Es una de las conclusiones que deja el más reciente informe Coyunturas y perspectivas de la economía colombiana, realizado por el Grupo de Coyuntura Económica de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT. 

El informe, que se presenta de manera semestral, fue socializado el pasado primero de noviembre en el ForoPerspectivas económicas, reactivación y competitividad, que realizaron EAFIT y su centro de estudios Valor Público, la Cámara de Comercio de Medellín, Valora Analitik, El Colombiano, Visión Estratégica y la Alcaldía de Medellín.

​La edición número 23 del informe Coyuntura y perspectivas de la economía colombiana,  propone que para reactivar la economía del país es necesario seguir construyendo confianza.   De acuerdo con el informe, el Gobierno Nacional y el Banco de la República tienen la responsabilidad de crear un entorno estable y predecible. Igualmente, la transparencia en la toma de decisiones y la comunicación clara en las estrategias económicas son esenciales para generar confianza a la ciudadanía y a los empresarios, quienes deben sentir que sus intereses son considerados. 

A diferencia de otros informes, este ha dedicado un espacio mayor al análisis del contexto internacional, pues en lo que va corrido de 2024 la economía mundial estuvo marcada por la recuperación desigual tras los efectos persistentes de la pandemia y las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos y China, que influyeron en las dinámicas comerciales y en la inversión global.  

Además, “este año más de 50 países en los que habitan alrededor de 2 mil millones de personas tuvieron elecciones, y lo que ya estamos viendo en casi todo este año es un resurgimiento de partidos de derecha, en algunos casos bastante extremos. En ese sentido se parece al periodo entre guerras y a la posguerra”, explicó César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT. 

Habrá reactivación en Colombia, pero ¿será suficiente? ​

Con esta mezcla de afirmación e interrogante, César Tamayo comenzó la segunda parte de la presentación de los resultados del informe Coyuntura y perspectivas de la economía colombiana, dedicados al panorama colombiano. Según lo expresó en el auditorio de la Cámara de Comercio, a pesar de que la economía colombiana parece haber tocado fondo, y teniendo en cuenta los datos de crecimiento del primer semestre, continua la senda de reactivación y recuperación. “El producto interno bruto volvió a crecer, jalonado por actividades de arte y entretenimiento, un sector relativamente pequeño que ha ido creciendo. El PIB agropecuario está jalonando el crecimiento, y se ve algo de mejoría en construcción y comercio, por lo menos es mucho menos negativo. Si bien el comercio parece que está empezando a despegar, la industria todavía no lo hace”. 

En Colombia, la economía creció moderadamente, impulsada por sectores como el de la agricultura y los servicios. De acuerdo con los análisis del Grupo de Coyuntura Económica se pronostica un crecimiento del 2 % para finales de año, con una inflación esperada del 5.6 % anual. Al respecto el decano indicó que “hoy tenemos una economía menos industrial y una economía más agraria, tenemos que preguntarnos si eso es lo que queremos, ¿cuál es el tipo de trabajos que se generan en una y en otra?”. 

Contrastando con el contexto regional, Jhon Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, indicó en su conferencia Desempeño económico en Antioquia que “hay tres sectores que han venido con dificultades económicas: industria, comercio y construcción. Si bien se trata de sectores que continúan con un comportamiento negativo han mejorado con respecto al año anterior”. 

Disminución del desempleo 

A pesar de los desafíos, en el país hubo una ligera disminución en la tasa de desempleo gracias a la creación de 257 mil puestos de trabajo en diversas industrias en comparación con el mismo periodo de 2023. Los sectores con mayor crecimiento fueron las actividades artísticas y entretenimiento, pertenecientes al sector servicios, en contraste con las nuevas oportunidades laborales en actividades inmobiliarias y construcción, que disminuyeron con respecto al año anterior. 

Pasando de la informalidad a la formalidad y haciendo zoom al tema regional, hubo un crecimiento del 4 % en la creación de empresas que “si bien uno podría pensar que no es muy grande, es significativo porque ha sido sostenido todo el año. No solamente es positivo el crecimiento, sino que estamos muy bien con respecto al del país, que está en -4 %. Eso no solo dice que estamos recuperándonos, también que vamos más rápido que el país”, expuso el vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio.

Otras conclusiones​ 

​En un momento crucial para la economía colombiana, la confianza se vuelve fundamental para la reactivación. La política económica debe ser un esfuerzo conjunto que involucre a todos los actores: gobierno, empresarios y regiones. El Gobierno y el Banco de la República tienen la responsabilidad de crear un entorno estable y predecible. Esto implica no solo la implementación de políticas fiscales y monetarias coherentes, sino también un marco regulatorio que incentive la inversión.   

El decano César Tamayo agregó que, si bien la inversión volvió a crecer en Colombia, lo hizo poco y la tasa de inversión está muy por debajo del promedio que tuvo antes de la pandemia, “y una tasa de inversión baja limita el crecimiento a largo plazo, pues la tasa de inversión es la palanca con la que podemos crecer en el largo plazo”, explicó. 

En el ámbito laboral, la capacitación y adaptación a nuevas tecnologías serán cruciales para Colombia.  En ese sentido la región tiene buenas proyecciones pues de acuerdo con el informe Desempeño Económico en Antioquia “la mitad del top 30 de empresas innovadoras se encuentran en el departamento, lo que demuestra que estamos construyendo sobre lo construido. Tanto en industria como en comercio la región sigue siendo número uno en el país en productos innovadores tanto en industria como en comercio. Estamos dando saltos cualitativos”, afirmó Jhon Fredy Pulgarín.    

Las regiones deben ser vistas como actores clave. Cada una requiere políticas adaptadas a sus realidades locales. La descentralización de recursos y promoción de proyectos regionales pueden impulsar el desarrollo y la confianza en las comunidades. La recomendación final es que el Gobierno debe concentrarse más en diseñar políticas efectivas. En un momento crucial para la economía colombiana, la confianza se vuelve fundamental para la reactivación.  

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Alejandro Gómez Valencia
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Con motivo del Día Mundial de la Infancia, celebrado cada 20 de noviembre, fecha en la que también se conmemoran la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), expertos destacan que persisten grandes desafíos en la agenda local.

Según Unicef, garantizar intervenciones para el desarrollo integral de la primera infancia, dirigidas tanto a los niños, niñas y sus familias, es una de las estrategias más efectivas para asegurar que los más vulnerables alcancen su máximo potencial.

​​​​​​Cada 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia invita a reflexionar sobre los avances y retos en la protección de los derechos de niños y niñas, conmemorando la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. En este contexto, expertos reunidos en EAFIT durante el foro ¿Qué dicen las niñas y los niños sobre sus derechos? A 35 años de la Convención, organizado por NiñezYa, destacaron problemáticas como la explotación sexual infantil, la migración y las brechas en educación en la primera infancia, subrayando que estas cuestiones son especialmente críticas en regiones como Antioquia. 

Según Unicef, atender a la primera infancia no solo es un derecho fundamental, sino también una estrategia poderosa para cerrar brechas sociales, sin embargo, los retos persisten. En Antioquia, aunque programas como Buen Comienzo han marcado hitos en la atención a esta población, el panorama se agrava con la violencia y explotación que enfrentan los menores.  

Mónica Ospina Londoño, directora de Antioquia Cómo Vamos, afirma que entre 2019 y 2023 se reportaron en el departamento 1.948 casos de presuntos delitos sexuales contra menores de seis años, lo que ubica a Antioquia como el segundo departamento con más registros de este tipo en Colombia. “Las niñas son las más vulnerables. Un 10 % de los delitos sexuales sucede en instituciones educativas, aunque la mayoría ocurre en casa y son perpetrados por familiares. En general, los temas que tienen mayores alertas son salud, nutrición, educación y seguridad”.  

En el ámbito educativo, Lina Cuartas Villa, coordinadora de Metodología de la Universidad de los Niños de EAFIT, considera que el aprendizaje para toda la vida es una apuesta fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, promoviendo su participación en la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

“Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho y agentes de cambio implica respetar sus voces auténticas y garantizar espacios donde sus opiniones sean escuchadas y valoradas. Desde esta perspectiva, la educación se convierte en una herramienta esencial para fomentar la participación democrática desde la primera infancia, preparando a las nuevas generaciones para asumir roles significativos en la sociedad”, destaca Lina, quien considera que metodologías como el aprendizaje experiencial dinamizan las capacidades fundamentales necesarias para el desarrollo social y personal.

Migración y explotación sexual infantil: un llamado urgente a la acción conjunta  

En Medellín, las cifras de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes muestran un aumento sostenido desde 2010, según la Mesa intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes de este municipio. La falta de recursos y la fragmentación de las políticas públicas han limitado la capacidad del Estado para responder adecuadamente, asegura Iván Felipe Muñoz Echeverri, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Esta problemática se enmarca en un contexto de estructuras culturales y económicas que legitiman la vulneración de derechos. 

