Jorge Enrique Bedoya Vizcaya. Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Colombia puede convertirse en una potencia en producción agropecuaria porque tiene muchas condiciones favorables para lograrlo. Para empezar, la frontera agrícola del país es de 40 millones de hectáreas de las cuales solo se están utilizando siete, es decir, posee un potencial muy importante representado en buena cantidad y calidad de tierras y aguas.

Una de las ventajas que tenemos, y que de pronto puede sonar demasiado holística, si se permite la expresión, es la resiliencia del pueblo colombiano. El campo fue tal vez el sector más afectado por la violencia debido a medio siglo de conflicto armado, al terrorismo, presencia del narcotráfico, de bandas criminales...

Y a pesar de eso, tiene una producción que, en muchos casos, es competitiva en el ámbito internacional, pero que igualmente ha demostrado liderazgo para llegar a la mesa de los colombianos.

Eso se debe a la tenacidad de la gente, por lo que yo apelo a esa primera característica como una de las mayores ventajas del país. Lo segundo es que tenemos dos costas, más de cinco puertos marítimos grandes, una infraestructura de aeropuertos en la que hemos avanzado, por lo que ahí está una opción enorme de llegar a los mercados internacionales. Tercero, la democracia colombiana es vibrante, obviamente con los problemas que todos conocemos; pero es un sistema que respeta el derecho a la propiedad privada y eso facilita la inversión nacional y la presencia de la inversión extranjera.

Tenemos muchas dificultades, pero menciono las más críticas y están en lo que en la SAC hemos llamado “la deficiencia de los bienes públicos rurales”. Una de las restricciones más complejas es la falta de carreteras: el país tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias para esos 40 millones de hectáreas y solo el 10 % está en buen estado. Esa falta de comunicación entre lo rural y urbano, si no se resuelve, va a ser un cuello de botella que siempre tendremos como lastre.

Otro punto es la conectividad de internet y la señal de telefonía celular para dispositivos inteligentes porque hoy, más que nunca, debemos impulsar para que lleguen la educación, la telemedicina, las nuevas tecnologías que apoyan la producción agropecuaria...

En conjunto, esos factores son clave para permitir la buena calidad de vida de los habitantes rurales. El momento actual ha permitido que el mundo urbano esté dando una mayor importancia a lo que pasa en la ruralidad.

En ese marco, las univesidades, junto a otras entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los gremios de la producción pueden jugar un papel interesante en el empeño de impulsar el campo colombiano a niveles superiores.

La educación puede fortalecer a quienes trabajan en el campo, a los emprendedores nuevos y futuros, en tanto la investigación científica conduce a la mejora de tecnologías para que podamos hacer un campo más productivo y rentable.

Otro problema es la alta tasa de informalidad laboral, una restricción que se puede volver una oportunidad: la mano de obra de la ruralidad se ha envejecido, los jóvenes se han ido para las ciudades y la tasa de informalidad laboral es del 86 %. Esto último tiene solución en una serie de reformas sencillas que requieren la decisión política por parte del Estado. Si se resuelven estos cuellos de botella, sumados a la resiliencia mencionada y a las fortalezas institucionales, podemos dar un impulso fuerte.

En este marco, todos los subsectores agropecuarios tienen una gran oportunidad porque Colombia tiene una clase media emergente y eso significa que consume productos de mayor valor agregado. Asimismo, nuestra ubicación  en  el  trópico  permite  la  producción de muchos alimentos y frutas que son una maravilla no solo para el mercado doméstico sino para el internacional. Y en este último, con los acuerdos comerciales que hemos negociado, hay oportunidades para todos los sectores de la producción agropecuaria.

El mercado interno como lo conocemos en Colombia, donde la fruta, los hortalizas y las proteínas de origen animal son principales en la dieta alimentaria, representa oportunidades y nichos de mercado a los que se les puede apostar en función de las regiones con vocación productiva. Eso redundará en la generación de empleo, bienestar, divisas por vía de las exportaciones y una mejor nutrición para nuestra población.

Frente a los temas de la seguridad jurídica de la propiedad rural tenemos un proyecto de ley que trabajamos con el gobierno anterior y que este gobierno adoptó. Es el proyecto de Ley de Tierras que, sin embargo, no ha sido discutido por el Congreso de la República: la Comisión Quinta del Senado lo dejó morir en el período previo al comienzo del nuevo gobierno y hasta el momento no se ha movido.

