Por una transición energética responsable

Mayo 2, 2022

Retos y desafíos de la transición energética justa en Colombia a través de la apropiación social del conocimiento.

Ecosistema Científico E​nergética 2030 como un ejemplo a seguir.

La Organización de las Naciones Unidas adoptó, desde el encuentro de las partes en Rio de Janeiro en 1991, la definición de desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

Dentro de los retos más grandes que tiene la humanidad en el marco del desarrollo sostenible está sin duda la necesidad de garantizar los recursos energéticos para la presente y las futuras generaciones.

A pesar de ingentes esfuerzos, particularmente en las últimas tres décadas, aún la dependencia energética basada en recursos fósiles sigue siendo muy alta, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), casi el 80% del suministro de energía a nivel mundial está basado en estos recursos.

Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar los procesos de descarbonización frente a las realidades de la catástrofe climática que se aproxima por los efectos antropogénicos relacionados con el cambio y la variabilidad climática, la transición energética debe seguir estando en la agenda mundial, pero especialmente en la nacional.

Una transición energética responsable, especialmente en países en como Colombia, debe ser diseñada adecuadamente, de tal forma que no se ponga en riesgo la posibilidad real y efectiva de que la nación se vea beneficiada, pero con un horizonte de responsabilidad planetaria pensando en las futuras generaciones.

Lo anterior implica enmarcar los procesos de transición energética bajo la luz de la justicia energética, entendida como como la agenda de investigación y análisis que busca aplicar los principios de justicia a la política energética, a los sistemas y producción de energía, al consumo energético, al activismo energético, a la seguridad y soberanía energéticas, a la política económica de la energía y especialmente al cambio climático.

“La justicia es un dispositivo convencional para preservar el orden social mediante la solución de disputas entre individuos que están haciendo incompatible sus reclamos…sobre recursos escasos." David Hume.​

Hablar de justicia energética demanda un análisis en al menos tres dimensiones: justicia distributiva, justicia del reconocimiento y justicia procedimental.

La justicia distributiva aborda las problemáticas asociadas con las inequidades físicas de la ubicación de los grandes centros de generación de energía, que generalmente afectan a ciertos sectores de la población dónde se hacen las instalaciones. Tiene que ver con la distribución de daños y beneficios entre la población.

Hay cierta aceptación generalizada en el sentido de que siempre habrá impacto y que alguien debe verse afectado de manera individual para que otros obtengan los beneficios del desarrollo, o, en otras palabras, el interés general prima sobre el individual. Sin embargo, usualmente son los sectores más desfavorecidos los que terminan soportando las cargas de los procesos e instalación de nuevos desarrollos energéticos, v.g. la construcción de una gran hidroeléctrica que afecta a las poblaciones río abajo por el impacto ambiental, el deterioro en la pesca, la carga de biomasa y generación de residuos para sus acueductos, entre otros. Adicionalmente, la justicia distributiva no solamente trata de la ubicación de la infraestructura, sino del acceso equitativo al recurso energético, no son pocas las veces que las poblaciones que soportan el mayor impacto de un nuevo megaproyecto energético sean las que menos acceso tienen a dicho recurso.

La ejecución de proyectos locales y regionales necesita incoporar, en las decisiones de carácter energético, las particularidades y contextos que caracterizan la diversidad social, cultural y étcnia de las poblaciones beneficiadas. 

La justicia del reconocimiento aborda la necesidad de incorporar, en las decisiones de carácter energético, las particularidades y contextos que caracterizan la diversidad social, cultural y étnica de las poblaciones afectadas por los procesos asociados. No es solo la falta de reconocimiento, sino que con frecuencia hay un absoluto desentendimiento de estas características de las poblaciones. Los procesos tienden a ser homogeneizantes y detrás de una fachada de igualdad, terminan siendo victimizantes para las poblaciones que se ven más afectadas por los proyectos de carácter energético. Países como Colombia, que cuentan con contextos culturales, étnicos y sociales altamente diversos, con realidades y brechas económicas muy grandes, deja en cabeza de las minorías más desfavorecidas las mayores cargas derivadas de los proyectos energéticos. Un mínimo reconocimiento de sus realidades y contextos en el marco de los procesos de desarrollo es un deber ético del Estado colombiano.

Finalmente, la justicia procedimental está relacionada con acciones efectivas de involucramiento de las comunidades en los procesos de toma de decisión que gobiernan el reconocimiento de dichos sectores descritos anteriormente.

“Los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania han mostrado que posiblemente sean los recursos energéticos los detonantes de los futuros conflictos a nivel mundial"

Demanda generar procesos equitativos de vinculación de todos los actores de manera no discriminatoria a través de sistemas legales multinivel. Esta dimensión de la justicia energética implica adicionalmente involucrar diálogo de saberes y movilizar saberes locales en los procesos de toma de decisión. Más que buscar no excluir a las comunidades, implica escuchar e implementar sus conocimientos en los territorios donde se busca generar proyectos de carácter energético.

Con el fin de pensar los procesos de transición energética en Colombia y su estrecha relación con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2017 se aprobó por parte de Colciencias3 el Programa Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030 – Energética 20304 por un valor total de $37 mil millones de pesos.

Este Programa hace parte de una estrategia de ecosistemas científicos para el mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), del cual hacen parte 8 universidades colombianas, 12 instituciones internacionales, más de 300 investigadores y 5 empresas.

El Ecosistema está compuesto por 11 proyectos que abordan diferentes temáticas relacionadas con los procesos de transición energética con aspectos como nuevas tecnologías de fuentes renovables de generación de electricidad, gestión de la demanda de energía, estrategias futuras, movilidad y construcción sostenible, política y regulación energética, entre otras.

El proyecto 10 de Energética 2030 estuvo enfocado a los procesos descritos inicialmente de justicia y transición energéticas mediante la implementación de un laboratorio de co-creación y apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que involucre a la comunidad, la academia, el sector productivo y el sector gubernamental.

El Laboratorio fue implementado en Isla Fuerte5 con los sectores descritos anteriormente, donde la comunidad tuvo un papel protagónico y derivado del mismo se lograron establecer cuatro proyectos productivos y sociales que se espera que generen oportunidades y bienestar a la población a través del uso de fuentes renovables de generación de energía eléctrica.​

Los procesos de transición energética deben estar enmarcados en conceptos de justicia energética, esto implica reconocer a las comunidades, especialmente las más vulnerables como actores claves, así como sus saberes, para lograr que, a través de procesos de co-construcción, se puedan apropiar adecuadamente de los desarrollos de la ciencia para la generación de bienestar con una mirada de desarrollo basado en la sostenibilidad.

Este fue el propósito del Ecosistema Científico Energética 2030 y especialmente del equipo interdisciplinario del proyecto P10, gracias a un esfuerzo acertado del Estado colombiano que debe continuar para apoyar a la consolidación real de una sociedad basada en el conocimiento pero que respete la diversidad, los saberes y los contextos de las comunidades involucradas.

Autores

Camilo Younes

Vicerrector de Investigación, Universidad Nacional de Colombia.

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Una historia de la actividad societaria en Antioquia

Enero 26, 2025

Nuevos elementos para entender las razones que permitieron que esta región alcanzara un importante desarrollo empresarial fueron hallados en una investigación de la Escuela de Derecho. El proyecto ha estudiado, hasta ahora, 3276 sociedades mercantiles constituidas en esta región entre los años 1887 y 1945.

Gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad EAFIT fue posible reconstruir, a partir de documentos antiguos, la historia de la actividad societaria en la región.

El estudio demuestra los cimientos del desarrollo empresarial en Antioquia, pero también encuentra que el contrato de sociedad fue utilizado para llevar a cabo otras actividades económicas, sociales y culturales como farmacias, boticas y droguerías, clubes sociales, teatros, cines, editoriales y periódicos, entre otros.

Esto se evidencia al recorrer las páginas del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la región, que recoge las conclusiones de la primera fase de esta investigación realizada por los docentes de la Escuela de Derecho María Virginia Gaviria Gil y Juan Esteban Vélez Villegas, junto a Diana Paola Gil Guzmán, abogada e investigadora asociada al proyecto.

Ya está en proceso de edición un segundo tomo que amplía el análisis hasta el año 1945. Según la profesora María Virginia Gaviria, magíster en Historia e investigadora principal, en las dos primeras fases del proyecto se pudieron identificar 3276 sociedades.

Para ella, ambos libros no solo contienen todo el análisis de lo que traían los códigos y las principales normatividades de la época, sino que “van más allá para mirar cómo se usaban en la vida práctica, cómo los empresarios utilizaban esas normas, cómo se apropiaban de las mismas y, adicionalmente, los comentarios que la doctrina jurídica realizaba sobre ellas”.

La investigación fue realizada a partir de fuentes jurídicas como los extractos notariales de constitución de sociedades ubicados en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con los que elaboraron un trabajo minucioso de investigación histórica, jurídica y socioeconómica. Con eso lograron identificar en qué regiones de Antioquia se constituyeron más sociedades y quiénes hacían parte de ellas.

Según explica María Virginia Gaviria, “muchos antioqueños tenían sus sociedades familiares o personales, pero a partir de ellas constituían otras sociedades. Existieron unos grupos societarios a principios del siglo XX, un fenómeno que pensábamos que era solo característico de la segunda parte de ese siglo”.

En la investigación también lograron definir qué tipos de sociedades se constituían en la época, siendo las sociedades anónimas menos comunes que las colectivas. Estas últimas eran las preferidas, entre otros motivos, porque generaban más confianza entre el público.

“Logramos encontrar el uso que se le daba a esa figura societaria, a ese contrato de sociedad para múltiples finalidades, que no eran solamente el contrato de sociedad para desarrollar actividades comerciales o para esas nacientes industrias. A principios del siglo XX se utilizaba la sociedad para desarrollar actividades profesionales, servicios de abogados, odontológicos, tareas de prensa, actividades recreativas, cine, teatro, editoriales y muchas otras labores que recurrían a esta herramienta”, comenta la profesora Gaviria.

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Ejemplo de prosperidad en una crisis

Juan Esteban Vélez Villegas, también docente e investigador de la Escuela de Derecho y coautor del libro, explica que Antioquia era un territorio periférico durante el período colonial que se destacaba por ser una región minera, pero donde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se constituyeron una gran cantidad de sociedades mercantiles y se desarrolló una actividad comercial significativa.

