La creación de un observatorio y datos rigurosos serían el primer paso para enfrentar los desafíos que está presentando para la región la gentrificación y la turistificación. Así lo consideran analistas del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) y de la especialización en Derecho Urbano de EAFIT.
La gentrificación —definida como un proceso de rehabilitación urbanística que causa el desplazamiento de los vecinos del barrio— y la turistificación —las consecuencias en una población por la afluencia masiva de turistas— están complicando el acceso de la vivienda en el área metropolitana del Aburrá. Las presiones se relacionan con el incremento de los precios de los inmuebles tanto para la compra como para el arriendo.
Frente a alternativas ante esos desafíos, Nataly Montoya Restrepo, jefa de la especialización en Derecho Urbano de EAFIT, considera como una acción prioritaria contar con un observatorio. “Necesitamos herramientas para medir lo que está pasando, entender cómo están cambiando los procesos de las viviendas, cuáles zonas son las de mayor demanda y dónde amerita que el Estado tome acción”.
Juliana Gómez Aristizábal, coordinadora de proyectos de Urbam, coincide con la propuesta y advierte que todavía no hay datos rigurosos que permitan anticipar las dinámicas y responder de una forma inteligente e innovadora a este fenómeno ya que, desde su mirada, esta información ayudaría a enriquecer programas y proyectos de hábitat en clave de inclusión y equidad territorial, y no tanto de expulsión como viene sucediendo.
“Vemos algunos ejemplos como el Observatorio de Hábitat de Barcelona, que ha sido una herramienta muy importante para que la ciudad tome decisiones de manera informada, por ejemplo, en relación con establecer topes de pisos de Airbnb o ser mucho más estrictos con las condiciones que deben cumplir para estar en oferta en ese tipo de plataformas”, agrega Juliana.
La investigadora de Urbam también menciona entre los referentes para tener un punto de partido al Observatorio de Ciudades del TEC de Monterrey, una plataforma intersectorial de integración de información que ha permitido identificar zonas con mayor o menor acceso a ciertos servicios y generar ofertas de mejoramiento.
Medellín ya ha dado algunos pasos
La ciudad cuenta con el Plan Estratégico Habitacional (PEHMED) 2030, presentado en el año 2019, por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Medellín.
El documento ya señalaba que en la ciudad “la presión inmobiliaria y los precios especulativos de los predios en los sectores con tratamiento de renovación urbana y en algunos de consolidación y reciclaje de suelos consolidados, conducen a la salida de los moradores despojándolos de la plusvalía potencial”.
Entre las estrategias contempladas en el Plan está la creación del Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional, órgano colegiado de articulación, coordinación y concertación de la política pública del hábitat con la concurrencia de los diversos actores.
No obstante, para Fernando Zapata, profesor de la maestría en Procesos Urbanos y Ambientales de EAFIT y actual coordinador del programa Derecho a la Ciudad y el Territorio de la Corporación Región, el nivel de ejecución de este Plan es mínimo, síntoma de una debilidad institucional y del bajo interés por atender debidamente el tema.
“La ejecución es muy poca, pero se debe a que es una política muy reciente. Lo que dicen las comunidades es que no están satisfechas con el proceso, sin embargo, hay que reconocer que ya arrancó y que existe como posibilidad normativa para reivindicar ese derecho y la obligación de que lo tengan que atender, así su nivel de aplicación sea mínimo”, expresa Fernando.
Otro antecedente tiene que ver con la inspiración que significó para algunos sectores de Medellín la experiencia de Brasil sobre la protección a moradores —que ampara a habitantes originales de zonas populares para no ser expulsados de su territorio— para movilizarse en el año 2014 y plasmar esta intención en el Plan de Ordenamiento Territorial. Aunque no fue hasta 2021, después de distintos procesos y conversaciones, que se logró la reglamentación para que en la ciudad se tuviera una Política Pública de Protección a Moradores.
Los analistas de EAFIT concluyen que este fenómeno, su observación y la construcción de políticas urbanas, convoca a múltiples actores: sector público y privado, actores comunitarios, líderes sociales y habitantes, no solo para señalar la problemática, sino también desde el llamado a mantener vivo y no poner en riesgo el tejido social que caracteriza a los barrios de Medellín.
Una mirada más amplia
Si bien el alto incremento de visitantes extranjeros —que incluye a los nómadas digitales y trabajadores remotos— ha sido una cara visible del proceso de gentrificación en Medellín, que obliga el desplazamiento de los habitantes tradicionales y genera nuevas dinámicas en el territorio ante el cambio de los usos del suelo, hay distintas causas para abarcarlo.
La posición que tiene la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de Colombia, el uso de plataformas digitales para arrendamiento, la reducción en la oferta de vivienda -en estratos 4, 5 y 6 se ha reducido en un 50% según un estudio de La Lonja, la inflación, la ausencia de programas de hábitat y la pérdida de participación en la oferta de vivienda nueva son algunos de los puntos que señala la investigadora Juliana Gómez, quien expresa que para plantear soluciones es necesario enmarcar este fenómeno de expulsión en una perspectiva amplia y sistémica.
La problemática se manifiesta, además, desde diferentes orillas: aumento de costos con relación al arriendo, compra de vivienda, crecimiento informal de la ciudad y sus riesgos asociados, congestión del sistema de transporte, entre otras.
Mayores informes:
Alejandro Gómez Valencia
Área de Contenidos – Departamento de Comunicación EAFIT
+574 2619500 ext. 9931
jgomez97@eafit.edu.co