“El panorama muestra que la Convención aún no ha sido completamente implementada. Esto envía un mensaje fuerte sobre la necesidad de fortalecer un plan de acción. Al hacer un análisis crítico, se evidencian fracturas y grandes obstáculos, como la titularidad de los derechos, la corresponsabilidad, la integralidad y las afectaciones al interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, afirma el profesor.  

Por su parte, Luis Eduardo Ríos, oficial de protección de niñez Unicef Colombia, advierte sobre los desafíos específicos que enfrentan los niños migrantes en zonas como el Darién. En el último año, 455.841 niños, niñas y adolescentes han cruzado esta región en condiciones de extrema vulnerabilidad. Además de los riesgos de explotación y violencia, la falta de datos precisos sobre estos flujos dificulta la implementación de estrategias efectivas. “La protección y la garantía de derechos de la niñez, incluso en contextos de crisis, no solo es un imperativo legal, político o ético; es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad y para superar los factores que ponen en riesgo a la niñez”, afirma Luis Eduardo. 

Unicef y otras organizaciones insisten en la necesidad de respuestas humanitarias integrales y binacionales, mejoras en la gobernanza migratoria, fortalecimiento de la protección en los puntos de tránsito y la creación de entornos emocionalmente seguros para los menores. Todas estas acciones requieren una coordinación sostenida a nivel regional. 

Los expertos hacen un llamado a escuchar auténticamente las voces de los niños y niñas, reconociendo su capacidad para proponer soluciones . Asimismo, consideran que fortalecer la implementación de la Convención implica superar patrones culturales que minimizan su agencia y derechos, además de articular esfuerzos entre el gobierno, la academia y la sociedad civil. Solo de esta manera se garantizará que cada niño y niña en Colombia pueda vivir una vida digna y plena, donde sus derechos sean una realidad tangible. 

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Personalidades del orden nacional y local, entre ellos la senadora Angélica Lozano y el exgobernador Aníbal Gaviria, participaron del foro El país posible desde las regiones, programado por el Centro Valor Público de EAFIT el pasado viernes 22 de noviembre. 

Si bien los invitados se refirieron a la necesidad de darle mucha más autonomía a los entes territoriales, como lo ordenó la Constitución de 1991 en Colombia, invitaron a hacerlo pensando no solo en girar recursos, sino también capacidades del Estado.

El foro El país posible desde las regiones, programado por el Centro Valor Público de EAFIT el pasado viernes 22 de noviembre, se realizó el Coliseo Los Guayabos de la Universidad. En la imagen el decano César Tamayo.

​La preocupación no es por la descentralización, sino por cómo esta se piensa desarrollar, sobre todo a partir del acto legislativo 018 de 2024, que se encuentra en el octavo debate en el Senado de la República, y que promueve el aumento de transferencias a los departamentos. Esta fue una de las principales conclusiones del foro El país posible desde las regiones, organizado por Valor Público de EAFIT, centro de estudios e incidencia de EAFIT, el viernes 22 de noviembre en el Coliseo Los Guayabos de la Universidad.  

En el foro, que contó con la presencia de académicos y personalidades de la política del orden nacional y local, entre ellos la senadora Angélica Lozano y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, se abordaron también temáticas alrededor de la paz territorial, las capacidades y las competencias territoriales, la autonomía fiscal territorial y las experiencias regionales para el futuro de Colombia, asuntos que, como lo indicó César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, generan una mayor consciencia sobre un mejor quehacer en los asuntos públicos.  

El primer segmento, denominado La paz territorial, tuvo como expositor a Santiago Tobón Zapata, profesor de EAFIT, investigador de Valor Público y experto en economías criminales. En esta, habló de los retos y herramientas que se requieren para la construcción de dicha paz a partir de la experiencia del Medellín Impact Lab, una idea de conocer en profundidad los contextos ilegales de la ciudad. En su intervención, se refirió a cuatro pilares que deberían asumirse para negociar con las estructuras criminales que operan en Medellín, teniendo en cuenta que, según los análisis, se tiene un mal diagnóstico al tratar de buscar programas que funcionaron en otros países y se implementan sin saber. 

El primero es investigar la estructura de mercado y la economía política del crimen organizado partiendo del modo de operación de los cerca de 400 combos que hay en la ciudad y que regulan hasta la misma violencia en los barrios, lo que, en palabras del experto, mantiene pacífica a Medellín. Lo segundo es unificar las fuentes de información y los datos administrativos alrededor del sector criminal para entender cómo estos grupos son los que proveen orden y seguridad en un tercio de los barrios, inclusive con negocios como el de las arepas, las tierras y los préstamos gota a gota. Como tercero está la comprensión de las carreras ilegales en el largo plazo como un lugar en el que algunos jóvenes encuentran “futuro”. Y el cuarto es construir asociaciones entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y academia.

En ese sentido, el profesor Tobón propone trabajar en tres frentes de negociación: atacar las rentas criminales, reducir el interés de los jóvenes en el crimen y mantener la paz con la premisa de que en Medellín un número cercano a las 12 mil personas están dedicadas al crimen y 150 mil hogares pagan semanalmente extorsiones a los combos. 

En el desarrollo del panel, moderado por la periodista Ana Cristina Restrepo y con la presencia de Elda Neyis Mosquera, exguerrillera de las FARC; Juan Ospina, consultor en temas de paz, víctimas y justicia; y Gustavo Duncan Cruz, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, se habló de cómo el Estado, aunque se ha fortalecido, debe ser mucho más funcional en los territorios donde hoy operan grupos criminales. Además, se conversó sobre aquello que motiva a muchos jóvenes campesinos a unirse a grupos al margen de la ley; se puso sobre la mesa la importancia de entender las rentas criminales existentes en muchas zonas del país, distintas al narcotráfico; y se reconoció la importancia de aprender de la experiencia de otros procesos de paz y analizar que las negociaciones obligan a regulaciones internas en los colectivos armados. 

Capacidades y competencias territoriales 

Inicialmente, el profesor Alejandro Gómez Velásquez, de la Escuela de Derecho de EAFIT abordó, desde el tema de capacidades y competencias territoriales, cómo regular las relaciones entre el centro y la periferia, entendiendo cuál es el punto de partida, las contrarreformas y las propuestas actuales que hay sobre la mesa. Lo primero que debe asumirse es que la Constitución de 1991 mantuvo la unidad nacional con la promesa de la autonomía territorial y la descentralización en un modelo que estaba por construir. No obstante, el que se impuso fue otro modelo que se instauró por dos contrarreformas o dos actos legislativos particulares (1 de 2001 y 4 de 2007) y que hizo que las transferencias hacia los territorios bajaran de cerca de un 46 a un 20 por ciento, lo que en palabras del experto se constituyó en un decrecimiento dramático para las entidades territoriales.  

En este punto, el profesor Gómez introdujo, hablando de las propuestas actuales, el tema del trámite del proyecto de acto legislativo 018 de 2004, que se encuentra en el octavo debate en el Senado de la República y que, según la página web de este órgano, con este “se espera aumentar las transferencias que la Nación le gira a los departamentos, distritos y municipios a través del Sistema General de Participaciones”. A esto se le suma la propuesta de referendo fiscal que impulsa desde Antioquia el gobernador Andrés Julián Rendón para que los impuestos de renta y patrimonio no pasen a la Nación, sino que se queden en los departamentos. 

Seguidamente se realizó el panel correspondiente a este tema, en el que participaron la senadora Angélica Lozano; Santiago Leyva Botero, profesor e investigador de Valor Público; Julián López Murcia, director de Nalanda Analytica; y Daniel Castellanos, economista y asesor del Ministerio del Interior. La moderación fue de Santiago Ángel, periodista de El Colombiano. En este se abordó la reforma al Sistema General de Participaciones, por lo que se discutió cómo dichas reformas no pueden darse si no hay énfasis en las competencias que se transferirán a los departamentos, entendiendo que son tan importantes como los mismos recursos y con el antecedente, especificado por Santiago Leyva, de que Colombia es un país con una burocracia central muy débil. Para la senadora Lozano, por ejemplo, el monto que se fijó en la meta, que es de 46 por ciento de transferencias a las regiones y luego a un 39 por ciento, es incumplible. “Me ciño a lo dicho por la Misión de Descentralización: 31 por ciento de transferencias más una bolsa de 5 por ciento para convergencias regionales o procesos asociativos entre entes territoriales”. 

Autonomía fiscal territorial 

En el tercero de los segmentos del foro, Alejandro Torres García, profesor del Área de Macroeconomía y Sistemas Financieros de EAFIT, se centró en lo que está ocurriendo con el Sistema General de Participaciones (SGP) y si es la mejor forma de continuar con el proceso de descentralización. Así, mostró cómo los recursos que se transfieren a las regiones cada vez son menos de los que entran a las arcas del gobierno nacional. Además, enfatizó en si el SGP debe dedicarse solo a atender las necesidades básicas de la población o apuntarle a asuntos como la competitividad, en la que sí existe una brecha grande entre, por ejemplo, Bogotá y Vichada. A su vez, Colombia es un país donde el recaudo de los departamentos es menor que el de los municipios, uno de los pocos casos en el mundo. Subrayó también, como uno de los retos, que una descentralización de recursos no comprometa la sostenibilidad fiscal de la nación. 