“La Medellín de la primera década del siglo XX era una ciudad que no tenía más de 70.000 habitantes y, sin embargo, fue un sitio en el que logró desarrollarse una industria manufacturera muy importante, en donde comenzaron a surgir industrias dedicadas a muchos tipos de actividades. Las textilerías fueron quizás las más notables durante un tiempo, entre las que sobresalieron Coltejer y Fabricato, además de otras industrias de bebidas, zapatos y hasta fósforos, algunas que aún hoy son grandes empresas”, manifiesta Vélez.

También comenzaron las grandes siembras de café, se crearon bancos, en tanto que hubo abundancia de dinero proveniente de la minería. “Para hablar de la historia de Antioquia hay que hacer referencia a la minería”, recuerda el abogado e historiador Rodrigo Puyo Vasco, editor general del libro. Pero no todo fue color de rosa, también ocurrió lo contrario: se presentaron algunas quiebras famosas.

Todo esto representó una riqueza enorme en este período y una gran influyencia política en la vida de la Nación, tanto así que hubo tres presidentes de la República antioqueños en este período: Pedro Nel Ospina, Carlos E. Restrepo y Marco Fidel Suárez.

El denominado Caso Antioqueño, que para muchos investigadores sorprende porque surgió en una región relativamente periférica y aislada para entonces, generó ese dinamismo industrial que igualmente queda en evidencia en esta investigación.

“Esas pequeñas sociedades colectivas antioqueñas manejaban capitales muy limitados y aún así tenían un ecosistema enormemente rico en donde había sociedades de todos los tamaños dedicadas a una gran cantidad de actividades. De esta forma, vemos que el surgimiento posterior de las grandes industrias no fue fruto del azar, sino el resultado de un movimiento mucho más general que se estaba dando en la región”, comenta el profesor Vélez.

Por esta razón, Antioquia fue un ejemplo de cómo prosperar en épocas de crisis: “La región estaba reventada con la Guerra de los Mil Días [ocurrida entre 1899 y 1902], la inflación estaba desbocada, la moneda había colapsado por los abusos del banco y tardó mucho tiempo en volver a ajustarse”.

Pero, a pesar de esa crisis tan enorme, los empresarios antioqueños de ese momento mantuvieron su asociatividad y en medio de esa situación tan difícil lograron sobreponerse y, por eso, en las primeras décadas del siglo XX se pudo dar el florecimiento de la actividad empresarial en la región.

La participación de la mujer como socia o accionista de sociedades era extraña hace un siglo. Sin embargo, se encontraron unas pocas sociedades que eran solo de mujeres. La participación femenina se consolida en la segunda mitad del siglo XX, después de que la Ley 28 de 1932 les dio la capacidad civil para hacerlo.

Un tesoro histórico recuperado

Para Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, "no podía ser que la historia de las sociedades mercantiles que se había entregado a la Cámara de Comercio estuviera guardada en un sótano húmedo. Empezamos entonces a recuperar todos sus folios y a buscar tecnologías para su recuperación. Nosotros queríamos que ese esfuerzo de preservación y análisis se materializara y eso es esta investigación".

El exrector de EAFIT Juan Luis Mejía Arango fue una de las personas que más impulsó la investigación. Para él, este libro “es el fruto de un proceso que se inició hace tres años. En la Cámara de Comercio había un tesoro, pero ese tesoro estaba inédito y había que investigarlo”.

Y es que, según el exrector, el archivo de esa entidad es una fuente de investigación jurídica, económica y social que está compuesta por los registros de las sociedades comerciales de Antioquia que por años se depositaron, primero, en un juzgado y luego llegaron a la Cámara de Comercio, entidad que hizo un esfuerzo importante por recuperar, conservar y digitalizar ese archivo.

“Me parece que aquí hay unos hallazgos importantes para los economistas y los historiadores, hoy tenemos un libro que llega a enriquecer el acervo y a permitirnos entender esto que se ha llamado el Caso Antioqueño”, asegura Mejía Arango.

 

Las Tillandsias recurvata son plantas muy comunes en nuestro medio. Crecen incluso en techos y en cables de luz.

 

La investigación, como armar un rompecabezas

El desafío inicial de los investigadores fue escudriñar y buscar pistas de la historia de la actividad societaria en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, según recuerda Diana Paola Gil Guzmán, abogada de EAFIT y también coautora del libro.

“En su primera fase, el proyecto implicó la revisión de muchísimos extractos: revisamos más de 3000 para llegar a identificar en total 1837 extractos de constitución de sociedades”, afirma. Luego, la complejidad estuvo en catalogar, sistematizar y clasificar todos esos documentos en una base de datos.

Ordenar toda esta información no fue tarea sencilla: “Encontramos 8085 socios. Son muchos nombres, fue todo un reto ver cómo poníamos esos nombres en relación y cómo se los presentábamos al lector”, asegura la investigadora.

El Archivo Histórico de Antioquia y la Sala de Patrimonio Documental de EAFIT también fueron fundamentales para hallar otra información que hacía falta.

“Por fortuna, en el departamento se han realizado una buena cantidad de trabajos sobre la historia empresarial de la región. Ese gran interés nos permitió efectuar muchos cruces y relacionar las sociedades”, puntualiza Diana Gil.

El proyecto continúa y en su tercera fase ampliará el análisis hasta el año 1960.

Valor histórico de los documentos de comercio

El abogado e historiador Rodrigo Puyo Vasco –editor general del libro– afirma que la historia de la legislación comercial en nuestro país se inicia con la herencia española de las Ordenanzas de Bilbao y la aprobación del Código de Comercio de 1853.

Durante el régimen federalista, vigente hasta 1885, cada Estado soberano reguló los temas comerciales.

Luego hubo cambios legislativos como consecuencia de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de 1886 y en 1887 entró en vigencia el Código de Comercio Terrestre que regulaba, entre otros temas, las sociedades.

Según Puyo Vasco, para 1887 ya existían tres tipos: la sociedad colectiva, la sociedad comandita y la sociedad anónima.

Para ese entonces, los juzgados de comercio no existían y las sociedades se registraban en los juzgados de circuito.

Fue solo hasta 1931 que se entregó el registro mercantil como una función delegada pública a entidades privadas como son las cámaras de comercio.

En esta fecha se ordenó que todos los libros que estaban en los antiguos juzgados de Circuito fueran trasladados a las cámaras de comercio.

Para el historiador, estos documentos “más allá de ser unos papeles, son el recorrido histórico y la vida social, jurídica y económica de nuestra sociedad”.

Autores

Laura López Alzate

Colaboradora Revista Universidad EAFIT

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Autor
Laura López Alzate
Edición
Edición 177

Tendencias y retos para unir conocimiento científico y saber social

Marzo 22, 2021

El V Encuentro de Investigadores de EAFIT permitió conocer experiencias internacionales y de la propia Universidad en el área de apropiación social del conocimiento, así como analizar cómo y por qué es necesario profundizar el diálogo ciencia–sociedad.

EAFIT han realizado una importante cantidad de proyectos en los que la sido exitosa la interacción de sus académicos y científicos con la sociedad. Su objetivo ha sido tan sencillo como profundo: involucrar a personas, organizaciones y comunidades no científicas en los procesos de generación de nuevo conocimiento, así como acercarlos a los resultados mismos de las investigaciones.

Las experiencias van desde programas de alto impacto como Universidad de los Niños hasta series radiales como la titulada Con la ciencia en la cabeza o la exposición Incomprendidos, que en 2019 unió la biología y la física en un montaje didáctico y lúdico.

También se han realizado y se siguen haciendo eventos culturales como la Serieclub Cuatro Ojos, que analiza algunas de las series de televisión más populares del momento, y las obras de teatro y los conciertos didácticos sobre ciencia que pusieron a personajes como Sócrates o Galileo como protagonistas.

Y, por supuesto, los proyectos de investigación de hondo calado que también han tenido componentes fuertes de apropiación, como la Expedición Colombia BioAnorí, que descubrió para la ciencia 14 nuevas especies de animales y plantas; Sin bata y con botas, diálogo de saberes en el Parque Natural Nacional Las Orquídeas y, más recientemente, las Georutas graníticas en el Museo Histórico del municipio de El Peñol.

Trabajos como esos, y muchos otros realizados en todas las escuelas de la Universidad, han evidenciado la responsabilidad de investigadores que, desde la planeación misma de los proyectos, han incluido momentos de interacción e intercambio de saberes y experiencias con comunidades o públicos diferentes a los de su círculo especializado.

En ese sentido, hay un camino ganado en la perspectiva de avanzar en esa relación. Pero, ¿cómo profundizar ese diálogo ciencia–sociedad y llevarlo a tantos otros proyectos de descubrimiento y creación que podrían tenerlo?

Esta pregunta fue uno de los ejes articuladores del V Encuentro deInvestigadores de EAFIT, realizado el 16 de febrero de 2021. La reunión permitió discutir sobre las tendencias y retos en torno a la apropiación social del conocimiento y proponer una reflexión que busca motivar a que la labor investigativa vaya también en esa línea de acción.

Hacer transferencia del conocimiento

"Lo que queremos con este espacio es tener la posibilidad de dialogar activamente alrededor del poder de investigar, de preguntarnos, de hacer transferencia de conocimiento y poder, a través de la indagación, ir más allá", manifestó Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, en la apertura de este encuentro académico.

El evento se realiza cada semestre bajo la organización de la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, como un espacio de encuentro y conversación entre todos los actores que participan en las labores de investigación dentro de la Universidad.

El vicerrector encargado de Descubrimiento y Creación, César Tamayo Tobón, resaltó la pertinencia de la discusión y expresó que "una las formas en que podemos medir la madurez de las instituciones y las organizaciones en su actividad de descubrimiento y creación es con la seriedad que se toma la apropiación social del conocimiento. EAFIT ha recorrido un camino más o menos largo, ya llevamos casi una década en que empezamos a volcarnos hacia todos estos procesos".

En dos conversaciones con profesores que conocen del concepto y lo han llevado a la práctica, se abrió un debate que se espera continúe dentro de los distintos grupos de investigación que tiene no solo la Universidad, sino otras instituaciones de educación superior y centros de investigación. A continuación, las principales conclusiones de esos diálogos.ica primero. Esas escalas de tiempo corresponden a dicho propósito”.