Esa ley daría claridad jurídica en relación con temas como la expropiación de tierras, la claridad para los ocupantes de buena fe y la extinción del derecho de dominio por inexplotación, por mencionar algunos puntos álgidos. Pero el país también debe trabajar en los sistemas de titulación de tierras y en la identificación de los baldíos de la Nación.

De ese modo, además de ir de la mano de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se permitirá que campesinos sin tierra se vuelvan propietarios y, por esa misma vía, tener una ley de crédito que favorezca a la ruralidad en su conjunto. Si juntamos todas las posibilidades y potencialidades, el campo dará un salto muy importante porque es un territorio promisorio para el desarrollo.

Bienvenidos a la nueva edición de la Revista Universidad EAFIT, con la cual los invitamos a conocer los más recientes procesos y resultados de investigación de una institución que le apuesta al desarrollo científico y tecnológico. Antonio Copete, Vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad EAFIT.

Apreciados lectores de la Revista Universidad EAFIT – Descubre y Crea, en esta primera ocasión en que me dirijo a ustedes como vicerrector de Ciencia,
Tecnología e Innovación quiero agradecerles su interés en este trabajo de periodismo científico que busca recoger una muestra representativa de la riqueza intelectual de nuestra Universidad y presentarla de una manera pedagógica y atractiva para ustedes.

Al mismo tiempo, queremos que marque la apertura de una nueva era para el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de EAFIT en la que buscamos construir sobre lo construido en etapas anteriores y trazar un nuevo rumbo con la llegada de nuestra rectora Claudia Restrepo Montoya, acompañada de un renovado equipo directivo que quiere reimaginar nuestra Universidad desde sus fundamentos.

En esta era buscamos consolidar el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de EAFIT, anclado en la investigación como la actividad fundacional que busca definir y expandir las fronteras del conocimiento, pero que se afianza a través de las actividades de uso, transferencia y apropiación social del conocimiento, así como las de formación en capacidades y saberes en CTeI.

Para lograr su mayor potencial, estas actividades no deben ser vistas como aisladas e independientes entre sí, sino como interdependientes, en diálogo e interacción constante, desde la misma etapa de concepción de políticas, planes, programas y proyectos. En otras palabras, el éxito en una actividad de CTeI necesariamente contribuirá y requerirá del éxito en las otras.

Esta edición de la Revista Universidad EAFIT – Descubre y Crea encapsula en buena parte lo que me atrajo a hacer una apuesta personal por EAFIT y a convertirme en miembro de esta comunidad. Por una parte, recoge una muestra de la actividad científica e investigativa de nuestra Universidad, con una fuerte conexión a problemas tangibles de nuestra sociedad, a través de sus comunidades y organizaciones, en este caso con énfasis en las ciencias del cuidado, en el contexto de una pandemia que ha supuesto un gran reto para todos como humanidad.

En consonancia con lo que nos identifica, lo hace desde el abordaje de diferentes áreas del conocimiento, incluyendo la salud física y mental, las ciencias sociales, la economía, el medio ambiente, entre otros, conexiones que buscaremos seguir estimulando a través de una aproximación transdisciplinar a los retos que
presenta nuestra sociedad.

Esta revista busca abrir una ventana que estimule diálogos y conversaciones tanto dentro como fuera de nuestra institución sobre el rumbo de nuestro quehacer intelectual y su impacto en nuestro entorno. En la búsqueda de ese objetivo, quiero reafirmar el compromiso de la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de ser un catalizador y un vehículo para dinamizar estas actividades en nuestra comunidad, de cara a las organizaciones de diferente naturaleza con las que nos relacionamos con las cuales buscamos generar valor en diversas dimensiones.

Espero que encuentren este número tan estimulante como lo he encontrado yo y que no solo nos continúen leyendo, sino que nos hagan llegar todas las observaciones y aportes que busquen fortalecer el desarrollo de nuestra misión.

Diversos proyectos de la Universidad EAFIT siguen demostrando su compromiso con los desafíos del entorno. Agencia de noticias EAFIT.

Inspirados en la naturaleza y con el fin de alcanzar una mayor protección, flexibilidad y resistencia contra cargas explosivas de alta energía, investigadores de EAFIT y de la empresa Tecnologías Marte crearon un novedoso material sintético que se asemeja a las escamas de los peces.

Aplicaciones en productos industriales como chalecos antibalas y trajes antiexplosivos, el caso de unas plantillas para botas que absorben la energía de las minas antipersona, así como equipamiento deportivo que requiera de implementos de seguridad con estas características son algunas de las potencialidades de esta tecnología desarrollada por la spin off, un avance que es producto del asocio entre la Universidad y la empresa privada.