El panel de este tema contó con la participación de Carolina Soto Losada, asociada senior Dattis y exviceministra de Hacienda; Jesús Botero García, profesor emérito de EAFIT; y Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte. Lo moderó Angélica Gómez Benavides, periodista de Cambio. Para empezar, y de cara al tema de la descentralización, Carolina Soto expuso cómo Colombia ha tenido una credibilidad en su manejo macroeconómico y cómo este acto legislativo que cursa en el Senado pone en riesgo la estabilidad macro del país al considerar que no existen las competencias locales para responder por ese presupuesto. Para el rector Meisel, por su parte, las brechas en Colombia no van a cerrarse solo con transferencias; mientras que para Jesús Botero, aunque descentralizar es absolutamente indispensable, se requieren reformas más estructurales que incluyan no solo los recursos sino las competencias. 

Experiencias regionales para el futuro de Colombia 

El último segmento del foro fue una conversación entre Aníbal Gaviria Correa exgobernador de Antioquia; y Federico Hoyos Salazar, exembajador de Colombia en Canadá, moderado por María Paulina Domínguez Hernández, jefe de proyectos de Valor Público de EAFIT. En un comienzo, el exgobernador Gaviria dijo estar de acuerdo con el proyecto de acto legislativo que promueve la descentralización, pero que el debate que debe plantearse ahora desde la academia y otros sectores, es por las capacidades de las regiones para gestionar esos recursos. A su vez, Federico Hoyos llamó la atención porque, en su opinión, “fue un debate que pasó de agache y no se han escuchado las voces técnicas para hacer las correcciones oportunas ante los riesgos de sostenibilidad fiscal”. 

En conclusión, los diferentes participantes del Foro El país posible desde las regiones llamaron la atención sobre cómo deben darse más espacios de este tipo alrededor de un tema tan trascendental para el país como la descentralización. 

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Esta iniciativa articula esfuerzos para fortalecer la educación en Colombia, beneficiando a bachilleres de Antioquia con becas integrales para iniciar sus estudios de pregrado en tres de las universidades con mejor desempeño académico del país: EAFIT, EIA y CES. 

El fondo educativo operará bajo el modelo de endowment, un sistema que garantiza la sostenibilidad del programa mediante la generación de una rentabilidad anual que permitirá otorgar becas a perpetuidad. La meta es construir un patrimonio de 100 mil millones de pesos.

​​La educación es el motor que impulsa el talento, el futuro y las aspiraciones de las nuevas generaciones. Pensando en esto, y en el marco de la celebración de los 90 años del Grupo Argos, este 28 de noviembre se presentó Generación A, un programa liderado por la Fundación Grupos Argos en alianza con las universidades EAFIT, EIA y CES, que busca fortalecer la educación en Colombia mediante la creación de un fondo educativo sostenible con la integración de empresas que compartan el mismo propósito.  

La iniciativa ofrecerá becas para que jóvenes talentosos puedan realizar sus estudios de pregrado. Gracias al modelo de endowment, que invierte el capital inicial para generar rentabilidad anual, se podrá financiar la educación de manera continua, asegurando un impacto duradero. Las universidades participantes también aportarán mediante la figura de "sillas vacías", cubriendo total o parcialmente el costo de la matrícula. 

Inicialmente, la Fundación Grupo Argos aportará 20 mil millones de pesos, mientras que las tres universidades privadas contribuirán con otros 20 mil millones en capacidad y talento. Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, espera que este patrimonio crezca con el apoyo de aliados nacionales e internacionales hasta alcanzar los 100 mil millones. “Creemos profundamente que esta es una semilla que estamos sembrando para invitar a otros actores a unirse a un propósito que tiene necesidades enormes. Este será un camino para que esos jóvenes puedan seguir realizando sus sueños en la educación superior, especialmente en instituciones que han tenido históricamente reconocimiento de altos estándares de calidad”, afirmó. 

La convocatoria, abierta hasta la segunda semana de diciembre de 2024, está dirigida a bachilleres de Antioquia pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. Los postulantes deben haber obtenido al menos 300 puntos en las Pruebas Saber 11 y mantener un promedio mínimo de 3,7 durante sus estudios. Además, se les ofrecerá apoyo para manutención y mentorías individuales, con el objetivo de garantizar su éxito académico.

Garantizar el acceso a la educación superior 

El acceso a la educación superior en Colombia enfrenta un desafío crítico: solo cuatro de cada diez jóvenes logran ingresar a la universidad, a pesar de que el 80 % desea continuar sus estudios tras graduarse del bachillerato. La causa principal es la falta de recursos económicos, lo que impide que el 60 % de los estudiantes puedan costear su educación. Frente a esta realidad, Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, expresó que Generación A se presenta como un faro de esperanza, ofreciendo un modelo sostenible:  

“Es el momento de la contundencia, de las acciones decididas de todos. Esto es un mecanismo histórico, con un modelo de endowment se está pensando en el futuro. Hoy la gran oportunidad es lograr tener una sociedad mucho más preparada, un talento fuerte para el desarrollo de la región”, destacó la rectora.  

Un ejemplo del impacto de este tipo de iniciativas es Isabella Gómez Gallego, graduada de Ingeniería Física de EAFIT, quien se benefició de las Becas Regionales para el Desarrollo impulsadas por la Fundación Grupo Argos. “Esta beca no solo me apoyó económicamente, sino que demostró una preocupación genuina por nuestro bienestar, permitiéndonos disfrutar y aprovechar al máximo el proceso. Gracias a estas becas y a EAFIT, tuve la oportunidad de realizar mi práctica en el exterior, en Países Bajos”. 

Para Claudia Helena Arenas Pajón, rectora de la Universidad CES, Generación A va más allá de ser un fondo de becas. “Este es un puente hacia las oportunidades, una herramienta para cerrar brechas y una apuesta decidida por el desarrollo humano y académico. Para la Universidad CES, esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la generación de un impacto social significativo, alineado con nuestra misión de contribuir al bienestar y al progreso de las comunidades mediante alianzas con empresas y universidades”. 

Finalmente, José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad EIA, resaltó el trabajo de la alianza y los beneficios para los jóvenes bachilleres: “No se trata solamente de una beca educativa, se trata también de la posibilidad de que los jóvenes tengan posibilidades de sostenimiento, mentorías, acompañamiento académico, inserción en el mundo laboral y en la vida académica. Esto es muy significativo, y como universidad estamos absolutamente felices de ser parte de este esfuerzo”. 

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Consultores del Centro de Análisis Político (CAP) y del Departamento de Psicología de EAFIT trabajan en conjunto con la Secretaría de la Juventud de Medellín en el proyecto Juventudes Tejedoras, que acompañará a jóvenes en condición de riesgo psicosocial con atención para ellos, sus familias y líderes sociales. 

El reclutamiento de menores por parte de actores armados, el embarazo adolescente, la deserción escolar y el consumo de sustancias psicoactivas son algunos de los riesgos que enfrentan los jóvenes. Como parte del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este proyecto espera impactar a cerca de 3200 jóvenes. La participación es voluntaria y si hay alguien interesado en participar en el proyecto pueden escribir al correomagonz17@eafit.edu.co , en donde se verificará si pueden hacer parte de este.

Con el acompañamiento psicosocial a jóvenes de Medellín, entre los 14 y los 28 años, que se encuentran en condición de riesgo por problemáticas como, por ejemplo, reclutamiento forzado por parte de actores armados, deserción escolar o consumo de sustancias psicoactivas, así como amenazas para los derechos y libertades, comenzó a operar Juventudes Tejedoras, un proyecto de la Alcaldía de Medellín que es ejecutado por la Universidad EAFIT.

La atención integral de esta población vulnerable es liderada por la Secretaría de la Juventud y cuenta con la participación de los expertos académicos del Centro de Análisis Político (CAP) y del Departamento de Psicología de la Universidad, quienes brindarán sesiones de atención profesional a cada uno de los casos que se registren en esta iniciativa institucional, además, formarán a líderes comunitarios para la creación de entornos protectores que beneficien a las comunidades juveniles.

Este año Juventudes Tejedoras atenderá a 580 jóvenes, al final del proyecto serán 3200. “Es un diálogo institucional con otras propuestas. Recoge los saberes del pasado y las lecciones aprendidas. Este programa habla con jóvenes en riesgo y hemos querido exaltar con la palabra tejer esa manifestación que tienen los jóvenes de siempre estar trazando lazos de solidaridad entre ellos mismos e intergeneracionales”, manifiesta Alejandro Matta Herrera, secretario de la Juventud de Medellín, quien impulsa esta estrategia como parte de la agenda local de gobierno.