EAFIT estructura su propio esquema de trabajo

Como parte de su responsabilidad al generar conocimiento científico y artístico, la Universidad EAFIT empezó a definir el que será su “Subsistema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación”. La estrategia va más allá de responder a los lineamientos que ya empezó a trazar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; en realidad, surgió de la convicción institucional de darle la importancia que merece a la relación ciencia–sociedad.

El documento que define esta propuestra de trabajo es claro en afirmar que “todo grupo social que se precie de ser democrático debe garantizar que la ciudadanía incida y participe en las dinámicas de gestión, producción y aplicación del conocimiento”. Por eso, convoca a la empresa, al Estado, la academia y la sociedad civil a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, “promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social”.

Para Ana María Londoño, jefe de la Universidad de los Niños de EAFIT y articuladora del subsistema, uno de los primeros pasos hacia esa meta es conseguir que en todo proceso de investigación sea transversal el componente de la apropiación, pues esto puede movilizar una cultura institucional que tenga por principio que al investigar se involucre a la sociedad como un actor relevante y legítimo.

Objetivos del subsistema

El documento Sistema de Descubrimiento y Creación – Sembrar interacciones para generar conocimiento, elaborado por la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, establece que son cinco:

 Analizar las estrategias de apropiación social del conocimiento de los proyectos de investigación de la Universidad y acompañar a los grupos de investigación para desarrollar e implementar sus estrategias.

Ejecutar proyectos de apropiación en las distintas dimensiones que incluye el concepto (comunicación, participación ciudadana, intercambio y gestión del conocimiento, transferencia).

Participar y aportar en la constante discusión frente al concepto de apropiación social del conocimiento, su puesta en marcha en el contexto local y en la formación de los actores involucrados en su ejercicio.

En articulación con el Sistema de Aprendizaje, formar capacidades en los investigadores en formación de la Universidad EAFIT en relación con la apropiación social del conocimiento.

5.Evaluar los procesos de apropiación adelantados en la Universidad.

Con la creación del subsistema, la Universidad busca facilitar, promover y favorecer la apropiación social del conocimiento que genera la Institución para consolidar los medios, estrategias, mediaciones y mecanismos de interacción con la sociedad. Incorporar sus visiones y aportes a la investigación científica ayudará a dar cumplimiento a lo que EAFIT declara como su propósito superior: “Inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad.

Ideas para una reflexión: Los invitados especiales al Encuentro de Investigadores

Un sentido crítico sobre el ecosistema informativo digital

“Las innovaciones tecnológicas son altamente flexibles a partir de lo digital y eso también posibilita hablar de apropiación. Al ser flexibles, la sociedad crea nuevos usos que no vienen predeterminados por la gran industria. En las redes sociales hay un montón de pequeños modelos muy interesantes de apropiación que van proliferando. Esto nos lleva a pensar la información de otra manera: como lograr que la nuestra sea buena, precisa y que logre dar una respuesta al usuario. Tenemos que partir de un pensamiento crítico sobre el contexto en el que estamos operando porque, si no lo hacemos, el esfuerzo de apropiación puede venir permeado por vicios propios del proceso actual de información y comunicación mediado por tecnologías, y al final no se logrará avanzar”.

Carmen Gómez Mont (México), doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM con orientación en comunicación e innovaciones tecnológicas.

La tendencia hoy es llegar a los públicos no cautivos

“Una de las tendencias en esta materia se refiere a la búsqueda de los ‘no públicos’ porque ya tenemos unos públicos cautivos para la divulgación, popularización o apropiación de la ciencia, entre los que están las escuelas, los docentes y personas en general que poseen cierto interés previo sobre cuestiones científicas. Las tendencias internacionales de los últimos años intentan llegar a los públicos no cautivos: a poblaciones indígenas, de trabajadores...

Y hacer cocreación de exhibiciones, exposiciones cientificas, con ciertas poblaciones que naturalmente no estarían apeladas por los procesos de comunicación de la ciencia. Esa es una tendencia necesaria, difícil, pero creciente”.

Diego Golombek (Argentina), investigador, divulgador de la ciencia, autor de varios libros que acercan el conocimiento científico al ciudadano del común.

Científicos también tienen que apropiarse de los “otros”

“Hay que hablar de este tema porque no solo la sociedad necesita entrar en diálogo con los científicos. Los diferentes modos de producción de conocimiento que hemos tenido hasta ahora nos indican que las comunidades científicas también tienen que apropiarse de esos ‘otros’ conocimientos y entrar en diálogo con ellos, con esas ‘otras’ formas de entender el mundo.

En esos diálogos es donde está es quid del asunto, el punto clave de la apropiación. De otro lado, hemos pensado mucho la apropiación desde las ciudades, desde los centros urbanos, y estamos en pañales en pensar cuáles son las maneras de hacer ejercicios de apropiación, coproducción y comunicación desde la ruralidad”.

Sandra Daza Caicedo (Colombia), consultora en comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El reto de responder, ¿eso para qué sirve?

“Está muy bien que existan distintos tipos de investigadores: los que quieren profundizar en el conocimiento hiperespecializado que permite avances y transformaciones que, a la larga, inciden en la vida cotidiana de todos; pero también es importante que otros investigadores nos aproximemos a la gente común y corriente. Solo le veo ventajas a que podamos trabajar en una conexión directa con la gente, pues es un ir y venir entre lo que pensamos, producimos y elaboramos desde la universidad, y las preguntas que nos hacen afuera, la forma en que cualquiera nos reta cuando salimos y nos interroga diciendo: ¿y eso para qué sirve?”.

Marda Zuluaga Aristizábal, psicóloga, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, profesora de la Escuela de Humanidades de EAFIT.

Una vía para ayudar a transformar el país

“Muchas personas consideran que llevar nuestro conocimiento académico a las comunidades es como lanzarlo en suelo infértil. Esa posición me parece prepotente y arrogante. Creo que la única forma de transformar un país, una sociedad, es llevando conocimiento de calidad a todas las comunidades. Si usted habla con cualquier niño de una escuela, sea campesino o de la ciudad, encuentra que absorbe esa información muy fácil. Me parece vital poder entregar un conocimiento de calidad sin subestimar a nadie. En gran medida, en nuestros proyectos nos preocupamos por eso, utilizando obviamente un lenguaje adecuado para cada público. Esa es, también, una forma de ayudar a romper barreras sociales”.

Juan Fernando Díaz Nieto, biólogo, doctor en Ecología, Evolución y Comportamiento, profesor de la Escuela de Ciencias de EAFIT.

Insertar la ciencia en un mundo dominado por el entretenimiento

“Divulgar la ciencia es un reto porque uno se inserta en el mercado de los contenidos y en la competencia por ganar la atención de las personas en momentos como el actual, donde es tan fuerte la idea de entretenimiento: si uno quiere competir con una serie audiovisual entretenida, quizás no salga bien librado. Lo que hay que hacer es descubrir las oportunidades, realizar productos con un lenguaje más cercano al entretenimiento. Ese es un reto para la academia, los profesores y científicos porque esa no es la lógica de la ciencia. Igualmente, el camino puede estar en generar experiencias en las personas; por ejemplo, con realidad virtual y realidad aumentada hay mucho por explorar en ese sentido”.

Agustín Patiño Orozco, comunicación social, encargado de estrategias de producción y divulgación de contenidos en la Universidad de los Niños.

Autores

Juan Gonzalo Betancur

Editor Revista Universidad EAFIT.

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EAFIT exalta la labor de sus científicos

Mayo 2, 2022

El Premio Anual de Investigación 2022 reconoció la trayectoria y las labores de cinco docentes investigadores, cuyas contribuciones trascienden la académica e impactan a la sociedad.

Dedicar la vida a la búsqueda de nuevos conocimientos, y que esos resultados tengan un impacto positivo en la sociedad, que sean una respuesta o solución a algo específico de las comunidades, es la continua motivación de un científico. Y para ayudar a que ese deseo de investigar se mantenga vigente, la Universidad EAFIT otorga cada año el Premio Anual de Investigación con el propósito de reconocer a sus docentes, grupos o proyectos con resultados destacados.

En 2022, en ceremonia celebrada el 16 de mayo en el marco de la celebración del Día del Profesor, la Universidad exaltó la labor de varios investigadores que, con sus labores a favor de la ciencia y la academia, han alcanzado aportes significativos para el ámbito universitario y de gran trascendencia social.

El término 'científico' se deriva del latín scientificus (scientia –conocimiento– y fic, de facis, –hacer–). Y para estimular a quienes hacen conocimiento, en 2012 fue establecido el Premio Anual de Descubrimiento y Creación Universidad EAFIT, el cual cumplió ya una década y ha premiado a decenas de sus investigadores. 

Celebración del Día del Profesor 2022.

Este premio lo entrega cada año el Consejo Directivo de la Universidad y representa un reconocimiento público y económico que motiva la consolidación de la comunidad científica eafitense. El galardón se otorga en dos categorías:

Trayectoria de investigación: exalta a un profesor y científico por su desarrollo de proyectos y actividades con aportes significativos a su campo de estudio.Investigación de mayor impacto: se reconoce la labor con un aportes significativos en innovación, impacto social, científico y tecnológico.

En la ceremonia de entrega de los premios en su versión de 2022, la rectora Claudia Restrepo Montoya resaltó el significado que tiene entregar estos reconocimientos en mayo, pues fue justo en este mes que se fundó la Universidad, justo hace 63 años: “El mes de mayo nos conecta con muchas cosas: primero, tuvimos la oportunidad de celebrar lo que somos; y ahora estamos acá, reunidos, celebrando a todos aquellos que hacen posible la Universidad, la esencia de EAFIT".

Además de entregar el Premio Anual de Investigación, en ese encuentro de la comunidad universitaria se otorgaron tres más: Excelencia Docente, Proyección Social y Promoción de la Interculturalidad y Bilingüismo.​

El proyecto más impactante benefici​a el sector eléctrico​

​El Premio Anual de Investigación, categoría Proyecto de mayor impacto, fue para el profesor John Jairo García Rendón, como líder de Política, Regulación y Mercados, uno de los diez proyectos que conforman Energética 2030, una estrategia de transformación productiva del sector energético en Colombia que agrupa a varias universidades y centros de investigación del país y del extranjero.
“Ya nos propusimos un objetivo: diseñar los mecanismos institucionales para dar cabida a las energías renovables no convencionales y redes inteligentes en general en el mercado eléctrico nacional", explica el profesor García.

El equipo de Política, Regulación y Mercados generó conocimiento con seis artículos en revistas científicas internacionales; además, aporta experiencia y conocimiento en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado; y contribuye a fortalecer la interacción entre Universidad y Empresa.

