A 30 años de la Ley 30, ¿dónde están los logros y los desafíos en educación superior?

El futuro de la educación superior se está construyendo hoy, con conversaciones que posibiliten el encuentro de diferentes miradas y las transformaciones sociales necesarias para lograr una mayor prosperidad y equidad. A un poco más de 30 años de la Ley 30, que regula el servicio público de la educación superior, es pertinente reflexionar sobre los avances y desafíos. Con este propósito, el Centro Valor Público de EAFIT organizó este 2 de abril el foro La educación superior en Colombia a 30 años de la Ley 30, en el que el que participaron Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT; Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana; y Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. 

Durante la apertura del encuentro, Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad, resaltó el compromiso de la Institución con ser “epicentro de grandes conversaciones e incidir en asuntos públicos”. Teniendo en cuenta la reforma educativa anunciada por el Gobierno Nacional, insistió en la importancia de realizar un balance para identificar puntos en común y así poder lograr una educación superior innovadora, acorde con los retos del presente.  

Al inicio del foro, desde el Consultorio Jurídico de EAFIT se ofreció una perspectiva de estas tres décadas de la Ley 30, centrándose en dos aspectos: la autonomía universitaria y la educación como un derecho fundamental de carácter progresivo. Sobre esto último, Laura Daniela Alzate, directora del Consultorio, explicó que la Corte Constitucional ha ido transformando su concepción de la educación, pasando de servicio público a derecho fundamental, incluyendo también la educación superior. “Esto quiere decir que hay que garantizar su accesibilidad y tomar medidas concretas, sobre todo en términos financieros”, expresó.  

Lo que dicen las cifras de la educación superior 

Mónica Hernández Flórez, profesora e investigadora de Valor Público, presentó cifras de la educación superior. Según los análisis elaborados, en los últimos 20 años se ha tenido una expansión significativa en matrícula. Al revisar la información en términos de género, en los programas tecnológicos las cifras de hombres y mujeres son similares, mientras que en el nivel universitario las mujeres superan a los hombres, como lo demuestra el hecho de que en 2022 había 1.2 mujeres matriculadas por cada hombre. 

En cuanto a la calidad, la investigadora compartió que “entre un 4 % y un 5 % de los programas e instituciones tecnológicas han obtenido acreditación de alta calidad, diferente a lo que pasa con las instituciones universitarias, donde un 74 % cuenta con esa acreditación”.  

En cuanto a los retornos educativos para los graduados de programas técnicos y tecnológicos, se encontró que tienen un mayor acceso al sector formal, lo que equivale a más días cotizados en seguridad social. Para los graduados de programas universitarios, los efectos positivos se reflejan en los salarios mensuales, llegando a ganar $150.000 pesos más que aquellos que no se han graduado de estos programas.  

En cuanto a las regiones, de las cifras se concluye que la expansión de la educación superior no ha sido uniforme en el país. El 60 % de la matrícula de la educación superior se concentra en seis ciudades principales, mientras que solo el 6 % de la matrícula de educación superior corresponde a los municipios más pequeños, evidenciando así las crecientes brechas territoriales.

Cobertura y calidad en el centro de la conversación 

Con estos análisis sobre la mesa, la profesora Mónica Hernández abrió el foro de discusión en el que la rectora Claudia Restrepo expresó que “La Ley30 ha generado un antes y un después en la generación de crecimiento en la educación y el sistema de aseguramiento. En el sistema de aseguramiento se planteó que podría haber incentivos asociados a la alta calidad, allí las Universidades de manera autónoma y libre decidimos abordar la acreditación de alta calidad porque asumíamos que los incentivos eran por ejemplo más autonomía y flexibilidad en el sistema de calidad”.  

En este punto coincidió Alejandro Gaviria, exministro de Educación, subrayando que el sistema de aseguramiento de la calidad no funciona: “tuvo un objetivo loable, pero se fue burocratizando en exceso”. Además, señaló que entre el 30 % y el 40 % de los programas de educación superior tienen un retorno cero en el mercado laboral, por lo que, en su perspectiva, los grandes desafíos de la universidad vienen de los cambios en las tecnologías y la demografía. 

Para Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, la eficiencia es otra arista poco abordada: “Este es un tema que necesitamos poner sobre la mesa de conversación en las reformas y en los recursos que se destinan a la educación”. Asimismo, agregó que la cobertura regional, como lo expuso Valor Público EAFIT, tiene unas profundas desigualdades y es una de las mayores fallas de la educación superior. 

Como una respuesta a la cuestión de la cobertura, la virtualidad se presenta como una alternativa, sin embargo, Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, advirtió que se ha mostrado muchas deficiencias en el sector. “La deserción es más alta en esta modalidad, pero esto se debe a que no estamos proporcionando un servicio de calidad”, por lo que, manifestó, que universidades más sólidas en este ámbito podrían ayudar a ciertos territorios a alcanzar estándares óptimos. 

Luego de este foro, Valor Público EAFIT realizará otro encuentro para abordar asuntos específicos de la propuesta de la reforma a la Ley 30 del Gobierno Nacional. 

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Alejandro Gómez Valencia 
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