A partir de una participación voluntaria de los interesados en recibir esta orientación, esta estrategia integrada al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 busca ofrecer el acompañamiento individual, familiar y comunitario a través de la experticia técnica del equipo liderado por la Escuela de Humanidades de la Universidad.

“Hay diferentes dimensiones en las que vamos a acompañar a los jóvenes, tanto desde el punto de vista individual como en el acompañamiento familiar. También desde la formación a los líderes comunitarios o personas que están cerca de ellos. Obviamente, en la medida de que hablamos de vulnerabilidad psicosocial, habrá una mayor concentración en ciertos jóvenes de la ciudad”, comenta Mariantonia Lemos Hoyos, profesora del Departamento de Psicología, coordinadora de la maestría en Estudios del Comportamiento y directora del proyecto Juventudes Tejedoras en EAFIT.

En ese sentido, el proyecto tiene el objetivo de implementar estrategias de prevención y garantía de los derechos y las libertades, además, consolidar los entornos protectores familiares y comunitarios en cualquier barrio de la ciudad donde se presenten problemáticas sociales para esta población, la cual hace referencia al grupo social ubicado entre los 14 y 28 años de edad, según la Ley de Juventud (Ley 375 de 1997) que los describe como sujetos de derechos políticos, sociales y económicos.

Apuesta por la protección

Juventudes Tejedoras nace como parte del programa estratégico Juventud que Teje Vida, creado por la Secretaría de la Juventud para fortalecer las capacidades de los jóvenes que se encuentran en condición de vulnerabilidad, con el fin de acercar la oferta institucional dispuesta por la Alcaldía de Medellín.

Con proyectos como este, que se suman a otras estrategias institucionales para los jóvenes, se espera aportar herramientas sólidas para la construcción de proyectos de vida y, a su vez, fortalecer las habilidades de relacionamiento interpersonal de los participantes. De esta manera, se espera contribuir a un gran entorno protector frente a las distintas violencias que habitan los territorios mediante la construcción de ambientes confiables y solidarios.

“Hay un diagnóstico establecido con rutas de atención y contacto con líderes comunitarios, hogares de paso y con el Sistema de Rehabilitación Penal de Adolescentes. Incluso de las instituciones educativas nos envían listados de jóvenes que pueden beneficiarse de este proyecto. Lo que podemos aportar a las comunidades y a los líderes de donde se mueven estos jóvenes son estrategias para lograr que la comunidad se vuelva un entorno seguro que posibilite tener relaciones interpersonales adecuadas”, menciona Manuela González González, investigadora del Centro de Análisis Político de EAFIT y coordinadora de este proyecto de intervención psicosocial.

Acciones por la juventud 

Investigadores del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT y la Secretaría de la Juventud, en el año 2014, unieron esfuerzos para construir la Política Pública de Juventud de Medellín, que en ese mismo año se convirtió en el Acuerdo Municipal 019 aprobado por el Concejo de la ciudad. Mediante esta actualización se buscó identificar oportunidades de desarrollo personal por vías convencionales y socialmente beneficiosas para este grupo poblacional y, en particular, acercar la oferta institucional a los distintos jóvenes en condiciones vulnerables.

“El fortalecimiento de los entornos protectores en los que desarrollan el curso de vida los jóvenes es supremamente importante. Los entornos son los que facilitan que estos procesos de acompañamiento lleguen a mejor puerto. Es una apuesta de garantía para los derechos de las juventudes, así que para nosotros es uno de los proyectos más importantes”, dice el secretario Alejandro Matta Herrera.

Precisamente, asuntos como la incorporación a los grupos criminales es una realidad preocupante en la ciudad. Según las estadísticas, los jóvenes son el grupo más vulnerable a estas problemáticas sociales, siendo casi la mitad de la población carcelaria del municipio, lo que impone retos en términos de reintegración social.

“Es un proyecto muy importante porque es la primera intervención que hacemos de manera conjunta con el Departamento de Psicología de la Universidad. Es la posibilidad de unir su conocimiento con el del Centro de Análisis Político (CAP), que ha trabajado en el acompañamiento de la Política Pública de Juventud, hoy con la posibilidad de intervenir a nivel psicosocial a estos jóvenes”, señala Juan Sebastián Aristizábal Gómez, jefe del CAP de EAFIT.

Según registró el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de la Juventud, durante este año se han beneficiado a 3248 personas con la atención a través de sus programas. Como parte de los factores de riesgo prevalentes se han identificado problemas relacionados con el estado de ánimo y la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de dificultades familiares y económicas en los hogares.

“Para la Universidad es fundamental conectarse con las realidades y las necesidades de la sociedad por medio de soluciones innovadores basadas en conocimiento, es allí donde la relación con el Estado cumple un papel fundamental, ya que a partir de esta se generan proyectos de alto impacto social que producen verdaderas transformaciones”, concluye Adriana García Grasso, directora de Innovación EAFIT, dependencia que se encarga de la transferencia de conocimiento de la Institución.

Juventud que Teje Vida 

Con el objetivo de proteger a los jóvenes de Medellín, el Plan de Desarrollo priorizó 56 mil millones de pesos para ser ejecutados en 64 programas dirigidos a esta población, que representa a la cuarta parte de la que tiene la ciudad con 535 mil personas. Según la administración municipal, con el programa Juventud que Teje Vida, que cuenta con un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos, se pretende crear un sistema de protección que garantice los derechos y libertades a los jóvenes.

En este programa se integran distintas iniciativas relacionadas a fortalecer las habilidades individuales y grupales de los jóvenes, también hacia potenciar el sistema de alertas tempranas para prevenir a los adolescentes del riesgo de vinculación a la criminalidad.

“EAFIT acompañó la formulación y la actualización de la Política Pública de Juventud. Para nosotros acudir a la Universidad es una garantía de cumplirle a la ciudadanía con rigor y técnica en los indicadores y, por supuesto, la apuesta ética que es el cuidado y la protección de las juventudes en riesgo de la ciudad. Todos los jóvenes importan, para nosotros no es trascedente el momento judicial en que se encuentren, lo que importa es la necesidad de acudir con toda la oferta institucional para la garantía y el restablecimiento de derechos”, manifiesta Alejandro Matta Herrera, secretario de la Juventud.​

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Alejandro Gómez Valencia
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Inform@risk: hacia un territorio más seguro es un proyecto que adelanta estudios geológicos, evaluación del riesgo y diseño de una red de sensores para anticipar los movimientos de tierra en Bello Oriente, esto acompañado del diseño de rutas de evacuación y espacios de encuentro comunitario que ayuden a reducir los riesgos por eventos naturales. 

Esta iniciativa de cooperación internacional -liderada por Urbam EAFIT, la Universidad Leibniz de Hannover (LUH) y la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín- pretende realizar otros cuatro pilotos de sistema de alerta temprana (SAT) similares en la ciudad.

En el barrio Bello Oriente, ubicado en la comuna tres (Manrique) de Medellín, actualmente se implementa un plan piloto para la prevención de riesgos ante desastres naturales. Se trata del proyecto Inform@risk, un sistema de alerta temprana (SAT) de bajo costo y adaptado al contexto local que permitirá anticipar emergencias ambientales por deslizamientos de tierra en los asentamientos informales y que podría ser integrado al Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) después del año 2022. 

Inform@risk comenzó a desarrollarse en marzo del año pasado como producto de la cooperación internacional liderada por el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) de EAFIT y la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania), a través de la financiación del Ministerio Federal para la Educación e Investigación (BMBF-Alemania) que aportó recursos para esta iniciativa. 

“El proyecto apunta a desarrollar estrategias innovadoras para una gestión de riesgos más integradora en Medellín mediante el desarrollo de un proceso colaborativo y transdisciplinario siguiendo un modelo de living lab. Geoingenieros alemanes, geomáticos y diseñadores de paisajes urbanos están colaborando con funcionarios colombianos de riesgo de desastres, planificadores urbanos, trabajadores sociales, organizaciones comunitarias y los residentes más afectados en el vecindario de Bello Oriente, donde se implementará y probará el Sistema de Alerta Temprana”, manifiesta Christian Werthmann, profesor del Instituto de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Hannover (Alemania) y líder del proyecto Inform@risk. 

Como parte de la investigación se han adelantado acciones relacionadas con el análisis geológico, la evaluación del riesgo y el diseño de una red de sensores que permitirán anticipar los movimientos de tierra en el barrio, todo esto acompañado del diseño de rutas de evacuación y espacios de encuentro comunitario que ayuden a reducir los riesgos en caso de emergencias. La prueba del sistema de alerta temprana, en el que se incluye el desarrollo de un aplicativo (APP) de fácil uso para los habitantes del territorio, se espera realizar durante el próximo año como parte de la última fase del Inform@risk. 