En este proyecto trabajan de manera mancomunada junto a EAFIT, cuatro universidades –Duke University, AARHUS University, Universidad Nacional Sede Medellín y Universidad Pontificia Bolivariana–; y dos operadores del mercado eléctrico colombiano –XM S.A. e Interconexión Eléctrica S.A.–.

Los investigadores ganadores

Cinco profesores fueron exaltados con el Premio Anual de Investigación 2022. Ellos fueron:

Categoría: Trayectoria de Investigación​

Diego Fernando Villanueva Mejía
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Mención especial:

Jonny Javier Orejuela Gómez
Escuela de Artes y Humanidades

Categoría: Proyecto de mayor impacto

John Jairo García Rendón
Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno.​

Menciones especiales:

Alex Armando Sáez Vega
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Mónica Lucía Álvarez Laínez
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Reconocimiento especial:

Luciano Ángel Toro
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería​​

 

"Este premio es consecuencia de muchísimos años de trabajo, de sacrificar grandes momentos con mi familia. Estoy muy feliz con lo que se ha hecho y con seguridad lo seguiré haciendo". Diego Fernando Villanueva Mejía, premiado en la categoría Trayectoria de Investigación.

Un premio a su trayectoria con la biotecnología​

Diego Fernando Villanueva Mejía recibió el reconocimiento en la categoría Trayectoria de Investigación del Premio Anual de Investigación EAFIT. “Fue algo supremamente gratificante, me sentí el hombre más feliz de la vida", dice el profesor, quien reconoce que lloró el día de la premiación porque se emocionó al sentir que valoraban su vida dedicada a la ciencia.

Nació en 1981 en la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, y es egresado de Biología de la Universidad del Tolima. A Medellín llegó en 2002 a realizar su tesis de grado con la Corporación para las Investigaciones Biológicas (CIB) y laboró allí hasta 2012, cuando luego de algunos años como docente de cátedra y de liderar como contratista la creación del pregrado en Biología en EAFIT, se unió como docente e investigador de planta. Es magíster y doctorado en Biotecnología.

Su experiencia se enfoca, principalmente, en el mejoramiento genético de plantas y microorganismos con técnicas de biotecnología moderna como la ingeniería genética y la edición genómica.

Menciones de honor y reconocimiento especial

El investigador Jonny Javier Orejuela Gómez, de la Escuela de Artes y Humanidades, recibió una mención de honor en la categoría Trayectoria de investigación. Este científico es doctor en Psicología Social del Trabajo de la Universidad de São Paulo (Brasil) y Es un apasionado por la investigación en psicología y las ciencias sociales. Y reconoce que es un apasionado por la investigación en Psicología y las Ciencias Sociales.

Asimismo, Alex Armando Sáez Vega y Mónica Lucía Álvarez Laínez, adscritos a la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, recibieron mención de honor en Proyecto de mayor impacto.

Profesores galardnados con el Premio Anual de Investigación. Categoría: Proyecto de mayor impacto. 

Sáez Vega, Doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, ha profundizado en la captura a partir de microalgas de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases que produce el llamado efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global. Sobre la mención recibida, expresa que “el significado más importante es el respaldo de EAFIT. Sentí un espaldarazo fuerte, un apoyo al trabajo que he estado haciendo. Ese es el contexto más significativo: el respaldo de una gran institución".

La profesora Mónica Lucía Álvarez, por su parte, ha investigado sobre el valor agregado y alternativas de aprovechamiento del látex de caucho natural del Bajo Cauca antioqueño. Igualmente, su profundización en la nanotecnología ha sido trascendental en proyectos como el escalado de nanofibras poliméricas para aplicaciones en sistemas de protección respiratoria, el cual obtuvo como resultado una membrana con una capacidad de filtración superior al 98%, muy valorada en el sector salud para fabricar elementos como tapabocas.

Finalmente, Luciano Ángel Toro fue distinguido con un reconocimiento especial por sus investigaciones en física y su compromiso académico y docente durante más de 30 años.

Autores

Felipe Sossa

Colaborador.

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Una apuesta por la ciencia al servicio de las comunidades

Marzo 22, 2021

El Gobierno Nacional presentará este año la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. La viceministra que está al frente de este proceso explica en qué consistirá y cómo busca fortalecer la cultura científica y el diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

La viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Sonia Esperanza Monroy Varela, lo deja claro desde el comienzo: “Cuando uno habla de apropiación, en general, se está hablando de uso, de aplicar algo, de hacerlo propio. La apropiación social del conocimiento va mucho más allá de la divulgación científica, es un concepto asociado al uso y la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Las preguntas son: ¿cómo estamos aplicando el conocimiento que generamos? Y, ¿cómo estamos poniendo a dialogar diferentes formas de generar conocimiento?”.

Durante el primer año de actividades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, antes Colciencias), el Gobierno Nacional avanzó en la elaboración de un primer borrador de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que enmarcaría el diseño de programas y estrategias científicas para Colombia en la próxima década,

En esa línea, en el primer semestre de 2020 Minciencias puso a consideración de los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) los lineamientos de otra política que subyace a esa: la de apropiación social de conocimiento. Con ella se busca, según la viceministra Monroy, “fortalecer una cultura científica incluyente que valore y gestione el conocimiento, y propicie el diálogo de saberes para mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Para ella, esto representa definir una línea para el país: “Es una apuesta por el diálogo de saberes y el intercambio entre diversos actores sociales, de forma que se generen nuevos conocimientos que puedan ser utilizados en la solución de problemáticas locales, regionales y nacionales. En eso queremos hacer la diferencia”.

En diálogo con la Revista Universidad EAFIT, la funcionaria explicó cómo se están diseñando estas políticas públicas, sus elementos centrales y las acciones de Minciencias en la línea de fortalecer la cultura científica en el país. En el V Encuentro de Investigadores de EAFIT, celebrado el 16 de febrero de 2021, la viceministra presentó igualmente estas ideas a la comunidad científica de la Institución.

Viceministra Sonia Monroy. Foto: Róbinson Henao

¿Cómo se estructura esa política nacional sobre apropiación social del conocimiento?

“Desarrolla cinco líneas estratégicas que enmarcan, en primer lugar, los procesos de apropiación social de conocimiento y el trabajo con comunidades; segundo, los espacios para generar apropiación, donde se propicia el intercambio entre los actores del sistema a través de mesas de trabajo, simposios, eventos científicos, diálogo de saberes, entre otros; en tercer lugar están las capacidades para la apropiación, esto implica el monitoreo, mapeo de experiencias y la cualificación de prácticas en apropiación en torno a ciencia, tecnología e innovación; también está la investigación con enfoque de apropiación, donde ampliamos y damos mayor ponderación a los productos de apropiación social del conocimiento dentro del sistema de medición de grupos de investigación de Minciencias.

Por último, está el tema de gestión para descentralizar la apropiación. Ahí es importante el papel de las universidades que, además de generar nuevos conocimientos, los pueden difundir y apropiar junto a diversas comunidades a través de proyectos de investigación, extensión y proyección social; y, por su puesto, a través de sus programas académicos”

Colombia tiene bajos niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación y los recursos para apropiación social del conocimiento pueden no ser la prioridad, ¿cómo promover la apropiación en los proyectos de investigación?

“Minciencias lidera dos programas específicos para promover procesos de apropiación social del conocimiento y trabajo con comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Uno de ellos es Ideas para el cambio y el otro es A ciencia cierta. Durante 2020, A ciencia cierta destinó recursos por 2.700 millones de pesos en 30 comunidades del país.

Aunque estamos hablando de proyectos pequeños, son ejemplo de cómo una comunidad, trabajando en conjunto con investigadores y científicos, puede integrar conocimientos de diversa índole y logra aplicarlos en la solución de un problema específico.

La apropiación social del conocimiento es uno de los ejes de la propuesta de Política Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación. De hecho, Minciencias viene construyendo una política pública específica para este tema. ¿Qué nos lleva como país a apostarle a la apropiación social como concepto clave del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?

“Llevamos una década bajo el marco de la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, lo que nos ha permitido ser líderes latinoamericanos en el diseño de políticas en torno a este concepto. Sin embargo, el diagnóstico al que hemos llegado es que en nuestro país tenemos bajos niveles de apropiación social del conocimiento, el cual entendemos como un proceso que involucra gestión, producción y aplicación de conocimiento convocando al diálogo de saberes para transformar la realidad y generar bienestar social.

Desde este viceministerio buscamos construir una nueva política pública que incluya a todos los actores del sistema de ciencia y tecnología, que promueva el fortalecimiento de capacidades regionales en ciencia, tecnología e innovación, de tal manera que diversas comunidades sean capaces de aplicar conocimientos científicos y generar proyectos de investigación y acción participativa en los que trabajen junto a investigadores y científicos para solucionar retos específicos locales. El diseño de esta nueva política de apropiación social del conocimiento inicia con la formulación de los lineamientos para la misma, los cuales fueron puestos a consideración de todos los actores del sistema a través de una consulta pública virtual en los meses de mayo y junio de 2020.

Recibimos muchos comentarios de universidades, empresas y asociaciones de la sociedad civil, y esos insumos nos permitieron revisar los lineamientos en mesas de trabajo internas de Minciencias y con diversos actores de la academia y el sector empresarial. En octubre logramos obtener el documento que consagra la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, el cual esperamos formalizar y finalmente publicar en 2021”.

 

Foto: Róbinson Henao

Por otro lado, cada vez más los procesos de apropiación social del conocimiento son un requisito para acceder a la inversión pública en ciencia y tecnología, de forma que, además de generar conocimiento, hay un incentivo para que los investigadores desarrollen productos de apropiación en sus proyectos. Además, estos productos han incrementado su importancia relativa en nuestro modelo de medición de grupos de investigación. De esta manera, buscamos priorizar recursos para apropiación social del conocimiento y disminuir las brechas regionales en capacidades de ciencia y tecnología”.

¿Cuáles han sido los aprendizajes del primer año de gestión de Minciencias?

“El ministerio tiene dos viceministerios: el de Conocimiento, Innovación y Productividad, y el de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Quisimos que la arquitectura institucional reflejara, por un lado, los temas de investigación y generación de nuevos conocimientos y, por otro, todo lo relacionado con formación de capital humano, desarrollo de capacidades regionales y apropiación social del conocimiento.