"Entendiendo cómo funcionan y qué beneficios tienen nos dimos cuenta de que las escamas son un sistema, una especie de grabado si se quiere en la piel del animal, que tiene la configuración de un material compuesto y que permite la protección contra el ataque de depredadores. Al estudiar esto, empezamos a trabajar en busca de materiales sintéticos que se parecieran a lo que fueran las escamas, buscando flexibilidad y disminución de peso en sistemas de protección balística", explica Alexander Ossa, doctor en Materiales Compuestos Particulados y coordinador del Grupo de Investigación en Materiales de Ingeniería de EAFIT.

El proceso comenzó desde el año 2011 cuando el grupo de investigación y Tecnologías Marte se encontraron trabajando de forma independiente en el diseño de subsistemas de blindaje, coincidiendo en convocatorias científicas para el desarrollo de nuevos dispositivos con este enfoque.

"Vimos que había sinergia porque estábamos en el desarrollo de materiales nuevos, muy enfocados a cargas de alta potencia en munición. Nosotros en ese momento estábamos diseñando lo que sería el desarrollo nacional de los pisos para el helicóptero Arpía y él estaba trabajando en biomimética, en absorber los impactos de explosiones", recuerda Javier Mauricio Betancur, gerente de Tecnologías Marte.

Fui nombrado en la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las entonces Farc-EP hacia finales de 2014 y participé en este grupo negociador hasta la firma de los acuerdos definitivos que hoy se encuentran en vía de implementación.

En ese contexto, la Universidad EAFIT, en conjunto con la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y Proantioquia, hizo una importante contribución a los empresarios y al proceso de paz aportando insumos y construyendo redes para el intercambio de ideas y experiencias que fuesen tenidas en cuenta en la mesa de negociación de La Habana, siempre en una posición de respeto neutral frente a lo que allí se trató.

No puedo de forma simple describir lo que significa para alguien como yo, que viene del sector privado, estar en la mesa de negociación de una posible paz en una nacion que prácticamente durante toda su existencia ha estado sumida en un conflicto complejo y de profundas consecuencias sociales y económicas.

Me sentí solo y casi desbordado por la profundidad de los temas, su amplitud, por requerir una formación multidisciplinaria y por la gran responsabilidad que ello conllevaba. Era un trabajo que no se podía hacer mal informado o sin preparación en cada tema, y en el que el estudio y la lectura permanente eran obligatorios.

Si bien fui nombrado como negociador representante de todos los colombianos, no me fue posible evitar que tanto el equipo al que pertenecí como el de otro lado de la mesa me consideraran representante de los empresarios. Por eso se acentuaban las miradas sobre mí cuando se trataba de temas que de alguna forma tuviesen que ver con la empresa y con su participación en el desarrollo de la vida nacional.

Ya retirado de mis actividades como administrador, por mi participación como miembro del Consejo Directivo de Proantioquia y exalumno de EAFIT, acudí a estas dos instituciones para que me brindaran soporte y material de estudio y análisis. Ambas se acercaron también a la ANDI, que representa a tantos empresarios, y que se sumó a ese esfuerzo.

Para aportar material objetivo y basado en análisis, me apoyé igualmente en los insumos de otras universidades y tanques de pensamiento. La tarea de un negociador no puede llevarse solo a la arena política y ninguno de ellos es experto en tantos y tan bastos temas, por lo que las horas de sueño se tuvieron que cambiar muchas veces por el estudio y una escucha inteligente sobre innumerables asuntos que van desde lo histórico hasta los problemas de la tierra, el narcotrafico, la economía, el sistema legal, lo económico y lo social.

Me sobran agradecimientos para el rector de la  Universidad, el director de Proantioquia, el presidente de la ANDI, la Escuela de Humanidades de EAFIT y muy especialmente para su entonces decano, Jorge Giraldo, por el profesionalismo y disposición siempre abierta y permanente. Gracias a ellos, la mesa contó con estudios sobre Justicia Transicional, la cuestión rural y la construcción de paz en Colombia, el Consejo Nacional de Paz en la implementación de los acuerdos, y los desafios para la transición hacia la paz, entre muchos más.

De especial importancia fue el compendio histórico titulado Los retos de los empresarios en la construcción de paz que, de algún modo, llamaba a los empresarios a no marginarse de su participación en la construcción de una paz ya visiblemente posible, aportando un material que invito a estudiar y a leer con detenimiento.

Todo ello, sumado a mis constantes visitas a EAFIT, me permitió recoger material de otras experiencias de paz y sopesar perspectivas sobre lo que en ese momento existía como una posibilidad. Aprendí de las ciencias sociales y descubrí que mi experiencia de vida y una carrera empresarial de más de 40 años no eran por si solas suficientes para asumir semejante reto.