La idea de crear este proyecto nació en 2018 con el impulso del profesor de la universidad alemana, quien presentó en convenio con Urbam esta propuesta a la convocatoria del Ministerio Federal para la Educación y la Investigación (BMBF-Alemania). A partir de antecedentes académicos como Rehabitar la ladera, realizado entre Urbam y la Universidad de Harvard (Estados Unidos), donde entonces trabajaba el profesor Werthmann, y otros estudios como Rehabitar la montaña, apoyados por la Alcaldía de Medellín, se diseñó esta propuesta de Sistemas de Alerta Temprana para el barrio Bello Oriente como uno de los cinco pilotos propuestos al municipio para ser convertidos en política pública. 

“Cuando fundamos Urbam hace más de diez años el objetivo era construir procesos que incidan en la transformación de los territorios. El proyecto es resultado de una alianza que empezó en 2012, o un poco antes con el grupo de investigación liderado por Christian Werthmann, especializado en temas de paisaje, urbanismo y gestión del riesgo. Con ellos empezamos a tratar de hacer un diagnóstico pero también proponer soluciones para problemáticas de la ocupación informal del área metropolitana, en las laderas del Valle de Aburrá”, apunta Alejandro Echeverri Restrepo, jefe de Urbam EAFIT.

Sensores del riesgo 

En el SAT de Bello Oriente participan actores del gobierno, la academia, la sociedad civil y la comunidad en riesgo. Los aliados colombianos son EAFIT, la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación, la Sociedad Colombiana de Geología (SCG), la Corporación Convivamos y el Colectivo Tejearaña.  

Por su parte, el equipo alemán está conformado por expertos de la Universidad de Hannover (LUH), la Universidad Técnica de Deggendorf (THD), la Universidad Técnica de Munich (TUM), el Centro Alemán Aeroespacial (DLR), la empresa AlpGeorisk y la oficina de expertos para análisis de fotografía aérea y temas ambientales SLU. 

“El proyecto se inicia con el estudio de las amenazas y riesgos de la zona. Después se hace un diseño de sensores que detectan el movimiento. Uno de los aspectos particulares que lo hace especial es que los sensores no se aíslan de la comunidad sino que al contrario se integran en el paisaje. Además del diseño técnico de los geólogos que identifican las zonas para colocarlos, están los arquitectos paisajistas y la misma comunidad que dice cómo quiere que se vea. Estos sensores combinan tecnología de punta con sensores manuales hechos por la comunidad”, dice Carolina García Londoño, coordinadora local del proyecto Inform@risk y presidente de la Asociación Colombiana de Geología capítulo Antioquia. 

La necesidad de implementar Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en asentamientos informales se presenta ante la creciente amenaza del cambio climático que pronostica aumentar estos desastres en el mundo. En particular, en América Latina y el Caribe más de 152 millones de personas son afectadas por estos fenómenos. En Medellín, por su parte, más de 200 mil habitantes informales están expuestos al riesgo de deslizamientos y se estima que otros 60 mil se asentarán en laderas para el año 2030. 

“Estas iniciativas son sumamente importantes para la reducción del riesgo de desastres. Desde el Dagrd estamos articulados con este tipo de cooperaciones que nos ayudan a promover el conocimiento y la reducción del riesgo. Es importante destacar el decidido apoyo de la comunidad internacional y los cooperantes que se suman a este proyecto que aporta beneficios a comunidades de escasos recursos”, comenta Alethia Arango Gil, directora del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres (DAGRD). 

En la actualidad, en el área metropolitana opera el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), con el que se monitorean las amenazas ambientales que pueden generar deslizamientos en el territorio con alto riesgo para la población, sin embargo, este seguimiento no se realiza particularmente en barrios informales como Bello Oriente.  

Por esta razón, destacan los investigadores de Urbam, existe la necesidad de integrar los SAT al sistema municipal y generar alertas locales mediante la incorporación de sensores, rutas de evacuación y albergues que incluyan la mejora de los espacios públicos y la infraestructura para la atención de emergencias. 

“Es un proyecto que se ha adaptado a las particularidades que tiene el territorio de Bello Oriente y esto es valioso para asegurar la pertinencia de las herramientas o metodologías que allí se implementen. Considero exitoso que se haya gestionado la vinculación de diferentes actores para trabajar por un mismo objetivo que es la protección de la vida y el cuidado de la comunidad”, comenta Natalia Urrego Arias, secretaria de Infraestructura Física de Medellín, que presentó recientemente la apertura de una nueva vía de un kilómetro para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, lo que a su vez permite el acceso al barrio de máquinas de bomberos y otros vehículos para la atención de eventuales emergencias. 

“En el Valle de Aburrá, los deslizamientos están concentrados en la ladera nororiental donde hay un crecimiento urbano hacia esos bordes. Se combinan una serie de factores como el tema de la vulnerabilidad en la construcción y factores antrópicos, por ejemplo, la gran concentración de lluvias que hay con el cambio climático; todo esto combinado empezó a generar a lo largo de la historia del Valle de Aburrá unos deslizamientos en ese sector”, complementa Isabel Bosombrío, arquitecta especialista en paisaje y líder de proyectos en Urbam.

El SAT para Bello Oriente 

Un deslizamiento de tierra en el sector Palomar de la parte alta del barrio Bello Oriente, ocurrido la tarde del 12 de junio de 2017, alertó a los pobladores de este territorio encumbrado en las laderas nororientales de la ciudad sobre el riesgo de habitar la montaña sin contar con mecanismos adecuados para anticipar las posibles amenazas naturales. 

La oportuna reacción de la comunidad que semanas atrás detectó cambios en el terreno, aunque no evitó que seis viviendas fueron destruidas y otras más resultaran afectadas por el alud, sí previno víctimas mortales durante la emergencia ambiental. Este hecho marcó la historia reciente del barrio, que ha ido creciendo de manera informal desde el año 1976.  

Esta experiencia ha servido para desarrollar el proyecto Inform@risk, que busca crear un Sistema de Alerta Temprana práctico para la comunidad adaptando estrategias y tecnología al entorno local integradas al paisaje urbano del territorio. El objetivo principal es mejorar la resiliencia de las comunidades ante estos fenómenos naturales y tras su prueba piloto poder replicarlo en otros asentamientos informales con riesgos ambientales similares, siendo la ladera nororiental de Medellín la zona que presenta mayor cantidad de deslizamientos en el Valle de Aburrá.

 “Este enfoque se necesita con urgencia para las áreas en peligro de extinción propensas a deslizamientos de tierra, donde los asentamientos informales se ven afectados por encima del promedio. El proyecto podría funcionar como un vehículo para el desarrollo de la ciudad en general, creando nuevas redes e intensificando la colaboración de diferentes actores o intereses políticos”, destaca el profesor Christian Werthmann. 

Para adelantar este piloto, el barrio Bello Oriente fue seleccionado entre 16 sitios potenciales para implementar el SAT, principalmente por encontrarse en el límite urbano-rural de la ciudad, una zona con amenaza alta de deslizamientos, y por tener antecedentes en organización comunitaria para la prevención de desastres, como el caso de la emergencia del año 2017, que no causó pérdidas humanas.  

“Destaco el uso de tecnología y conocimientos académicos y científicos para hacer una lectura adecuada de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad en el barrio Bello Oriente, lo que se integra de manera muy interesante con las formas organizativas comunitarias y los saberes populares, todo eso en función de gestionar el territorio y salvaguardar la vida”, expresa el politólogo Juan Fernando Zapata, coordinador del programa Derecho a la Ciudad y Territorio Popular de la Corporación Convivamos, una de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan este proyecto. 

“En este proyecto se destaca el rol de liderazgo de las universidades en tratar de incidir en los procesos de mejora de las comunidades y las personas en el territorio, a partir de poner el conocimiento académico e investigación con una visión de aplicación práctica, tratando de que las universidades se conviertan en mediadores de conectar comunidades, gobierno y apoyo internacional”, concluye Alejandro Echeverri. 

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Alejandro Gómez Valencia
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La alianza Simdesign, integrada por las universidades EAFIT y CES, y el Hospital Pablo Tobón Uribe, junto al apoyo de Postobón, Leonisa, Dynacad, Ruta N e InnspiraMED hacen realidad, gracias a la intención de unirse para salvar vidas, estos dispositivos que protegen la salud del personal médico y la de los pacientes.

Cómo se creó la alianza para fabricar los videolaringoscopios, cuál es la historia del proceso y qué motivó a los aliados a vincularse fueron algunos de los temas de un encuentro virtual este miércoles 5 de agosto, en el que participaron empresarios, científicos y académicos de las instituciones vinculadas.  

Los investigadores creadores del videolaringoscopio son José Fernando Arango Aramburo, Juan Felipe Isaza Saldarriaga, Helmut Trefftz Gómez, Christian Andrés Díaz León, David Carmona Zapata y Tatiana Sierra Montoya. En la imagen algunos de los participantes en el encuentro virtual de este miércoles 5 de agosto.