Durante 2020 trabajamos sobre la hoja de ruta establecida por la Misión de Sabios a finales de 2019. Sus recomendaciones fueron a corto, mediano y largo plazo, así que en el primer año de Minciencias priorizamos dos recomendaciones: una que tiene que ver con gobernanza del SNCTI, y otra que tiene que ver con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Frente a la primera recomendación, desarrollamos un proyecto de decreto de gobernanza del SNCTI, el cual sometimos a un proceso de diálogo y retroalimentación con los actores del sistema y se encuentra en revisión por parte de Función Pública y el área jurídica de la Presidencia de la República.

Con este decreto se crearía un Concejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para orientar nuestras políticas públicas en esas materias con perspectiva a largo plazo de los desarrollos científicos y tecnológicos. También se crearía el Consejo Científico, conformado por 10 científicos asesores del Gobierno Nacional para la toma de decisiones basadas en la evidencia y el conocimiento científico. También modificaría a los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación que son presididos por los gobernadores y tienen un papel importante en identificar y priorizar las necesidades de cada región en esas áreas.

En cuanto a la política nacional, Minciencias, junto a Planeación Nacional, desarrolló un borrador de documento Conpes que esperamos poner en discusión con todos los actores del sistema en 2021 y así consolidar nuestra apuesta de país en materia científica y tecnológica a 2030”.

¿Cómo fue el proceso de conversación con los actores de SNCTI para la elaboración de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?

“Para construir el borrador contábamos con insumos importantes: el libro de la Misión de Sabios; los planes estratégicos de cada uno de los 13 programas nacionales de ciencia y tecnología; y el Libro Verde 2030 “Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible”.

Además, hay que tener en cuenta que desde 2020 Colombia es miembro formal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y eso nos permite acceder a las tendencias en estas áreas de los 37 países miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, y por su alcance, decidimos formular la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030 como un documento Conpes.

Esto nos permitió involucrar a todos los ministerios, puesto que todos los sectores sociales necesitan de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero es Minciencias quien tiene la función primordial de coordinación interministerial, regional y sectorial en estas materias en el país.

Después de construir el borrador de este documento Conpes, realizamos 15 diálogos para poner esta política en consideración de todos los actores del sistema. Realizamos mesas de trabajo en cada una de las seis regiones en las que el país está dividido según el Sistema General de Regalías, y que contaron con la participación de universidades, empresas, asociaciones de la sociedad civil y entidades públicas locales. También realizamos diálogos con niños, niñas y adolescentes, representantes del sector empresarial, exintegrantes de la Misión de Sabios y exdirectores de Colciencias, entre otros”.

A grandes rasgos, ¿en qué consiste la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030?

"Esta es una política con enfoque incluyente y diferencial, dado que somos un país de regiones y que existen grandes brechas en materia de capacidades para la ciencia y la tecnología entre unas regiones y otras. Por esa razón, la política presenta un plan de acción en seis ejes:

Generación de conocimiento, donde hablamos de los proyectos de investigación y de la infraestructura tecnológica que se requiere para generar nuevos conocimientos.

Formación de capital humano: ahí tenemos en cuenta la promoción de vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes, y cómo articular toda la cadena, desde esos niños que sueñan con ser científicos hasta los investigadores que buscan desarrollar estancias posdoctorales, pasando por los jóvenes investigadores y los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Además de la formación, está el tema de inserción laboral de ese capital humano.

El uso del conocimiento, donde hablamos de las condiciones para innovar y emprender, de la trasferencia de conocimiento entre universidades y sector productivo, de las nuevas tecnologías y la Cuarta Revolución Industrial.

Apropiación social del conocimiento que tiene que ver con cómo hacer una ciencia más inclusiva, que genere impacto social y que promueva una cultura científica y tecnológica. Ahí hablamos de la comunicación pública de la ciencia, de cómo acercar la ciencia al ciudadano; y hablamos de apropiación social, entendida como un proceso de gestión, valoración y aplicación del conocimiento, donde se busca integrar las diversas formas de conocimiento, incluyendo los ancestrales y tradicionales, y cómo entran en un diálogo de saberes con los conocimientos científicos y empíricos.

La gobernanza, donde promovemos el proyecto de decreto que ya mencioné.

Financiación de la ciencia y la tecnología: este gobierno se puso la meta para 2022 de duplicar la inversión en ciencia y tecnología con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) acercándonos a niveles del 1,5%. Sin embargo, esa meta no es fácil de cumplir. El presupuesto es insuficiente para todas las necesidades que tenemos, así que urge definir otras estrategias para estimular esa inversión”.

¿Qué estrategias se han planteado para empezar a acercarnos a los niveles de inversión pública y privada en ciencia y tecnología de los países de la Ocde que están alrededor del 2% del PIB?

“Este tema hace parte de las conversaciones con Planeación Nacional, pero por lo pronto sabemos que no vamos a cumplir la meta de duplicar nuestra inversión a 2022 si no hacemos algo desde ya.

Entre las estrategias que hemos contemplado está hacer uso de inversiones en el marco de gasto de mediano plazo; y también ver cómo los otros ministerios, con los rubros que tienen destinados para investigación, se puedan enlazar con las estrategias lideradas por Minciencias. También está el tema de cooperación internacional, es decir, cómo promover el desarrollo de proyectos conjuntos con otros países donde nosotros ponemos recursos, pero ellos también.

Un aspecto clave son las alianzas público-privadas, donde el Estado jalona recursos del sector privado para investigación. También está el porcentaje de regalías y todo lo relacionado con la banca multilateral. Pero, más allá de duplicar la inversión en ciencia y tecnología en el corto plazo, la meta del Gobierno es lograr un financiamiento sostenible de todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Autores

Agustín Patiño Orozco

​Colaborador.

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Saber para Sanar, apuesta por un mejor país

Mayo 2, 2022

Esta estrategia de intervención, que ha desarrollado diversas acciones en lugares públicos, pretende motivar
conversaciones amplias sobre temas complejos para la sociedad como la guerra y la paz.

Sus resultados animan a sus promotores a continuar abriendo nuevos espacios de diálogo.

El semillero de Psicología y Ciencia Política de la Universidad EAFIT, a través de su estrategia Saber para Sanar, busca con múltiples iniciativas de apropiación social aportar a la construcción de paz en el país. Combinando saberes y metodologías colaborativas, ha logrado construir espacios seguros de diálogo y reflexión sobre el impacto de la guerra en la sociedad colombiana, propiciando conversaciones incómodas sobre temas que pocas veces nos atrevemos a abordar.

A mediados del año pasado, este semillero inició una serie de actividades de interacción con públicos diversos, tanto de la comunidad universitaria, como con otras personas interesadas en su propuesta. No obstante, el lanzamiento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) a finales de junio del año pasado, que explica lo ocurrido durante 50 años de guerra, se convirtió en la oportunidad para abrir el diálogo que venían teniendo internamente e integrar a otras personas para abordar, desde un enfoque psicológico, los efectos que ha dejado la violencia en nuestra sociedad, y así, empezar a sanar las heridas.

Semillero en evolución

El semillero nació en 2015 por iniciativa de la profesora Marda Eucaris Zuluaga, quien atrajo el interés de algunos estudiantes del pregrado en Psicología para reunirse y explorar temas relacionados con el arte en su profesión. Posteriormente, producto de su trabajo de grado de doctorado, se conectó con temas ligados a la memoria y el conflicto, y decidió proponer un cambio de enfoque en el semillero.

Fue así como en el 2019 iniciaron reflexiones e investigaciones sobre psicología social y política. Para la docente, el arte siguió presente en sus actividades, pues, tal como ella lo resalta, “es una de las muchas manifestaciones expresivas a través de las cuales los seres humanos se pronuncian políticamente".

Ese mismo año, varios de sus integrantes participaron en la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, espacio virtual que reunió a estudiantes, investigadores y docentes universitarios de diversas regiones del país. En esa oportunidad, el encuentro académico abordó el tema de reconstrucción de subjetividades e identidades en contexto de guerra y posguerra.

Esa experiencia les permitió acercarse a diversidad de trabajos y enfoques psicológicos como el de la institucionalización de la guerra, que despertó un interés especial en el semillero y los llevó a iniciar su primera investigación en la que analizaron actitudes y creencias sobre la paz y la guerra en Colombia a partir de las interacciones en los foros de Facebook de El Colombiano y El Espectador en cinco noticias publicadas por estos diarios relacionadas con el proceso de paz.

Actualmente, se encuentran en el proceso de escritura de los hallazgos de esa investigación, que posteriormente publicarán, pero que, desde ya, les deja reflexiones que nutren las labores que llevan a cabo con distintas comunidades.​

“Surgieron un montón de cuestionamientos y también se generaron muchas emociones de la lectura, pues los testimonios que trabaja la Comisión de la Verdad son muy fuertes…" Luisa Martínez, integrante del semillero.​

Co-creación para la apropiación

Las actividades que realiza el semillero cuentan con el apoyo de varias áreas de la Universidad y de algunas organizaciones de la ciudad, lo que les ha permitido ampliar la participación y el diálogo con varios sectores sociales, así como la diversificación de formatos y metodologías de apropiación social del conocimiento.

Ana María González, coordinadora de Cultura de la Apropiación del área de Apropiación Social del Conocimiento adscrita a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha impulsado la conexión de experiencias dentro y fuera de la Universidad con el semillero. A ella le llamó la atención las formas como la profesora Zuluaga y los estudiantes vinculan los contextos sociales en la apropiación social de los conocimientos que aborda el semillero.

Para González lo más interesante de la creación colaborativa y colectiva de esta experiencia es “que les permitió afinar cosas metodológicas de la mediación, porque no solamente es en función de los temas… Le aporta al método la genuinidad de los problemas reales que tienen las personas".​

La primera alianza que realizó el semillero con la estrategia Saber para Sanar fue en mayo del 2022, cuando compartieron con la Universidad de los Niños un espacio en el evento Días de EAFIT. Allí compartieron una carpa y material didáctico para que el grupo realizara la actividad Tendedero de Verdades, diseñada para invitar a la comunidad universitaria y a los visitantes a pensar maneras conjuntas de cruzar lo personal y lo colectivo como aporte a la construcción de paz, a propósito del anuncio de la entrega del informe final de la CEV al país, programado para el 28 de junio de ese año.