EAFIT ha hecho este y muchísimos otros aportes al mundo de la empresa como proveedor de conocimiento, facilitador de intercambios y gestor del desarrollo y el cambio en diversos campos científicos y humanísticos.

Con todos sus problemas, Colombia ha progresado. Pero ese progreso no es suficiente y afloran nuevos retos. La atención al medio ambiente nos obliga a todas las empresas, pues aquellas que no participen de este esfuerzo no estarán en el mapa.

Y deberán adaptarse a un nuevo enfoque de empresa que ya no se justifica solo con ganancias: hoy es necesario que su accionar se ocupe, además, por humanizar el lugar de trabajo, por su contribución a crear valor en sus comunidades y su sociedad con cero corrupción, nadando en ecosistemas digitales y ofreciendo a sus clientes productos que aportan valores realmente funcionales y sanos, tal como se condensó en la última reunión de Davos.

La sostenibilidad será un imperativo de las empresas de todos los dominios y los ojos de clientes, accionistas y empleados estarán en sus aportes al largo plazo y en el propósito de construir naciones y un mundo más justo para todos.

La rapidez de los cambios nos exige cada vez más como individuos y sociedad, pero no debemos perder el sentido de las prioridades: en un país como Colombia la paz es esquiva, pero por ella y por la convivencia debemos luchar siempre, así como debemos hacerlo por una mayor equidad y más posibilidades para todos.

Hoy, si alguien me preguntara qué es lo primero que yo haría, respondería: debemos hacer sin más dilaciones el catastro multipropósito sobre todo en las zonas rurales. Toda la nación y todos los poderes deben ponerse en ello y trabajar para sacar una iniciativa que permita una mejor y más formal asignación de la tierra y que dé la oportunidad para que millones de compatriotas logren acceso a ella y cumplan su sueño de ser copartícipes de una nación inmensamente rica en recursos.

Ello es complejo, pero no imposible. Y para hacerlo contamos con la ayuda de numerosos países que ya lo han hecho y nos darían su conocimiento y experiencia.

Pero debemos alinear nuestro sistema legal, nuestros departamentos de estadística, nuestros recursos y, sobre todo, nuestra voluntad. Si vamos en este orden seremos capaces de resolver problemas y sobre-pasar obstáculos que ahora se ven imposibles. Porque siempre nos será posible progresar y generar mejor calidad de vida. Porque si hacemos lo justo, lo lógico y lo humano, basados en un concepto de mayor igualdad y dentro de una democracia disciplinada e incluyente, no podrá ser de otra manera.

En el reporte de la Conferencia de Estocolmo, en 1972, se lee que “el hombre [el ser humano] es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”.

La muestra por excelencia de nuestra condición de artífices del medio ambiente que nos rodea es la ciudad. Y es desde las ciudades que la humanidad debe generar las soluciones más contundentes para enfrentar la actual crisis ecológica y lograr un desarrollo sostenible.

En otras palabras, en el ámbito urbano deben materializarse pasos valientes hacia una sociedad en la que la búsqueda de una vida digna y de buena calidad (para todas las personas) se dé en armonía con la naturaleza. Esto no solo por el valor intrínseco que tienen las otras especies y el planeta en general, sino también porque, siendo los seres humanos naturaleza misma, al destruirla irremediablemente nos destruimos.

Uno de los temas más relevantes que pueden tratarse desde la convergencia entre ciudades y sostenibilidad es la movilidad. Y aunque no cabe duda de que la infraestructura y las tecnologías disponibles para el transporte juegan un papel determinante en la sostenibilidad urbana, estas no lo abarcan todo: el comportamiento de quienes ocupamos las ciudades (el hábito como forma de habitar) es también un asunto que vale la pena analizar, a pesar de que de manera usual se pone en un segundo plano. O precisamente debido a ello.

Y no hay que dar muchas vueltas para llegar a una lista de cambios de comportamiento fundamentales para una movilidad sostenible: se trata, en lo esencial, de desmotorizar la cotidianidad y de valorar más las alternativas colectivas.

Los motores son máquinas asombrosas que, sin duda, han posibilitado el alcance de una mejor calidad de vida y, claramente, sería un sinsentido pretender renunciar por completo a ellos. Pero es igualmente claro que la movilidad urbana ha llegado a unos niveles dañinos de dependencia del motor.