​Propósito superior: la vida. En este coinciden la academia y los investigadores, el Gobierno, el sector de la salud, los empresarios y los emprendedores que unen voluntades que permiten que hoy centros hospitalarios de Colombia están recibiendo 650 videolaringoscopios, dispositivos que pueden salvar la vida de un paciente en situación crítica por covid-19.​

Esa diferencia entre estar vivo o muerto por la ausencia de uno de esos dispositivos la conoce bien el anestesiólogo José Fernando Arango Aramburo, quien luego de sufrir un accidente de tránsito se encontró inmóvil en una camilla de un hospital esperando que lo intubaran. El médico recordó esa experiencia en el encuentro virtual que este miércoles 5 de agosto reunió a representantes de Simdesing, alianza entre EAFIT, CES y Hospital Pablo Tobón Uribe que fabrica los videolaringoscopios, y de Postobón, Leonisa, Dynacad, Ruta N y la fundación InnspiraMED que apoyan la producción de los 650 dispositivos.

En esa conversación quedó claro el beneficio que ofrecen los videolaringoscopios de Simdesing, que se están entregando de manera gratuita. Este tipo de aparatos en el mercado internacional se venden a un precio de decenas de millones de pesos y actualmente, a causa de la pandemia, están agotados. Además del asunto monetario, y como lo referenció Juan Felipe Isaza Saldarriaga, uno de los investigadores eafitenses que participa en este desarrollo junto al anestesiólogo José Fernando, el mayor aporte está en salvar la vida de los pacientes al tiempo que se protege la salud del personal que está en la primera línea de batalla frente al covid-19.

Juan Felipe explicó que el nuevo coronavirus hace más necesario que quien realiza el procedimiento de intubación endotraqueal —útil para asegurar las vías respiratorias y suministrar oxígeno, medicamentos o anestesia a personas con enfermedades como neumonía, insuficiencia cardiaca, colapso pulmonar o traumatismo grave— esté lo más lejos posible del paciente. En mantener esa distancia ayudan el diseño, las cámaras, el software y los manuales de uso que se entregan con cada videolaringoscopio de Simdesing.

A esa necesidad de unirse como sociedad para salvar la vida, las universidades están respondiendo con ciencia. A eso se refirió en el encuentro virtual Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, al expresar que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de invertir en las instituciones científicas.

“La Universidad colombiana hace unos 25 años hacia acá ha vivido un cambio muy importante, y es cuando decidimos no solamente transmitir conocimiento, sino generar conocimiento. Pero generarlo a través de la investigación y que tenga un impacto en la sociedad a la cual nos debemos. Esta alianza entre estas tres instituciones científicas es un ejemplo de esto. El bienestar de nuestra sociedad depende de la ciencia”, dijo el Rector.

Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la Universidad CES, coincidió con el rector Juan Luis en que, además de la docencia, la innovación y la investigación son otros ejes misionales de las instituciones de educación de superior y que gracias a eso es posible tener los adelantos científicos que hoy florecen en los 650 videolaringoscopios que podrán beneficiar a cerca de 13.000 pacientes si se tiene presente que cada uno se puede usar unas 20 veces.

Estos dispositivos son, como expresó Andrés Aguirre Martínez, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, una humanización de la tecnología que hoy permite salvar vidas humanas. Los representantes de las instituciones integrantes de Simdesing concordaron en que esta realidad no sería posible sin el apoyo de Postobón, Leonisa, Dynacad, Ruta N e InnspiraMED.

Fue precisamente Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón S.A., uno de los participantes que se refirió en la charla al propósito común de salvar vidas, cuando dijo que uno de los aspectos positivos que se pueden rescatar de la coyuntura del covid-19 es cómo el empresariado ha definido a la vida como un propósito de instancia superior y ha demostrado un compromiso con el país.

“Realmente la solidaridad ha sido enorme para tratar de conectarnos todos como sociedad y poder avanzar. Bajo este propósito superior nosotros redefinimos nuestras prioridades en la compañía manteniendo la vida de la sociedad, de nuestros colaboradores y de los empleados y sus familias como lo más importante. Y en ese ámbito tomamos la decisión de unirnos a los videolaringoscopios como parte de ese propósito superior de colaborar con la sociedad para salvar vidas. Lo hacemos con un gusto enorme, puesto que soy un convencido de que desde la empresa privada tenemos que estar muy cerquita de la investigación y de la ciencia”, dijo el directivo de Postobón.

En el caso de Leonisa, otra de las organizaciones aliadas, la motivación en participar también hace parte del interés de tratar de mitigar los efectos de la pandemia. Así lo manifestó Samuel David López, líder de Innovación de la compañía, al decir que este dispositivo médico está en esa línea al dar confianza a los médicos que enfrentan al covid, al proteger la vida a ellos y de sus pacientes. Uno de los aportes de Leonisa está relacionado con poner a disposición su capacidad en los mercados internacionales para la importación de las cámaras que se requieren para los 650 videolaringoscopios.

Otra de las muestras de voluntades es la que se aporta desde Dynacad, compañía de base tecnológica que desde el año 2008 se dedica al desarrollo de soluciones plásticas y metalmecánicas y se vincula con la fabricación de las herramientas para la producción del dispositivo. Mario Betancur Rodríguez, CEO de la compañía, dijo que trabajar con conocimiento compartido les permitió darse cuenta de lo lejos que podía llegar con los desarrollos que tenían.

“Una de las mejores cosas de todo este proceso es trabajar con un grupo interdisciplinario de los hospitales, de las universidades y de otras empresas. Cuando comenzamos a entrar en materia y relacionarnos con compañías e instituciones que están en Europa y Estados Unidos nos preguntan ‘¿Qué hacen ustedes trabajando con videolaringoscopio si los que están demandando material para eso son únicamente dos plantas en el mundo?’ Pues nos dimos cuenta de la relevancia de este desarrollo”, contó el líder de Dynacad.

A la investigación e innovación de EAFIT, CES y el Hospital Pablo Tobón Uribe, la experiencia y la voluntad de Leonisa, el compromiso social de Postobón y al emprendimiento de Dynacad se suma la coordinación del ecosistema de Ruta a través de InnspiraMED.

“Los videolaringoscopios habían sido desarrollados, estaban listos esperando a ser utilizados y la pandemia presenta esa necesidad imperativa de su uso muy rápido y hace que se produzcan esos 650 que van a facilitar la vida de los médicos en tiempo y en seguridad, y también al paciente cuando están accediendo a su vida aérea”, manifestó Juan Andrés Vásquez, director ejecutivo de Ruta N.

En el contexto de la pandemia desde Ruta N se creó InnspiraMED —iniciativa a través de la cual se vinculó Postobón con lo videolaringoscopios— para poner al servicio de la sociedad soluciones médicas. La intención, dijo el ejecutivo de Ruta N es que perdure en el tiempo y queremos seguir articulando los desarrollos de instituciones como las universidades en torno a la ciencia, la tecnología, y la investigación a favor de la sociedad.

“Esta es una conjunción de voluntades que hoy está dando su fruto. Mis felicitaciones para los investigadores, mi congratulación para los socios institucionales y nuestra gratitud inmensa a las empresas como Postobón que el día que presentamos los videolaringoscopios en la junta de Proantioquia alzó la mano, a Leonisa y a Dynacad porque sin ellos hubiera sido imposible llegar esto. A todos ellos nuestra gratitud y nuestra intención de seguir trabajando juntos porque de esto no salimos solos, salimos juntos”, expresó Juan Luis Mejía. 

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EAFIT se vincula a través de Urbam a este proyecto de desarrollo territorial concebido como un laboratorio de conservación productiva del bosque seco tropical, ubicado en Támesis y Valparaíso, y con influencia en los 11 municipios que integran la Provincia de Cartama.

Este proyecto de ruralidad sostenible, además de parque natural destinado al ecoturismo, espera convertirse en un sitio de investigación con áreas destinadas a los proyectos productivos y a centros de emprendimiento e innovación, entre otros usos que promuevan la conservación de los hábitats.

​El Agroparque Biosuroeste busca convertirse en epicentro de los sectores público, privado y académico para promover en conjunto nuevas oportunidades para el desarrollo rural sostenible. La imagen corresponde al evento de socialización del proyecto, este jueves 8 de octubre.​​​​​

Mercados ambientales que impulsen proyectos de conservación y restauración ecosistémica, turismo de naturaleza asociado a actividades de investigación y cultura ambiental, e impulso a los proyectos productivos agrícolas. Todo esto podrá experimentarse en el Agroparque Biosuroeste, un proyecto para la sostenibilidad rural de la Provincia de Cartama, la primera zona administrativa y de planificación en Antioquia.

A esta plataforma de investigación e innovación, en convenio con la Corporación Biosuroeste creada en el año 2019, se vincula EAFIT a través de su Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam), que ha aportado su conocimiento sobre urbanismo y gestión del hábitat para construir el Plan Maestro de este proyecto que se ejecuta en los municipios Támesis y Valparaíso, con influencia en las otras localidades que conforman la Provincia: Caramanta, La Pintada, Santa Bárbara, Montebello, Fredonia, Venecia, Tarso, Pueblorrico y Jericó.