La actividad consistió en dejar pequeños papeles con preguntas como ¿hay alguna verdad que te haya cambiado la vida? El propósito era motivar a los visitantes a leer y a escribir sus reflexiones para luego colgarlas en las cuerdas dispuestas en la carpa, y así poder ser leídas por otros asistentes.

El segundo evento de la estrategia Saber para Sanar fue el club de lectura que co-crearon con el profesor de la maestría en Estudios Humanísticos, Juan Pablo Pino Posada. En su primer ciclo, se reunieron en una de las salas de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas a leer el capítulo testimonial de la CEV.

Tuvo convocatoria abierta y contó con la participación de una veintena de personas quienes, durante cuatro meses, asistieron a la cita cada miércoles a las siete de la mañana para activar el diálogo y la reflexión.

“Surgieron un montón de cuestionamientos y también se generaron muchas emociones de la lectura, pues los testimonios que trabaja la Comisión de la Verdad son muy fuertes… Entonces fue muy duro, pero también ha sido un proceso muy bonito, es como sanar el trauma colectivo en colectivo, que es uno de los propósitos de Saber para Sanar", detalla Luisa Martínez, integrante del semillero.

Debido al éxito que tuvo esta actividad, decidieron continuar para el 2023 con estos encuentros. Para su segundo ciclo, están planeando la lectura de los otros capítulos del informe de la CEV.

Adicional a ello, el semillero adoptó Cuatro Ojos, estrategia de cine foro de la Universidad de los Niños con el fin de propiciar diálogos sobre la importancia de tener conversaciones incómodas. Para su primera edición, eligieron la película Encanto, dedicada a Colombia y que la productora Disney estrenó en noviembre de 2021, para reflexionar con los asistentes sobre las emociones y la conexión de estas con la política.

Decenas de jóvenes concurrieron a los espacios públicos convocados por el proyecto para participar en los distintos diálogos.

Amiga Date Cuenta fue la última actividad que realizó el semillero en 2022. Contaron con el apoyo de la red ciudadana Antirumores y se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación Región. Se trató de un taller en el que los asistentes, 25 en total, reflexionaron sobre estereotipos, creencias e ideologías a partir del análisis colectivo del dicho popular 'El pobre es pobre porque quiere'.

“En el taller y el cine club que hicimos, nos dimos cuenta que las personas tienen mucho por decir, que las personas quieren hablar de muchas cosas que pueden ser incómodas. Nos sorprendió también que las personas contaban sus historias de vida, su relación con el conflicto armado, eran muy abiertos en esos temas y es que buscan esos espacios en los que se pueda hablar y conversar desde el respeto", reflexiona Laura Correa, estudiante y coordinadora del semillero.

Actualmente, el semillero está integrado por ocho personas entre estudiantes activos, egresados y una estudiante de maestría, quienes esperan continuar activando el portafolio de estrategias que han construido alrededor de la estrategia Saber para Sanar.

Al respecto, la profesora Zuluaga, su creadora, asegura que es una gran motivación seguir ampliando el semillero por una razón fundamental que ella expresa con claridad: “La paz la construimos entre todos, todos los días, con acciones pequeñas".​

Autores

Vanessa Reyes Restrepo

Colaboradora.

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Inversión privada en justicia, posibilidad para mejorar acceso ciudadano

Mayo 2, 2022

Investigadores de la Universidad EAFIT indagaron sobre las posibilidades y reparos que tiene las empresas privadas en invertir en el sector de la justicia, y así mejorar estas condiciones que hoy son precarias.

Son múltiples las dificultades que sufre el ciudadano de a pie al momento de acceder a la justicia. Muchos de los sistemas locales de justicia, que constituyen una sinergia que concentra la oferta de la defensa de derechos, no cuentan con funcionarios suficientes, carecen de infraestructura adecuada, falta mobiliario apropiado, trabajan con computadoras desactualizadas, adolecen de buen acceso a Internet y hasta de tinta para imprimir acuerdos conciliatorios.

Esa crítica situación fue abordada por investigadores de la Universidad EAFIT a través de la consultoría titulada ¿Debe invertir el sector privado en el acceso a la justicia?, financiada con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y liderada por Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.

Del contexto de insatisfacción al acceso a la justicia surgieron dos preguntas rectoras: ¿existe el deber del sector privado de intervenir en las posibilidades de acceso a la justicia en Colombia? ¿Qué rol juega el sector privado en esta contingencia?

“Para responder estos interrogantes, la consultoría tuvo dos momentos. El primero fue un acercamiento teórico a la problemática; y el segundo, como ejercicio práctico, lo constituyó una serie de entrevistas semiestructuradas a empresas privadas. A ellas se les consultó si hacían o no inversiones para apoyar al ciudadano para acceder a la justicia, cuáles eran las razones para hacerlo y cuáles eran sus reparos", explicó Gómez.

La investigación –agregó el docente– arrojó tres hallazgos principales y se identificaron cuatro mitos que frenaron a los empresarios para dar el salto a la inversión.

"Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales". Alejandro Gómez Velázquez, profesor titular de la Escuela de Derecho.​

​​Los hallazgos

El primer hallazgo fue que, al menos teóricamente, desde una percepción amplia del acceso a la justicia, existen fundamentos como el de grupos de interés (stakeholders) que hacen deseable, e incluso provechoso, para el sector privado invertir en este campo. Esto quiere decir que no solo por razones filantrópicas sino también estratégicas, el sector privado tiene buenas razones para incrementar su aporte en el sector.

“El segundo hallazgo fue sorpresivo. Nos preguntamos si las empresas venían o no ya interviniendo en temas de justicia. Esto tiene que ver con el marco práctico que desarrollamos donde hicimos entrevistas. Este hallazgo fue sorpresivo porque si bien las empresas en un principio fueron bastante renuentes a darnos información, algunas de ellas sí lo hicieron y pudimos constatar que ya venían invirtiendo en justicia desde una concepción amplia", precisó el docente.

El tercer hallazgo desveló las razones que tienen las empresas para intervenir o no. La investigación comprobó que ellas lo hacen por razones altruistas, pero también por razones estratégicas. Lo que indica que algunas empresas ven necesario intervenir en temas de acceso a la justicia incluso con el propósito de mejorar procesos internos que tienen que ver con sus actividades productivas.

En esta fase fueron consultadas 13 empresas (de los sectores minero-energético, agroindustrial, alimentos y bebidas, energía, financiero, construcción, manufacturas y servicios públicos), ocho fundaciones empresariales, dos universidades privadas, tres cámaras de comercio y tres expertos.

​Mitos a romper

De estos hallazgos se desprendieron cuatro grandes mitos que funcionan como reparos que limitan a las empresas a la hora de invertir más ampliamente en el sector de la justicia.

El primer mito se refiere a que las empresas no sabían medir el impacto de su inversión. “Ahí lo que hicimos fue una revisión juiciosa de la bibliografía comparada, y encontramos que ya en otros países se viene midiendo tal rédito. A partir de allí realizamos una aproximación de dichos cálculos al ámbito colombiano. La relación encontrada fue bastante alentadora: nos mostró que un peso invertido podría generar casi nueve pesos de rendimiento social de esa inversión", indicó el docente.

El segundo mito apunta a los riesgos reputacionales. Las empresas temen invertir en justicia por lo que se pueda desprender de tal acción, afectando su imagen. Sin embargo, el grupo de investigación concluyó que este mito podría disminuirse y controlarse si las inversiones se dieran en las primeras dimensiones del acceso a la justicia, que tienen que ver con propiciar un ambiente favorable, con el acceso a la información, a la tecnología y otros servicios. Las empresas, incluso, podrían contribuir y mejorar infraestructuras y hacer donaciones en especie.

El tercer mito está relacionado con que las empresas entienden que invertir en justicia puede causar una injerencia indebida en la autonomía judicial. Al respecto, Gómez aclaró que “si bien somos conscientes de esos riesgos, también creemos que hay estrategias para disminuirlos. Hay intervenciones muy puntuales que pueden darse en infraestructura o donaciones, y que no afectarían la independencia de los funcionarios judiciales".

El cuarto mito hizo referencia a la asunción de funciones estatales por el sector privado. Explicó el docente que “algunas empresas nos dijeron que la función de administrar justicia es propia del Estado y que ellas no deberían intervenir en ello. Si bien reconocemos que es así, creemos que las empresas pueden y deben sumarse a los esfuerzos que ya en este campo realiza el Estado para incrementar el impacto y hacer sostenibles en el tiempo dichas inversiones. No se trata que los privados paguen los salarios de los jueces, los comisarios de familia o los defensores de familia, pero sí que pueden aportar para garantizar el acceso a los servicios que ellos presten en todo el territorio nacional".

¿Las empresas invierten hoy en el acceso a la justicia?

La respuesta es sí. Se hallaron diversas empresas que invierten en generar un ambiente favorable para evitar disputas entre ciudadanos. “Y ahí encontramos, a manera de ejemplo, que hay entidades que pagan la formación de jóvenes mediadores de conflictos", afirmó el docente.

Las empresas también invierten en empoderamiento legal, que consiste en instruir a las personas en el reconocimiento de sus derechos y cuándo son vulnerados. De igual forma, se encontró inversión en la asistencia legal, consistente en el pago de asesorías para la titulación de tierras. Fueron igualmente reconocidas inversiones en materia de acceso a las instituciones para la resolución de conflictos.

A la par, se encontraron casos de fundaciones empresariales que pagaron la implementación de sistemas de gestión y control de calidad a jueces civiles a fin de mejorar su eficiencia. Frente a esto, el docente dijo que “nos llamó la atención esto porque son intervenciones directas en la rama judicial, pero que creemos no por ello afectan la autonomía y la independencia de los jueces, sino que por el contrario ayudan a mejorar su desempeño".

Finalmente, el acercamiento a este tema por medio de la consultoría arrojó que es “esperanzador" el rendimiento social y de inversión que el sector privado puede llegar a hacer en la justicia y que este debe precisarse con estudios posteriores en la materia.