Asimismo, es comprensible que se opte por las alternativas privadas pero, de nuevo, el exceso ha conducido a una hiperindividualización en la movilidad que, sobre todo combinada con la adicción al motor, es problemática (tanto como pronunciar la palabra hiperindividualización).

Se necesita una ciudadanía dispuesta a caminar, a montar en bicicleta y a usar el transporte colectivo; personas que, si usan el carro, traten de compartirlo. Caminar o usar la bicicleta son formas de movilizarse que cuentan con la gran ventaja de que no se gasta combustible y, además, producen un placer adicional: como es nuestro propio esfuerzo el que nos lleva de un punto a otro, hay una sensación marcada de satisfacción y orgullo.

Y a ello se le suma el disfrute de evitar los trancones, de sentir la ciudad en forma más directa, de entenderse como parte de ella.Existen  razones  de  índole  ética  para realizar los cambios de comportamiento en la movilidad (en general, para propender por un estilo de vida sostenible), pues se trata del cuidado de la vida.

No hay que hacer más que mirar la cantidad de muertes asociadas a la mala calidad del aire o los impactos del cambio climático (ambos problemas derivados en gran medida de la piromanía global) para concluir que debemos reorientar la forma en que nos movilizamos.

En ocasiones tiende a confundirse la mitigación del abuso del carro particular –que es necesaria– con la eliminación de su uso –que es imposible–. Dejar el carro un día a la semana en la casa. Hacer teletrabajo de vez en cuando. Ir en bus o en metro y luego caminar. Todo suma: cualquier paso que se dé es una contribución importante y se puede avanzar de manera gradual, cada quien yendo hasta donde le sea posible, según su situación particular.

No hay que renunciar a todas las comodidades, pero sí es imprescindible reflexionar sobre el esfuerzo personal que podemos hacer.

Por último, si bien el esfuerzo personal es importante, para lograr adquirir y mantener los hábitos de una movilidad sostenible necesitamos también estrategias eentornos capaces de inspirarlos y permitirnos practicarlos. Se unen entonces los comportamientos y el asunto de la infraestructura. Caminar, montar en bici o tomar el bus: ninguno de estos debería ser un acto heroico.

Nuestras ciudades deberían estar diseñadas para ello, pero hay que aceptar que en la actualidad en Colombia ese no es el caso. Por eso la inversión en infraestructura debe ser coherente con los principios de la movilidad sostenible, tanto para reformar lo existente como para construir lo nuevo.

Mediante la inversión en educación e infraestructura sostenibles tenemos la posibilidad de hacer emerger un círculo virtuoso: entre más gente opte por la desmotorización y la mitigación de la hiperindividualización, menos contaminación, ruido y ocupación del espacio tendremos; lo que conducirá a un entorno urbano más amigable y atractivo, a una ciudad más capaz de invitar a más gente a conectarse de manera más cercana con la ciudad y a optar por lo colectivo... Y así sucesivamente.

No se pueden aplazar los esfuerzos personales e institucionales para humanizar las ciudades, entendiendo la humanización como una derivación de dos acepciones de humanidad: conjunto de personas, por un lado, y benignidad o afabilidad, por el otro. Las ciudades deben ser benignas, afables, más para las personas que para los motores.

Hace algunos meses, la Corte Constitucional declaró “inexequible con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021, la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, ‘por medio de la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’.”

Del mismo modo, declaró inexequibles los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Esta decisión judicial se adoptó en la Sentencia C-047, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y fue anunciada en comunicado del 4 de marzo de 2021.

La Ley 1951 del 24 de enero de 2019 había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenando su entrada en funcionamiento dentro del año siguiente y asignándole la función principal de impulsar la participación de la comunidad científica para incrementar el nivel de la investigación científica y social, así como el desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los parques industriales y las empresas. Así mismo, la mencionada ley indicó que esta nueva entidad gubernamental no podía generar gastos generales o de personal adicionales a los que tenía presupuestado el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y complementó –en los artículos 125 y 126– aspectos asociados a la estructura y competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no habían quedado definidos en su ley de creación.

La Ley 1951 de 2019 fue demandada ante la Corte Constitucional que, a su vez, integró al proceso los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, por guardar relación con la fusión, la denominación y los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la demanda se argumentó que: i) se infringió el artículo 154 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley dirigidos a crear, suprimir o fusionar ministerios solo pueden ser presentados por el Gobierno Nacional, y esto no fue lo que sucedió en el caso analizado; y ii) se contravino el artículo 150, numeral 7, de la Constitución, por no establecerse en la ley la estructura del Ministerio que se creó.

