10 de septiembre de 2020 | REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT - OPINIÓN
Colombia puede convertirse en una potencia en producción agropecuaria porque tiene muchas condiciones favorables para lograrlo. Para empezar, la frontera agrícola del país es de 40 millones de hectáreas de las cuales solo se están utilizando siete, es decir, posee un potencial muy importante representado en buena cantidad y calidad de tierras y aguas.
Una de las ventajas que tenemos, y que de pronto puede sonar demasiado holística, si se permite la expresión, es la resiliencia del pueblo colombiano. El campo fue tal vez el sector más afectado por la violencia debido a medio siglo de conflicto armado, al terrorismo, presencia del narcotráfico, de bandas criminales...
Y a pesar de eso, tiene una producción que, en muchos casos, es competitiva en el ámbito internacional, pero que igualmente ha demostrado liderazgo para llegar a la mesa de los colombianos.
Eso se debe a la tenacidad de la gente, por lo que yo apelo a esa primera característica como una de las mayores ventajas del país. Lo segundo es que tenemos dos costas, más de cinco puertos marítimos grandes, una infraestructura de aeropuertos en la que hemos avanzado, por lo que ahí está una opción enorme de llegar a los mercados internacionales. Tercero, la democracia colombiana es vibrante, obviamente con los problemas que todos conocemos; pero es un sistema que respeta el derecho a la propiedad privada y eso facilita la inversión nacional y la presencia de la inversión extranjera.
Tenemos muchas dificultades, pero menciono las más críticas y están en lo que en la SAC hemos llamado “la deficiencia de los bienes públicos rurales”. Una de las restricciones más complejas es la falta de carreteras: el país tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias para esos 40 millones de hectáreas y solo el 10 % está en buen estado. Esa falta de comunicación entre lo rural y urbano, si no se resuelve, va a ser un cuello de botella que siempre tendremos como lastre.
Otro punto es la conectividad de internet y la señal de telefonía celular para dispositivos inteligentes porque hoy, más que nunca, debemos impulsar para que lleguen la educación, la telemedicina, las nuevas tecnologías que apoyan la producción agropecuaria...
En conjunto, esos factores son clave para permitir la buena calidad de vida de los habitantes rurales. El momento actual ha permitido que el mundo urbano esté dando una mayor importancia a lo que pasa en la ruralidad.
En ese marco, las univesidades, junto a otras entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los gremios de la producción pueden jugar un papel interesante en el empeño de impulsar el campo colombiano a niveles superiores.
La educación puede fortalecer a quienes trabajan en el campo, a los emprendedores nuevos y futuros, en tanto la investigación científica conduce a la mejora de tecnologías para que podamos hacer un campo más productivo y rentable.
Otro problema es la alta tasa de informalidad laboral, una restricción que se puede volver una oportunidad: la mano de obra de la ruralidad se ha envejecido, los jóvenes se han ido para las ciudades y la tasa de informalidad laboral es del 86 %. Esto último tiene solución en una serie de reformas sencillas que requieren la decisión política por parte del Estado. Si se resuelven estos cuellos de botella, sumados a la resiliencia mencionada y a las fortalezas institucionales, podemos dar un impulso fuerte.
En este marco, todos los subsectores agropecuarios tienen una gran oportunidad porque Colombia tiene una clase media emergente y eso significa que consume productos de mayor valor agregado. Asimismo, nuestra ubicación en el trópico permite la producción de muchos alimentos y frutas que son una maravilla no solo para el mercado doméstico sino para el internacional. Y en este último, con los acuerdos comerciales que hemos negociado, hay oportunidades para todos los sectores de la producción agropecuaria.
El mercado interno como lo conocemos en Colombia, donde la fruta, los hortalizas y las proteínas de origen animal son principales en la dieta alimentaria, representa oportunidades y nichos de mercado a los que se les puede apostar en función de las regiones con vocación productiva. Eso redundará en la generación de empleo, bienestar, divisas por vía de las exportaciones y una mejor nutrición para nuestra población.
Frente a los temas de la seguridad jurídica de la propiedad rural tenemos un proyecto de ley que trabajamos con el gobierno anterior y que este gobierno adoptó. Es el proyecto de Ley de Tierras que, sin embargo, no ha sido discutido por el Congreso de la República: la Comisión Quinta del Senado lo dejó morir en el período previo al comienzo del nuevo gobierno y hasta el momento no se ha movido.
Esa ley daría claridad jurídica en relación con temas como la expropiación de tierras, la claridad para los ocupantes de buena fe y la extinción del derecho de dominio por inexplotación, por mencionar algunos puntos álgidos. Pero el país también debe trabajar en los sistemas de titulación de tierras y en la identificación de los baldíos de la Nación.
De ese modo, además de ir de la mano de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se permitirá que campesinos sin tierra se vuelvan propietarios y, por esa misma vía, tener una ley de crédito que favorezca a la ruralidad en su conjunto. Si juntamos todas las posibilidades y potencialidades, el campo dará un salto muy importante porque es un territorio promisorio para el desarrollo.