En palabras del profesor Gómez, “el principal mérito de esta consultoría es atrevernos a romper paradigmas y abrir una conversación que parece ser esperanzadora en torno al vínculo que puede tejerse entre el sector privado y el derecho de acceso a la justicia en condiciones más accesibles, inclusivas y oportunas para todos los colombianos"

Esta investigación hace parte del programa de Justicia Inclusiva que ejecuta Chemonics, con recursos de USAID. El equipo de la consultoría fue conformado también por las abogadas Carolina Rojas y Mariana Toro, con el apoyo de la docente de la Escuela de Administración, María Alejandra González Pérez, y de Henry Puerta, profesor de cátedra de la Escuela de Economía, Finanzas y Gobierno.​

Algunas otras recomendaciones para disipar los mitos sobre la inversión del sector privado en el acceso a la justicia​

1. Propiciar la transferencia de conocimiento entre las organizaciones y las instituciones del sistema de justicia. 

2. Considerar la destinación de recursos en especie -tales como papelería, implementos de oficina, material publicitario y equipos-, de infraestructura o de conectividad para ampliar la capacidad de atención de núcleos institucionales como las Casas de Justicia.

3. Promover la celebración de convenios de impulso o de asociación entre entidades privadas sin ánimo de lucro que aglutinen inversiones en justicia y las distintas entidades estatales.

4. Implemetar estrategias de redireccionamiento a las instituciones como parte de las actividades de la organización.

Autores

Pompilio Peña

Colaborador​.

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El desafío de usar el conocimiento para mejorar la sociedad

Marzo 22, 2021

Desde la Misión de Sabios de los años 90, hasta la nueva política que presentará el Gobierno Nacional, el concepto de “apropiación social del conocimiento” se ha posicionado en Colo​mbia para definir el empeño por democratizar la ciencia. Enfoques para el debate sobre esta idea.

Para algunos investigadores todavía resulta llamativo, y hasta problemático, que en Colombia se insista en denominar el interés por que la sociedad participe de la ciencia, la tecnología y la innovación bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Ello, sobre todo, porque no es un término ampliamente usado en el mundo y puede derivar en muchas interpretaciones que hacen más complejo medir su impacto en las comunidades.

Sin embargo, por su trasegar, esta forma de nombrar dicho acercamiento del conocimiento a las personas y a los grupos sociales se mantiene a través del tiempo. La definición más actualizada para entender a qué se refieren quienes hablan de apropiación social del conocimiento en Colombia se puede apreciar en el documento que traza los lineamientos para la nueva política de apropiación que divulgó en 2020 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

Esta dice: “La apropiación social del conocimiento que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación, es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social".

Según el investigador James Alberto Morales Chinca, coordinador del Proceso de Innovación Social de la Universidad de Antioquia, esta definición “se propone como una alternativa que permite acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, de tal manera que la misma sociedad pueda utilizarlas para apoyar la resolución de las problemáticas que existen en los territorios”.

El término se ha renovado. Primero se llamó apropiación social de la ciencia y la tecnología; después, empezando el siglo XXI, apropiación social del conocimiento; y, recientemente, apropiación social del conocimiento, la tecnología y la innovación. Sin embargo, mantiene la esencia de los ideales que plantearon los primeros investigadores que lo acogieron en los años 80 y que luego, en los 90, se establecieron en la primera Misión de Sabios instaurada por el gobierno de César Gaviria cuando quiso preparar al país para el mundo globalizado.

Cada vez toman más fuerza las iniciativas que buscan que la relación cienciasociedad sea más cercana y como una forma de alimentar a ambos sectores.

Foto: Róbinson Henao

 

Por ejemplo, en el informe de Rodolfo Llinás y Eduardo Posada Flórez titulado Ciencia y Educación para el Desarrollo, de la Colección de Documentos de la Misión, se recomienda establecer la primera política de apropiación social de la ciencia y la tecnología para el país. Ahí se indica que esta “es una estrategia –no una propuesta– de cambio social y cultural”.

Como un concepto rector de políticas para acercar la ciencia a las comunidades, se acogió definitivamente en 2005, cuando se planteó el diseño de la primera. Luego, en 2010, se generó el primer documento.

Y el hito más reciente es el de 2020, cuando se actualizaron los lineamientos, bajo el concepto de apropiación social del conocimiento. Proyectos que se inscriben en este campo, como Universidad de los Niños EAFIT, trabajan desde la perspectiva de esta estrategia.

“Entendemos que hay que garantizar la participación en la gestión, en la producción y en el debate sobre el conocimiento científico, y eso se logra a través de estrategias de apropiación social. Es una dimensión política de la ciencia en que se reconoce a la sociedad como una interlocutora legítima”, explica Ana María Londoño Rivera, jefe de Universidad de los Niños. 

¿Es igual a polític​a de divulgación?

Algunos académicos insisten en que por más que se haya tratado en Colombia como un concepto que trasciende las políticas de divulgación científica –es decir, aquellas que buscan que las personas tengan una percepción positiva de la ciencia y la tecnología para que se acerquen a esta– la apropiación social del conocimiento se inscribe en las mismas.

“Surge en el marco de discursos de divulgación científica y, hasta donde se puede saber, se acoge en Colombia. De ahí se va extendiendo a Iberoamérica y ha ido ganando fuerza con los años. Aunque se quiere diferenciar la apropiación de la divulgación, como si fueran cosas encontradas, cuando uno mira los textos se da cuenta de que a veces se tratan como iguales”, puntualiza el académico Jorge Manuel Escobar, docente investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), de Medellín.

Es un asunto sobre el que se han empleado diferentes denominaciones, como lo explica el profesor de EAFIT Daniel Hermelin Bravo en uno de sus trabajos sobre políticas de divulgación de la ciencia.

“En Colombia ha habido una serie de estudios recientes que se han ocupado de las relaciones entre los diseños de políticas, la participación ciudadana en ciencia y tecnología, y los modelos en los que se sustentan. En dichos estudios se usan, para referirse al mismo problema o a problemas similares: comunicación pública de la ciencia y la tecnología, apropiación social de la ciencia y la tecnología (ASCyT) y popularización de la ciencia y la tecnología”.

Esa falta de delimitación es, para algunos, un asunto que hace muy complejo comprender el concepto y medir el impacto de las políticas de apropiación social en el país. Y, también, dificulta entender cómo participa la sociedad de estos procesos. Por eso sugieren cambiarlo.

La nueva política se propone generar procesos de apropiación social que fortalezcan la cultura científico-tecnológica y que permitan gestionar un conocimiento que mejore la calidad de vida de los colombianos.

Lo importante es el vínculo ciencia-sociedad

El profesor Óscar Felipe García, director del Centro Internacional de Investigación en Innovación Social de la Universidad de Guadalajara, en México, quien conoce el trasegar de esta definición en Colombia, considera que sigue siendo abstracta.

“El sistema mexicano ha venido transformándose. No le llama apropiación social sino innovación social, que es el término que recoge la apropiación social. Este último, en sí mismo, no garantiza que se dé una solución. La apropiación social significa que lo planteado gustó, pero no significa que es lo que la comunidad necesitaba. Puede haber programas sociales muy bien recibidos por una comunidad, pero que no son basados en evidencia, que incluso pueden hacer más daño que bien. El concepto debe ampliarse a si realmente la apropiación es efectiva, genera impacto y es adecuada. Se debe trascender a cómo funciona en un marco científico aplicado, riguroso, pero acorde con las necesidades de los contextos, y que genere un cambio cultural importante”, expresa.

Ana María Londoño Rivera agrega que el término no excluye a Colombia en la búsqueda de objetivos similares de los que establecen otros países cuando se trata de promover la participación de la sociedad en asuntos de ciencia, tecnología e innovación: “Es un fenómeno de nuestra manera de usar el lenguaje, pero no de entender cómo se relaciona el vínculo entre ciencia y sociedad. Hay ejemplos latinoamericanos de apropiación social del conocimiento, así estén enmarcados dentro de otra sombrilla conceptual; y, por supuesto, los encontramos también en Estados Unidos y Europa”.

Enfoque territorial, nueva perspectiva

Una de las características de la nueva propuesta del Gobierno para mejorar la relación de la sociedad colombiana con el conocimiento científico, y que pretende subsanar las discusiones, es el enfoque territorial.Este tiene en cuenta que la apropiación depende de los contextos.

Desde esta perspectiva, Minciencias apunta a mejorar los que se considera indicadores bajos de apropiación, que de hecho fueron punto de partida importante para su diseño.

Entre otras, se referencian investigaciones según las cuales hay una muy baja participación de la ciudadanía en procesos de ciencia, tecnología e innovación; así como un desarrollo de capacidades en investigación y desarrollo muy pobre en los departamentos (solo seis lo han hecho).

Personas en charla en una calle

Foto: Róbinson Henao

 

También, se menciona como una preocupación que los recursos invertidos en convocatorias de apropiación social del conocimiento solo representaron el 0,7 % del total del presupuesto de Colciencias entre 2011 y 2018.

Pese a la declaración de la política de buscar mejorar estos indicadores, Jorge Manuel Escobar insiste en que la nueva política se queda corta en la medición efectiva de la forma en que se invierten los recursos. También señala que falta delimitar cómo participa la sociedad en los procesos de ciencia y tecnología: “Sigue siendo simplemente funcional para el propósito de mejorar la productividad”.

Otros investigadores, por el contrario, consideran que la renovación sí resuelve parte de los problemas de interpretación del concepto y de enfoque de la política, sobre todo porque se declara la participación de la sociedad. “Uno de los elementos fundamentales para generar procesos de apropiación es la participación, que ella desate una innovación transformativa: quedó al menos mencionado y eso es muy importante. Se cambia el enfoque hacia la divulgación de la apropiación por el de la forma en que se puede generar ese resultado. Va muy de la mano con los temas de innovación social. No se deja de lado la competitividad, pero se piensa en el apoyo a las problemáticas territoriales y que esa solución convoque a diferentes actores para que generen capacidades”, indica el profesor James Alberto Morales Chinca.

Una co-construcción del conocimiento

La jefe de la Universidad de los Niños EAFIT, quien participó en el comité asesor de estos lineamientos, es optimista sobre el nuevo alcance que persigue la apropiación social del conocimiento en Colombia: “Tiene deudas, pero avanza en aspectos importantes como el de proponer una definición, que de alguna forma neutraliza el debate. Esa declaración formaliza lo que el Ministerio espera lograr”.

También, resalta que se incluyera la confianza como un principio (porque da una dimensión humana al concepto), la descentralización de las acciones hacia los territorios y la promoción de la investigación en apropiación social, que motivará a los investigadores. Con mayor o menor expectativa de lo que pueda lograrse en el futuro desde esta nueva forma de acercar a los colombianos a la ciencia, cada uno de los académicos destaca como un avance que dicha actualización del concepto ponga al país a pensar en ello.

