecto en 2016 con el nombre: El rumbo de la justicia en el proceso de paz colombiano. Hoy profundizan su conocimiento con el acompañamiento de los abogados Alfonso Cadavid Quintero, doctor en Derecho, y Julián Correa Saavedra, consultor de la Escuela de Humanidades. Además, con la asesoría de Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades.

“Lo interesante es que es una población muy joven que busca comprender los marcos jurídicos de este proceso para tener una postura crítica, con una percepción mucho más fresca del conflicto: dicen que no debe haber tanto afán en castigar, sino en reparar”, manifiesta Ana María, quien también resalta otra propuesta del grupo juvenil para que quienes dejen las armas se encarguen de hacer el desminado en las zonas críticas.​​​​

Investigadores 

GLORIA MARÍA GALLEGO GARCÍA 

Abogada, Universidad de Antioquia, y doctora en Derecho, Universidad de Zaragoza (España). Es profesora del Área de Teorías del Derecho de la Universidad EAFIT, donde es docente de los cursos de Ética y Filosofía del Derecho, y del curso de Derecho internacional humanitario y crímenes de guerra en la maestría de Derecho penal. Es directora del Grupo de investigación Justicia & Conflicto. 

ESTEBAN HOYOS CEBALLOS 

Abogado, Universidad de los Andes, y magíster en Derecho, Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell en Ithaca (Nueva York). En la actualidad es candidato a doctor en Derecho de esa misma universidad. Profesor del área de Derecho Público y coordinador del Grupo de investigación Derecho y Poder. 

JOSÉ ALBERTO TORO VALENCIA 

Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana; LL. M. en International Legal Studies, American University (Washington, EE. UU.), y PhD en Derecho, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Profesor del área de Derecho internacional e integrante del Grupo de investigación Derecho y Poder. 

JUAN GONZALO BETANCUR BETANCUR 

Comunicador Social-Periodista, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Estudios Humanísticos, Universidad EAFIT. Especialista en Análisis Político y del Estado, Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín), y en Comunicación y Conflictos Armados, Universidad Complutense de Madrid (España). Docente-investigador, jefe del pregrado en Comunicación Social y miembro del grupo de investigación en Comunicación y Estudios Culturales de EAFIT. 

JORGE IVÁN BONILLA VÉLEZ 

Comunicador Social - Periodista, Universidad Pontificia Bolivariana, y magíster en Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). En la actualidad es candidato a doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Profesor titular del Departamento de Comunicación Social y director del Grupo de investigación Comunicación y Estudios Culturales de EAFIT. 

JORGE ALBERTO GIRALDO RAMÍREZ 

Filósofo e historiador, Universidad Santo Tomás de Aquino (sede Bucaramanga); magíster en Filosofía Política y doctor en Filosofía, Universidad de Antioquia. Decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT. ​

YAROMIR MUÑOZ MOLINA 

Psicólogo, Universidad de Antioquia; especialista en Mercadeo, Universidad EAFIT; magíster en Dirección Comercial y Marketing, Instituto de Empresa de Madrid (España); doctor en Administración, HEC, Montreal (Canadá). Coordinador del Grupo de Estudios en Mercadeo. 

DIEGO FERNANDO VILLANUEVA MEJÍA 

Biólogo, Universidad del Tolima. Magíster y doctor en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Jefe del Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad EAFIT. 

GUSTAVO CANAVIRE BACARREZA 

Economista, Universidad Católica Boliviana. Magíster y PhD en Economía, Universidad del Estado de Georgia (Estados Unidos). Magíster en Economía Internacional e Investigación de Políticas del Instituto Kiel para Economía Mundial, Universidad de Kiel (Alemania). Director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief) de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT. 

JESÚS ALONSO BOTERO GARCÍA 

Economista industrial, Universidad de Medellín, y especialista en Política Económica, Universidad de Antioquia. Es profesor y miembro del Grupo de investigación en Estudios en Economía y Empresa (GEE), en la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT.

Áreas de interés: modelos de Equilibrio General Computable, modelos Dinámicos Estocásticos (DSGE) y teoría de juegos y la organización industrial. 

JUAN CARLOS DUQUE CARDONA 

Administrador de Empresas, Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales); magíster en Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra (España), y PhD en Estudios Empresariales, Universidad de Barcelona (España). Docente de la Escuela de Economía y Finanzas de EAFIT y director del grupo Research in Spatial Economics (Rise). 

ANA MARÍA LONDOÑO RIVERA 

Ingeniera de Diseño de Producto y magíster en Estudios Humanísticos, Universidad EAFIT. Jefa de la Universidad de los Niños. ​​​​

Última modificación: 04/04/2017 12:42