La inversión más rentable que podemos hacer

César Eduardo Tamayo Tobón
Decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT

Colombia enfrenta hoy una paradoja preocupante: miles de jóvenes quieren estudiar en una universidad, pero como sociedad no somos capaces de ofrecerles las condiciones para hacerlo. No se trata simplemente de una falla del sistema educativo. Es, más bien, el reflejo de una desconexión entre nuestras aspiraciones y las decisiones que tomamos con respecto a la financiación de la educación superior.

El primer síntoma es el estancamiento de la cobertura. Tras avances importantes durante la década pasada, el crecimiento en el acceso a la educación superior se ha frenado en los últimos años. La cobertura bruta pasó de 42 % a 53 % entre 2012 y 2017, pero solo aumentó hasta cerca de 57,5 % en los siete años siguientes, hasta 2024. De hecho, el número absoluto de estudiantes prácticamente no ha crecido: la matrícula de pregrado pasó de alrededor de 2,2 millones en 2017 a cerca de 2,35 millones en 2024.

Este comportamiento no responde a una demanda menor. Los jóvenes siguen valorando la educación y quieren acceder a ella. Según la Encuesta de Opinión en Educación 2024 de Empresarios por la Educación, el 94 % de los jóvenes considera que la educación es importante y el 82 % la percibe como útil para su vida. Sus aspiraciones educativas son amplias y consistentes. Una proporción importante aspira a completar los estudios universitarios, incluso de posgrado.

El problema, pues, no radica en la demanda: la principal barrera es la financiación. El 60 % de los jóvenes señala la falta de recursos como la razón principal por la cual no podrían alcanzar el nivel educativo al cual aspiran.

Y es que los mecanismos de financiación de la educación superior, que nunca han sido suficientes, se han debilitado aún más en los últimos años. La combinación que durante años permitió ampliar el acceso de manera sistemática —subsidios a la demanda, crédito educativo y expansión de la oferta pública— hoy tiene menos alcance. La incertidumbre sobre el crédito educativo, la reducción de los programas de apoyo y el escaso dinamismo de instrumentos como las becas han ido restringiendo las opciones para los jóvenes.

El resultado es un sistema en el cual el peso de la financiación recae cada vez más sobre las familias, muchas de las cuales no tienen la capacidad de asumirla. Esto limita el acceso y amplía las brechas entre estudiantes con distintos niveles de ingresos. En la práctica, el sistema termina siendo más excluyente que lo que sugieren las cifras agregadas de cobertura.

En este contexto, el Estado no tiene cómo cerrar la brecha por sí solo. La situación fiscal actual de Colombia es crítica, y cualquier esfuerzo por fortalecer la educación pública será insuficiente para responder a la magnitud del problema. Por ello, es necesario ampliar las fuentes de financiación y diversificar los instrumentos disponibles.

Colombia tiene un rezago claro en materia de filantropía e inversión de impacto para financiar la educación. Mientras en Estados Unidos las donaciones filantrópicas superan el 2 % del producto interno bruto (PIB), en América Latina este indicador es varias veces menor y pocas veces alcanza el 0,5 %. En países donde existe un mercado dinámico de filantropía, una parte importante de estos recursos llega a la educación superior. En el sistema anglosajón, por ejemplo, muchas universidades financian entre el 20 % y el 40 % de su presupuesto con donaciones y rendimientos de fondos patrimoniales. En Colombia, aunque hemos dado algunos pasos en ese sentido, estos mecanismos siguen siendo marginales.

Algo similar ocurre con la inversión de impacto, que en Colombia sigue siendo de escala limitada. Una medición reciente de Fedesarrollo (2025) encuentra que los activos bajo la gestión de este mercado se ubican en un rango cercano a los 1.200-1.500 millones de dólares (entre el 0,3 % y el 0,4 % del pib), con una participación de apenas 55 inversionistas activos. Además, se trata de un mercado concentrado en pocos actores, con una fuerte orientación hacia sectores como los de la inclusión financiera, la energía y el agro, y en el que la educación tiene una participación relativamente marginal. Todo esto limita el desarrollo de instrumentos que podrían ser particularmente útiles para ampliar el acceso a la educación superior, como los esquemas de financiamiento a estudiantes o los modelos de pago contingente al ingreso.

En la práctica, el país cuenta con pocas alternativas para financiar la inversión que podría traerle los más altos retornos. Estudios recientes sobre Colombia estiman que cada año adicional de escolaridad en la educación superior tiene un retorno de aproximadamente 20 %. Pero, además, la mayor inversión en capital humano eleva la productividad, facilita la movilidad social y fortalece la capacidad de innovación. Se trata también de un asunto relativo al crecimiento y a la equidad.

Debemos cambiar nuestra forma de entender el problema. La financiación de la educación superior no puede depender únicamente del Estado o de las familias. Debe involucrar a empresas, fundaciones e inversionistas, con instrumentos que permitan canalizar los recursos de una manera más estable y predecible.

Pero a este contexto se suma un factor que cambia el horizonte del problema: nuestra acelerada transición demográfica. Colombia está entrando en una etapa en la que la población joven comenzará a reducirse de manera significativa, cerrando una ventana que el país mantuvo abierta durante varias décadas. Las cifras son claras. Entre 2025 y 2035, la población de entre 17 y 21 años se reducirá en cerca de 88.000 personas. Entre 2035 y 2045, la caída será mucho mayor, con cerca de 500.000 jóvenes menos. Al mismo tiempo, aumentará la proporción de la población dependiente frente a la población en edad productiva.

Este cambio tiene implicaciones directas: cada cohorte de jóvenes será más pequeña. En ese contexto, dejar por fuera del sistema a una porción importante de ellos tiene un costo más alto para el país. La pérdida de capital humano se vuelve más difícil de compensar. El problema ya no consiste solo en ampliar la cobertura, sino en hacerlo en un lapso más estrecho. Las decisiones que se tomen en esta década van a definir la capacidad del país para adaptarse a estos cambios demográficos y sostener su crecimiento.

En síntesis, la situación actual combina una cobertura estancada con el debilitamiento de los mecanismos de financiación existentes, la escasa profundidad de la filantropía y la baja inversión de impacto, y un cambio demográfico acelerado. Debemos hacerle frente con acciones decididas en pro de la educación superior, para evitar que tal situación se convierta en una restricción estructural de nuestra capacidad de crecer y de prosperar.

20 sería el retorno de cada año adicional de escolaridad en la educación superior según estudios recientes sobre Colombia. 

La financiación de la educación superior no puede depender únicamente del Estado o de las familias.