Porque, dicen, sin el apoyo ciudadano es muy difícil mejorar la sociedad a través del conocimiento. Al fin de cuentas, como concluye el profesor Daniel Hermelin, la apropiación social del conocimiento también se propone promover una confrontación sana de saberes entre los científicos y los conocimientos de las comunidades y de las organizaciones sociales, lo que conlleva a una co-construcción del conocimiento. Y eso acerca y beneficia tanto a los investigadores como a la sociedad civil.

10 experiencias a las que hay que seguirles la pista

Parque Astronómico La Punta. Argentina. Se dedica a la enseñanza y al aprendizaje de conceptos fundamentales de la astronomía a todo tipo de públicos.

Sala de Ciências del Sesc de Taguatinga Norte. Brasil. Promueve la consciencia del público sobre las implicaciones del cambio climático, a través de talleres, charlas, observaciones y experimientos.

Museo Interactivo de Osorno. Chile. Promueve que en escuelas urbanas y rurales se apropie la ciencia y su aplicación en situaciones prácticas, por medio de 20 módulos interactivos en diferentes áreas del conocimiento.

Parque Explora. Antioquia, Colombia. Promueve la cultura científica y ciudadana por medio de experiencias interactivas, charlas, obras de teatro y actividades para diferentes públicos.

Museo de Electricidad. Perú. Además de contar de manera lúdica e interactiva la historia de la electricidad y su funcionamiento, ofrece talleres de electricidad y robótica para niños y adolescentes.

Universidade Júnior (U. Jr). Portugal. Programa de educación para estudiantes de básica y secundaria que les permite iniciarse en la investigación en diversas áreas del conocimiento.

Junge Uni Bonn. Alemania. Proyecto de la Universidad de Bonn que ofrece una experiencia de inmersión en la ciencia y la investigación para niños y adolescentes.

Red de Investigación Escolar de Medellín y Antioquia. Colombia. Fomenta la discusión en torno a la investigación en la escuela y al rol que tienen los maestros en este proceso.

Cactus Santander. Santander, Colombia. El Proyecto Apropiación Social del Conocimiento en Salud (Cactus) promueve escenarios para democratizar la ciencia y que las personas den uso práctico al conocimiento generado en las investigaciones en salud.

AproCiencia. Tolima, Colombia. Proyecto de la Universidad del Tolima y la Gobernación de ese departamento que acerca la ciencia a los niños con prototipos que viajan en maletas didácticas y aulas interactivas.

Autores

Diana Milena Ramírez

Colaboradora.

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El conocimiento como bien común y al alcance de todos

Marzo 22, 2021

El mundo actual –el de la incertidumbre, la transformación, los avances científicos– ha visto en las últimas décadas un crecimiento exponencial en la producción y el intercambio de conocimientos. Hoy, en medio de la compleja coyuntura resultado de la pandemia, se refuerza la necesidad de que ese conocimiento incluya dentro de su proceso de producción algunos mecanismos para el diálogo y el contraste de visiones con diversos actores de la sociedad.

Tal necesidad ha sido planteada durante más de cuatro décadas en Colombia, que le ha apostado a una visión dialógica de la gestión del conocimiento, asunto que hoy se hace urgente y tiene una relevancia radical: no hay accesos privilegiados al saber, no hay personas más calificadas que otras para su discusión y el conocimiento no se encierra en claustros para la disponibilidad de unos pocos.

La lógica de esta nueva visión, que se ha denominado apropiación social del conocimiento, se fundamenta en entender el conocimiento como un bien común y, como tal, de dominio general sin distinción de edades, género, ocupación o nivel educativo.

Luego, es importante considerar una particularidad adicional: las ciencias no se marginan de los contextos; por el contrario, están directamente relacionadas con ellos.

En la actualidad, el contexto es el de un mundo globalizado e intercomunicado, transdisciplinar, dinámico y diverso. Esta comprensión implica que generar conocimiento tiene impactos que involucran a más personas, territorios y problemas. Y, a su vez, esos impactos se comunican y reproducen de forma más veloz.

El contexto es, pues, una riqueza y un reto para las comunidades científicas e implica un cambio estructural en la manera de concebir la gestión del conocimiento, toda vez que involucra a la sociedad como coproductora y parte implicada en la creación de ese mismo saber.

Este cambio persigue el propósito declarado en la reciente política de apropiación social del conocimiento liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretende entrelazar las ciencias, la cultura y la sociedad.

Esta es una aspiración que se engloba en los principios que rigen este concepto de apropiación social del conocimiento y con los que la Universidad EAFIT se alinea proactivamente: el reconocimiento del contexto, la participación en el diálogo de saberes y conocimientos, la gestación de confianza y la reflexión crítica.

Desde su creación, la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación gestiona el vínculo estrecho entre las ciencias y la vida cultural, lo cual es una oportunidad adicional para enriquecer el diálogo de la Universidad con la sociedad a través de los múltiples lenguajes que tiene la investigación-creación. Ellos alimentan y realimentan los contenidos, los medios y las estrategias tradicionales para trazar nuevas alternativas en este campo.

Con su dossier central, esta edición de la Revista Universidad EAFIT es una invitación a la reflexión y al intercambio de concepciones sobre la apropiación social del conocimiento desde la convicción de que son necesarias estructuras que propicien el logro de sus aspiraciones y aporten a tener una sociedad mejor informada, participativa e implicada en la generación del saber científico.

¡Que disfruten de este nuevo número de la Revista Universidad EAFIT, Descubre & Crea!

Autores

César Eduardo Tamayo Tobón

Vicerrector (e) de Descubrimiento y Creación de la Universidad EAFIT.

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Telemedicina y democratización de la salud

Septiembre 10, 2020

José Fernando Arango Aramburo, Médico anestesiólogo Hospital Pablo Tobón Uribe.

El mundo de la medicina está transitando del cuidado junto al paciente a su atención con el apoyo de medios que se enmarcan en lo que se denomina “telemedicina”. Este es un concepto amplio que cobija a muchos elementos, desde la obtención de una opinión entre dos médicos que están en lugares distantes hasta la integración de un ecosistema de dispositivos tecnológicos avanzados interconectados que cumplen distintas funciones.

Aunque esos dispositivos no van a desplazar al médico, sí lo van a conectar con centros mayores de atención que pueden estar en diversos sitios del mundo para ayudarlo en situaciones complejas que él solo no podría solucionar.

Estos avances permiten que, por ejemplo, un robot sea ya capaz de hacer suturas en intestino o piel con resultados tan buenos o mejores que los logrados por seres humanos. Y existen dispositivos que posibilitan a un médico dirigir un robot mientras esa máquina hace directamente una operación en una persona. Esas cirugías son más precisas, producen menos sangrado y llevan a una recuperación más rápida de los pacientes.

Más allá, hay aplicaciones clínicas de inteligencia artificial en las cuales se recogen miles de imágenes de tomografías de pulmón para, en estudios clínicos, tener un diagnóstico más preciso y hasta un año antes que lo pudiera establecer un ser humano sin esa ayuda.

Lo mismo se ha hecho en dermatología, en específico en cáncer de piel, cuando con inteligencia artificial se integran miles de imágenes y estas, frente a la foto de un paciente, permiten un análisis que llega a un diagnóstico más temprano.

Pero, ¿la tecnología nos está acercando a que todos tengamos acceso más rápido y mejor a la salud? En Colombia, desde el año 2010 existe el decreto 1419 que regula la telemedicina. Esta se inició con algún entusiasmo en los antiguos territorios nacionales, pero una década después se ve que muchos centros asistenciales no tienen siquiera conexión a internet o que es intermitente o mala.

Del mismo modo, que los diagnósticos o interconsultas que deberían hacerse en cuestión de minutos u horas se demoran días, por lo que llegan en momentos en los cuales el paciente se complicó o ya tuvo un desenlace desfavorable. Los desarrollos de telemedicina han tenido mucha acogida en los centros urbanos y en grupos poblacionales que ya tienen acceso a la salud, personas que pueden acceder a una consulta rápida con un especialista.

Sin embargo, el sistema de salud no ha logrado que esos desarrollos estén al servicio de una amplia población vulnerable que los requiere: falta que todo esto llegue a los sistemas públicos de salud, que tengan divulgación y que se construya una buena infraestructura.

Este problema es debido a múltiples factores, pero uno significativo es que los modelos de negocio en el sector salud se han enfocado hasta ahora en personas que ya están aseguradas y tienen alguna capacidad económica. Por otra parte, muchas personas que podrían  necesitarlos  no  tienen,  por  ejemplo, acceso a una buena conexión de internet.

Ambos factores están en caras opuestas de la moneda y son limitantes. Ello, a pesar de que la ley permite que los servicios de telemedicina a través de los regímenes subsidiado o contibutivo sean cobrados y pagados.Desde el punto de vista filosófico se plantea el dilema de que en el futuro la tecnología llegue a un nivel tal que el personal médico no sea necesario.

Por ahora vamos en que todas estas herramientas son una ayuda para médicos y personal de salud que siguen ausentes en regiones apartadas donde urge un apoyo especializado, así sea virtual.

Contrario a lo que pasa en empresas financieras y del sector de negocios, por ahora la telemedicina no ha llegado a que sea un robot el que responda preguntas, sino que siempre se designa a personal de médicos, especialistas o enfermeras para que estén pendientes, den respuestas y brinden apoyo.

Pero el asunto va más allá de unas capacidades básicas en un celular o computadora portátil: los mismos dispositivos médicos pueden estar conectados a la red a través de internet de las cosas para que, pongamos el caso, un electrocardiograma tomado en un sitio alejado esté conectado con un centro de mayor complejidad. Por eso hablamos de todo un ecosistema que se debería desarrollar.

Las empresas prestadoras de salud deben pensar incluso que esto representa una oportunidad de llegar a la gente, de acceder a zonas donde puede haber solo un médico general o una enfermera para que el paciente tenga acceso a conceptos de un médico internista o de un especialista, que las citas no se tengan que demorar semanas o meses y que algunas actuaciones médicas se puedan solucionar a través de la tecnología.

Esto es una oportunidad que los servicios de salud no han explotado de manera eficaz. Le corresponde al gobierno y a los gremios médicos impulsar este tipo de iniciativas porque tenemos una falta grande de personal de salud en zonas rurales y áreas remotas. Existe por ley la facilidad de hacerlo y las compañías tienen no solo la posibilidad sino la obligación de implementarlo. Eso sería ayudar a democratizar más la salud.

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