“En una iniciativa como esta es muy importante la participación de la academia. Está demostrado que todo proyecto de desarrollo y progreso tiene la academia detrás; un proyecto de desarrollo sin ciencia y tecnología que lo apoye es un proyecto que simplemente va a mantener el statu quo. Por eso nosotros estamos tan contentos de poder participar”, mencionó Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, durante el seminario virtual Agroparque Biosuroeste: una apuesta por impulsar el desarrollo rural sostenible, que se presentó este jueves 8 de octubre a través del Canal en Vivo de YouTube de la Universidad.

Este diálogo virtual sirvió para socializar el compromiso de la academia con el proyecto, en donde espera aportar su experticia para desarrollar un modelo rural que pueda replicarse en otras regiones del país. Tuvo la moderación de Alejandro Echeverri Restrepo, jefe de Urbam, y la participación de Azucena Restrepo Herrera, presidenta de Proantioquia y directora ejecutiva de la Corporación Biosuroeste; y de Julián Andrés Granada Restrepo, alcalde del municipio de Caramanta y presidente de la Provincia de Cartama.

“El Agroparque va a ser una plataforma para el desarrollo rural sostenible del Suroeste, un faro agroecológico, una iniciativa de alianzas y de aliados que le apuesta a consolidar todo un entorno rural, apostándole a la seguridad alimentaria y a la innovación con una proyección que va a tener un impacto regional y nacional”, manifestó Alejandro Echeverry Restrepo, director de Urbam, dependencia que trabaja en la concepción del ecoparque en conjunto con otros expertos de la Universidad de Antioquia y la Universidad EIA.

El Agroparque Biosuroeste se creó como una plataforma para la innovación y la conservación productiva, donde se convoca al trabajo articulado entre los sectores público y privado para impulsar iniciativas que potencien el desarrollo sostenible del territorio. Se espera que este espacio, además, se convierta en un lugar donde se promuevan iniciativas de investigación y formación para los jóvenes de la subregión.

“El Agroparque tiene la característica de ser convergente y desencadenante del modelo de la provincia, o sea, aunque esté ubicado en los municipios de Támesis y Valparaíso, su misión es influenciar y potencializar las capacidades de todos los municipios, y también convertirse en un referente para un nuevo modelo rural, tanto de Antioquia como del resto de país”, dijo Azucena Restrepo Herrera.

Un parque natural para la investigación

Concebido como un gran laboratorio de conservación productiva del bosque seco tropical, el Agroparque Biosuroeste lo conforman 600 hectáreas de la hacienda El Pescadero, entregadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el año 2013, después de una gestión de los municipios de Támesis y de Valparaíso.

Como parte de la Provincia de Cartama, Proantioquia y los alcaldes de la subregión impulsaron esta iniciativa colectiva para promover el desarrollo rural sostenible de sus municipios, en los cuales se cuenta con una larga tradición agropecuaria y un gran potencial ecoturístico por la biodiversidad y la belleza de sus territorios. Cadenas productivas de cacao, cítricos, café y banano son representativas de esta región, donde se busca generar una mayor diversificación con el Agroparque.

Este proyecto de ruralidad sostenible, además de parque natural destinado al ecoturismo, espera convertirse en un sitio de investigación para las universidades, con áreas destinadas a los proyectos productivos y a centros de emprendimiento e innovación, entre otros usos que promuevan la conservación de los hábitats, el caso de los sistemas de agua y de bosques. “La idea es que el territorio se convierta en un espacio vivo, como lo es la agricultura y la naturaleza, donde tengamos ejemplos de la cosecha de agua, los huertos de agroecología biointensiva, los sistemas silvopastoriles y de agricultura sintrópica”, agregó Alejandro Echeverri.

Para los promotores del parque agrícola del Suroeste, este espacio se proyecta como la primera plataforma de transformación del campo en el país a través de los agronegocios, las iniciativas de turismo y la conservación medioambiental, todo esto acompañado de estrategias educativas que fortalezcan las capacidades del territorio.

“El Agroparque Biosuroeste y la Provincia de Cartama tiene una ubicación estratégica, ya que vamos a quedar casi que en la mitad de los dos puertos más importantes del país: el Puerto de Urabá y el Puerto de Buenaventura. También con el Aeropuerto del Café que se está proyectando. Son una serie de cosas buenas que se vienen para el territorio. Hoy nuestros aliados están realizando con universidades estudios para proyectar este Agroparque que ya es una corporación y una realidad en nuestro territorio”, destacó Julián Andrés Granada Restrepo, presidente de la Provincia de Cartama.

Para Proantioquia, encargada de articular las distintas acciones del sector público y privado para la consolidación del Agroparque, el modelo de las provincias resulta estratégico para promover el desarrollo territorial del departamento. Mediante esta figura administrativa se espera dinamizar los estudios de la ruralidad para la reorganización socioeconómica e integrar las capacidades de innovación para el progreso de las regiones.

La iniciativa articula intenciones del sector público, privado, académico y social con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participan como aliados los municipios de Valparaíso y Támesis, la Fundación Proantioquia, Comfama, la Fundación Bancolombia, la Fundación Aurelio Llano, la Fundación Berta Arias, la Fundación Fomento de la Educación Julio C. Hernández y Corporación Interactuar

“Esperamos esa convergencia de capacidades del sector privado y público. La idea es incrementar la productividad pero también conectar la región con nuevas cadenas de mercado y nuevos desarrollos de ciencia y tecnología”, comentó Azucena Restrepo, quien explicó que la dinamización económica y socioambiental del territorio se basa en cinco ejes: productividad y competitividad agroindustrial; conservación ambiental funcional y productiva; turismo, recreación y cultura; educación y formación especializada; y ciencia, tecnología e innovación.

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Este programa formativo es parte de uno de los seminarios de la maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local de la Institución, donde se aborda el trabajo colaborativo en favor del alcance de los ODS, enmarcados en la misión de la Universidad y de la FAO. 

Alan Bojanic, jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia; Ricardo Uribe, decano de la Escuela de Administración de EAFIT; y Mario Vargas, director de EAFIT Social, participaron de la primera cátedra a favor de la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo.

Promover la producción y el consumo local de alimentos, generar mayor educación sobre la alimentación saludable y tomar medidas para la reducción del desperdicio de productos agrícolas son algunas de las alternativas para disminuir los índices de inseguridad alimentaria y malnutrición en Colombia. Así lo considera la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueve estas acciones a través de una nueva cátedra en alianza con EAFIT.

La cátedra FAO-EAFIT, cuya primera sesión se realizó el 21 de noviembre como parte de uno de los seminarios de la maestría eafitense en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local, se creó para impulsar el conocimiento sobre la erradicación del hambre y la pobreza, pues combatir estos flagelos son retos que se han incrementado en medio de la desigualdad derivada de la pandemia del covid-19. Según este organismo, alrededor de 690 millones de personas tiene hambre, es decir, un 8.9 % de la población mundial.

En esta primera cátedra participaron Alan Bojanic Helbingen, jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia; Ricardo Uribe Marín, decano de la Escuela de Administración de EAFIT; y Mario Enrique Vargas Sáenz, director de EAFIT Social y coordinador del programa. Además, participaron expertos en seguridad alimentaria de la FAO con distintas charlas como Sistemas alimentario y seguridad alimentaria; Desarrollo rural, desafíos y perspectivas; Recursos naturales y gobernanza; Alianzas productivas para la competitividad; y El cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional.

“Como organización de la ONU, uno de nuestros temas es la movilización del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos buenas prácticas, tecnologías y tratamos que ese conocimiento sea accesible a una mayor cantidad de personas. Las universidades son generadoras de conocimiento e instituciones de desarrollo científico. Y las personas que forman después van a ir al campo a aplicar estos conocimientos. Para nosotros es estratégico que la experticia de la FAO pueda ser multiplicada”, señala Alan Bojanic, representante de la FAO en Colombia, quien presentó esta cátedra universitaria.

Indicadores globales señalan la importancia de lograr avances en este camino. Por ejemplo, alrededor de tres mil millones no pueden permitirse una dieta saludable. Así mismo, organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectan que la pobreza extrema se incrementará en 29 millones más de personas, llegando a 96 millones en este año 2020. Indican que existen, aproximadamente, 150 millones de trabajadores informales, el equivalente al 54 % de los ocupados.

“El propósito es que juntos diseñemos una serie de actividades académicas, investigativas y de proyección social que busquen contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones. En esta situación tan dura que estamos viviendo como humanidad uno de los compromisos que es ver cómo podemos contribuir todos en esa búsqueda. La idea de esta alianza es que sigamos explorando otras posibilidades, no solamente en la maestría, sino a través de otros programas, grupos de investigación y áreas académicas para que juntos podamos desarrollar iniciativas que permitan contribuir a la humanidad de forma decidida”, dice Ricardo Uribe, quien destaca esta iniciativa como parte de las metas del Itinerario 2030 de la Universidad.