La Corte Constitucional acogió estos argumentos indicando que “no es posible adoptar medidas que no correspondan a la función de planeación y que no tengan por finalidad impulsar el cumplimiento del Plan para el correspondiente período presidencial”. En tal sentido, precisó que no era viable subsanar a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo los vacíos relacionados con la estructura del Ministerio porque dicho asunto debía determinarse a partir del procedimiento democrático previsto en la Constitución.

Es más, para la Corte, los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 ni siquiera subsanaron el vacío en la estructura del Ministerio, pues se limitaron “a otorgarle al Gobierno facultades que la propia Constitución le confería para modificar la estructura de los ministerios, pero no para determinarla (artículo 189.16 de la Constitución)”.

Ahora bien, ¿qué implica que la Corte Constitucional haya declarado inexequibles las disposiciones normativas por las cuales se había creado el Ministerio? ¿Significa que desde la expedición de la Sentencia C-047 de 2021 dicho Ministerio desapareció?

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Usualmente, estos efectos se producen desde el mismo momento en el que se publica la sentencia, de manera que, si declara inexequible una norma, esta queda expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto el artículo al que se ha hecho referencia, como la jurisprudencia constitucional reconocen la potestad de la Corte de modular los efectos de sus fallos, es decir, de establecer desde qué momento se producen tales efectos y en qué sentido.

Pues bien, con la Sentencia C-047 de 2021, “la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021”. Según la Corte, “la medida del diferimiento se adoptó al tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Esto significa que con la decisión de la Corte Constitucional el Ministerio no desapareció. Más aún, puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero el Congreso de la República cuenta con dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de este año, para regular de manera completa la estructura de dicho Ministerio, pues una vez cumplidas aquellas, tanto la Ley 1951 de 2019 –que lo creó– como los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 –que complementaron sus funciones–, saldrán del ordenamiento jurídico y quedará sin fundamento normativo tal Ministerio.

Según el artículo 138 de la Constitución, una “legislatura” se conforma por dos períodos legislativos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de marzo al 20 de junio. De acuerdo con lo anterior, el plazo para que el Congreso subsane los defectos en la estructura del Ministerio, siguiendo el trámite legislativo adecuado, vence el 20 de junio de 2023. Hasta esa fecha, dicho Ministerio puede continuar desarrollando sus actividades.

A pesar de que con el plazo concedido por la Corte Constitucional para remediar la situación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva temporalmente su vigencia y operatividad, un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción.

Debe recordarse que los ministerios y los departamentos administrativos, como órganos del Gobierno Nacional, cumplen funciones cruciales para la concreción de las políticas públicas. En tal sentido, la creación, modificación y supresión de aquellos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

La sentencia de la Corte Constitucional también es un llamado a que se respete el principio democrático en la creación de los órganos del Estado. El Congreso de la República no puede renunciar a su competencia para establecer la estructura de un ministerio, encomendando este asunto al Gobierno Nacional, pues ello no garantiza el grado óptimo de deliberación y afecta la legitimidad de este tipo de decisiones.

Si bien la política criminal contra bandas y combos ha dado frutos, es hora de reenfocarla, mejorarla y adecuarla a la realidad actual. Investigadores aseguran que es la forma de acabar con el llamado “gobierno criminal”, fenómeno que ocurre en sectores afectados por la acción de grupos armados.

En las tres últimas décadas, desde que era considerada la ciudad más violenta del mundo hasta hoy, Medellín ha diseñado y desarrollado una serie de políticas públicas para atacar los fenómenos violentos y generar bienestar y respuestas a las necesidades de las comunidades que los sufren.

Ello le ha dado no solo un reconocimiento internacional, sino que ha permitido fortalecer su gobernabilidad. Un ejemplo es lo siguiente: en 1992, la ciudad tenía una tasa de homicidios de 350 casos por cada 100.000 habitantes y la de 2019 mostró 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Aun así, la investigación “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo”, realizada desde 2016 por Innovations for Poverty Action (IPA), la Universidad de Chicago y la Universidad EAFIT muestra que hoy esas políticas públicas no tienen el impacto esperado y deben reenfocarse y mejorarse.

Para sustentar la tesis, la investigación se basa en un elocuente dato: aún hoy en la ciudad existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que, a su vez, controlan el accionar delictivo de unos 350 combos y que ese accionar va más allá de actividades como el microtráfico, la extorsión, el hurto y el control de los llamados “pagadiarios” o “gota o gota”.

“Hay que entender mejor cómo esto evoluciona en el tiempo, para focalizar otro tipo de políticas. Creo que lo primero que debe hacer el Estado, en particular la Alcaldía de Medellín, es medir mejor esos fenómenos”, dice el profesor Santiago Tobón Zapata, uno de los directores de la investigación, quien dirige el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de EAFIT.