Agenda local y global

Para los promotores de esta alianza, la cátedra es una herramienta efectiva para la inclusión social y productiva, que se desarrolla a través del conocimiento en áreas esenciales para la sostenibilidad como la gestión de los recursos naturales, la asistencia técnica para los proyectos productivos y para la generación de políticas de seguridad alimentaria en las regiones, en general, sobre los problemas estructurales del desarrollo rural.

“Tenemos una agenda global que nos ha impuesto unas metas de desarrollo sostenible. Creemos como Universidad que solos nunca podremos hacer nada, pero generando alianzas alcanzaremos gran parte o todos los objetivos. Nos sentimos muy orgullosos de tener una alianza específica con un organismo de alto nivel como la FAO. Las metas estratégicas de la FAO, entre estas los asuntos de seguridad alimentaria, de erradicación de la pobreza, de la protección social e, incluso, de cambio climático y resiliencia, hacen parte permanente del programa”, manifiesta Mario Vargas.

Cátedras como esta son espacios diseñados para el encuentro entre los expertos académicos, las empresas, el sector público y la sociedad civil alrededor de problemáticas comunes en los territorios, que están sustentados en el conocimiento y la innovación para generar transformaciones sociales, culturales y económicas.

De acuerdo con FAO Colombia, se debe preparar el sector rural para ser resiliente respecto a la seguridad alimentaria y para lograr una adecuada planeación territorial en su desarrollo. Cambio climático, migración, enfermedades y conflicto son desafíos que se suman a las exigencias crecientes en la demanda de alimentos.

“Hemos venido trabajando en un proyecto de acuerdo para que el estado a través del Concejo de Medellín pueda tener unas políticas públicas adecuadas y acordes con los objetivos estratégicos de la FAO y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas protecciones de seguridad alimentaria solo son posible si contamos con grupos transdisciplinares y grupos de expertos, y FAO es uno de esos lugares organizacionales que comparte sus estudios e investigaciones”, sostiene el director de EAFIT Social.

El objetivo principal es lograr la seguridad alimentaria y garantizar el acceso regular a alimentos de buena calidad a todo el mundo. De esta manera se proyecta hacer de la agricultura, la actividad forestal y la pesca labores más productivas en busca de reducir la pobreza rural. Indica el organismo internacional que la mayor inversión en innovación, tecnología y digitalización, así como en vías y bienes públicos, son indispensables para fortalecer la economía de pequeños productores de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.

“La recuperación de la pandemia nos hace un llamado a trabajar con todos los sectores en todos los niveles, por tal motivo celebramos esta alianza, una suma de experiencia y conocimiento en favor del desarrollo rural y social del país”, indica Alan Bojanic. 

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Es una Alianza Global para el Desarrollo (GDA), promovida por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), Luker Chocolate, Fundación Luker, Enel-Emgesa, Fundación Saldarriaga Concha y EAFIT, en la que 17 asociaciones agrícolas serán capacitadas para fortalecer la cadena productiva del cacao.

El viernes 3 de mayo se realizó el lanzamiento regional de este programa de desarrollo rural en Necoclí (Antioquia). En este acuerdo de cooperación la Universidad se ocupará del fortalecimiento empresarial y de potenciar la comercialización del grano en estas comunidades rurales.

Con el fortalecimiento empresarial de la cadena productiva del cacao en las fases de comercialización y la formación en emprendimiento de 17 asociaciones productoras, ubicadas en seis municipios del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, además de otras comunidades campesinas en los departamentos de Huila y Córdoba, el proyecto de desarrollo rural Efecto Cacao se abre paso en el agro colombiano con el acompañamiento profesional de EAFIT.

Durante los próximos cinco años —desde febrero de 2019 hasta enero de 2024—, tiempo estimado de intervención, este programa social y productivo permitirá a los pequeños agricultores cacaoteros capacitarse y proyectarse en el mercado internacional del grano, al potenciar la productividad de sus fincas y cultivos.

Efecto Cacao es una iniciativa de la Alianza Global para el Desarrollo (GDA por sus siglas en inglés), un programa de cooperación promovido por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid) y que convocan EAFIT, la empresa Luker Chocolate, Fundación Luker, Fundación Saldarriaga Concha y Enel-Emgesa para estimular la producción agrícola en las subregiones del país, particularmente del cacao.

“Vamos a beneficiar zonas que tienen gran potencialidad y un acceso a mercados de exportación. En la parte productiva y social necesitamos que los productores aumenten sus ingresos, que exista un interés de no continuar con cultivos ilícitos y así podamos crear unas alternativas de ingreso que motiven el desarrollo económico. La actividad del cacao puede ser muy rentable en la medida en que se tienen cultivos productivos”, señala Julia Inés Ocampo, directora del programa Efecto Cacao.

El proyecto contempla la intervención en tres componentes relacionados con el acompañamiento técnico, el fortalecimiento empresarial y el desarrollo social de las comunidades impactadas. Parte de las actividades corresponde a la siembra de 120 hectáreas de nuevas plantaciones y la rehabilitación de otras 120 hectáreas de cultivos, lo que implica realizar procedimientos a las fincas cacaoteras para aumentar su productividad.

“El desarrollo empresarial y el acompañamiento a emprendedores es un tema donde la Universidad tiene mucha experticia. Estamos involucrados en este componente desde el punto de vista del emprendimiento social y la responsabilidad social corporativa. Vamos a acompañar a las asociaciones en el desarrollo institucional, a mejorar sus capacidades administrativas y a establecer estrategias que permitan hacer una comercialización más adecuada y justa. Vamos a intervenir, directamente, el eslabón de la comercialización”, señala Adriana García Grasso, directora de Innovación EAFIT.

Esta alianza, que tiene una inversión cercana a los 35,1 millones de dólares, recursos aportados por USAID/Colombia y el sector privado, espera impactar el agro colombiano con el acompañamiento técnico y profesional como sucede en otros sectores como la cultura cafetera. Efecto Cacao, señala la directora del programa, espera pasar de una productividad de 350 kilos a 800 kilos por hectárea en los próximos cinco años.

“Primero hacemos un diagnóstico de las asociaciones para ver qué asuntos se deben fortalecer, y le ponemos dos componentes: emprendimiento, para mejorar las condiciones de vida de los productores de cacao, pues no es suficiente con que produzcan más, sino que la familia se involucre y puedan tener ingresos adicionales por emprendimientos. Adicionalmente, con el enfoque de género queremos involucrar a las mujeres para que entren en la producción. Se está buscando que de al menos 20 emprendimientos a nivel nacional el 60 por ciento sea de mujeres”, expresa Julia Inés Ocampo.

En el departamento de Antioquia, Efecto Cacao estará presente en siete asociaciones productoras de los municipios de Cáceres, Zaragoza, Caucasia, San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí, donde se mejorarán las habilidades técnicas, comerciales y administrativas de los cacaoteros campesinos. Como parte del componente de intervención social, en este último municipio, el fortalecimiento de competencias socio-emocionales, académicas y de resiliencia impactará a 1561 personas de la comunidad.

“Es un hito en la intervención de procesos para este tipo de poblaciones. El propósito de la alianza está relacionado con ofrecer a los productores y sus familias, en territorios en los que se tiene la cadena productiva del cacao, unas alternativas de vida digna, un mejoramiento de sus ingresos y de las condiciones de desarrollo económico social en las zonas de una manera sostenible”, comenta Mario Enrique Vargas Sáenz, director de EAFIT Social y coordinador del proyecto desde la Universidad.

Para aumentar la productividad, Efecto Cacao busca generar centros de desarrollo económico en las subregiones. Para esto cuenta con dos cultivos ancla, propiedad de Casa Luker, que servirán a los pequeños agricultores para soporte técnico, apropiar tecnologías y aprovechar los canales de comercialización de la compañía. Uno de estos está ubicado en Necoclí, que con 557 hectáreas de cacao fino y de aroma es uno de los más desarrollados para la producción cacaotera.

“La meta en estos cinco años es que vamos a formar a 500 personas en emprendimiento, porque esperamos tener, por lo menos, al final del proyecto unas 20 iniciativas empresariales exitosas. El equipo base de la Universidad está conformado por administradores, economistas y trabajadores sociales”, comenta Adriana García Grasso.

Asociaciones de productores en Antioquia

Bajo Cauca

1. Cáceres: Asociación de Productores Agropecuarios y Cacaocultores de Cáceres (Aproaca).
2. Zaragoza: Asociación Agro-Ambiental de Parceleros del Pato (Asapa).
3. Caucasia: Chocolate Colombia.

Urabá

1. Necoclí: Asociación de productores de cacao del Municipio de Necoclí (Asoprone).
2. San Pedro: Asociación de Cacaoteros del Municipio de San Pedro de Urabá (Abicaspu).
3. Turbo: Asociación Agropecuaria de Emprendedores del Campo (Agrecam).
4. Turbo: Cooperativa de Trabajo Asociado Productores Agropecuarios Solución, Integrada y Vida (Proasiv). 

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Alejandro Gómez Valencia
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