Advierte que se trata de un problema serio, grave, que ocurre hace tiempo y sobre el cual existe la evidencia anecdótica de cómo se manifiesta en muchas partes del territorio, “pero indudablemente nos falta medirlo mejor, de forma más sistemática, frecuente y completa”.

En Medellín existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que controlan a unos 350 combos. Foto: Róbinson Henao

Delincuentes que ocupan el papel del Estado

El también profesor de EAFIT Gustavo Duncan Cruz, del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas –otro de los directores de la investigación–, explica que las estructuras criminales de Medellín, como ocurre en muchas ciudades del mundo, generan altos porcentajes de violencia y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública.

Pero lo más grave, advierte el académico, es que ejercen funciones similares a las de los Estados, como resolver disputas y problemas comunitarios, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar “impuestos”.

A esas actividades se les conoce como “gobierno criminal”. El problema es que, tal cual funciona ese gobierno criminal en Medellín, no va en contravía del gobierno estatal sino que, todo lo contrario, a veces lo complementa, se nutre de él o se convierte en el espejo para fortalecer su presencia, en especial en territorios con mayor ausencia de institucionalidad, afirma Duncan.

La gente demanda servicios de gobierno, resolver su problema con el vecino y, en muchos contextos, se acerca a la solución más rápida, ágil, contundente y efectiva, y cuando el Estado es incapaz de hacerlo, acude a otros actores de la vida social.

En algunos contextos, esos actores son la administración de un edificio o un líder comunitario y, en otros más extremos, los integrantes de los combos armados, agrega el profesor Tobón Zapata, quien está adscrito al Departamento de Economía de EAFIT.

Finanzas del crimen organizado

La investigación no se queda en la explicación simplista según la cual las grandes bandas criminales son proveedoras mayoristas de droga a combos de menor tamaño para que estos la vendan al detal. O que suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses, mientras los combos extorsionan a pequeños establecimientos comerciales de barrio y, en ocasiones, a los hogares.

Ahora, unas y otros tienen una diversificada estructura de ingresos que incluye servicios prestados a la industria del narcotráfico, como el sicariato, el cobro de deudas y la protección de rutas de transporte de estupefacientes. Además, imponen multas por mal comportamiento o definen el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales.

Ante esta realidad, la investigación sugiere recomendaciones para enfrentar con éxito ese fenómeno. Ellas son fruto también de los resultados de una encuesta realizada a finales de 2019 en 4.868 hogares y 2.109 negocios de estratos 1, 2, 3 y 4, de 224 barrios de Medellín y 8 de Bello e Itagüí. Algunos de los resultados de esa encuesta son sorprendentes y van en contra de lo que muchas personas e instituciones suponían, según lo revelan las siguientes conclusiones:

Los niveles de gobierno criminal varían mucho a lo largo de la ciudad y en algunos barrios los combos son la autoridad.

El gobierno criminal está correlacionado con la extorsión y los préstamos de dinero conocidos como “gota a gota”. Esto sugiere que la extracción de rentas ilegales es uno de los motivos por los que los combos “gobiernan”.

Los niveles reales de gobierno criminal y de otros fenómenos asociados como la extorsión son mucho más altos que los estimados por las autoridades.

Contrario a lo esperado, incrementar el gobierno del Estado puede aumentar el gobierno criminal
La encuesta reflejó que, pese a que el Estado llega a esas comunidades con una batería de asistencia social, en muchos barrios el combo es mucho más activo en relación con la provisión de diferentes servicios de gobierno.

“En otras palabras, aquellos barrios en donde los combos ejercen más funciones de gobierno son también los barrios en donde la gente se siente más satisfecha y confía más en ellos”, es decir, según la investigación, los ciudadanos ven a los combos como un complemento del Estado porque actúan como intermediarios entre la comunidad y el mismo Estado.

Esa condición implica grandes desafíos para Medellín, que van desde nuevos diseños de gestión pública, fortalecimiento de alianzas público–privadas y herramientas de financiación, hasta hacer realidad un nuevo modelo de desarrollo basado en ciencia, tecnología e innovación, integral e incluyente, y con repercusiones de orden nacional.

Pocos ciudadanos probablemente conocen que, según la Constitución de Colombia, Medellín ostenta la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo es desde el 14 de julio de 2021, fecha de adopción del Acto Legislativo 01, que la consagra como tal. ¿Qué significa esto para la ciudad y para Colombia? ¿Cuáles son las oportunidades que esta condición representa para el futuro de la capital antioqueña y del sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) a nivel local, regional y nacional?

Como aporte a la discusión de estas y otras preguntas, la Universidad EAFIT fue sede del Foro Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tuvo lugar el 9 de marzo de este año, y que contó con el apoyo del Comité Universidad-Empresa-Estado (CUEE) de Antioquia y del G8+ Universidades.

Ese evento se planteó como una discusión pluralista y con perspectiva de ciudad, pues el Distrito sólo tendrá éxito en la medida que sus ciudadanos y sus instituciones se apropien de él y aporten activamente en su construcción. Este artículo busca recoger hitos clave sobre el desarrollo del Distrito hasta el momento, así como algunas perspectivas expresadas por los especialistas que participaron en el Foro.

​​​​​Logro en contexto

A la declaratoria de Medellín como Distrito de CTeI en 2021, le siguió un trabajo normativo en el Congreso de la República que culminó con la adopción de la Ley 2286 el 12 de enero de 2023, que crea una estructura de gobernanza y entrega un conjunto de herramientas con miras a hacer efectiva la condición de Distrito de CTeI, algunas de los cuales destacamos aquí.

En primer lugar, se crea el Organismo Asesor del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital, que es la “instancia de asesoramiento a las autoridades del Distrito para la implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Esa instancia consta de un mínimo de doce (12) miembros, incluyendo representación de la academia. Está llamado a ser el órgano que emita recomendaciones a las autoridades distritales sobre estrategias y prioridades en materia de CTeI, vigile el funcionamiento del Distrito, y haga advertencias cuando sea necesario aplicar correctivos.

Otra de las herramientas establecidas, muy llamativa para las instituciones que desarrollan actividades de CTeI, serán las Zonas de Tratamiento Especial, en las que se buscará “fortalecer y facilitar el desarrollo de todo tipo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Según lo reglamenten las autoridades distritales en cabeza del Concejo Distrital, en estas Zonas se podrían facilitar procesos que hoy dificultan el crecimiento de los emprendimientos de base científico-tecnológica o spin-offs, la utilización de equipos e insumos necesarios para llevar a cabo procesos de investigación y desarrollo tecnológico, y la formación de capital humano en todos sus niveles y su inserción en el entorno laboral, entre otras posibilidades.

Más de 1700 estudiantes hacen parte de los 128 semilleros de investigación que tiene la Universidad EAFIT. Esta es una muestra de los proyectos desarrollados durante el año 2021.

Análisis a un prototipo de motor cohete

El semillero de investigación en Cohetería y Propulsión realizó pruebas de carácter analítico que permitieron identificar cómo interactúa la combustión al entrar en relación con cada uno de los elementos que hacen parte de un prototipo de motor cohete.

“El motor cohete es el sistema que transforma la energía calórica en energía cinética, producto de una reacción química en una cámara de combustión –explica el semillero–.

En dicha reacción se generan gases que son expulsados por la tobera, es decir, un dispositivo que acelera el flujo de estos y que son los responsables de generar el empuje necesario para que el cohete se impulse en sentido contrario a los gases de combustión”.

El análisis fue necesario para tener un mayor conocimiento de los diferentes fenómenos involucrados en ese proceso y responder una pregunta clave: ¿la cámara de combustión soportará la presión máxima interna?

Para ello, utilizaron una herramienta de cálculo computacional conocida como FEM que permitió simular condiciones de presión interna y verificar que su comportamiento esté dentro de los límites establecidos por el factor de seguridad de diseño relativo a las propiedades mecánicas del tubo motor.

Lo que sigue es probar el motor cohete. Para ello realizarán dos experimentos que permitirán entender el desempeño termoquímico y mecánico del motor, y comparar con los cálculos analíticos y numéricos ya realizados. En el proyecto participan los estudiantes Simón Emilio Suárez y Juan Pablo González, de Ingeniería Física; y Pedro Gómez Bedoya, Juan José Arrubla y Juan Camilo Isaza, de Ingeniería Mecánica. Son orientados por los profesores Francisco Javier Botero y Juan Sebastián Rodríguez.

Tres semilleros de la Universidad EAFIT se unieron para idear y desarrollar este proyecto de investigación-creación en el que se exhiben 13 objetos inútiles  de manera articulada con 13 obras musicales, acompañados, cada uno, de una microficción literaria. La iniciativa tiene su origen en el cuento de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, El museo de los esfuerzos inútiles, escrito en 1983. En 2023 esperan instalar la exposición en Medellín y El Retiro.